El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC) denunció la precarización y la falta de medidas de seguridad que padecen los obreros que trabajan en la semi-peatonalización de calle Alsina.
El dirigente gremial Martín Parada argumentó que “en este momento no están trabajando. Están de asamblea permanente por una cuestión de medidas de seguridad correspondiente a la obra. Dos compañeros de esta obra han tenido distintos accidentes: uno ha caído en un pozo trabajando con el martillo neumático y tenemos un compañero que la semana pasada salió lastimado con una amoladora por no tener protección, que eso lo tiene que brindar la empresa”.
Asimismo, explicó que de esos accidentes “la responsable es la empresa, porque no tiene el lugar vallado y seguro como corresponde para que el obrero pueda desplazarse y hacer el trabajo que corresponda. Los compañeros sí están con ART, pero hubo compañeros que no estaban registrados en AFIP. Intervenimos en la obra nosotros como sindicato porque tenemos afiliados. Notamos que no había inspectores de seguridad, no había seguridad e higiene”.
“El SITRAIC a nivel nacional, en Bahía Blanca y en la región, ha planteado un plan de lucha al trabajo en negro de la cual estamos llevando a cabo junto con el Ministerio de Trabajo y está arrojando estos resultados: que lamentablemente en varias obras encontramos la bandera de UOCRA presente donde verdaderamente atrás encontramos un montón de precarización laboral”.
“Nosotros como representante de los afiliados que están acá tenemos que intervenir, no podemos hacer oídos sordos. Esto es una realidad que está pasando en todo Bahía Blanca, tenemos una cifra bastante elevada con respecto al trabajo en negro: hay un 67% de la obras, principalmente de la ciudad y de la periferia que están totalmente en negro. Y también así en el Parque Industrial”, aseguró.
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El Municipio ofreció en la última reunión paritaria un aumento del 15% en tres cuotas y la propuesta fue rechazada por el Sindicato y la Asociación de Profesionales de la Salud. El vicepresidente de la APSM, Pablo Fernández Keller, comentó a FM De la Calle el estado de las negociaciones respecto a puntos pendientes de 2017 y los pedidos para este año.
“De todos los puntos que pedimos no pudimos cerrar ninguno. Uno específicamente para todos los profesionales de las unidades sanitarias, desde hace dos años se pagaba un bono de doscientos pesos aproximadamente; nosotros queremos que se pase un porcentaje y lo que ofreció el Ejecutivo fue pasarlo de 200 pesos a 280 pesos, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo”, manifestó.
“Obviamente estamos dialogando, se quedó de volver la semana que viene a reiniciar el diálogo y en la semana hacer las reuniones para ver si podemos avanzar pero por ahora estamos bastante lejos”, consideró.
Consultado sobre como viene planteado el acuerdo paritario para este año, Fernández Keller comentó que “lo que pedimos fue un 22% con la cláusula gatillo, lo que ofreció el municipio es: un 15% en tres tramos, 5 en marzo, 5 en junio y 5 en octubre con una revisión en noviembre pero no retroactivo. Nosotros a eso lo tenemos que charlar en la asamblea que vamos a hacer la semana que viene pero mi impresión es que no se va a aceptar”.
“Siempre son permeables a dialogar”, mencionó respecto de la relación con el Municipio aunque agregó que “hasta ahora desde el 2017 no tuvimos ninguna respuesta aceptable. Hemos tenido respuestas, pero es complicada la respuesta que nos han dado”.
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El secretario adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, se refirió en FM De la Calle al congreso que realizó la central el sábado en Mar del Plata.
Aseguró que recibieron apoyo de varios sectores: “Estamos hablando con la CGT, movimientos sociales, otras organizaciones de defensa de los intereses de los usuarios, corrientes de izquierda como la del ‘Pollo’ Sobrero. La idea es conformar un frente común para enfrentar esta política que tiene una expresión clara en términos económicos y sociales”.
Sobre los dichos de Hugo Godoy, titular de ATE y referente de otro sector de la CTA-A, respecto a que el sábado la plenaria (de Micheli) reunió a “poco más de un centenar de congresales”, Rigane afirmó que “el congreso contó con la presencia de más de 25 centrales sindicales del mundo que estuvieron presentes acompañando a nivel regional y nacional”.
“Han decidido alejarse de la CTA-A y conformar su propio espacio, algo a lo que tienen derecho. Es un grupo encabezado por ATE Nacional, Visitadores Médicos y otras organizaciones que hace mucho tiempo dejaron de participar y aportar a la CTA Autónoma, produciendo un desfinanciamiento. […] Si nos basamos en el tema estatutario ya hace mucho tiempo dejaron de pertenecer a la central porque dejaron de cumplimentar las exigencias que tienen cualquier entidad afiliada”, dijo.
En cuanto a la posibilidad de una confluencia con la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky, Rigane afirmó que ambas están en procesos electorales propios aunque eso “no quita que entre las dos CTA sigamos trabajando para la posibilidad de una unidad orgánica en algún momento; no hay que descartarlo pero hoy no es la prioridad”. “Yasky representa un proyecto político partidario, el kirchnerismo, nosotros somos respetuosos mientras que no se convierta en un posicionamiento institucional que son los problemas que tuvimos en el 2010”.
Al ser consultado por la diferencia entre unidad gremial y unidad política explicó: “Nos consideramos y creemos que el movimiento obrero debe ser autónomo de los partidos políticos de los patrones; es una regla de juego institucional sea quien sea el gobierno. Cachorro Godoy no puede hablar de eso porque pertenece a Unidad Popular y es presidente del partido de la provincia de Buenos Aires. Tiene una contradicción flagrante que la lleva incorporada entre lo que dice y lo que hace”.
