“Matías fue nombrando a cada persona que trabajó concienzuda y cariñosamente para conocer su identidad. La figura del tío se robó el momento porque su expresión corporal contenía y expresaba el dolor de esta historia, al mismo tiempo es testimonial de muchas otras historias”, dijo Leticia Batista sobre el anuncio de las Abuelas sobre la restitución del Nieto 130.
Javier Matías Darroux Mijalchuk es hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977. Hoy quiere saber que fue del hermano o hermana que Elena gestaba al momento de su secuestro.
Batista, integrante del grupo bahiense “Hay que seguir andando”, participó ayer de la conferencia de prensa y comentó sus sensaciones a FM De la Calle.
“El horror implica que las víctimas no solo fueron sus padres sino toda la familia. Dejó muy patente lo que ha causado el terrorismo de Estado en estos años pero, al mismo tiempo, la valentía de estas personas. El tío empezó a buscar al sobrino cuando tenía 19 años”, señaló.
“Es muy fuerte el trabajo de los organismos de derechos humanos, nos acordábamos que la mamá de (Enrique) Angelelli que desde el principio decía que había sido asesinado. También rescatar el trabajo científico de esta búsqueda que implicó exhumar cadáveres, cotejar muestras, muestras de ADN pese a que toda esta conjunción de los organismos y de los científicos es atacada en este momento político del país”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/06/nieto-130.jpg?fit=769%2C512&ssl=1512769FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-06-14 14:02:382019-06-14 14:02:38Nieto 130: “Es muy fuerte el trabajo de los organismos”
Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la restitución de Javier Matías Darroux Mijalchuk, hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977.
Él nieto 130 participó de la conferencia de prensa y relató su búsqueda y el interés por conocer datos sobre el destino de sus padres. Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y más tarde por la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños no pudieron arribar a ninguna información concluyente.
Gracias al trabajo conjunto de Abuelas, la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Matías pudo encontrarse con su familia, saber su origen biológico e iniciar otra búsqueda –la de su hermano o hermana–, ya que al momento de la desaparición, Elena estaba embarazada de dos meses.
El papá y la mamá
Juan Manuel Darroux trabajó en la Prefectura Naval Argentina de diciembre de 1961 hasta junio de 1966. De septiembre de 1969 a mayo de 1975 se desempeñó en la Universidad de Morón, en tareas administrativas, y allí conoció a Elena Mijalchuk, que estudiaba la carrera de Contadora Pública en ese establecimiento. Elena y Juan Manuel formaron pareja y aunque la familia de ella en un principio se opuso por la diferencia de edad –él era mayor que ella–, finalmente aceptaron la relación. Elena se mudó con Juan Manuel, quien ya vivía solo, a Capital. La familia de él era de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.
Según consta en el legajo de la Universidad de Morón, Elena rindió su primera materia en 1969 y la última en diciembre de 1976. El 5 de agosto de 1977, en el Hospital Alemán de Capital Federal, nació su primer hijo. Lo llamaron Javier Matías, y si bien a Elena el nombre que más le gustaba era Matías, agregó Javier para que el niño llevara las mismas iniciales que su padre. Con el tiempo las tensiones con los Mijalchuk quedaron atrás, al punto que la pareja se mudó a Caseros con ellos. Al poco tiempo, Elena volvió a quedar embarazada. Ella misma se lo contó a su madre y a su hermano Roberto, así como Juan Manuel también se lo había mencionado a su medio hermano Raúl Venturelli.
Las desapariciones
Al momento del secuestro, Juan Manuel, Elena y el pequeño Javier Matías, ya vivían en Caseros. Lo último que la familia supo sobre Juan Manuel fue a través de sus primos Luis Molina y Domingo Carmelo Graziadio, a principios de diciembre de 1977. Se habían encontrado con él en un bodegón en la localidad de Valentín Alsina, ubicado en Rucci y Viamonte, donde se solían reunir. Luego Juan Manuel le pidió a su primo Domingo que lo acercara hasta Paraná y Panamericana, zona norte del conurbano. Domingo lo dejó allí pero como lo notaba preocupado volvió a pasar y vio cómo su primo discutía acaloradamente con cuatro hombres que lo subieron a una Chevy azul metalizada. Fue la última vez que lo vio.
Elena se enteró de la situación. Juan Manuel no aparecía y ella no sabía dónde buscarlo. Hacia fines de diciembre de 1977, recibió una llamada y después una carta en la que su marido le indicaba que el 26 de diciembre debía encontrarse con unos compañeros en Capital Federal. En la víspera, Día de Navidad, Elena mostró la carta a sus padres y les pidió que la acercaran con su bebé al lugar. Al día siguiente, tal cual lo convenido, llevaron a Elena y al pequeño Javier Matías a la cita, en Pampa entre Lugones y Avenida Figueroa Alcorta, en Núñez. Esa fue la última vez que los vieron.
Las búsquedas
La familia Mijalchuk no conocía a nadie que les pudiera brindar información. A finales de los 80, tanto ellos como los Darroux pidieron a la justicia la presunción de fallecimiento. Pero en mayo de 1999 Roberto Mijalchuk se decidió y denunció la desaparición de su hermana embarazada, su cuñado y su sobrino. Así se abrió un nuevo legajo de una mujer embarazada desaparecida en la CONADI y otros en la CONADEP.
Roberto dejó como contacto un teléfono de línea que, en estos años, nunca dio de baja, esperando recibir alguna vez una noticia. Las familias Mijalchuk y Darroux fueron incorporando sus muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos. Abuelas, por su parte, solicitó a la justicia que se realizaran exhumaciones de familiares fallecidos para completar la información genética. La última muestra que se sumó, la de su abuela paterna, Natividad Arelano Venturelli, junto a la ampliación de los marcadores analizados por el Banco, permitió la identificación de Matías. A todo esto, los equipos de la CONADI investigaban infructuosamente las causas de desaparición de la pareja.
