Dow Argentina anunció el cierre y desmantelamiento de su fábrica de Puerto General San Martín, Santa Fe. Es la única productora de poliuretano del país y ocupa a 120 trabajadores. Advierten que es una decisión política para priorizar la importación desde Brasil.
“Es un día especial, pasaron personas que han trabajado mucho. Gente que ha trabajado por este gremio y por la lucha de los trabajadores. Lo ideal hubiera sido hacer una fiesta pero lo festejamos con algo especial”, dijo a FM De la Calle, Horacio Tolza, secretario general de SATSAID en el 50° aniversario del gremio en consonancia con el Día de les Trabajadores de la TV.
Está tarde sortearán desde una concesionaria un auto 0KM entre las afiliadas y los afiliados. Podrá seguirse en vivo desde las 19 por Cotidiano – El día a día del SAT SAID Seccional Bahía Blanca.
En relación a las situación salarial y las condiciones laborales del sector Tolza mencionó que “después de un paro y una mesa de negociación bastante extensa hemos logrado llegar casi al 42%, estamos en la quinta o sexta paritaria nacional en el monto. Eso significa que se equipare o pase un poco la inflación. Esperemos que mejore la economía, esta pandemia ha hecho un desastre, la gente está adentro, el universo del entretenimiento que tiene es la televisión o películas, las empresa han ganado dinero, exigimos que se recompense a trabajadores”.
El dirigente comentó que la representación del sindicato es amplia “porque tenemos canales abiertos y circuitos cerrados. En canales abiertos, son productor, editor, director, camarógrafo y en el rubro cerrado también hay noticieros, ahí también es importante el cableado, las conexiones, atención al cliente”.
El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó por unanimidad a cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina y calificó a los hechos como “crímenes de lesa humanidad”.
Raúl Roberto Aceituno recibió la pena de prisión perpetua al ser considerado coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Hover Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Raquel Cilleruelo, hermana de “Watu”, manifestó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que “logramos que uno de los cómplices llegara, los otros se fueron muriendo. Después de 46 años falta mucha gente acá. La perpetua de Aceituno tiene mucha fuerza para mí”.
Forcelli, Pallero y Curzio fueron castigados con 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita.
“Esperamos que sea un aporte para avanzar en las responsabilidades sobre todo de sectores civiles y del poder fáctico”, dijo el fiscal auxiliar Pablo Fermento. Aseguró que “el debate sirvió para que la investigación tomara estado público. A diferencia de lo que pasa en otros juicios donde se llega con todo elaborado, al ser un fenómeno de violencia colectivo fue sorprendente cómo se fue incorporando prueba nueva en función de gente que se acercaba a decir yo viví esta situación. Por ejemplo, el hijo de (Jorge) Argibay que introdujo información y nos permitió corroborar lo que estábamos explicando. Es fundamental el debate y por eso lo planteamos para causas como las de (Vicente) Massot o (Néstor) Montezanti”.
Al respecto, Raquel recordó que Daniel Argibay -quien con 12 años fue testigo de acciones y relaciones de su padre- les envió una carta pidiendo disculpas: “Creo que eso lo sana tanto a él como a nosotros. Después del mal que hicieron su papá y su hermano él pudo reconstruir su vida y elegir el lado bueno de las cosas. (…) Siempre le agradecí por su actitud, no cualquiera lo hace, mirá estos que están condenados ahora, no se arrepienten, para ellos está bien lo que hicieron”.
En el veredicto, los jueces comunicaron que Raquel tendrá derecho a ser informada y expresar su opinión cuando se sustancie cualquier planteo en el que se puedan decidir salidas transitorias, régimen de semi libertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, discontinua o semi detención, libertad asistida y régimen preparatorio para su liberación.
Por otra parte, el tribunal remitió copia del veredicto y de los fundamentos de la sentencia para que evalúen las solicitudes de la Fiscalía para anular las resoluciones de cesantías de empleados no docentes, docentes y alumnos, otorgar el título de doctor honoris causa a David Hover Cilleruelo y colocar en espacios de circulación pública una referencia histórica sobre la puesta a disposición en el período de tiempo investigado de sus instalaciones y sus recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados. “Ello así toda vez que imponer a las universidades una serie de decisiones como las solicitadas, sin cumplir con los procedimientos administrativos previstos a esos fines, constituye un exceso a la competencia que la ley otorga a este tribunal teniendo en cuenta los principios de autarquía y autonomía de las universidades”, aclaró el juez Roberto Amabile.
“Los únicos planteos de la Fiscalía que no fueron tratados son la calificación de genocidio y queda pendiente resolver las cuestiones atinentes al modo de detención de los imputados que están excarcelados, si se les va a dictar prisión preventiva hasta que esté la pena firme y la domiciliaria de Aceituno”, afirmó Fermento. Aceituno continuará en su casa hasta que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema le realice un examen médico completo.
El tribunal no hizo lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción ni por la insubsistencia de la potestad persecutoria por agotamiento de plazo razonable. Tampoco al pedido de inconstitucionalidad respecto de la pena de prisión perpetua, del delito de asociación ilícita y de las consecuencias accesorias de la condena.
Julia García, hermana del “Negrito” García, destacó la condena a Aceituno y se quejó porque “no se investigaron los otros 23 casos de secuestros y asesinatos. ¿Qué estuvimos haciendo para llegar a un fallo como este? Es muy doloroso irnos con las manos casi vacías”.
Verónica Alduvino, hermana de Fernando Alduvino, sostuvo que “hay que rescatar que esto pasó en un gobierno constitucional y este fallo es el primer paso para que cada uno se haga cargo de las distintas áreas que estaban en el gobierno, en la justicia, en los partidos políticos y los sindicatos”.
Los fundamentos del fallo de los jueces Amabile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido se conocerán dentro de los próximos 40 días.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la condena al secretario general de la UTA, Ricardo Pera, por las lesiones leves y amenazas proferidas a Sergio Massarella y Gustavo Mandará. Los hechos ocurrieron en 2015, durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del Concejo Deliberante.