“(La unidad) tiene que tener un nuevo nivel de progreso, hasta ahora ha sido unidad en acción, importante, significativa, nos ha permitido estar en la calle junto a otros sectores reivindicando las mismas cosas, pero ahora tiene que tener un plan de acción y la primera iniciativa tendría que ser un paro nacional”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/03/jose-rigane.jpg?fit=640%2C350&ssl=1350640FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2018-03-21 19:46:452018-03-21 19:46:45CTA Autónoma propone un frente común contra el ajuste
La Asociación de Profesionales de la Salud y el Sindicato de Trabajadores Municipales se reunieron ayer en el Ministerio de Trabajo con integrantes del gabinete municipal y acordaron continuar las negociaciones paritarias este miércoles a las 16:30.
Luego del anuncio unilateral de la comuna de incrementar los salarios en un 5% a partir de marzo a cuenta del arreglo final, el secretario gremial del STM, Federico Anselmi, aseguró “planteamos en la última reunión con Elisa Quartucci, pedir como cláusula gatillo una recomposición de lo que había sido la inflación de enero y febrero (4,9%) porque no se había cerrado la paritaria 2017”.
Según Anselmi “hay una diferencia entre lo que dice el intendente, lo que manifiesta el sindicato y lo que está plasmado en el convenio colectivo de trabajo: la paritaria debe ser anual dentro del año calendario enero-diciembre. Mañana en la mesa de paritarias lo que vamos a plantear es que el 5% tiene que ser retroactivo al mes de enero”, ratificó.
Ayer, la Municipalidad estuvo representada por Compagnoni y Anselmi dijo que hubo “diferencias de opiniones con respecto a la última reunión de paritarias donde ya había una hipótesis de conflicto por los puntos que no se habían hecho efectivos en enero como decía la paritaria del año pasado. Consensuamos hacer una nueva reunión mañana, donde se comprometió a traer una respuesta respecto a estos planteos y respecto a la paritaria 2017.
Este año plantearán “el número que nosotros suponemos que debe ser de incremento salarial y empezar a tocar distintos temas como condiciones laborales que se plantearon a principio de año y deberían ser monitoreados en la mesa de paritarias. […] Vamos a pedir un 20% en 4 cuotas y hacer una revisión trimestral para ver si vamos acompañando la inflación o estamos por debajo”, aseguró.
Por otro lado, al consultarle sobre el cambio de sistemas de parquímetros explicó que no hay personal suficiente para cubrir la zona “si la amplias en casi un 100%”. “Ni ustedes ni la ciudadanía tienen muy en claro el sistema nuevo. Nosotros estamos en la misma, no tenemos muy en claro cuál es el sistema de control. Sabemos que la gente que ayer controlaba diez manzanas hoy tiene que controlar veinte”.
“Creemos que es insuficiente el personal, los móviles, todo lo que tiene que ver con el control. [Los agentes] no tienen la capacitación suficiente para llevar adelante el control. Me parece que todavía no estamos en condiciones, empleados municipales (gente de control de tránsito de Sapem parquímetros), de llevar adelante de manera satisfactoria lo que es el control del nuevo sistema de estacionamiento. Extraoficialmente, charlando con algún compañero, me dicen que no hay control de la zona de parquímetros, no tienen órdenes todavía de hacer algún tipo de control como para hacer una infracción”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/03/anselmi.jpg?fit=1280%2C720&ssl=17201280FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2018-03-20 19:06:142018-03-20 19:06:14El Sindicato de Municipales pedirá un 20% de aumento
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) anunció mediante el Boletín Oficial la derogación de los reglamentos de las líneas 3, 4 y 5 del FOMECA. La resolución se publica a tres días del cierre de presentación de proyectos y generó consultas del sector comunitario e indígena ante la Defensoría del Público: manifestaron su preocupación ante la incertidumbre sobre la ejecución del fondo.
La Resolución 1803/2018 del ENaCom, publicada el 20 de marzo en el Boletín Oficial, deroga las resoluciones 415, 416 y 550 que establecen los reglamentos para las líneas 3, 4 y 5 del Fondo de Fomento Concursable de la Comunicación Audiovisual (FOMECA). Se trata de las convocatorias para proyectos de producción radiofónica y producción audiovisual, cuya fecha de cierre estaba pautada para el 23 de marzo, y de proyectos de gestión, con fecha para el 2 de mayo.
La Resolución Sintetizada, que lleva la firma del presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel Ángel De Godoy, no da precisiones sobre la continuidad de la convocatoria, sobre nuevos plazos o posibles modificaciones a los reglamentos. En el texto completo de la resolución, publicado horas más tarde, se puede leer que se deja “sin efecto el proceso iniciado” y da intervención a la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del ENaCom para adecuar los reglamentos de convocatoria de las tres líneas abiertas del FOMECA.
Explica en el mismo texto que, por recomendación del Ministerio de Modernización, las modificaciones apuntan a evitar que para la presentación de proyectos se solicite información ya requerida en trámites previos. Cita también la sentencia de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal del 8 de febrero de 2018 que “efectuó una serie de consideraciones (…) de las cuales se concluye la importancia de fortalecer los mecanismos tendientes a controlar la administración y ejecución de los fondos públicos”.
En enero de 2018 se había publicado, con un año de retraso, la convocatoria a las líneas 3, 4 y 5 del FOMECA correspondiente a 2017. El procedimiento administrativo para la presentación de proyectos presentó modificaciones sustanciales respecto a convocatorias anteriores y la Defensoría del Público puso en marcha un intenso proceso de acompañamiento para facilitar a las organizaciones beneficiarias la comprensión de la plataforma online y los requerimientos para la presentación de proyectos. Las capacitaciones que brindó la Defensoría en estos meses abarcaron a 120 organizaciones de todo el país. En los encuentros y consultas telefónicas se evidenciaron falencias de diverso orden en el procedimiento de Registro y presentación de proyectos. Algunas de estas deficiencias, y las consecuentes recomendaciones, ya habían sido manifestadas al el ENaCom en la nota N° 740/2017 de la Defensoría del Público y otras se expresan en el informe que recoge el proceso de acompañamiento que se puso en marcha en noviembre de 2017.
Las modificaciones que anticipa la Resolución se anuncian sin que mediara aviso a la Defensoría del Público ni a los sectores beneficiarios del FOMECA y generan incertidumbre sobre la continuidad del fondo, a tres días del cierre del plazo de presentación de proyectos en las líneas de producción radiofónica y audiovisual.