Mientras tanto, un joven con dudas sobre su identidad se acercó a la filial de Abuelas Córdoba. Él siempre supo que no era hijo de quienes lo criaron y su expediente de adopción consignaba que había sido encontrado por una mujer la noche del 27 de diciembre de 1977. Fue en la intersección de Ramallo y Grecia, a tres cuadras de la ESMA, cerca de donde esa misma madrugada Elena Mijalchuk fue vista con su bebé por última vez. Por disposición de la justicia, el bebé fue entregado en guarda para adopción a un matrimonio, con quienes se crió en la Ciudad de Buenos Aires. El muchacho se mudó a Córdoba en 1999 y allí inició su búsqueda. Paralelamente, en Abuelas Capital se habían recibido denuncias sobre un joven presuntamente hijo de desaparecidos, que fueron incorporadas al caso para su investigación.
El encuentro
Como en todos los casos de personas con dudas sobre su identidad, Abuelas dio intervención a la CONADI, que ordenó los estudios genéticos. En octubre de 2016, el Banco informó que el perfil del hombre coincidía con el de la familia Darroux Mijalchuk, pero las causas de desaparición de sus padres aún continuaban indeterminadas. CONADI derivó el caso a la Unidad Fiscal que profundizó la investigación y luego la presentó ante la justicia federal, donde hasta hoy se siguen recabando datos y testimonios.
El tío Roberto Mijalchuk recibió el llamado tan esperado a ese teléfono fijo que nunca había dado de baja. La CONADI le comunicó que había encontrado a su sobrino y que podían reunirse. Matías Javier Darroux Mijalchuk conoció su origen y hoy las Abuelas le dieron la bienvenida a la familia para restituirle su derecho a la identidad y contribuir a la reconstrucción de su historia.
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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció penalmente a las autoridades del Ministerio de Seguridad por “la existencia de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches, conflicto que desde diciembre del año 2015 tuvo un salto cualitativo de violencia y muerte”.
“Es la creación de un plan de hostigamiento como si fuera un enemigo interno, son las riendas a la represión de una manera organizada, modificando normas de convivencia pacífica de las reglas de seguridad que están sujetas a supervisión de carácter internacional por respeto a la vida. Todo esto se dejó de lado para tratar de ser un brazo armado de algunos intereses económicos de grandes poseedores extranjeros de territorios nacionales, del despojo de la tierra, y hacer añicos lo que la Constitución manda que es el respeto por los pueblos originarios”, comentó Ernesto Moreau.
El referente de la APDH dijo a FM De la Calle que “se ha destruido el tríptico que cuando cayera la dictadura se estableciera en el gobierno de Alfonsín que eran las leyes de Inteligencia, la de Seguridad Interior y la de Defensa a la Democracia. Esto está hecho añicos por el Ministerio de Seguridad”.
La cartera de Bullrich actúa amparada en la reforma del Código Procesal, vinculada con la utilización de la flagrancia para resolver “cualquier situación que resulte conflictiva en términos políticos y en este caso demográfico”.
“En este camino, el asesinato de miembros de la comunidad utilizando el poder represivo, armas de fuego y tiros por la espalda, es un ensañamiento sobre estos pueblos, haciéndolos pasar como si tuvieran la idea de constituir una república autónoma dentro de Argentina y haciéndolos pasar por subversivos. Cosa que no es verdad, estos pueblos lo que persiguen es que se cumpla la Constitución”, comentó Moreau.
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Integrantes de la agrupación Vecinos y Vecinas de Villa Elisa por la Memoria, Verdad y Justicia realizarán un acto en repudio a la presencia del genocida Eduardo Carlos Videla en el pueblo.
El ex jefe de compañía del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca está libre a la espera de ser juzgado por 52 casos de secuestros y torturas y en un hecho de violencia sexual.
Sandra Martínez dijo a FM De la Calle que “es, lamentablemente, un caso más de los que estamos viendo. En Villa Elisa, que es un lugar muy tranquilo, tenemos una vida cultural muy plena, participa la comunidad de distintas actividades. Somos un grupo de 20 o 25 vecinos que hicimos un trabajo de reparación histórica sobre la memoria de nuestros desaparecidos de la zona, rescatamos trabajos y fotos e hicimos un mural. Ahí es donde se va a hacer un acto de repudio de Videla”.
El represor y su esposa “hace 10 o 12 años que estaban acá, después él estuvo preso y durante ese tiempo, cuatro años, tuvo permiso para visitar a su mujer que estaba enferma. Los primero datos que tuvimos de él es que había amenazado a algunos vecinos diciendo que tenía fotos de ellos, que no lo molestaran”.
“Cuando venía a visitar a la mujer había un despliegue porque venía de Campo de Mayo y, como es una zona muy tranquila, empezó a llamar la atención. Además de su actitud beligerante, los vecinos empezaron a comentar que no era una persona como cualquier otra. Enseguida saltó que era alguien vinculado a la dictadura militar”, afirmó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/06/batallon.jpg?fit=701%2C341&ssl=1341701FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-06-07 14:48:372019-06-07 14:48:37Villa Elisa repudia a represor que espera ser juzgado en Bahía
Esta tarde se presentará por octava vez en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y diversas organizaciones feministas.
Aleida Ríos, integrante de la Campaña local, comentó a FM De la Calle la iniciativa “no habla solo de mujeres, hablamos de otras identidades con capacidad de gestar en el marco del respeto a la identidad de género. La cobertura de la práctica tiene que ser integral y gratuita. Hablamos de las obras sociales. Los mismos objetores terminan enviando a la clandestinidad y no atendiéndolas en los consultorios públicos sino en los suyos privados y cobrándoles”.
El proyecto introduce modificaciones al Código Penal: “Por ejemplo que no se penalice a la persona que decide realizarse un aborto y tampoco se penalice a los acompañantes, sea une efector o efectora de salud, como familiares. Fue un punto reñido porque podemos decir que sacando esta penalización se llega a un punto de comprensión del deseo de interrumpir el embarazo”.