El fallo rechaza las quejas de la defensa, a cargo de Sebastián Martínez, las cuales apuntaron a la prescripción de la causa, el estado de salud del imputado y la valoración de los testimonios.
La resolución de la Sala II -compuesta por Guillermo Emir Rodríguez, Alfredo Hernán Mones Ruiz y Guillermo Federico Petersen- confirma la pena a un año y diez meses de prisión dictada por el juez en lo Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani.
En mayo, el fiscal Juan Pablo Schmidt solicitó la elevación a juicio oral de otra causa que tiene al ex concejal del Frente Renovador como protagonista, en ese caso imputado por amenazar y provocar lesiones leves a su ex pareja. La defensa se opuso y ahora debe definir la jueza de Garantías Claudia Olivera.
En cuanto a la prescripción de los delitos ocurridos en el HCD, el fallo remite a la ley 25.188, la cual establece que “también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubieren participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. En el caso de Pera, destitución y reposición en el cargo de por medio, terminó su mandato el día 10 de diciembre de 2017.
Respecto a la supuesta inimputabilidad del ex concejal al momento del juicio, la Cámara afirma que “la incomparecencia del procesado a la Asesoría Pericial denota una falta de colaboración para que se pueda llevar a cabo la pericia, y al no existir otras constancias probatorias que constaten la mentada incapacidad procesal, debe inferirse a ese momento la capacidad procesal de Pera para asistir e intervenir activamente en el debate”.
El tribunal destacó la fundamentación de la sentencia de Giuliani respecto al análisis de las pericias médicas y las declaraciones de las víctimas y de Pablo Rosenfelt, José Antonio Vidal y María Florencia De Caso Dupont. “No se puede poner en tela de juicio la credibilidad de tales testimonios por las circunstancias de compartir un mismo espacio político, aun dando por cierto que tengan una relación cercana a la amistad y/o dependencia”, aseguró Mones Ruiz.
En referencia a las amenazas recibidas por Massarella, el juez manifestó que “resulta grave objetivamente, ya que en el contexto histórico en que se produjo tuvo la entidad necesaria para atemorizar a la víctima; máxime si tenemos presente la conducta de Pera -que sin discusión previa, en forma intempestiva, profiere el giro lingüístico amenazante: ‘a vos te voy a matar, sos un hijo de puta, cagón'”.
“Le pregunté qué pasaba, quedamos más próximos. Me pegó un cabezazo en el ojo izquierdo y cuando me doy vuelta veo a Mandará y cuando me acerco veo que le estaba pateando. A Pera lo saca Morini. (…) A mí me intimidaron, sentí miedo por la forma, la virulencia con que me dijeron las cosas. Fue el primer día que sentí miedo ya que estaba ante una persona que era capaz de hacer cualquier cosa. Yo soy una persona tranquila, sí con debates o diferencias políticas. La situación alteró mi vida, tuve y tengo miedo, porque vi una persona capaz de cualquier cosa. Pedí que mis hijos tuvieran presencia policial en su casa. ‘Qué casualidad que a meses de ocurrido este hecho me prenden fuego una casa que tenía en Monte Hermoso'”, declaró Massarella en el juicio.
Por último, los camaristas reafirmaron los agravantes por la condición de funcionario público de Pera y por haber cometido los delitos en el Concejo Deliberante. El dirigente de la UTA no solo vulneró “la integridad física de las personas y la libertad”, también lesionó “la confianza pública, lo cual de alguna manera evidencia el efecto nocivo que provocan en la sociedad tales circunstancias, en relación a la legitimidad de las instituciones públicas, lo que implica, en el caso, un mayor grado de culpabilidad”.
Personal de clínicas privadas realizará una medida de fuerza jueves y viernes en reclamo de mejoras salariales. Se trata de un cese de actividades convocado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina.
“Estamos reclamando paritarias anuales, un 45% de aumento que va escalonado, julio, septiembre, noviembre y diciembre, con una revisión en febrero. No hemos tenido una contestación favorable, es complicada en el contexto de pandemia”, comentó a FM De la Calle Juan Forchino, miembro de comisión directiva de ATSA.
El trabajador del Hospital Italiano destacó que “no hubo ni siquiera negociación, no hubo respuesta favorable. La contestación es que no hay plata como para bancar los aumentos salariales. Seguimos quedando abajo por los salarios, perdemos poder adquisitivo día a día, es imposible palear la situación. Estamos a la espera de una negociación de último momento”.
Señaló que “el agotamiento es generalizado, los empleados de sanidad están muy cansados, estresados”.
Por otra parte, informó que durante la protesta se garantizarán “la atención de emergencia que lleguen a los hospitales, servicios de emergencia privados, pediátricos y clínicas.
Por último, en relación a la pandemia, enfatizó que “si bien los hospitales se han armado de diferente manera para palear la situación en algunos momentos llega a colapsar el servicio sanitario”.
Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ria se reunieron con autoridades de la Unión Industrial, entidad a la cual están afiliadas las empresas investigadas por la contaminación del estuario.
Luego de once años de trámites judiciales y con las causas estancadas en el fuero federal y el contencioso administrativo, los trabajadores comenzaron una serie de cortes y manifestaciones para visibilizar la problemática.
Un grupo de pescadores y el abogado Lucas Beier fueron recibidos esta mañana por Marcela Guerra y Roberto Elissamburu, directora institucional y director Industrial de la UIBB, respectivamente.
“Les dijimos que traten de interactuar ya que la Unión Industrial tiene como principales asociados a empresas del polo o afines al polo. Necesitamos una solución urgente, desde los empresas de manera individual no nos reciben, no están dispuestos a escucharnos. Necesitamos una solución inmediata, para mañana, del daño que han generado a estas familias desde hace 11 años”, dijo Beier a FM De la Calle.
Semanas atrás, la Cámara Federal anuló los convenios firmados por el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico, por no haber incluido en la discusión a los pescadores ni a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente.