El FOMECA es el fondo creado en el artículo 97 inciso f de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522/09, que destina 10% de los fondos recaudados mediante el pago de gravámenes al fortalecimiento de “proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización”.
La suspensión del FOMECA perjudica el fortalecimiento de medios y proyectos de comunicación que promueven la participación de las audiencias. Por tratarse de medios sin fines de lucro, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual consideró necesario el acompañamiento del Estado y los FOMECA se constituyeron en una herramienta para cumplir ese objetivo.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presentará un informe con la descripción de los inconvenientes del sistema de registro FOMECA que se verificaron durante las capacitaciones realizadas con medios beneficiarios. Asimismo, instará al organismo competente a convocar con urgencia a todas las líneas de fomento previstas por la Ley 26.522.
Fuente: Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/03/maxresdefault.jpg?fit=1280%2C720&ssl=17201280FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2018-03-20 18:54:082018-03-20 18:54:08Preocupante suspensión del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual
La CTA Autónoma se divide y encara la renovación de sus autoridades con caminos alternativos. El secretario general de ATE a nivel nacional, Hugo Godoy, se refirió en FM De la Calle al congreso que realizó su sector. “El próximo espero que haya muchos mas comensales que el viernes y que podamos consolidar el avance hacia un proceso electoral convocado para el 8 de agosto”, aseguró.
Godoy remarcó que están “muy satisfechos del congreso extraordinario donde definimos ratificar la CTA Autónoma como la organización que vamos a seguir fortaleciendo y desde allí proponer la unidad y la lucha contra las políticas gubernamentales. Para ello es que convocamos a una nueva medida de fuerza en la primera quincena de abril”. Afirmó que “hubo un solo congreso el día viernes” con 410 de 656 congresales, mientras que el sábado la plenaria (de Micheli) reunió a “poco más de un centenar de congresales”.
Sobre Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma, dijo que “se empeña en querer decidir las cosas solo y dando la espalda a la mayoría de los dirigentes y militantes de la CTA”. Por esto es que buscan fortalecer al sindicato “como una central que aporte a la unidad de los trabajadores desde una propuesta de nuevo modelo sindical y queda reducida a su mínima expresión esa idea de que la unidad se hace por arriba entre dirigentes sin garantizar una propuesta de cambio a un modelo sindical que en la Argentina está caduco”.
Godoy aseguró que “hay que parar a Macri y al mismo tiempo construir una unidad del movimiento popular que pueda generar una alternativa que no sea repetir las experiencias del pasado reciente. Fueron los errores del gobierno que asumió en el 2003 el que nos llevó a este presente de herencia de Macri”.
El dirigente comentó que “la unidad no tiene que estar solamente reflejada en los sindicatos y las organizaciones sociales, tenemos que abrir un abanico de otros sectores para poder plantear alternativas verdaderamente integradoras. […] Necesitamos construir una alternativa: en la lucha de los trabajadores, pueblos originarios, campesinos, vastos sectores de la cultura, la educación, el estudiantado, el pequeño y mediano empresario, hay condiciones para construir esa unidad” concluyó.
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Luego del rechazo manifestado por las comunidades educativas afectadas por el cierre de bachilleratos que había anunciado el gobierno provincial, el viernes la Dirección de Secundaria en La Plata firmó un acta en la cual se compromete a dar marcha atrás con la medida. Sin embargo, desde Suteba advierten que la resolución sigue en vigencia.
La secretaria general del gremio en Bahía Blanca, Ana Canullo, expresó a FM De la Calle que “de todas formas, creo que esto es un poco más complejo porque la resolución todavía no se derogó y tampoco creemos que tengan la voluntad de hacerlo. O sea, esta situación de que todos los bachilleratos de adultos pasen a la órbita de la Dirección de Adultos y dejen de pertenecer a secundario sigue estando”.
“Lo que aparentemente se pudo frenar es el tema de que no se cierren este año los primeros años, que estos primeros años van a pasar a la órbita de los CENS. Los primeros pasan a los CENS pero seguirían funcionando en los mismos lugares que son los bachilleratos de adultos. Lo que nos dijeron es que no se cierran, aparentemente los docentes no pasarían a disponibilidad (…). La verdad que creemos que el gobierno de alguna forma tenía que dar cuenta de esto que estaba pasando”, expresó.
Consultada sobre cómo funcionaría en lo concreto esta nueva conformación y como sería el traspaso de estos bachilleratos a los CENS, Canullo comentó que “en Bahía Blanca hasta ahora, son cinco los CENS que hay cuando bachilleratos de adultos hay catorce. Entonces, habría que ver de quién dependerían todas las escuelas que están en los barrios, a qué CENS corresponderían”.
“Tenemos que ser cuasi inflexibles en el tema de la calidad, de la presencialidad, porque esto era algo que nos preocupaba muchísimo, tiene que ver con que los chicos vayan a los cursos, donde haya un profesor o una profesora, con compañeros, en una escuela. Bueno, eso es lo que nosotros queremos garantizar y debemos garantizar porque no era la oferta. La oferta era directa y eran tres días de clase, dos no; o como los Fines que son mensuales”, manifestó.
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El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción realizó en Bahía Blanca una asamblea extraordinaria para resolver las acciones que encararán durante el 2018.
El secretario general, Víctor Grosi, dijo a FM De la Calle que la elección de nuestra ciudad para el encuentro nacional estuvo influenciada por la investigación judicial que derivó en la detención y destitución de la cúpula de la UOCRA en la cual la seccional bahiense de SITRAIC actúa como querellante.
“El caso de la UOCRA significa una experiencia, en un primer momento ha habido un cambio de interventor en la UOCRA, con el anterior interventor, habíamos llegado a un nivel de diálogo institucional para poder funcionar sin ningún tipo de choques, ni de discriminación, ni de conspiración hacia los afilados de SITRAIC”.