Por su parte, Nelly Minyersky, histórica militante por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, afirmó que lo que no se puede tolerar “es que se le impongan a una niña de once años, en lugar de preocuparse porque no la violen más se preocupen por que tenga ese embarazo. El Senado no es un organismo de la democracia, en 1994 cuando se reformó la Constitución no se pudo modificar. Poner en el mismo nivel a una persona corpórea y a un feto es algo contrario a toda moral”.
“Los antiderechos como las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, están en contra de la democracia. Detrás de la lucha contra el aborto también aparecen aquellos que no están a favor de la Convención de los Derechos del Niño. Mi hijo es mío es decir que el chico no es sujeto de derecho. Y con las mujeres pasa lo mismo. Cuando se está en contra del aborto aparece algo más profundo que es que se está en contra de democracia”.
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La directora de la televisora comunitaria Barricada TV fue citada a declarar este martes junto a otros comunicadores y militantes sociales que participaron de una protesta frente a Canal 13 para que Cablevisión y Telecentro cumplan con la ley e incorporen el canal a su grilla.
“Es el reino del revés”, dijo Natalia Vinelli a FM De la Calle, “estamos imputados en una causa ridícula por ejercer el derecho a la protesta”.
“Estamos yendo a declarar, hay empresas que son muy poderosas, que no cumplen con la ley, mientras que nosotros sí. Para nosotros sí hay exigencia para obtener nuestra planta transmisora mientras que del otro lado es un problema de decisión ideológica, hay una empresa que actúa como organismo regulador en lugar del ENACOM”, comentó Vinelli.
Vinelli comentó que “hasta ahora no respondieron siquiera pero los soberbios somos nosotros que estamos ejerciendo el derecho a la protesta. Dijeron barbaridades como que habíamos ingresado violentamente. Nunca fuimos consultados como fuente o protagonistas de los hechos y por eso es tan importante que el sector comunitario exista, porque evidentemente las fuentes que se consultan apuntan a consolidar la posición del medio. Da mucha bronca porque somos medios chiquitos que estamos con la posibilidad de crecer y no podemos ante la negativa de las empresas y del Estado”.
“Son las agendas que queremos construir”
Respecto a las declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández, en las cuales aseguró que “la comunicación es un negocio”, Vinelli señaló que responde al “nivel de subestimación histórica que tenemos como sector”.
“No hacemos estos medios porque no pudimos hacer otra cosa. Lo hacemos porque pensamos que son las agendas que queremos construir, queremos hacerlo bien, profesionalmente, dando trabajo”.
La comunicadora agregó que si no estuvieran los medios comunitarios, no estaría en agenda “todo lo que tiene que ver con la producción cultural de la vida cotidiana de nuestro pueblo, tampoco habría posibilidad de tener otra perspectiva de mundos sobre los hechos sociales y políticos que suceden, tendríamos que conformarnos con las claves de lectura que los medios de comunicación de masas imponen.
“El aporte que se puede hacer a la toma de decisiones y a la calidad democrática teniendo más emisoras, más pantallas, más fuentes de información es cualitativamente diferente”.
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Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Argentina, queremos expresar nuestra postura en relación a las afirmaciones del Precandidato a Presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizadas el pasado domingo 26 de mayo en el Diario Tiempo Argentino donde afirmó entre otras cosas que: “la comunicación es un negocio (..) la Ley de Medios puede ser una gran herramienta si es que queremos multiplicar voces, y si queremos promover algo que, recuerdo, en esencia es un negocio. Porque ese fue uno de los errores de la Ley. Cuando la Ley dice que un tercio del espectro debe estar en manos de ONGs y de entidades sin fines de lucro. Porque no podés dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial. No es posible eso (…) El error es pensar que puede una ONG tener una radio y competir con una radio que tiene una capacidad de contratación de locutores, de periodistas, de músicos, infinitamente mayor. Porque entonces nosotros creamos dos radios pero hay una que concentra la atención del público. Eso es el resultado de no advertir que los medios de comunicación son negocios. En la sociedad moderna son un negocio”.
Como Asociación de Radios que nuclea a cerca de 30 emisoras FM Comunitarias en todo el país (cooperativas, escolares, de pueblos originarios, campesinas y urbanas) y a Comunicadorxs populares, rechazamos rotundamente esa mirada sobre la comunicación que tiene el Precandidato.
Afirmar que la “Comunicación es un negocio” es desconocer no sólo la postura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que afirmó que la libertad de expresión es un “Derecho humano fundamental, base de todos los demás derechos y libertades de las personas”. También es desconocer la historia y la lucha de cientos de organizaciones, quienes desde hace más de 30 años en nuestro país, sentaron las bases de la comunicación participativa y comunitaria, llegando a elaborar los principales argumentos de la internacionalmente reconocida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en octubre de 2009.
Años de lucha y debate público le han costado al sector de medios comunitarios sentar un piso en la sociedad para entender que lxs ciudadanxs tenemos derecho a estar informadxs, a poder elegir distintas voces, a nutrirnos de miradas plurales y trabajar para que todas ellas tengan un lugar en las grillas de canales/espectro radioeléctrico.
Cuando Alberto Fernández habla de una radio comercial en detrimento de una radio comunitaria como aquella con “capacidad de contratación de locutores, de periodistas, de músicos, infinitamente mayor”, omite decir que esa mayor capacidad se sustenta en el aporte del Estado (en todos sus niveles) a través de la pauta oficial y condonaciones de deudas impositivas, que representan montos mucho mayores al fomento que recibimos como sector por Ley (muchas veces demorado o subejecutado sin mayores explicaciones).
Dejar librada la “comunicación” únicamente al sector privado y empresarial es regalar la posibilidad de disputarle sentido a lxs poderosxs y a quienes definen qué, cómo, y quiénes tienen la posibilidad de acceder a expresar sus ideas y su visión del mundo al resto de la sociedad.
