Salud: acuerdo paritario en provincia de Buenos Aires

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El Congreso de delegados y delegadas llevado adelante el viernes pasado resolvió la aceptación de la propuesta que el Gobierno provincial formulara en la paritaria de la Ley 10471. La misma consistió en un aumento salarial del 9 % promedio para el mes de diciembre de 2020, lo que llevó el incremento anual, sumados los tres acuerdos alcanzados en el año, a un 44,6 % promedio de bolsillo respecto a diciembre 2019. La oferta incluyó un aumento del 48,1 % para el salario inicial (36 horas de labor semanal sin antigüedad), un incremento promedio del 44 % para residentes y un 36 % para  reemplazos de guardia. Estos quedaron, a partir del 1 de diciembre, en $ 13.852 para los días de semana y $ 16.593 para fines de semana y feriados.

Según informaron desde CICOP, “en la Mesa Técnica llevada a cabo el jueves 28, el Ministerio receptó nuestra demanda de ampliación de licencias, promoviendo la posibilidad concreta de tomar nuestra licencia anual complementaria (estrés) correspondiente al año 2020, a partir del hoy. La decisión debe ser notificada por la Dirección Provincial de Hospitales en forma inmediata, a fines de poder hacerla efectiva rápidamente. Finalmente, también se acordó una Mesa Técnica por el tema previsional para el jueves 4 de febrero, la continuidad de la discusión sobre temas pendientes, como las leyes de excepción para la regularización de la Carrera y las diversas tramitaciones demoradas en curso, así como la apertura de la paritaria 2021 en el mes de febrero”.

La crónica institucional señala que quienes participaron del congreso “expresaron los debates que se produjeron en las asambleas y consultas realizadas, con una buena valoración mayoritaria del porcentaje de aumento salarial alcanzado, teniendo en cuenta las cifras acordadas en la paritaria general estatal de la provincia de Buenos Aires (38,7 % promedio), así como lo que viene sucediendo en el resto de las discusiones salariales en el Estado Nacional y en el resto del país, incluyendo las específicas de Salud. Pero, a la vez, fue señalado también que los sueldos siguen siendo bajos, con valores levemente superiores a la línea de pobreza en la categoría inicial y con la mayoría de los ingresos por debajo del valor de referencia de la canasta básica publicada por ATE-INDEC”.

“Hubo un alto consenso en que las discusiones paritarias de 2021 deberán avanzar en la recomposición salarial, profundizando sus aspectos cuantitativos y cualitativos, avanzando en el blanqueo de las sumas no remunerativas, evitando los descuentos ligados al presentismo y estirando la pirámide, valorando así también la trayectoria en la Carrera. Para ello, sigue siendo indispensable dotar de los recursos necesarios a la Salud Pública, mejorando los presupuestos y fortaleciendo un sistema que, aún con sus grandes dificultades producto de decisiones políticas erróneas que llevan años, fue capaz de brindar respuestas eficientes ante el advenimiento de una pandemia de características inéditas”.

CICOP aclaró además que “como en cada cierre de etapa, quedan muchas cuestiones por abordar y resolver. La extensión del acuerdo salarial a todos los municipios de manera perentoria se impone como desafío en el corto plazo para revertir las inequidades – muy importantes en algunos casos – y la fragmentación del sistema de Salud también en materia de derechos laborales. La continuidad de la discusión salarial, profundizándola y enriqueciéndola tanto en valores como en calidad, continúa siendo vital”.

Pandemia y Vacunación

La entidad gremial difundió, además del acuerdo paritario, una serie de consideraciones sobre la situación sanitaria: “Sin lograr ser detenida, la pandemia por Covid-19 sigue causando estragos alrededor del mundo entero. Con epicentro en el hemisferio norte y comunicación de nuevas cepas, la problemática persiste en forma alarmante. Miles de nuevos casos diarios, confinamientos, toques de queda nocturnos y tensión extrema sobre los sistemas de atención, son la consecuencia directa de un cuadro altamente preocupante. Como en 2020, en el hemisferio sur observamos con gran preocupación su evolución, habida cuenta de lo sucedido en el año anterior y con la perspectiva de padecer una situación similar”.