“La UOCRA ha tomado una decisión política, a mi gusto, errónea; ha cambiado el interventor y ha salido con otra política, así que se avizoran problemas nuevamente en Bahía Blanca con respecto al tema del funcionamiento de los dos sindicatos”, afirmó.
Grosi agregó que “si nosotros analizamos de quién es la plata que le encontraron a (Humberto) Montero en la casa, quiénes son los legítimos dueños de esa plata, y si analizamos quién se la dio y porqué se la dio (…), entendemos que ha habido un procedimiento ligado a la mafia de Montero pero también a sectores empresarios, así que no es un problema de sencilla resolución”.
“Nosotros le enviamos una institucional del SITRAIC solicitando a la gobernadora que el dinero que es proveniente de las coimas, de las prebendas, de los negocios que se han hecho con respecto a la vida de los trabajadores, vuelva con viviendas. Con lo que le encontraron a Montero se pueden hacer más de 20 o 30 casas”, manifestó.
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La secretaria general del Suteba local, Ana Canullo, se refirió a los dichos que la inspectora regional, María Celeste Veiga, pronunció ayer en el acto de inicio del ciclo lectivo.
“Es una funcionaria política de Cambiemos en un discurso político que no es más que lo que ellos son, lo que han hecho todo este tiempo es responsabilizarnos a los docentes de esta situación cuando está muy claro que es el Estado el que se está corriendo de su responsabilidad”.
“Vengo a hablar en nombre de la educación. Estoy representando esta figura, es que tengo que traerles la gran preocupación de la gobernadora y del ministro de Educación Gabriel Sanchez Zinny , quienes están trabajando para revertir esto, se impone en la provincia de Buenos Aires y en el país todo, un deseo ferviente de que se revierta. Y esto también involucra a las familias y nos compromete a todos los docentes bonaerenses por eso es que vale el agradecimiento especial a aquellos docentes que hacen su lucha desde las aulas. Aplauso por favor a los docentes que van a hacer su lucha desde las aulas”, dijo Veiga en el jardín del barrio Palihue.
Canullo opinó que “es el Estado quien está cerrando los bachilleratos de adultos (…) que funcionan en escuelas secundarias, en horarios adecuados, en los barrios. Es el Estado quien fusiona los cursos, quien deja sin primeros años a tantos chicos y chicas que empiezan su escolaridad secundaria y no saben dónde van a ir porque en sus barrios cierran primeros para abrir cuartos, porque hacen todo sin querer poner dinero”.
Veiga había afirmado además que era un “acto privilegiado” porque “sabemos que tenemos todo el confort, pero sabemos que hay estudiantes que transitan su escolaridad en lugares totalmente inapropiados”. “¿Es acaso un “privilegio” que el lugar físico de la escuela pública donde se enseña y se aprende tenga todo lo necesario para funcionar?”, se preguntaron desde Suteba en un comunicado.
“Pero lo mejor que nos pasó ayer es que la comunidad, por suerte, dio su respuesta antes que la diéramos nosotros. Sabemos que varios padres del jardín donde se estaba desarrollando este acto, rechazaron éste discurso, algunos dijeron sus cosas, otros se fueron, eso es una muestra de que se les está cayendo la careta de que es lo que está pasando” finalizó la secretaria del gremio.
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Lo dijo el titular de ATE y la CTA Autónoma bonaerenses en comunicación con FM De la Calle a partir del discurso de la gobernadora María Eugenia Vidal en la apertura de sesiones de la Legislatura. Hoy culmina el paro por 48 horas de docentes y estatales.
De Isasi afirmó que la situación no es nueva pero sí “la virulencia, y se renueva cada vez que hay que discutir el salario. Este gobierno, nacional y provincial, tiene un desprecio manifiesto sobre los trabajadores del Estado, que todos los días les enseñan a miles de pibes, que les dan de comer -en el caso de los auxiliares-, limpian las escuelas”.
El dirigente gremial aseguró que “las afirmaciones de la gobernadora en relación a que no hemos perdido poder adquisitivo, que se toman de rehenes a los chicos y demás, carecen de sentido con un salario tan depreciado como este”.
Finalmente, explicó los motivos por los cuales se movilizaron esta mañana “Repudiamos las declaraciones de la gobernadora y exigimos la apertura de todas las paritarias (la única que está abierta es la de los docentes). Y que en esas paritarias se haga una oferta salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo del salario, no solo discutir un 15% de proyección inflacionaria, que es mentiroso, porque hasta las encuestadoras oficiales hablan de un 20%”.
“Le agregamos la exigencia de reincorporación de lxs trabajadorxs despedidas, el pase a planta permanente de miles de trabajadores precarizados y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires intervenga en el conflicto de Fanazul porque tiene mucho para decir y tiene una de las llaves para que ese conflicto se resuelva”, concluyó.
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A raíz de las medidas de fuerzas tomadas por distintos gremios de la educación, FM De la Calle conversó con Analía López, titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, gremio que para por 24 horas, a diferencia de otros que adoptaron la medida por 48. La huelga “tiene que ver con la no concreción de la paritaria general docente, cuyo principal objetivo era establecer un piso salarial único para que todos recibieran la misma remuneración”.
SADOP ha convocado a las comisiones de negociaciones de esas paritarias pero que el Ministerio de Trabajo dejó afuera a este sindicato, impidiendo negociar con otras organizaciones sindicales las condiciones en que se llevará adelante el acto educativo.
López aseguró que desde el gremio se oponen al concepto de presentismo: “Creemos que sería muy injusto premiar económicamente la suerte que pudiera tener un trabajador de gozar de buena salud y castigar con una quita a aquel que tiene la desgracia de tener una patología o un familiar enfermo. Personalmente jamás aceptaría cobrar algo que me beneficie porque goce de buena salud y que no lo percibe otro compañero”.
Al respecto mencionó que quieren discutir las causas del ausentismo y que realizaron una encuesta sobre salud docente. “Muchas de las patologías que afectan a los docentes tiene que ver con las condiciones en las que realizan la tarea cotidiana. Queremos mejorar esas condiciones para disminuir las causales de las patologías (problemas de la voz, horas de estar parado, cursos excesivamente numerosos, aulas cuya infraestructura dejan bastante que desear)”.