El espectro radioeléctrico es un espacio público, y como tal no puede ser privatizado al mejor postor y sin ningún tipo de control por parte del Estado.
Con esa mirada únicamente “comercial” de la comunicación, aquellos medios que no medimos nuestro éxito en pesos sino en derechos humanos garantizados, no deberíamos tener la posibilidad de gestionar nuestros propios medios, y por ende contribuir a la garantía de esos derechos.
La libertad de prensa no puede ser igualada a la “libertad de empresa”. Y el Derecho Humano a la Comunicación incluye la libertad de prensa pero no se acaba ahí. Implica que el Estado debe garantizarlo con políticas públicas que fomenten su existencia, desarrollo y crecimiento, diferenciando que la falta de igualdad de condiciones requiere que el Estado genere acciones para su sostenimiento.
Desconocer la Historia, la labor y el paradigma sostenido por los Medios Populares y Comunitarios a lo largo de tantos años, se traduce en una amenaza al “objetivo de democratizar y universalizar el acceso a la información, entendiendo a la comunicación como un Derecho Humano básico y no como un bien económico sujeto a las reglas del mercado”. Creemos que tras estas palabras se esconde un guiño a sectores que, tras presiones políticas y económicas, han logrado paralizar una de las normativas más democráticas de la historia que visibiliza las banderas que sostenemos desde los medios populares y comunitarios de comunicación de todo el país.
Deseamos que el Precandidato a Presidente pueda reflexionar sobre sus afirmaciones, escuchar a lxs comunicadorx populares que tienen amplia experiencia y a quienes desde hace más de 30 años sostenemos una comunicación garantizando el Derecho Humano a la Libertad de expresión de los pueblos.
Quienes somos parte de AMARC Argentina no sólo sostenemos medios de comunicación sin fines de lucro de manera ininterrumpida y a pesar de los diferentes contextos políticos sino que investigamos, formamos nuevos medios y nos capacitamos para que la sociedad en la que nos desarrollamos incorpore y haga propia a la Comunicación como un derecho humano y no como un negocio.
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El candidato presidencial Alberto Fernández, en diálogo con Tiempo Argentino, declaró que “la comunicación es un negocio” y afirmó que no se puede “dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial”.
Lionel Martín, integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de Radio Sur de Parque Patricios, comentó en FM De la Calle que “es errado sostener que la comunicación es un negocio por el peligro de que si no es rentable un medio tiene que cerrar, como lo que ha pasado, muchos colegas se han quedado sin trabajo, muchos medios han cerrado. El derecho a la información y la pluralidad de voces son condición para que exista una democracia”.
Respecto a la Ley de Medios, Fernández sostuvo que sirvió para “ganar la batalla cultural”. Martín, sin embargo, señaló que “primero, la gente que se empezó a dar cuenta qué era Clarín un poco antes, cuando fue la pelea con el campo en el kirchnerismo, cuando se empezaron a dividir las aguas. Ahí, en todo caso, empieza la batalla cultural. Porque si él está repitiendo que es un negocio es que la batalla cultural no se ganó del todo”.
El candidato del kirchnerismo declaró: “Tenés que buscar cosas más ingeniosas que decir le doy un tercio del espectro radial a una ONG. Porque la realidad es que esa ONG, o esa universidad, no tiene capacidad de competir con una sociedad anónima que pone una torta de dinero para traccionar personas y audiencias”.
Martín retrucó que “da a suponer que hay dos formas de hacer comunicación: medios comerciales rentables y, por otro lado, están los medios comunitarios que no tienen capacidad de sobrevivir sin el Estado. Hace 40 años que existen los medios comunitarios, antes que la ley y el Estado los reconozca. Hoy el sector privado es quien mayor pauta recibe, por lo cual, es al revés: el Estado es quien ayuda a que los medios privados sean rentables”.
“De la implementación misma hay saldos positivos, si bien no se logró democratizar todo el mapa de medio, el problema es el porqué: porque los artículos que tienen que ver con la desconcentración fueron judicializados, tampoco hubo voluntad política de democratizar ese 33% de espectro a medios no comerciales”.
“Sí, en cambio, en un montón de otros lugares más alejados se avanzó en permisos y licencias. Ahí hay una mirada porteñocéntrica de Fernández, donde por ahí las pocas radios que existen en esos pueblos son comunitarias porque al resto del mercado no le interesa”.
“También porque la ley crea la Defensoría del Público que es una experiencia novedosa a nivel mundial, que tiene como rol defender a las audiencias, que han hecho una tarea de capacitación y formación a medios comunitarios en todo el país. El FOMECA es un fondo que el Estado redistribuye para emisoras y que puedan renovar equipamiento, hacer contenido, campañas, etcétera. Hay toda una parte que omite en esta declaración y que todavía subsiste en la ley pese a los decretazos de Macri que la podaron”.
Las declaraciones del ex jefe de gabinete merecieron también críticas de Graciana Peñafort, abogada de Cristina Fernández y defensora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante la Corte en la causa que trató las quejas del Grupo Clarín.
1. Voy a concentrar en un hilo breve una serie de respuestas a muchas cosas que lei aca. Lo primero para decir es que el tema medios lo he discutido por años con alberto. Los dos tenemos claras las posiciones del otro y en varias estamos muy de acuerdo.
“La comunicación NO es negocio. Es un derecho. La ONU ha dicho que la libertad de información era la piedra angular de todas las libertades y un derecho humano fundamental. Y vos sabes tan bien como yo que los derechos humanos no están pensados o diseñados con perspectiva comercial. Por eso la comunicación, entendida como el derecho de expresión y de acceso a la información, tiene en las democracias resguardos especiales”, twiteó.
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El próximo martes los abogados de Emanuel Ginóbili avanzarán con la querella contra miembros del Lof Paicil Antreao por el delito de usurpación del territorio que, ancestralmente, pertenece a la comunidad mapuche.