Beier comentó que intentan “alguna negociación extrajudicial que derive en un acuerdo judicial. Pero en forma inmediata se necesitan una respuesta, están bastante firmes en su postura, van a seguir con los cortes”.
En cuanto al Consorcio de Gestión del Puerto, organismos que también está denunciado ante la justicia, el abogado destacó que “venimos con buen diálogo hace mucho tiempo, desde hace un año y medio, pero hasta ahora ninguna respuesta concreta”.
“Los pescadores llegaron a un momento de saturación, no quieren escuchar más que hay reuniones. Lamentablemente las causas judiciales están muy lentas y la expectativa es que se demore muchos años más. 2 pescadores fallecieron, algunos se están poniendo viejos y necesitan una respuesta ya”.
Esta semana la jueza Gabriela Marrón rechazó citar a indagatoria a empresarios y ex funcionarios. “No lo van a hacer, dicen que no hay pruebas suficientes y no dicen cuáles faltan. En el delito penal hay una acción típica: dice el que arroja sustancias nocivas, peligrosas para la salud. Ya está demostrado por una pericia que dice que los peces tiene 40 veces más que lo permitido por el Código Alimentario. Faltaría demostrar quién lo arroja: esta más que acreditado por los informes del Comité Técnico Ejecutivo que dice quién y qué sustancias. Hay dos informes en la causa con la nómina de todos los directores. No lo entiendo, le vengo diciendo que si cree que no están identificados que produzca la prueba que tenga que producir”.
“Cuando es una persona jurídica la responsable de arrojar sustancias, los responsables son los directores, lo dice la ley. Parece que acá la jueza quiere que yo pueda acreditar que Juan Pérez un día dio la orden de abrir la canilla. No lo pide la ley, no lo pide la jurisprudencia”, enfatizó Beier.
“Estamos perdiendo el estuario”
“El Consorcio nos atendió pero nos mintió, el Municipio nunca nos atendió, estamos viendo que nos atiendan para llegar a un acuerdo como la gente. Hasta que no haya una solución en concreto vamos a seguir con esta lucha. Van 11 años de tomada de pelo”, dijo Héctor Seijas frente a la sede de la UIBB al móvil de FM De la Calle.
Miguel Córdoba señaló que “la justicia siempre va por debajo de la mesa, siempre quedamos afuera de todas las conciliaciones. A nuestros abogados los atienden mientras nosotros hacemos medidas de fuerza”.
“En este juicio hace 11 años que estamos reclamando por una fuente laboral que teníamos, me pude hacer mi casa, vivía dignamente, le daba una buena vida a la familia. Después del 2008 que se cortó todo tuvimos que reinventarnos”, agregó Fabián Torres.
Córdoba recordó que “había 60 embarcaciones con 7 tripulantes, sumále las familias, los negocios que vivían de los pescadores. De esas 60 lanchas quedan 4 en el agua, el resto las compró el Consorcio. Los permisos de pesca tienen un solo dueño: el Consorcio compró todas las lanchas para desarraigar los pescadores, las compró cuando ya los dueños no sabían qué más hacer para tener esa lancha a flote. Todo eso lo perdimos gracias al Consorcio y las empresas”.
“Que la gente de Bahía tome conciencia de que la contaminación afecta a toda la ciudad, que miren a White, todo lo que viene para acá, estamos perdiendo el estuario. El puerto es lindo para tomar mates el domingo que es lo que le muestra el Consorcio… que metan la mano en el agua”.
Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría realizaron esta mañana un corte en el acceso a Unipar (ex Indupa) ante la falta de respuestas por parte de la justicia y de las autoridades políticas.
Días atrás se movilizaron desde Ingeniero White hacia la Municipalidad, donde no fueron recibidos por el intendente ni ninguno de sus funcionarios. También cortaron durante algunas horas el acceso al puerto.
“Cansados, saturados, golpeados por la realidad que les tocó, hoy vuelven a la lucha activa. Decidieron volver a hacer algo que no les gusta, que no están acostumbrados, cortar calles, manifestarse, impedir que los que a ellos le hicieron tanto daño, puedan seguir su actividad como si nada pasara”, aseguró uno de los abogados de la asociación.
Lamentó que haya personas “que solo entienden de este modo y han arrastrado a los pescadores hasta el fondo, lugar donde no se merecen estar y seguirán luchando para salir”.
Las causas judiciales en el fuero federal y el contencioso administrativo llevan 11 años de trámite. Están denunciadas las empresas del polo petroquímico y organismos estatales como el Municipio, ABSA y el Consorcio de Gestión del Puerto.
“Ese es el tiempo que llevan 52 familias de pescadores artesanales de Ingeniero White luchando para lograr que el Estado (en cualquiera de sus estamentos) les reconozcan lo evidente, que la contaminación provocada por el polo petroquímico y la actividad portuaria ha destruído su única fuente de trabajo”.
Desde la Asociación de Pescadores Artesanales reconocieron que “los avances judiciales han sido muchos y muy buenos pero la justicia es lenta”.
“Pese a ello, sabiendo los funcionarios públicos que el estuario local se encuentra altamente contaminado (40 veces más que el permitido legal), nada hacen y siguen dejando que las empresas contaminen”.
La economista María Julia Eliosoff analizó la situación de las mujeres trabajadoras domésticas en Argentina: “Hay un 77% de informalidad y los ingresos son los más bajos”. Según el informe técnico “La COVID-19 y el trabajo doméstico en Argentina”, publicado por Elva López Mourelo en la página web de la OIT, esta fuerza de trabajo representa el 5,6% del empleo, el 17,4 % de las mujeres ocupadas y el 22% de las mujeres asalariadas: el 99,3% de quienes desarrollan esta actividad son mujeres.
Eliosoff explicó en su columna de economía de FM De la Calle que “en el régimen especial de contrato de trabajadoras de casas particulares, se observa que hasta 2013 no existía ninguna normativa que reconociera sus derechos, no eran consideradas por la ley de contrato de trabajo: no había licencias por enfermedad y ni por embarazo. Ese año es un hito importante, empieza a estar regulado el salario por hora y por mes”.