También explicó que “dentro del universo de trabajadores docentes un 80% somos mujeres, las tareas de cuidado si un hijo se enferma recaen mayoritariamente en la mamá; tenemos una gobernadora mujer que encima estigmatiza esa función, castigando a los trabajadores si atendieron a sus hijos enfermos. No se cómo hará ella en su casa”, cuestionó.
En relación a cuánto perdieron de poder adquisitivo en los últimos tres años, la titular del sindicato dijo que el sector ya sufría una depreciación un 10% por debajo de la inflación de 2016, que no se recuperó en el 2017”. En diciembre realizaron una encuesta interna para establecer la canasta básica del docente privado y “estableció que hubiéramos necesitado un incremento salarial del 27% para estar acorde con el impacto de la inflación en nuestro poder adquisitivo”.
Finalmente aseguró que “si ahora nos ofrecen 15% en tres cuotas, con la proyección inflacionaria que estamos teniendo, sabemos que va a ser imposible para el trabajador satisfacer sus necesidades básicas. La oferta que ha hecho la gobernadora nos resulta inaceptable”.
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El lunes no comenzarán las clases en la provincia de Buenos Aires como producto de la insuficiente oferta oficial en el marco de las negociaciones paritarias entre las autoridades bonaerenses y los gremios del sector.
SUTEBA confirmó este mediodía el llamado a un paro por 48 horas a partir del lunes 5, así como una movilización en toda la provincia. Minutos más tarde, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció que seguirá el mismo camino.
Desde el SUTEBA local explicaron que están “muy preocupados por el cierre de cursos y fusiones de cursos. Varias situaciones que, en realidad, a poco de comenzar las clases no están resueltas. Primeros años que faltan porque se fusionan para consolidar las escuelas secundarias, entonces se cierran primeros años para abrir cuartos y quedan chicos de primero afuera”.
En lo referido a la situación provincial, el plenario de Secretarixs Generales de SUTEBA resolvió rechazar la propuesta del 15% en tres tramos con plus por presentismo; rechazar las descalificaciones de la Gobernadora María Eugenia Vidal en relación a la escuela pública y a la docencia en su conjunto y en caso de que no haya convocatoria, y en ese ámbito una propuesta superadora, convocar asambleas y reuniones de delegadxs para determinar la continuidad de acciones a seguir.
A su vez, UDOCBA también va al paro mientras que la secretaria general de AMET Nacional, Sara García, aseguró que el lunes lxs docentes nucleadxs en esa organización iniciarán las clases con normalidad a pesar de los inconvenientes que aquejan al sistema educativo, a la vez que ratificó su posición de “dar la discusión sobre cuestiones de fondo que apunten al anhelado convenio colectivo”. UDA comparte la posición.
SADOP también se suma a la medida de fuerza a partir del lunes pero por 24 horas.
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Rubén Matoso, titular local de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) habló con FM De la Calle respecto a la deuda que IOMA mantiene en la actualidad, que generó problemas con las prestaciones en clínicas privadas de la ciudad.
El dirigente explicó que la situación afecta por una lado a Bahía Blanca, donde han realizado un pago parcial de “entre 65 y 70%” correspondiente al mes de diciembre, y en los alrededores (Coronel Dorrego, Pigüé, Gonzáles Cháves, Coronel Suárez, Coronel Pringles) donde aun no se ha saldado la deuda.
A pesar de que ese pago desactivó la medida de fuerza que se había planteado para el día de ayer en nuestra ciudad, Matoso afirmó que están “en situación de alerta” y que “el problema esta fundamentalmente en la zona. Por supuesto que tienen apoyo de Bahía Blanca, estamos esperando que haya un pago”.
Si bien en el distrito X, comprendido por los lugares previamente mencionados, IOMA le brinda cobertura a alrededor de 90.000 personas, solo 34.000 corresponden a Bahía Blanca; los 56.000 restantes “están prácticamente con atención de urgencia. No tienen otra manera de hacer frente a prestaciones que tienen una erogación importante, como insumos, medicamentos; y están debiendo cifras importantes a los proveedores”.
Matoso aseguró que “la atención de la gente de IOMA es excelente; el delegado es espectacular, cada vez que hablo con él trata de resolver el problema. Están trabados con un cambio en el sistema de pago, lo tienen que terminar de implementar. Suponemos que la semana que viene estará resuelto. La gente no puede ser cautiva de este problema”, aseveró.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/03/matoso.jpg?fit=1024%2C576&ssl=15761024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2018-03-02 19:35:572018-03-02 19:41:30IOMA sigue adeudando pago a la zona
La empresa Cargill S.A.C.I. despidió más 40 trabajadores, distribuidos en las localidades de Punta Alvear, Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca. En respuesta, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros lleva adelante un paro por tiempo indeterminado. La medida busca la reincorporación de los operarios. En nuestra ciudad afecta a un operario pero temen que los despidos se extiendan con personal en uso de licencia.
Los dirigentes gremiales esperan que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comprenda la gravedad de la situación y que, en consecuencia, los funcionarios del ámbito laboral dicten la conciliación obligatoria.
SOEA denuncia que la decisión empresarial no se condice con el “buen momento económico por el que atraviesa” la firma sino con “una estrategia de presión hacia el movimiento obrero sindical aceitero”. Esta situación ocurre en cercanía del momento de llevar adelante las paritarias del sector.
El lunes de la semana anterior, los gerentes locales de Cargill ofrecieron retiros voluntarios. Dieron 48 horas para recibir respuesta. Pocos trabajadores aceptaron. Asimismo, la empresa garantizó al sindicato que no se tomaría ningún tipo de represalia contra esos trabajadores. En cambio, la respuesta concreta tronó ayer: despedidos.
La entidad gremial solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo. Finalmente, serán recibidos mañana a las 8:30, por autoridades de la cartera. De igual manera ocurrirá con sus pares rosarinos, a las 9:30.