Florentino Nawel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, comentó a FM De la Calle que “hay una docena de imputados mapuches en el juzgado de Villa La Angostura. Hay una intención de parte de Ginóbili de llevar a juicio esta causa, nos parece una aberración que en vez de tener una actitud honesta, como dijo alguna vez que si veía que era territorio mapuche lo devolvía, ahora quiere iniciarnos un juicio”.
“Paicil y Antreao colaboraron con la Comisión de Límites y Fronteras porque necesitaban baqueanos para realizar el trabajo y en compensación y reconocimiento les otorgaron 625 hectáreas, que son parte del territorio que estas personas disputan. Están dentro del Lote 9 que fue entregado en 1902”, comentó Nawel.
“El martes se va a saber si el juez da pie para que el juicio se inicie. Esto va a ser un proceso, no es de un día para el otro. No sé qué pruebas tiene para decir que esas tierras son de él. Tenemos nuestras personas que han nacido y se han criado en este territorio y tienen el conocimiento ancestral sobre el territorio”, finalizó.
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(Por Nacho Urruspuru) En la entrevista en vivo por la 87.9 para “El Despertar de la Calle”, el periodista y escritor Patricio Eleisegui, quien acaba de publicar su libro “AgroTóxico: Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial” se refirió a las consecuencias del modelo agroindustrial actual.
Consultado respecto al volumen de Glifosato utilizado en nuestro país, el periodista afirmó que “hoy en la Argentina tenemos un uso alrededor de los 200 millones de litros anuales cuando a principios de la década del 90 se usaba 1 millón de litros por año. Esto implica un impacto ambiental indiscutible, no se puede tirar semejante cantidad de producto sin que haya un efecto sobre los ecosistemas, sobre la salud de los argentinos”.
En este sentido, Eleisegui afirmó que en comparación con Estados Unidos (el principal productor de agrotóxicos a nivel mundial), Argentina utiliza el doble de litros por hectárea y que este número está en ascenso ya que en nuestra región, las malezas que compiten con los cultivos han desarrollado inmunidad a estos productos y por lo tanto requieren de mayores concentraciones de químicos.
“Hoy por hoy encontramos plaguicidas en el agua de las lluvias, en las partículas de polvo, en los ríos”.
Mediante un estudio de la Universidad de La Plata se descubrió que hay rastros de Glifosato presentes en la totalidad de productos higiénicos como el algodón, vendas, cotonetes, toallitas femeninas, tampones. Además, según el SENASA se han detectado la presencia de plaguicidas en el 70% de todas las frutas y verduras que se encuentran a la venta en los Mercados Centrales de Capital Federal, La Plata y Mar del Plata.
“Tenemos más de 800 trabajos independientes que verifican que el Glifosato tiene una afectación directa sobre la salud humana y sobre los ecosistemas en general. Hay que pensar que estas compañías tienen un poder financiero y económico enorme y un equipo de científicos que están abocados a generar bibliografía que dice que está muy bien comercializar estos venenos. La resistencia y la evidencia concreta, lo que se llama en Argentina ‘la ciencia digna’, está hecha por estudios independientes de científicos que dedican su tiempo y sus propios recursos para dar a conocer esto que el poder del lobby oculta”.
“Nosotros ponemos en discusión la bibliografía que generan estas compañías que afirma que hacen falta alimentos, que no se llega con los rindes y que por eso debemos usar transgénicos. La verdad que eso no está ocurriendo, sino que lo que tenemos es un enorme problema de distribución de los alimentos. Diversos estudios de la FAO han demostrado que en la Argentina aproximadamente el 50% de las verduras, frutas y verduras se desperdician”.
Al respecto, el periodista comentó que según surge del relevamiento que el propio Ministerio de Agroindustria posee, estos altísimos niveles de desperdicio de alimentos se genera en la misma cadena de producción, es decir, que las propias empresas que dicen que necesitamos de sus paquetes tecnológicos si queremos alimentar a la población mundial, son las mismas que por ineficiencia en la misma cadena están desperdiciando la mitad de los alimentos.
Eleisegui deja ver que el modelo actual de producción de agro alimentos, tiene varias facetas perjudiciales. Por un lado, el problema de accesibilidad a los alimentos por parte de mucha gente, por otro lado, la erradicación del pequeño productor, ya que estos “paquetes tecnológicos” de semillas modificadas y agroquímicos es muy cara. Por último, las consecuencias en el ambiente y en la salud.
“Si hacemos un mapeo, según la actividad agrícola que se desarrolla en cada lugar vamos a encontrar una dolencia vinculada específicamente al tipo de producto que se está utilizando. No por nada toda la zona pampeana, que es la zona de la soja (provincias de Buenos Aires, más sur Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba), es la que tiene los indicadores más altos de cáncer; si nos vamos a la zona del Norte (Misiones), encontramos un nivel muy alto de abortos espontáneos y malformaciones ligadas los insecticidas utilizados en la industria del algodón, tabaco y té”.
Frente a aquellos discursos que plantean la necesidad de extender la Frontera Agropecuaria e insisten en que la humanidad necesitará cada vez más alimentos, y por ende necesitará del desarrollo de la biotecnología y la industria agroquímica, Eleisegui sostiene que “condenar este tipo de prácticas no implica ir en contra de la actividad agrícola. Hay alternativas: está la agroecología, que trabaja sin venenos y sin semillas transgénicas”.
Este último modelo de producción está aportando los mismos rindes que los cultivos tradicionalmente tratados con venenos.
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La Cámara Federal de General Roca descartó la figura del “exceso en legítima defensa” y procesó con prisión preventiva al cabo primero del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, por el homicidio agravado del mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi.