“El 70% de las mujeres trabajadores de hogares particulares son jefas de hogares monomarentales, el ingreso mensual más bajo por 8 horas es de $22.765 y el más alto de $27.928. El último dato del mes de marzo sobre la canasta básica informa que para una vivienda con 3 personas se necesita de $48.460 para no ser un hogar pobre”.
Durante la pandemia “hubo pérdida de empleo a pesar de la doble indemnización y las mujeres que siguieron trabajando tuvieron grandes dificultades para cobrar, ya que lo hacen en efectivo. Otras trabajan en condiciones de salud y seguridad deficientes: algunas fueron obligadas a quedarse en las casas de sus empleadores para no tener contacto en el transporte público por riesgo al contagio”.
Por otro lado, la integrante del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica comentó que en el informe de la OIT “intentan mostrar que el sector de trabajadoras domésticas está fuertemente en la informalidad: los márgenes de acción y negociación con sus empleadores suelen ser muy acotados, en general negocian de manera individual”.
En este sentido, Eliosoff agregó que “se generan vínculos afectivos entre las trabajadoras domésticas con niñes y adultes mayores, eso refuerza ciertas prácticas discrecionales. Por ejemplo, el empleador se atrasa en el regreso al hogar, entonces la trabajadora se tiene que quedar más tiempo en la jornada de trabajo: ‘No me vas a dejar el pibe sólo’. La trabajadora suele acceder y esto no es reconocido monetariamente como horas extras”.
“Es muy común el trabajo a tiempo parcial, un par de horas a la semana. Por este motivo, hay varias campañas promovidas por el Ministerio de Mujeres, la AFIP, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares y el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que intentan visibilizar la necesidad de registración del trabajo doméstico”.
Las trabajadoras y los trabajadores de la salud de Neuquén continúan con los cortes de ruta para reclamar salarios dignos. La protesta comenzó semanas atrás, en rechazo al acuerdo entre el gobierno, ATE y UPCN por un 12% de aumento.
En la provincia de Vaca Muerta, promesa de “dólares y progreso”, las autoridades realizaron una nueva oferta de un 53% en varias cuotas que ya fue avalado por la ATE y este mediodía era analizada por les autoconvocades.
“Desde enero del 2020 a la actualidad, el personal de la salud recibió un 15% de aumento únicamente. Cuando tenemos en Neuquén una inflación que superó los 45 puntos y la perspectiva del 2021 es similar. El gobierno lo que tendría que haber hecho es intentar recomponer el salario perdido”, comentó a FM De la Calle Martín Álvarez Mullally, integrante del Observatorio Petrolero Sur.
Agregó que “con esta última oferta que ATE aceptó, hasta diciembre es alrededor del 40% del salario real. Tenés una economía que rige al calor de salarios petroleros y el sector público cobra muy poco, no accede a esos salarios”.
“El fracking como técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales le da una característica a toda la economía de enclave, es la dependencia de una sola actividad. Eso ha generado desigualdad, que Neuquén se torne invivible”.
Álvarez Mullally explicó que “así como dicen que Vaca Muerta es la joya de la abuela, la provincia donde se desarrolla está fundida, es la que mayor deuda ha tomado del país, tiene números que son sumamente alarmantes”.
La economía regional “está atada a un mercado internacional que es super complejo de entender. La mayoría son empresas multinacionales o capitales argentinos atados a precios internacionales. El precio del crudo o el precio del gas hace que a ‘la botonera Vaca Muerta’ las empresas las levanten y la bajen todo el tiempo. Ya para 2016 tenías 3500 obreros petroleros despedidos, más 1500 que rotaban y cobraban la mitad del sueldo. Esa variación de despedir mucha gente es constante”.
“Cuando viene toda esa gente demandan viviendas, hospitales, escuelas. En la temporada alta captás más regalías e impuestos y en la baja te quedás sin regalías y con un mar de gente desocupada que te demanda ayuda estatal”, dijo Álvarez Mullally.
“No podés cerrar un hospital o un jardín porque bajó el precio del crudo porque hubo un bombardeo en una fábrica en Arabia Saudita, cosa que pasó el año pasado”, detalló.
El investigador del OPSur mencionó que “hay un problema de desarrollo grave y, sin embargo, la apuesta es defender Vaca Muerta y proyectarlo. Después tenés el impacto ambiental, la cantidad de subsidios que recibe el proyecto es enorme”.
“Siempre estuvo el mito de que Vaca Muerta va a generar los dólares que el país necesita. La relación da negativa, las petroleras perciben subsidios, y giran a empresas de paraísos fiscales parte de eso, entonces hay más fuga de dólares que se capta”, finalizó.
El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) realizará este jueves un paro nacional en canales de aire y productoras tras rechazar la propuesta salarial de las cámaras del sector.
El gremio reclama un incremento del 39% para el semestre abril-septiembre. “Hace 15 días que estamos con ATA-CAPIT discutiendo el tema, estábamos esperando una oferta razonable pero no sucedió”, dijo a FM De la Calle el secretario general de la seccional bahiense, Horacio Tolza.
Comentó que “ofrecieron una propuesta irrisoria de un 20% separador en un 10% y el otro 10 en cinco veces a un 2% por mes. Nos pareció que nos estaban tomando el pelo y por eso se decidió hacer el paro”.
En Bahía Blanca la medida de fuerza será por dos horas por turno y afectará a los canales 7 y 9. “En el 9 va a ser total y en el 7 puede llegar a haber informativo porque no son todos afiliados pero cuando llega el momento de repartir las ganancias logradas también las reciben. Sería bueno que fueran solidarios con sus compañeros”.
“En la pandemia hay industrias que han sufrido la desgracia de venir para abajo y esta ha crecido porque la gente estuvo en su casa. Las tandas que ves, que tienen que ser de 12 minutos, son de 18 o 16. Esto quiere decir que al producto lo están vendiendo bien pero al trabajador no lo quieren hacer participar de las ganancias. No le pedimos más que competir o estar cerca de la inflación”, agregó Tolza.