En nuestro país, “nos encontramos con una estabilidad en la cantidad de contagios que se comunican cotidianamente, conformando lo que se ha dado en denominar una ´meseta alta´. La mayoría de los positivos se vuelven a dar en el área metropolitana, como al inicio de la epidemia, con la provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe como las más afectadas. Una ocupación de poco más del 60 por ciento de camas críticas en el AMBA nos mantiene expectantes, teniendo en cuenta que el sistema requiere de personal en las mejores condiciones para hacer frente a una segunda ola de contagios, lo que no sucede como debiera ser en todas partes”.

Todas las preocupaciones que se desprenden del cuadro de situación también “se extiende a trabajadores y trabajadoras de la salud que, aunque en menor proporción, seguimos padeciendo los efectos de la exposición al virus. Hasta la semana pasada, cerca de 35.000 contagiados y al menos 225 fallecidos corresponden al personal sanitario provincial. La demanda se sostiene y las dificultades en las condiciones de asistencia también, con la escasez de personal y el pluriempleo como manifestación sistemática. Ello constituye mayores riesgos para enfermarse, con la consiguiente afectación de los equipos de Salud y, naturalmente, de la propia salud de trabajadores, trabajadoras y sus familias”.

“En este contexto, el advenimiento de las vacunas es una gran noticia. La inmunización se viene llevando adelante en los establecimientos y, aún con algunas imperfecciones, es un dato favorable para el tiempo que viene. Contar con una respuesta inmune acorde a la necesidad nos permitirá trabajar de mejor forma para hacer frente a la atención. Todavía falta el acceso a la vacunación completa de muchxs de los integrantes de los Equipos de Salud, en particular del Primer Nivel de Atención, por lo que reclamamos que se cumplimenten los esquemas con las dosis requeridas en las próximas semanas”.

Finalmente, el gremio advierte que “una preocupación que ha surgido durante la semana que pasó es el retraso en la producción de las vacunas, lo que nos ha llevado a contar con menor disponibilidad de las mismas en los últimos días. Considerando que el proceso recién se inicia y que tenemos por delante un tiempo que demandará de un gran esfuerzo, hemos planteado en el Comité de Crisis provincial el involucramiento de los sindicatos, los comités de crisis locales, los Equipos de Salud territoriales y de todxs aquellxs que puedan contribuir a llevar adelante con éxito la tarea, ya que de ello dependerá la posibilidad de combatir una pandemia que viene asolando a todos los rincones del planeta”.

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Violencia en el Concejo: condenaron a Ricardo Pera

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El ex concejal del Frente Renovador, Ricardo Pera, fue condenado esta semana a un año y diez meses de prisión de ejecución condicional por agredir a dos de sus pares en el recinto del Concejo Deliberante.

Los hechos, de los cuales resultaron víctimas Sergio Massarella y Gustavo Mandará, ocurrieron durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del 2015. Fueron calificados como lesiones leves y amenazas.

El titular del Juzgado Correccional N°1, Gabriel Giuliani, determinó que el secretario general de la UTA deberá realizar “un tratamiento sicológico para abordar la problemática que subyace del hecho por el cual fuera condenado, previo dictamen que efectúe la Asesoría Pericial Departamental”. Por otro lado, el ex edil no podrá “entablar contacto por cualquier medio con las víctimas”.

El juez tuvo por probado que Pera amenazó de muerte a Massarella manifestando “a vos también te voy a matar, sos un hijo de mil puta te voy a matar” e inmediatamente le propinó un golpe con la cabeza en el rostro. Luego pateó a Mandará.