Hace una semana, el presidente Mauricio Macri se reunió con el CEO de Cargill, David MacLennan, durante su campaña en “búsqueda de inversiones” en la ciudad suiza de Davos.
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(Por Coalición por una Comunicación Democrática) Nuevamente el gobierno de Mauricio Macri está aprovechando las Navidades, los Días de los Inocentes y el filo del almanaque para traspasar las competencias constitucionales y normativas en la regulación las comunicaciones. Con repudiable creatividad, sin antecedentes internacionales en la materia, concentran en unos pocos grandes grupos el control de un sector estratégico para la economía, la cultura y la democracia.
Así lo hicieron entre gallos y medianoche por sucesivos decretos de necesidad y urgencia a fines de 2015, y van por más en estos días. En nombre de la modernización y la competencia congelaron el ingreso de las empresas de telecomunicaciones (ya autorizadas en 2014 por la Ley 27.078) que amenazaban la hegemonía del operador dominante y así permitieron la creación de Cablevisión Holding (Telecom, Cablevisión, Nextel, Personal, Fibertel, Arnet): el gran jugador del Cuádruple Play, sin rivales a la vista y con mercados asegurados en televisión por cable, telefonía celular, internet y telefonía fija en todo el país. A partir de acá habrá una convergencia en cuentagotas.
La criatura que alumbra la gestión del macrismo está apañada por el ENACOM, un ente regulador de comando automático a las órdenes del gobierno y bajo el ala del ministerio de Modernización. También analizan nuevos decretazos para “compensar” a Telefónica, DirecTV, y Claro. Y en paralelo desmantelan todo vestigio de política pública de acceso gratuito como la Televisión Digital Abierta (TDA) y sus señales de contenidos, cuyos trabajadores están despidiendo en medio de un gran ajuste.
Lo hacen en clara violación de las obligaciones legislativas que la Constitución impone al Congreso en su artículo 75, inciso 19) en cuanto a la promoción y protección del patrimonio audiovisual y cuando aún la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del Decreto 267/15 ante un recurso extraordinario que prosperó, promovido por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social.
Al suprimir en las leyes 26.522 y 27.078 los límites a la acumulación local y/o nacional de medios y plataformas en un mismo propietario, el gobierno actual ha ignorado tanto la jurisprudencia argentina (CSJN, 2013) como la de Estados Unidos (C.Columbia 2011) y la europea. Todas ellas, mediante diversos pronunciamientos, han sentado con claridad el principio de que la regulación de la concentración mediática constituye “una vía constitucional razonable para garantizar la libertad de expresión” y que el “mercado de las ideas” no puede regularse bajo los principios de libre mercado y defensa de la competencia.
Este fin de año nos encuentra denunciando la mayor concentración de medios audiovisuales y de infraestructuras de comunicación de América Latina. El Gobierno consagra posiciones cuasi-monopólicas mientras precariza el esquema regulatorio legal argentino con decretos o resoluciones que violentan leyes para satisfacer los negocios de un puñado de grandes empresas locales y transnacionales del mercado del entretenimiento, la información y la conectividad. Más aún, dispone con discrecionalidad de un recurso natural finito, escaso y estratégico, como el espectro radioeléctrico, para direccionarlo a la satisfacción del modelo de negocios de un sistema cartelizado de cable, telefonía celular y conectividad de internet al mismo tiempo en que se niegan llamados a concurso para nuevos operadores que aportarían diversidad y pluralismo.
Cualquier nueva voz que nazca en estas condiciones estará en clara desventaja para ser escuchada.
Clausuraron el debate público: no mostraron en estos dos años ningún proyecto que mejore o sustituya a las leyes 26.522 y 27.078, ambas modificadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15. Se habían comprometido a hacerlo en Washington, en abril de 2016, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras haber sido emplazados por presión de numerosos organismos reunidos en la Coalición por una Comunicación Democrática.
Sr. Presidente: usted está a cargo de uno de los poderes de la República. Ni más ni menos. No se extralimite. Respete la Constitución Nacional. Todos tenemos derechos constitucionales. La libertad de expresión es un pilar de la democracia que no puede quedar a merced del mercado, ni silenciada por la represión policial como sucedió con periodistas y fotógrafos que cumplían su labor informativa en recientes manifestaciones públicas.
Permítanos disentir. No nos mande a las fuerzas de seguridad si nos reunimos en la vía pública, ni nos haga investigar, ni eche a los trabajadores que defendemos, ni acalle las voces que pueden dar cuenta de otros puntos de vista.
Permítanos debatir. No esconda su Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que por Decreto se comprometió a elaborar hace DOS AÑOS, y viene demorando sistemáticamente su envío al Congreso”.
Recordamos que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y sólo lo habilita, “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…” (CN art. 99. Inc. 3).
Por la vigencia de los mandatos de la Constitución Nacional sobre Libertad de Expresión, Derechos Humanos y el equilibrio de los poderes de la República.
Reclamamos reglas democráticas que fomenten la diversidad y pluralidad necesarias para fortalecer la democracia hoy amenazada.
Coalición por una Comunicación Democrática
www.coalicion.org.ar
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La semana pasada la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la modificación del sistema jubilatorio del Banco Provincia y la quita de jubilaciones de privilegio para lxs funcionarixs con altos cargos de gobierno.
El legislador provincial por el FIT Guillermo Kane explicó que “ya en el discurso e Macri en el Centro Cultural Kirchner puede haber negado que iban por una reforma jubilatoria, y bueno tuvimos esta crisis que terminó con el repudio popular”.
“En el discurso de Macri, se unió el problema jubilaciones de privilegio a regímenes especiales de distintos sectores de trabajadores que son conquista de muchos años y que ellos pagan con sus propios aportes. Entonces, esta operación que fue reproducida después en medios de comunicación ligados al gobierno, trata de mezclar el gobernador o el juez, que no está incluido en la ley de Vidal, con la docente que puede jubilarse a los 55 años, luego de 30 años de servicio al frente de un curso con el desgaste que eso implica, entonces me parece que estamos escondiendo las cosas”.