La pandemia de coronavirus COVID-19 ha desatado una crisis que no es solo sanitaria, sino también económica. En todo el mundo, las proyecciones de desempeño indican una situación preocupante.
No se trata solo de la caída de la producción y el comercio en casi todos los países, sino también de la preocupante pérdida de empleos. La Organización Internacional del Trabajo la estimó en el equivalente a 255 millones puestos de tiempo completo en el mundo. Esto provoca un aumento de la pobreza extrema por primera vez en décadas, así como un nuevo incremento en la desigualdad.
Ante esta situación, existe amplio consenso en que el Estado debe tener un rol activo en inducir la reactivación, a través del gasto público, en especial, mediante la política social y la inversión pública.
Incluso la postura reciente del FMI indicó que esto debe ser complementado a través de una revisión de la tributación, para ampliar el espacio fiscal. Concretamente, llamó a poner en práctica impuestos progresivos a las grandes fortunas personales y a las empresas con mejor desempeño de ganancias.
Es decir, la existencia de una crisis económica mundial, así como la necesidad de que el Estado actúe gastando y recaudando más, forman parte de un consenso generalizado. Naciones Unidas también se expresó en el mismo sentido recientemente. La idea de mejorar la recaudación en un sentido progresivo ha dejado de ser una demanda exclusiva de las organizaciones sociales y ha llegado al seno mismo de los organismos multilaterales.
A nivel nacional, se aprobó a finales de 2020 un Aporte Solidario y Extraordinario (ley N° 27.605, reglamentada por decreto PEN 42/2021) cuya aplicación se encuentra en curso y solo lleva recaudado el 10%. Se trató de una iniciativa parcial, excepcional y limitada. Su aplicación estará destinada a los usos establecidos por la misma ley. Sin embargo, acontecido el primer trimestre del año, a la luz de la continuidad de la crisis y la pandemia, el mismo resulta a todas luces insuficiente. Todo indica que el esfuerzo no puede limitarse a esta iniciativa a nivel nacional.
En tal sentido, vale la pena resaltar que los gobiernos municipales están facultados para tomar medidas en esta dirección. De hecho, esto ya se hizo en 9 municipios de la Provincia de Buenos Aires: 25 de mayo, Castelli, General Lavalle, Hurlingham, Lanús, Laprida, Trenque Lauquen, Tres de
Febrero y Vicente López. Llamamos la atención sobre estos antecedentes por estar todos ubicados en la misma provincia que Bahía Blanca, sujetos al mismo marco legal. De hecho, en el caso de Castelli, se presentó un amparo, que la Justicia rechazó.
Cabe destacar, que cada uno de estos municipios están gobernados por diferentes colores políticos, de lo que se desprende que se trata de un tema común a las necesidades de cada población y no debe verse bajo lógicas partidarias ni de divisiones que forman parte del debate electoral y no de la
urgencia social.
Por un lado, se trata de un problema ético: mientras una parte reducida de la población vive con altos ingresos, la mayoría de la sociedad es incapaz de cubrir sus necesidades básicas. En una sociedad que expande sus posibilidades económicas, es injusto que una porción creciente viva peor.
El dato oficial relevado por el INDEC para el segundo semestre de 2020 indicaba que más de 75.000 bahienses se encontraban en situación de pobreza (equivalentes al 24% de la población local) y casi 22.000 en la indigencia. Los aumentos de precio de las canastas utilizadas para medir tales guarismos se han elevado de forma consistente en los meses siguientes, por lo cual es esperable que la situación se haya agravado. Esta situación se da al mismo tiempo que la actividad económica en la ciudad muestra lentas señales de recuperación en nichos específicos, que no abarcan al conjunto de la sociedad ni el mercado laboral.
Por otro lado, esta desigualdad no es sólo un problema ético, sino también uno económico: evita que el crecimiento se derrame al resto de la sociedad por las vías del consumo y de la inversión. Una parte significativa de los ingresos captados por quienes más ganan se destina a colocaciones
improductivas, especulación inmobiliaria o directamente atesoramiento. A esto se agrega que, tal como existe hoy en día, la estructura tributaria argentina es especialmente injusta, reposando de forma evidente sobre impuestos regresivos como el IVA. En suma, todo esto erosiona las bases del
crecimiento económico, lo cual redunda nuevamente en una concentración que intensifica y profundiza la desigualdad y la pobreza subyacentes.
Este debate dista de ser un problema exclusivamente nacional. Una gran parte de las necesidades sociales más acuciantes requieren atención desde la acción de los municipios. Captando especificidades locales, es posible complementar o incluso mejorar cualquier política nacional mediante acciones concretas en cada territorio. Queremos resaltar este punto, porque entendemos que es una buena oportunidad para discutir la aplicación de una tasa de contribución extraordinaria en Bahía Blanca.
De conjunto, la experiencia cercana indica que son posibles diversas combinaciones de base imponible y destinos de los fondos. En relación a lo primero, hay múltiples variantes, según la estructura productiva del municipio, pero también la situación económica de la actividad particular.
Es claro que también se consideró la facilidad para establecer y fiscalizar los sujetos imponibles y lograr el cobro de la recaudación. Respecto de lo segundo, consideramos que es urgente la distribución de ingresos en el ámbito de los comedores barriales, sectores precarizados de la economía como el cultural, especialmente en el sistema de salud y aquellos ámbitos que requieren de recursos para lidiar con la crisis en curso.
Una contribución extraordinaria con destino específico podría ayudar a mejorar la asistencia municipal a la situación de la población bahiense. Si bien es real que la mayor parte de la economía atraviesa una situación delicada, algunos sectores de actividad muestran recuperación, encontrándose además entre los que más crecieron en años previos y cuentan con mayor patrimonio. Tomando en consideración la estructura productiva local, entendemos que es posible evaluar la aplicación de una tasa extraordinaria a algunos de los siguientes sectores: 1) polo petroquímico; 2) actividad portuaria de gran porte; 3) entidades financieras y bancos; 4) grandes cadenas de distribución y superficies comerciales de gran escala; 5) construcción privada –en especial, de vivienda de alta gama o grandes proyectos.