El fallo destaca el temor de Massarella “por la forma y la virulencia esgrimida por Pera”. “Sintió que estaba ante una persona capaz de hacer cualquier cosa. Dijo que desde ese día tuvo y tiene miedo. Sintió miedo por sus hijos, porque no sabía cómo iba a continuar la situación, de hecho pidió custodia para sus hijos. Dijo que a los pocos meses que sucedió el hecho, le prendieron fuego una casa que tenía en Monte Hermoso. (…) También dijo que todo se desarrolló en un contexto, y que como antecedente habían sucedido una serie de actos violentos que habían tenido como centro de la escena al agresor”.

Giuliani tomó como agravantes la condición de funcionario público de Pera y que los hechos haya ocurrido en el recinto del Concejo Deliberante. “Es sabido que se debe guardar el respeto por la opinión contraria y ello es propio del sistema republicano de gobierno”, afirmó el fiscal Marcelo Romero Jardín durante el debate.

El representante del Ministerio Público había solicitado una pena de dos años de prisión en suspenso por ser la primera condena y el defensor, Sebastián Martínez, la absolución.

Denuncian a Ricardo Pera por violencia machista

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor es investigado por la justicia en otra causa iniciada a partir de una denuncia realizada por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

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La pandemia no nos iguala

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(Por Enrique Gandolfo*) Como si la pandemia fuera un factor de unidad para intereses contrapuestos los dirigentes de las dos fracciones de la CGT han recibido en la sede sindical al nuevo presidente de la UIA Gustavo Elías (dueño de la Nueva y La Brújula), al intendente de Bahía Blanca y otros de la región y al presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Federico Susbielles.

Vale mencionar especialmente la presencia del intendente de Villarino Carlos Bevilacqua, el hombre que reclamaba que se investigara a Facundo Astudillo Castro por narcotráfico.

Ante ello decimos:

*Los dos dirigentes de las dos fracciones de la CGT reciben en la sede sindical al presidente de las cámaras patronales sin haber dicho una palabra de solidaridad con la huelga nacional aceitera que con ejemplar firmeza reclaman desde hace 15 días por un salario digno que se atenga al principio constitucional que define el mínimo vital y móvil. Y lo hacen frente a patronales que este primer semestre del 2020 han exportado por 14 mil millones de dólares y han ingresado 9 mil millones.

Es decir, han dejado en los paraísos fiscales donde tienen sus casas matrices uno de cada tres dólares.La Federación Aceitera dice con razón que las empresas provocan el conflicto para presionar al gobierno con desgravaciones impositivas, baja de retenciones y devaluación de la moneda.

La explotación del trabajo descansa en la competencia entre trabajadores, en la desunión. Quien desde la dirigencia sindical mira para otro lado frente a un conflicto así favorece a los dueños del capital por más que hable de “equidad y oportunidades de progreso”.

*En el documento se habla de “fomentar el empleo”. Se olvidan que Gustavo Elías al frente de la Nueva ha producido despidos de trabajadores gráficos. El año pasado fueron 15 los compañeros gráficos despedidos que se agregan a los 26 del 2016 cuando Massot tenía la propiedad del diario.

*¿Cuántas son las patronales que han desconocido las condiciones de resguardo en los lugares de trabajo frente al corona virus?

*En medio de la pandemia hemos visto como se aprueban proyectos inmobiliarios de lujo como el Sarmiento al 1300 o se pretende destruir una plaza para construir cocheras, al tiempo que cientos de familias buscan tierra y vivienda para dignificar sus vidas. ¿Hay algún interés común entre los grandes inversionistas en busca del máximo lucro y quienes ya no pueden pagar un alquiler?

*El documento firmado habla de “armar una agenda de acciones conjuntas para velar por la seguridad en el trabajo, mientras todos los indicadores hablan de como en el período de pandemia hay decenas de empresas que han aprovechado para flexibilizar las condiciones de trabajo (algunas valiéndose del teletrabajo), para producir reducciones salariales o propiciar formas aberrantes de explotación como las empresas multinacionales de cadetería.