Kane se manifestó a favor “de que no tengan jubilaciones de privilegio ni los gobernadores, ni los legisladores, ni los jueces, que no están incluidos en este proyecto. Pero sobre todo creo que este es un mascarón de proa para avanzar sobre los trabajadores”.
Régimen impositivo para cooperativas
También fue aprobada la modificación del capítulo del Código Fiscal que alcanza a las cooperativas. La ley 10.397 y modificatorias pretenden lograr mayor equidad y reforzar la finalidad de esxs asociadxs.
Al respecto, el diputado Kane sostuvo que “justamente en una provincia donde se ha eximido a cientos y cientos de empresas de ingresos brutos y de otros impuestos de la provincia, se ha quitado, por ejemplo, la tasa especial para vender en la provincia de Buenos Aires a empresas que no están radicadas en ella; ha habido eximiciones de todo tipo para grandes empresas, se aumenta la carga impositiva sobre las cooperativas”.
“Lógicamente que nos interesaría diferenciar entre cooperativas impulsadas por sus trabajadores, las fábricas recuperadas (…), con cooperativas que existen como subsidiarias del Estado o de grandes empresas, que también las conocemos”.
“El puerto de Mar del Plata, por dar un ejemplo, está lleno de tercerizadas de las grandes empresas que figuran y tributan como cooperativas. Me parece que acá hay que diferenciar el fraude fiscal y laboral de la defensa de los trabajadores, y bueno esta ley lo que hace es golpear sobre la voz más débil, mientras le regalan en la votación reciente del presupuesto de Vidal, extensiones millonarias a las grandes empresas, los grandes bancos de la provincia de Buenos Aires”, finalizó.
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La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley de modifica el régimen previsional de lxs empleadxs del Banco Provincia que pretende elevar escalonadamente la edad jubilatoria de 57 a 65 años con 35 años de servicios como mínimo. La Asociación Bancaria resolvió extender el paro hasta el viernes pero el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.
“Desde el año ’92 nos jubilamos a los 60 años de edad, con 35 años de aporte y además nuestros jubilados siguen haciendo el aporte del 10,82% una vez de haber accedido a la jubilación. Hay una intención de extender la edad jubilatoria en cinco años, con la posibilidad de extenderlo en cinco más, es decir que estaríamos con posibilidades de jubilarnos a los 70 años, eso sería de forma voluntaria”, contó Marcos Helbert delegado de lxs trabajadores del Bapro a FM De la Calle.
Comentó que con este proyecto “va a haber una disminución del haber inicial; el haber nuestro actualmente surge del promedio de los último cinco años y pretenden llevarlo a un cálculo de los haberes percibidos de los últimos diez años, esto es sin actualizar los haberes por función sino que, al haber percibido no se le tiene en cuenta ni siquiera el impacto de la inflación”.
Paralelamente, se reduce en un 5% el haber de las pensiones y se modifica, además, la forma de actualización de las jubilaciones que está unida con la actualización paritaria de los activos, que a partir de la nueva ley “se desengancharía para ajustarse tal cual ocurre con el sistema nacional, es decir que se pierde el anclaje de la jubilación en la ciudad en relación a los sueldos”.
En relación a la situación de la caja del jubiladxs del Banco Provincia, Helbert sostuvo que “desde el año 2007 estamos incorporados en el régimen previsional de la provincia de Buenos Aires como un subsistema, tenemos una caja autónoma como es la caja de la policía, por ejemplo, pero es un sistema dentro de la provincia de Buenos Aires. Esto implica que las erogaciones quedan contempladas dentro de lo que es el presupuesto provincial. De todas maneras, nosotros tenemos un desfasaje entre activos y pasivos, hace años que no entra gente a trabajar en relación a la cantidad que se están jubilando, razón por la cual la jubilación se va desfavoreciendo”.
Finalmente aseguró que “lo que estamos diciéndole a la Gobernadora es que, para encontrarle una solución a esto lo que hay que hacer es retirar temporalmente el proyecto este de la Cámara de Diputados, armar una mesa de trabajo y en el plazo de 2 o 3 meses encontrar la mejor salida. Nos estamos oponiendo, fundamentalmente, a la prepotencia demostrada en los hechos; sin diálogo, sin consulta y avasallando todo tipo de derechos, incluso diciendo barbaridades; marcando fundamentalmente el desconocimiento sobre cómo se rige el sistema jubilatorio nuestro”.
El Ministerio de Trabajo citó a las autoridades provinciales y las del gremio a sentarse a dialogar el martes a las 15 en el marco de la conciliación indagatoria.
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(Por Astor Vitali) Este año registró el más alto índice de reclamos, movilizaciones y expresiones de repudio a las políticas culturales del intendente Héctor Gay, aplicadas por el ex animador de eventos, Ricardo Margo. La última fue la presentación de un recurso jerárquico por parte de integrantes del Consejo Cultural Consultivo, contra el uso ilegal de fondos públicos, habiéndose imputando dineros del Fondo Municipal de las Artes para la financiación de los gastos de hotelería del personal de Ricardo Arjona, durante su desafortunado paso por Bahía Blanca en medio de una gira que cerró en baja.
A pesar de la política oficial, que llegó al límite de recortar horas extras, viéndose afectado el normal funcionamiento de museos y hasta de la boletaría del Teatro Municipal, los espacios culturales independientes son centros de producción y acceso cultural que oponen su trabajo a los embates provocados por malas políticas.
En 2014, el ex director del Instituto Cultural, Sergio Raimondi, redactó un proyecto de ordenanza que consensuó con algunos espacios culturales y luego promovió en el ámbito legislativo. Una vez aprobada, la ordenanza 17.767, contempla financiamiento para los “Espacio Culturales Independiente” que define como “aquellos espacios multifuncionales que tengan como actividad principal la producción, formación, investigación y promoción del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones: artes escénicas (danza y teatro), música, artes plásticas, literatura, medios audiovisuales, que contemplen la asistencia de público hasta de 200 localidades, que presenten una cartelera compuesta en su mayoría por propuestas locales y cuyo horario de funcionamiento sea hasta la 1 (una) de la mañana los días lunes a jueves y domingos, y hasta las 2 (dos) de la mañana los días viernes, sábado y vísperas de feriado”.