Como se señaló, este conjunto de sectores se encuentra en una situación relativamente mejor al resto de la economía, habiendo además capitalizado grandes ganancias en años previos, bajo un sistema de tributación especialmente regresivo. Un aporte por única vez no erosionaría el flujo de
recursos necesario para afectar a la inversión, determinado por las oportunidades vigentes más que por la tenencia de excedentes.
La determinación de la sobretasa o monto fijo a tributar debería determinarse a partir de las necesidades de recursos determinadas por los destinos, así como por la facilidad de recaudación.
Este debate debería unir sin equívocos a la dirigencia política, social y gremial dado que es una herramienta muy concreta para aplicar en el cortísimo plazo sin cuya aplicación decenas de miles de bahienses se encontrarán sufriendo no solamente las consecuencias de la nueva situación sanitaria sino que además la transitarán sin los recursos básicos para subsistir.
Planteamos una propuesta posible, concreta y urgente.
MULTISECTORIAL POR UNA TASA EXTRAORDINARIA PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONÓMICA Y SANITARIA EN EL MARCO DE LA NUEVA OLA POR COVID-19 EN BAHÍA BLANCA
ADHIEREN
ADUNS – CICOP – CÁRITAS Bahía Blanca – Consejerxs y asesores en el Consejo Cultural Consultivo – El Puente – FM De la Calle – Jorge Cascallar Docente y coordinador de Programa Envión – La René Salamanca, corriente clasista de Bahía Blanca – Sureando – Talita Kum – UMSur – Siguen las firmas…
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Cintia Villega denunció por violencia de género en reiteradas oportunidades al padre de su hija, Gustavo San Román. El 21 de agosto el hombre se llevó a la nena de nueve años impidiéndole todo contacto con la madre.
En la puerta de la Fiscalía General, la mujer junto a su abogada y organizaciones sociales reclamaron celeridad para que la niña pueda volver con su familia y que citen a declarar al agresor.
“Hace nueve años estoy juntada con él, siempre me amenazó con que me la iba a sacar y lo hizo, manipuló la situación. A mi hija la tiene manipulada, no la vi más a la nena. No se cómo está, la sacó de la vida que ella tenía, iba a natación, inglés, él la veía todos los días. Se enojó conmigo, me pegó y se la llevó”, dijo Cintia a FM De la Calle.
Relató que fue a la Comisaría de la Mujer a denunciar que la “ahorcó” aunque “justo el servicio local estaba con otro caso”.
“Me cruzo un amigo de él que le avisa que estoy ahí. Él va con Sofía a la comisaría, le dice al servicio local si puede tener a la nena durante tres días porque era el cumpleaños del hermano y no me la trajo nunca más”.
La abogada Alicia Busteros afirmó que “la justicia tiene que ser más expeditiva porque si no no es justicia. La criatura tiene un problema de salud grave, no se la medica en tiempo y forma. Ahora se agravó porque tampoco la lleva a la escuela”.
“La escuela fue la que dio aviso de que no estaba yendo la nena, el servicio local nos dijo ‘vamos a comunicarnos la semana que viene'”, señaló.
Hay varias denuncias: una está radicada en el Juzgado de Familia Nº3 y otra en la UFIJ Nº3 a cargo de la fiscal Agustina Olguín.
Busteros destacó que el hombre se “manifiesta humillando a la madre, golpeándola físicamente, psicológicamente. El servicio local no se había dado cuenta que se ejercía violencia psíquica contra ella porque la violencia que ejercía contra la madre era siempre enfrente de la nena”.
Por último, Cintia contó que “Sofía estaba todos los días conmigo, ella hacía deportes, iba a canto, estaba todos los días con los hermanos. Tiene a su perro, su gato, su rana, todo en mi casa. Ella no se quedaba nunca a dormir con él porque no quería. No puedo creer que hace siete meses que la tiene y que no se cómo está. Necesito que me ayuden”.
El secretario general del Sindicato de Guardavidas de Monte Hermoso fue censurado mientras se refería al conflicto gremial que mantienen con el Municipio durante el acto por el 24 de marzo.
Un hombre le sacó el micrófono al dirigente cuando este mencionó la situación de persecución y hostigamiento que sufren por parte del Ejecutivo, hechos denunciados penalmente ante la justicia bahiense con el acompañamiento de las secretarías de Derechos Humanos de la provincia y la Nación.
“No tenía pensado hablar, habíamos hablado con la gente de Suteba que iban a ser ellos los encargados del acto pero bueno, quiero pedir disculpas en nombre de los montermoseños por este mal momento, al compañero si se sintió agredido, no era la intención seguramente, el ámbito donde se va a resolver seguramente el litigio es el judicial no en el ámbito de un día festivo“, dijo el intendente Alejandro Dichiara
En diálogo con FM De la Calle, Brian Ollearo afirmó que la persona que le impidió cerrar su discuro “es cercano al Municipio” y aclaró que “no buscamos detenernos en personas concretas, más allá de que lo que hizo es horrible”.
El dirigente señaló que “es un acto de censura en un momento que rememora entre otras cosas, la censura en la dictadura. Lo que queríamos decir es la situación delicada por la que estamos pasando. Cómo no vamos a expresar la persecución y violencia que estamos pasando los guardavidas en Monte Hermoso”.
Mencionó que “queremos que se reincorpore a los trabajadores y que se termine con la persecución de trabajadores organizados. Por primera vez nos organizamos para que se respeten nuestros derechos. Recibimos esta represalia injusta, irracional e ilegal”.
Agregó que “por ley el servicio mínimo es de 150 días y el Plan de Seguridad Acuática presentado por el Municipio establecía que los 75 guardavidas íbamos a trabajar desde el 1 de diciembre hasta el 4 de abril. Todo eso fue violado”.