La precarización laboral se extiende por todas las áreas del trabajo público (con despido incluído de trabajadora municipal precarizada) y privado. Todos y todas recordamos las muertes de Juan Cruz Manfredini y tantos otros jóvenes que trabajaban en las empresas de la industria, el puerto o en la construcción. La mayoría de esas pérdidas de vida son consecuencias de la desidia y la desinversión de las empresas para garantizar las condiciones de seguridad.

¿Hay intereses comunes entre empresarios que “ahorran en seguridad para bajar los costos laborales” y quienes tienen que vender su fuerza de trabajo en estas condiciones?

*En medio de un empobrecimiento generalizado del pueblo trabajador un puñado de grandes empresas han abultado sus ya muy considerables ganancias. Los grandes bancos, las empresas tecnológicas, las mineras y las del complejo agro exportador y petroquímico van a la cabeza.

*Desde un punto de vista de clase decimos que el funcionamiento “normal” del capitalismo es el gran productor de injusticias y que la pandemia opera como una oportunidad para agravar las desigualdades e incrementar la opresión sobre la clase trabajadora.

*Quienes desde un puesto sindical enarbolan un discurso de equidad e igualdad de oportunidades entre quienes ejercen el poder económico y quienes vivimos de un salario no hacen otra cosa que ocultar su rol de contenedores de la protesta y favorecedores de intereses ajenos a la clase que dicen representar.

*La organización sindical de los y las trabajadores y trabajadores sólo con democracia de base y la más plena autonomía frente a las patronales, el Estado y los partidos políticos puede defender cabalmente los intereses de su clase y al mismo tiempo proyectar una salida alternativa a la crisis que se oriente por intereses comunes para una vida digna y no por el imperativo de la ganancia como motor de la economía. Hay otro país posible por el que vale la pena luchar.

*Secretario General CTA Bahía Blanca.

Foto: UIBB.

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Piden dos años de prisión para Pera por agresiones en el Concejo Deliberante

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Esta mañana se realizó el juicio oral contra el ex concejal Ricardo Pera por lesiones leves contra Gustavo Mandará y Sergio Massarella. Los hechos ocurrieron en 2015 cuando participaban como concejales en una Asamblea de Mayores Contribuyentes. Pese a ser un debate público el tribunal prohibió el ingresó de la prensa.

El Fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó la pena de 2 años de prisión en suspenso por ser la primera condena, fijar domicilio, someterse a las normas del Patronato de Liberados y hacerse cargo de las costas del proceso. Su defensor, Sebastián Martínez, pidió la absolución. La sentencia se difundirá el martes 29 a las 12.

Gabriel Giuliani, a cargo del Juzgado Correccional N°1, será quien determine la responsabilidad del secretario general de la Unión Tranviarios Automotor.

Según detalla la investigación del fiscal Marcelo Romero Jardín “Pera habría amenazado de muerte a Massarella y le habría propinado un golpe para luego agredir a Mandará, provocándole una lesión en la pierna izquierda”.

El ex concejal arribó a la audiencia luego de varias medidas dilatorias, entre ellas la imposibilidad de notificarlo por lo cual ayer se había ordenado su detención en caso de que no concurriera a la audiencia. Finalmente se presentó junto a su abogado Sebastián Martínez.

Denuncian a Ricardo Pera por violencia machista

Esta no es la única causa que tramita la justicia con Pera como acusado. En 2019 fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas. Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

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“Gay tiene que decir si sabía, si fue parte y dar una respuesta a la comunidad”

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Representantes de organizaciones que fueron espiadas ilegalmente por la base local de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri se manifestaron esta mañana para repudiar la persecución.

Nuestro compañero, Astor Vitali, dijo que “quien ha sido un elemento central en la conducción de Cambiemos en la provincia, el intendente Héctor Gay, tiene que decir si sabía, si fue parte y dar toda la información y una respuesta a la comunidad. No es a quienes estamos aquí a quienes han perseguido sino a referentes del pueblo de Bahía Blanca”, afirmó.