“El fallo es muy importante porque, además de lo que implica en términos prácticos el cambio de la tipificación de la pena a uno de los responsables del hecho, cuestiona el enemigo interno que plantea Bullrich cuando, gracias al poder mediático, instala la teoría del enfrentamiento, de la presencia de armas en la comunidad mapuche”, comentó a FM De la Calle Santiago Rey, director del portal En Estos Días y autor del libro “Silenciar la muerte”.
Explicó que “el cúmulo de pruebas permite observar que hubo una persecución, una casería, que hubo un muerto pero podría haber habido más, que los Albatros dispararon casi 130 veces con municiones de plomo. Este fallo dicta la preventiva y devuelve el expediente a instrucción para que se sigan acumulando pruebas”.
Pericias
“Hay una primera pericia balística que realizan prestigiosos peritos que con total certeza determina que el proyectil que mató a Rafael salió de un subfusil MP5, que es un arma de guerra, que corresponde a Javier Pintos. A ese resultado se llega comparando el proyectil que se extrajo del cuerpo de Rafa con la armas secuestradas luego del hecho”.
“El juez Villanueva pidió, en su momento, una nueva pericia y se la encargó a Gendarmería, a una fuerza de seguridad que depende del mismo Ministerio que emana órdenes sobre Prefectura, al mismo jefe que debiera controlar a su subordinado”.
“El objetivo de esa pericia es decir que no hay pruebas suficientes, sembrar incertidumbre sobre algo que había quedado claro. La Cámara dice que no se puede tener en cuenta esa pericia porque hay una relación de dependencia en la cadena de mando que hace que lleguemos al Ministerio de Seguridad, que es también el responsable o parte de esa estructura que está siendo investigada en el hecho. Descartada esa pericia se revalida la primera donde queda claro de dónde salió el disparo”.
Responsables directos
“Se dictó la falta de mérito sobre otros cuatro responsables, Cabia, Sosa, García y Obregón. La falta de mérito es que no hay elementos de prueba ni para sobreseerlos ni para procesarlos, remite nuevamente el expediente a instrucción para que se recabe la prueba y puedan resolver la situación procesal de los cuatro. Hay un quinto oficial principal de apellido Berra, que tenía la jefatura de ese operativo, sobre quien hay muchas críticas porque se excedió en los límites del territorio en donde tenía que buscar a quienes tenía que desalojar. Lo que quedó demostrado en el lugar donde se encontraron las vainas servidas es que hubo persecución y casería”.
Responsabilidades políticas
“No creo que haya cuestionamientos penales a responsables políticos. Hay un hecho que es claro: (Pablo) Noceti, mano derecha de Bullrich, en el 2017, un día antes de la desaparición de Santiago Maldonado, se reunió en Bariloche con integrantes del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad y les dijo que la nueva consigna del Ministerio era la actuación ante casos de flagrancia, es decir, que las fuerzas de seguridad puedan actuar más allá de una orden judicial para hacerlo”.
“Según pudimos reconstruir, apeló a una figura tremenda, dijo ‘es como si yo veo que a mi madre la están violando, voy a actuar’. Comparando una protesta social con una violación. A partir de ahí, las fuerzas de seguridad actúan bajo el precepto de flagrancia. En ese contexto tal vez alguien pueda animarse a hacer un cuestionamiento de tipo penal vinculando ese mandato de Noceti”.
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A seis meses de la Masacre de la Comisaría de Esteban Echeverría que causó diez muertos, la Comisión Provincial por la Memoria elaboró un informe que da cuenta de las condiciones del establecimiento y las responsabilidades del Estado provincial en el hecho.
Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, comentó en FM De la Calle que pidieron “la recusación del fiscal, que de entrada la única hipótesis que asumió fue que los responsables eran los detenidos, que se habían prendido fuego ellos y que no había causa penal. No había ni responsabilidad de la policía ni de los responsables políticos”.
El 15 de noviembre de 2018 hubo un incendio en la zona de calabozos de la comisaría 3° de la localidad de Esteban Echeverría donde se hallaban detenidas 26 personas, diez de ellas fallecieron.
“La comisaría estaba clausurada por seis órdenes judiciales, seis tribunales habían dicho que no podía alejar personas. El día que ocurre había 26 personas y tenían lugar para 10, si hubiera estado habilitada. Hay 120 órdenes judiciales que son incumplidas por el Estado provincial que clausuran comisarías, hay una fractura y una ruptura del estado de derecho”, señaló García.
“En 2017 ocurrió la Masacre de Pergamino, donde murieron 17 personas en similares características, el Ministerio de Justicia informó que el 80% de las comisarías no tenían matafuegos, ni plan de contingencia, ni colchones ignífugos. Eso se informó antes y ni siquiera se tomó una medida para eso”.
Por último, el abogado comentó que “los familiares están destrozados, hay nulo acompañamiento estatal. En general son familias muy pobres, sin trabajo, sin vivienda, quien más hizo una contribución fue el Estado municipal pero sin tener contención. Algunos de los sobrevivientes están en cárceles comunes y algunos recuperaron la libertad. De los de la celda 1, que fue la que se incendió, quedaron dos con graves consecuencias físicas, quemaduras severas”.
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¿Dónde están los desaparecidos? La pregunta que sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y la mayoría de la sociedad argentina repetimos hace más de cuatro décadas, fue la elegida nuevamente por la Fiscalía para cerrar su alegato en el Juicio Armada II.
“La desaparición desafía una de las condiciones más básicas de la existencia humana, como es la realización del duelo. Ninguna familia pudo velar a sus desaparecidos. El valor de encontrar aunque sea los huesos. Y, sin embargo, lo que tenemos como correlato son los pactos de silencio, los compromisos de impunidad que solo se resquebrajan cuando se trata de pasar factura o de echar a alguien por la borda”.
El fiscal José Nebbia y su auxiliar, Pablo Fermento, solicitaron trece condenas de prisión perpetua, dos de 25 años, una de 16 y otra de 12. Se juzgan delitos de lesa humanidad y genocidio, consistentes en privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abuso sexual y homicidios, sufridos por 66 militantes políticos.