“Hay cosas que a pese a algunos cambios nunca cambian”, dijo el concejal Carlos Quiroga a FM De la Calle al ser consultado sobre la censura de La Nueva al artículo de uno de sus periodistas sobre una causa judicial armada por la Policía Bonaerense.
La edición ya había sido impresa y estaba lista para su distribución aunque el empresario Gustavo Elías prefirió destruirla para no “horadar” una investigación del fiscal Santiago Martínez.
“Ha sido una decisión atroz, me puse a disposición sindicato del que fui uno de los afiliados más antiguos hasta mis desvinculación del periodismo”, comentó Quiroga.
Agregó que “es un tema de una empresa privada que maneja información y tiene poder por encima de cualquier otra actividad de naturaleza privada, sería merecedor de una discusión pública más intensa. Los compañeros del sindicato lo han dado por saldado”.
“En aras de la libertad de expresión que dicen defender, los lectores estaban en derecho de conocer lo que el colega había escrito”, opinó.
Mariela González trabaja en el rubro de la construcción hace diez años, fue elegida como delegada tesorera en 2017 para representar a sus compañeros de obra en la UOCRA. Desde que ganó la elección, la conducción gremial -a cargo del interventor Carlos De Boer- no la deja asumir y recibe constantes amenazas.
“No me esperaba esta pregunta, si vos te animás y creés que los compañeros te van a votar, hacélo”, le respondieron cuando preguntó si podría postularse. Junto a ella fueron parte de la lista dos de sus compañeros: Tamame y Pavón, quienes pasado el tiempo comenzaron a hostigarla.
“Me decían de todo, me amenazaban, que no me meta. Yo me sentía comprometida con esos compañeros que me habían votado, para que no me falte nada. Me voy al sindicato a pedir ayuda y fue peor porque al otro día me agredieron, a uno de los chicos lo sacaron del cuello de la oficina diciéndome vos me vas a conocer”, relató González a FM De la Calle.
“Hice muchas denuncias, la primera fue en la Comisaría de la Mujer y no sabían si tomármela o no porque nunca hubo una denuncia laboral. En fiscalía me citaron al otro día para contar lo sucedido”, relató.
Mariela siguió yendo a trabajar y las amenazas no cesaron. “Un día estamos cenando con mis hijas y escuchamos fuertes golpes, mi hija va a sacar la moto y vimos los dos proyectiles, atravesaron el portón y las paredes de mi casa. Ya había sido advertida de que me iban a tirotear la casa”.
“Me cansé de ir al sindicato, fui muchísimas veces. Al principio De Boer no me podía atender así que me atendieron sus colaboradores, uno de ellos me mandó a que me busque un amante para que me entretenga”, enfatizó Mariela.
La delegada mencionó: “Le envié una carta al secretario general Gerardo Martínez, me citaron a Buenos Aires y me dijeron que me quede tranquila, que no está bueno manchar la institución. Me hizo entender como que yo estoy mal, que yo le falté el respecto a mis compañeros por sacar al aire todo lo que estaba pasando”.
“Antes de la intervención había más de 50 mujeres en obra, ahora hay tres. La respuesta es que somos muy complicadas las mujeres, que tenemos nuestro período, que los empleadores no quieren mujeres. No me dan solución de nada, me hacen sentir culpable de todo lo que me pasó”.
En relación a las mujeres que trabajan en el rubro de la construcción contó que “las compañeras no tienen la ropa adecuada, no tenemos una representante mujer que nos ayude, no tenemos apoyo de ninguna mujer, nadie nos puede asesorar y son nuestro derechos”.
En sus últimas horas como titular del Juzgado Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla procesó y trabó un embargo de 20 millones de pesos al ex jefe de la base bahiense de la Agencia Federal de Inteligencia, Guillermo Coll. Es por su participación en el espionaje político del gobierno de Mauricio Macri.
Coll es un ingeniero jubilado, porteño, de 58 años, domiciliado en 9 de Julio 108, Piso 7°, depto. “A” de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Revistó en la ex Side local entre el 1 de abril de 2004 y el mismo día de 2017.
“De la simple lectura de los documentos relevados se desprende que durante la jefatura de Coll, la delegación Bahía Blanca recopiló, produjo, analizó y elevó información personal de múltiples ciudadanos sobre la base de su pertenencia a organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos”, afirmó el juez.
Ramos Padilla destacó que “el carácter de la información producida por la Delegación Bahía Blanca es particularmente sensible”. Recordemos que, a diferencia de otras bases, el espionaje en nuestra ciudad incluyó a un medio de comunicación como FM De la Calle y a la comunidad universitaria.
“Los informes de inteligencia relevados no versan sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigación de delitos federales complejos”, subrayó.
En su indagatoria, Coll dijo haber ingresado a la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado el 1 de julio de 1987 y que el primer día de junio de 2017 se reincorporó como delegado de la Base La Pampa dependiente de la Dirección de Reunión Interior.
Negó haber formado parte del plan de espionaje ilegal y aseguró que se desvinculó de la AFI el 1 de abril de 2017. Sin embargo, el juez destacó que la inteligencia ilegal comenzó “a mediados de 2016”.
El imputado sostuvo que los informes eran previos a la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional aunque el magistrado enfatizó que “se encontraban expresamente prohibidas desde la sanción de la Ley 25.520 en el año 2001″.
Ramos Padilla contrastó que uno de los documentos cuya autoría asumió es el titulado “informe abril”, el cual fue producido en 2015, elevado a la superioridad en 2016 y finalmente actualizado y vuelto a enviar a la superioridad en abril de 2017, “ocasión esta última, en la que el imputado no habría participado”.
Coll explicó que “se había borrado toda la información de los servidores de delegaciones provinciales” y “la sra. subdirectora (Silvia Majdalani) quería ver cómo habían trabajado las delegaciones y no tenía forma de evaluar nuestro trabajo”.