Elisardo Tunessi es actor, director, abogado, juez y docente. Durante los últimos dos años se ha desempeñado como asesor ad honorem del Consejo Cultural Consultivo e integra la mesa que la ordenanza creó para evaluar los pedidos de subsidios y el seguimiento de los mismos. “No solamente un espacio cultural es para la recepción de público sino para desarrollar talleres y actividades. Trabajar, investigar, fomentar”, destacó.
El año pasado tuvieron lugar una serie de reclamos para cobrar los subsidios correspondientes al período 2015, con retraso.
En este contexto, partir de mayo de este año, “la comisión revisora no se juntó más por decisión del Instituto Cultural”, dirigido por Ricardo Margo. Se elevaron notas al respecto, sin obtener respuesta formal. Por este motivo, sumado a los retrasos de la administración anterior, el proceso de normalización y habilitación de los espacios culturales se vio afectado.
Sin embargo, el artista sostuvo que la subjetividad de los ECI es positiva. “Cuando vivimos épocas difíciles la unión se hace casi imprescindible. Estamos viviendo en esta etapa. Los espacios culturales independientes hemos creado una red de conexión impresionante (Red de Espacios Culturales).
Los frutos de las medidas de fuerza
Tunessi adelantó a FM De la Calle que, luego de las movilizaciones definidas a través de las asambleas de todas las ramas artísticas coordinadas por sus representantes en el Consejo Cultural Consultivo, desde el municipio comenzaron a llamar a los proyectos contemplados por la mencionada norma.
Los/as consejeros/as y las organizaciones gremiales de la cultura (UMSur y Asociación Argentina de Actores) han denunciado públicamente la violación de legislación vigente por parte de Margo. Durante la última movilización se interpuso un recurso jerárquico intimando al intendente a que ratifique o rectifique la violación de normas vigentes, haya sido por manejos discrecionales de fondos afectados o por la sub ejecución de los presupuestos asignados por esas normativas.
Según pudo constatar este medio con organizadores de eventos sin fines de lucro, el municipio comenzó a llamarles anunciando que, si presentan los comprobantes de los gastos erogados antes del 31 de diciembre, finalmente accederían a lo que por derecho les corresponde: recibir los subsidios de fomento que no venían entregando.
“Seguramente tiene que ver con la lucha que sea ha llevado a cabo por todos los compañeros y por la elevación del recurso jerárquico”, sostuvo el artista.
Luis Ponte: “Hay herramientas de representación para manejar esto a mediano y largo plazo”
El gestor cultural y columnista del programa En Eso Estamos que se emitía a través de este medio, abonó al análisis respecto de la situación cultural en la ciudad. “Como actividad propia, la producción independiente este año notó como nunca la sequía de actividades, pongamos en comparación con los últimos cinco años. Implica una cuestión económica (traer a alguien de Buenos Aires cuadriplicó los costos respecto de 2015 a la fecha), el encarecimiento de las salas y por otro lado la disminución de las afluencias de público. Aún con las entradas económicas como pueden ser por ejemplo la orquesta sinfónica (que dependen del órgano público OAS) o eventos que no tienen fines comerciales. Denota un decaimiento en el interés de la gente, provocado por la situación económica”.
En relación al pasado, “históricamente siempre el estado municipal ayudó a los productores culturales independientes con pasajes, alojamiento, comida, etc. Este año, la política fue cero apoyo de ningún tipo -salvo a Ricardo Arjona”.
Se atravesaron situaciones como “gente que tuvo la promesa (oficial) de apoyo y después se le retiró”.
En referencia a la responsabilidad política del intendente Héctor Gay, Ponte explicó que “uno no puede tomar la sopa con un tenedor. Sabe que es inútil. Entonces, colocar a un inútil en un cargo que sabe que va a fracasar es una política de estado definida, en este caso por el intendente”.
En este sentido, el mandatario municipal declaró el 4 de diciembre, en el marco de una conferencia de prensa rodeada de la protesta de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar –a quien Gay y la responsable de Educación Morena Llanca Rosselló definieron este año no renovar contratos y esconder un acta pública firmada por las partes- que “no hay desguace cultural en Bahía Blanca” y que con solo mirar la agenda podría desmentirse esa “insólita” sentencia.
Para el productor, es “una afirmación cínica, coherente con la política cínica que viene aplicando el intendente a través de su encargado en cultura”.
Hay actividad cultural a pesar de la política cultural
La mayor parte de la actividad cultural registrada en Bahía Blanca durante este año es de producción independiente. Tampoco tiene que ver con la inversión empresarial privada sino con la autogestión de espacios y grupos culturales. “Si vemos industrias culturales: cine, librería, etc. ¿Qué definió la política cultural en los últimos años para mejorar o achatar eso? Siguen en piloto automático. Ahora si vamos a los grupos culturales, a los espacios permanentes… ¿Por qué va a pasar a la historia esta gestión cultural? Le apuesto a cualquiera que no puede definir nada por la positiva”.
“Es tristísimo esto y es un retroceso en tiempo. Va a pasar esta gestión como pasaron otras. Hay que seguir. Es un largo camino y se han conquistado cosas a pesar de los directores de cultura impresentables, como este caso. Hay que tener una política de lucha y de difusión. Tener políticas en conjunto de los grupos culturales”, propuso el gestor.
Finalmente, Ponte sugirió que “los actores culturales tienen que tener en cuenta que tienen organismos de representación que no son sellos sino que están para ayudarlos, contenerlos y guiarlos de forma colectiva en lo que después se traduce en quejas de pasillo”, en referencia a las asambleas de todas las ramas convocadas desde hace 9 años por el Consejo Cultural Consultivo. “Hay herramientas más que suficientes en la ciudad como para manejar esto a mediano y largo plazo y que esto sea un mal sueño, una pesadilla que en algún momento de la vida todos tuvimos. Pero me parece que las conquistas hablan a las claras de que hay que seguir en ese camino”.
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