“Estos hechos son los más graves que podamos conocer. Hablamos no solo de lo que sucedió con las víctimas sino de las relaciones que se entramaron para organizar este aparato criminal. La utilización de las instituciones, la indefensión en la que se colocó a la población y los mecanismos de impunidad. Esta es una forma de evitar su reiteración en el tiempo”, afirmó Fermento.
El Ministerio Público destacó que “la gran organización que se realizó fue la que garantizó la comisión de los hechos (…) Unidades de reserva actuaban cuando las otras no daban abasto. Siempre había alguien para ejecutar la misión de la tortura, del secuestro”.
Durante las jornadas de alegato, los fiscales ubicaron “a cada uno de los imputados en esta organización, a cada unidad, cada fuerza de tarea, los roles que desempeñaron”.
Fermento subrayó: “Consideramos que torturaron tanto los que estaban dentro del centro clandestino como los que planificaban la tortura, la ordenaban y la coordinaban. Usamos el mismo criterio en relación a la violencia sexual: fueron violadores quienes estaban adentro del centro clandestino como quienes incorporaron esta práctica al plan criminal”.
Aseguró que “hemos asistido a una amplísima expresión comunitaria de reivindicación del proceso de justicia en su plenitud. Este desarrollo ha tenido vaivenes, nació con las Madres, con las familias, con los organismos de derechos humanos que vimos en los archivos de inteligencia observados por el Estado, incluso en democracia”.
“Logramos que este movimiento, este compromiso, sea asumido por el Estado. Y eso no implica solamente la investigación sino también que sean sancionados eficaz y adecuadamente. (…) La pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos y la lesión provocada que sigue vigente”.
Las condenas a prisión perpetua fueron solicitadas para Sergio Aráoz de Lamadrid, Ricardo César Araujo, Rómulo Augusto Illa, Arturo María Quintana, Aristóbulo Nicanor Moreira, Francisco Martínez Loydi, Alejandro Carlos Lorenzini, Álvaro Hernán Hermelo, Emilio José Shcaller, Carlos Enrique Lacoste, José Abdala Figueroa, Carlos Alberto Louge y Miguel Ángel Torra.
Por su parte, para Mario Bilesio y Herberto Rubatino se reclamó un castigo de 25 años de cárcel, 16 para Enrique de León y 12 para Luis Oscar Conti.
Tres de los imputados están en libertad. El resto en prisión domiciliaria. Los fiscales pidieron la revocación de los beneficios: “No puede darse ningún tipo de privilegio a quienes cometieron estos delitos y se valieron de los velos de la impunidad. Los delitos continúan vigentes. Los 30 mil desaparecidos continúan en esa situación. Los niños apropiados continúan sin recuperar su identidad. El daño se sigue cometiendo y esto también tiene que ser valorado al momento de aplicar la pena”.
El próximo 20 de mayo comenzará el alegato de la dra. Mónica Fernández Avello, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
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El Centro Mandela denunció que integrantes de comunidades originarias de Villa Río Bermejito (Chaco) son obligadas a tener relaciones sexuales a cambio de bolsones de alimentos que entrega en Ejército.
Rolando Núñez informó a FM De la Calle que tres mujeres testimoniaron en el marco de una asamblea que el organismo de derechos humanos realizó el fin de semana largo de Semana Santa.
“Una me contó que si no hacia eso no recibía las cajas alimentarias. El segundo testimonio fue similar y después vino el testimonio de una criolla que dijo que lo hizo una vez, que habló con su pastor y que le dijo que no tenía porqué hacer eso y que las cajas se las debían dar igual”.
Nuñez expuso la situación en una radio local y “se produjeron devoluciones por whatsapp. Cuando desgrabamos el reportaje y lo subimos a la página web, empezaron a venir comunicaciones de Sauzalito, en lo profundo del Impenetrable pero no con el Ejército sino con algunas ramas del sector político y municipal- Y en Nueva Pompeya nos dijeron que ocurría del mismo modo que en Sauzalito pero para conseguir trabajo. Esas comunidades son vulneradas hace décadas, son comunidades enteras que están desprotegidas”.
“Del poder político nadie se comunicó con Centro Mandela, del Poder Judicial tampoco. Anoche se presentó una persona del Ejército para conversar este tema. Si me van a tomar testimonio que sea por escrito, que venga con DNI, con acreditación de pertenecer al Ejército, con nombre de superiores y vamos a filmar la entrevista. No sé si era o no del Ejército Argentino. Calculo que deben estar investigando”, finalizó Nuñez.
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Tras la primera jornada del juicio al empresario Marcelo Camin por la muerte del trabajador Juan Cruz Mafredini, el abogado querellante Hugo Fernández adelantó a FM De la Calle que pedirán cinco años de prisión, pena máxima para un homicidio culposo.
Juan Cruz murió en octubre de 2010 producto de las quemaduras sufridas en la deflagración ocurrida en un dúplex de Cuyo 1388 en el cual funcionaba un depósito clandestino de la empresa Camin Cargo Control.
“La empresa se dedica a guardar muestras de hidrocarburos. Eso se guarda durante tres meses por si hay algún problema con el buque cuando llega a destino. Empezaron a almacenar muestras de productos que eran incompatibles. El testimonio de uno de los especialistas de explosivos. Una de las mezclas fue la misma fórmula química con la que se hizo la bomba de la AMIA”, comentó Fernández.
El abogado detalló cómo operaba Camin Cargo: “En el único inmueble que alquiló guardó las muestras, en una habitación había cuchetas para que durmiera el personal de otros lados y, pared contigua, una estantería con estos productos. En la planta alta. Todo eso no podía estar en ese lugar. No podés tener en un barrio, pared de por medio de una familia, en una habitación, sin cartelería, esa cantidad de explosivos”.
“Uno lo piensa desde el punto de vista de la precarización laboral y esto se hizo así para ahorrar plata”, afirmó.