Según el magistrado, que muchos de los documentos secuestras estén fechados entre el 12 y el 27 de abril puede deberse a “la pretensión de Guillermo Coll de ser recontratado por el director Pablo Pinamonti”.
“De este modo pueden comprenderse, por ejemplo, las reseñas sobre la participación de muchas de las organizaciones relevadas en el documento ‘informe abril’ en la marcha del 24 de marzo de 2017, en la que se conmemoraba el 41° aniversario del inicio de la última dictadura militar, es decir, una actividad que fue cubierta aún durante la permanencia de Guillermo Coll al frente de la delegación”.
El espía comentó que las organizaciones perseguidas fueron seleccionadas “porque todas tuvieron participación en algún evento en el pasado”. Dijo: “Uno entraba a la página, por ejemplo, de HIJOS y usted me dice ¿por qué Hijos? Porque Hijos aparecía muchas veces en movilizaciones. O sea, era una de las agrupaciones que más movían, entonces dijimos ‘bueno, a ver, vamos al Facebook de Hijos, quiénes están ahí. Está fulano, fulano y fulano. Bueno, listo, mételos’. Nada más”.
Y nada menos.
Otro ejemplo es el del personal de la UNS: “Había actividades que se hacían todos los años, entonces, obviamente participaba la Universidad, participaba por ahí alguna agrupación pero solamente eso. Es decir, bueno, sí, la UNS participó, por ejemplo, o estuvo presente cuando se inició los juicios por lesa humanidad, estuvieron presentes sí, lógico, eso sí, pero de ahí a meternos, no, nunca, nunca. Solamente, quiénes participaron, en qué actos, listo”.
“De este modo, el imputado reconoció haber reunido información personal sobre integrantes de una universidad pública nacional por el solo hecho de haber asistido al inicio los juicios de lesa humanidad”, afirmó el juez.
Servicios prestados
En otro tramo de su indagatoria, Coll contó que entre los documentos que le remitió a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, “se encontraban una serie de informes producidos por la Delegación Bahía Blanca en el marco de la investigación seguida contra Juan Ignacio Suris”.
Álvaro Coleffi, subrogando el mismo juzgado que Martínez, llegó a indagar al empresario y al arzobispo Guillermo Garlatti, en este caso por el encubrimiento del cura torturador Aldo Vara. Tiempo después, el secretario judicial fue perseguido en una causa por la filtración de escuchas del caso Suris y expulsado del Poder Judicial. Sin embargo, al llegar a juicio la Fiscalía desistió de la acusación por falta de pruebas. Así, las miradas se fijaron sobre el accionar de la Policía Bonaerense y los servicios de inteligencia.
Justamente por su actitud de defensa corporativa a las fuerzas policiales, Martínez –ahora fiscal federal designado por el macrismo- fue dos veces recusado en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, de la cual recientemente se inhibió por “violencia moral”.
*Foto: Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Este sábado la edición en papel de La Nueva se imprimió y no se distribuyó. La empresa de Gustavo Elías no brindó explicaciones.
Así lo difundió el Sindicato de Prensa en un comunicado en el cual afirma que “la libertad de expresión y de información son derechos que todos tenemos como ciudadanos y que los trabajadores de prensa defendemos y promovemos con especial hincapié, a través del ejercicio de nuestra profesión”.
“No es por ello viable cuestionar la integridad profesional de los trabajadores de prensa, que por estas horas ven manchada su trayectoria, tan cara a la credibilidad de un comunicador social”.
El gremio agregó que “este tipo de hechos atentan contra la tan sana práctica del periodismo de investigación, necesaria para escrutar la transparencia de funcionarios, instituciones y del propio sistema democrático”.
“Vemos propicia la ocasión para recordar que preguntar, investigar e informar son parte intrínseca del periodismo, como así también el derecho de opinar y reclamar información. Derechos que, al mismo tiempo, conforman la piedra basal de la libertad de expresión”, sostuvo la entidad.
La declaración indagatoria del secretario general de la UTA, Ricardo Pera, prevista para esta mañana fue postergada hasta el 29 de marzo. Se le imputan lesiones y amenazas contra su ex pareja. El ex concejal no pudo ser notificado.
La abogada Fernanda Petersen dijo a FM De la Calle que fue por “estrategias dilatorias” por parte de la defensa y advirtió que “vamos a seguir hasta que tenga una condena”.
“No dejamos de merituar que está citado a indagatoria: en la audiencia el fiscal le va a leer formalmente el hecho que se le imputa, le va a decir cuáles son las pruebas que hay y él decidirá si declara o no”, destacó.
La abogada de la denunciante explicó que la audiencia fue fijada a fines de 2020, “se presentó un certificado médico y la perito que hizo la evaluación dijo que estaba en condiciones de concurrir”.
“Con el dictamen pericial el fiscal fijó la audiencia para hoy y el defensor Sebastián Martínez presentó otro certificado médico advirtiendo que el acusado iba a estar fuera de la ciudad por un tratamiento, a lo cual se sumó la falta de notificación por parte de la Gendarmería”.
Petersen sostuvo que “claramente si no se pudo notificar formalmente no se le puede exigir que se presente. A partir de ahora estaremos más encima de este tipo de detalles y veremos qué medidas pedimos para evitar la dilación de la audiencia”.
“Para llegar a este momento se incorporó todo tipo de pruebas, desde testimoniales -que en estos delitos son muy difíciles y, en este caso en particular, es una persona que pertenece a un sector gremial, que tiene un poder específico, real y simbólico dentro de la ciudad-, se realizaron pruebas psicológicas, de los celulares, hay fotos”, enumeró.
Finalmente afirmó que “las dilaciones siempre operan en contra de la psiquis de la víctima. Que le tenga que avisar unas horas antes que esto se suspende por estos motivos claramente es otra situación violenta, es revivir lo que pasó”.
“También es cierto que el acompañamiento de las agrupaciones de mujeres que hoy están frente a la Fiscalía, sabiendo que no se iba a hacer la audiencia, muestra cómo está cambiando esta situación”.