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Patricia Bullrich reglamentó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial el empleo de armas electrónicas Taser por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Federico Efrón, coordinador del área Litigio y Defensa Legal del CELS, afirmó a FM De la Calle que “la denominación es arma menos letal porque tiene la capacidad de provocar la muerte. Es menos letal que una escopeta pero es letal”.
“Implica la posibilidad que la fuerza de seguridad en cualquier situación, según este protocolo, pueda disparar estos dos ‘alambrecitos’ que impactan en la persona que van con una descarga que inicia en 50 mil voltios y luego se reduce a 1200 voltios por varios segundos”.
“Este reglamento es muy vago e impreciso y no establece límites claros en el uso, sobre quiénes se puede usar, ni cuántas veces y en qué circunstancias. Ha traído muchos problemas en los países en los que se aplica. Aplicarla en estas condiciones y en Argentina es una mala idea”, comentó.
Según las estadísticas, el uso de este tipo de pistolas multiplica la posibilidad de letalidad. El Comité Contra la Tortura de la ONU señala que el uso puede constituir tortura y por eso llama a que los Estados dejen de utilizarla.
“Al llamarla arma no letal, lo que se piensa es no importa qué hago yo con esto, no voy a a matar a nadie. Quedó demostrado que en Estados Unidos se usó en situaciones donde no correspondía, donde no había un peligro inminente. Eso lleva a un uso indiscriminado”, argumentó Efrón.
En el protocolo publicado en el Boletín Oficial “no está prohibido aplicar una Taser a una mujer embarazada, a un menor de edad, a una persona intoxicada, a ancianos, a personas que han sido rociadas con gas pimienta. Hay estudios que dicen que si se le aplica a una persona que fue rociada con gas pimienta se puede provocar una combustión interna y ocasionar la muerte”.
El CELS presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad para corroborar bajo qué condiciones se utilizarían las pistolas Taser y “la única respuesta que tuvimos en febrero fue que ‘no hemos iniciado ningún proceso de licitación de compra'”, finalizó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/05/taser.jpg?fit=1360%2C765&ssl=17651360FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-05-07 12:36:482019-05-07 13:51:06Taser: “Tiene la capacidad de producir la muerte”
A partir de un pedido de Acceso a la Información a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, las periodistas Sandra Crucianelli y Mariel Fitz Patrick pudieron acceder al contenido de los 9 decretos secretos emitidos durante la última dictadura que hoy fueron desclasificados y publicados en el Boletín Oficial.
“El contenido va desde arrestos de personas, hasta las prohibiciones de argentinos para salir del país que en muchos casos significaban una condena a muerte”, comentó Crucianelli a FM De la Calle.
Las periodistas continúan analizando 1483 documentos reservados. “Este gobierno que se dice tan transparente, hace una alharaca de que comparten datos abiertos pero cuando le pedís data te lo entrega en formato cerrado que si vos no contás con el recurso humano contar 1483 celdas es muy difícil”.
Los difundidos hoy, son nueve documentos, uno de los cuales corresponde al año 1976 y lleva la firma del genocida Jorge Rafael Videla. Allí insta a que el “Comando en Jefe del Ejército (…) proceda a la adquisición de los elementos que garanticen el desenvolvimiento eficaz de las operaciones antiguerrilleras”.
Otros cuatro decretos fueron firmados por Lepoldo Fortunato Galtieri y estaban vinculados a la instrumentación de la Guerra de Malvinas y la compra de armamento.
Finalmente, otros cuatro documentos llevan la rubrica de Reynaldo Benito Antonio Bignone, en uno de ellos se habla de la “la necesidad de estrechar vínculos con los países árabes fomentando las relaciones diplomáticas, comerciales y la cooperación bilateral, en especial a partir del apoyo brindado a nuestro país en la cuestión Malvinas”.
En otros dos se celebra un contrato con la firma Astilleros Ministro Manuel Domecq García S.A. para la construcción de submarinos y, en el último, Bignone establece que “el Comando en Jefe del Ejército – Jefatura II – Inteligencia actúe, directamente o a través de sus dependencias, como proveedora de bienes o prestadora de servicios de seguridad para entidades estatales”.
Crucianelli destacó que “no se puede continuar la revisión histórica de estos procesos porque Argentina mantiene en secreto muchas disposiciones de los militares. La mayoría de los países cuando se cumplen 30 años liberan todo, a menos que algún tema este en curso. Ahora los temas que están cerrados, ya eso debería estar abierto”.
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El secretario de Derechos Humanos de la CTA recordó que el ex presidente de la Cámara Federal le inició tres causas por denunciar su participación en el terrorismo de Estado.
“Una es la que me inició por el agravio al honor, en el fuero civil. Terminé pagando 105 mil pesos, me embargaron el sueldo. Esto está apelado, queda una instancia en la Corte Suprema. Otra era esta, que es una demanda penal y de haber fallado en contra nuestro terminábamos varios años presos”.
“La tercera causa, que también se la gané, fue por pegar carteles frente a la Cámara Federal. Fue esa famosa causa donde el juez provincial manda a un policía a infiltrarse dentro de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti. Lo pasan a Ramos Padilla y también falla a mi favor. La única que queda es la del dinero”, comentó Patrignani.
Respecto al Juicio Académico en la UNS que nunca llegó a concretarse, Patrignani recordó que “la Universidad nombró a los jurados pero todos se excusaban y, por último, le llegó la obligatoriedad de jubilarse porque la ley que tenemos ahora lo obliga a jubilarse a los 70 años, y con eso zafó”.
Cabe destacar, además, que Montezanti optó por jubilarse también como magistrado horas antes de que se conociera la sentencia de un jury que se aprestaba a destituirlo. En ese sentido, Patrignani aseguró que hasta último momento el diputado nacional Nicolas Massot -sobrino de Vicente (ex dueño de La Nueva Provincia)- “estuvo presionando a gente del tribunal de enjuiciamiento para que zafara”.
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