Destacó que, a diferencia de lo realizado en otras jurisdicciones, la AFI en nuestra ciudad incluyó el seguimiento a un medio de comunicación -como FM De la Calle– y a organismos oficiales como la Universidad Nacional del Sur.

“En los 90 la radio también había padecido espionaje ilegal desde la DIPPBA, similitudes entre el menemismo y el macrismo”, recordó.

Mencionó que muchas de las personas señaladas en el informe son “compañeros y compañeras con los cuales nos hemos encontrado en la calle, en nuestro caso a través de radios abiertas, durante el macrismo y con algunos nos seguimos encontrando ante situaciones que consideramos injustas”.

Vitali saludó en nombre de FM De la Calle “a las personas y organizaciones a las cuales este informe nos liga, al compañero Gabriel Cena que estuvo al frente de la radio durante muchos años y a la radio de la Universidad Nacional del Sur”.

“Se señala que de la radio participan todos los movimientos de izquierda, de pueblos originarios, populares y alguna que otra cosa más. Claramente eso es una radio comunitaria, un espacio del que participan y que abrimos a las organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales que consideren que la comunicación es un derecho. Para eso estamos y renovamos nuestro compromiso en ese sentido”.

“La inteligencia debería estar abocada a problemas más graves. A la trata, al narcotráfico. El mismo año que nos estaban investigando salía el cargamento de Bobinas Blancas y cuanto no sabremos que habrá salido. Ni que hablar de los crímenes financieros, se investiga a la militancia política, social y cultural mientas se saquean recursos a través de mecanismos, algunos legales otros ilegales, que vacían los recursos de la población”.

Foto: Raúl Gallardo.

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Mirá los informes de la AFI macrista sobre las organizaciones bahienses

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Entre la documentación secuestrada en la base de Bahía Blanca de la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de la investigación sobre el espionaje ilegal se encontró el archivo titulado “informe_organizaciones.docx”.

Para el juez federal Alejo Ramos Padilla “resultó ser un insumo que finalmente dio lugar a otro caratulado informe_abril2017.docx, en el cual se retoma la información contenida en el anterior y se agregan otros datos”.

Allí se menciona el listado completo de las organizaciones sobre las cuales recayó el seguimiento ilícito del gobierno de Mauricio Macri en nuestra ciudad hasta abril de 2017.

–Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS).
–Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur.
–Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA Bahía Blanca).
–Centro de Educadores Bahienses en la Federación de Educadores Bonaerenses (CEB–FEB).
–Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS).
–Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP Bahía Blanca).
–Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STM).
–Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
–Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines (SITRAIC).
–Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
–Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
–Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA).
–Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.).
–Sindicato Unidos de Portuarios Argentinos (SUPA).
–Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
–Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
–Partido Obrero (PO).
–Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
–Frente Popular.
–Patria Grande.
–Partido Comunista.
–WATU – Corriente Comunista.
–Frente del Colectivo Pueblo en Lucha.
–Grupo 83.
–FM De la calle.
–Unidad Socialista Para la Victoria (USPV).
–Federación Juvenil del Partido Comunista.
–Tesis XI.
–Cardumen.
–Puño y Letra – Estudiantes para la Liberación.
–Franja Morada.
–La Caldera – Unión de Juventudes por el Socialismo.
–Frente Único de Estudiantes en Lucha (FUEL).
–Centro de Estudiantes del Conservatorio de Música de Bahía Blanca.
–Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
–Pan y Rosas.
–Plenario de Trabajadoras (PDT).
–Corriente Clasista y Combativa (CCC).
–Partido Comunista Revolucionario (PCR).
–Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).
–Movimiento Evita.
–Unidos y Organizados.
–La Cámpora.

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El macrismo realizó espionaje ilegal a organizaciones políticas y sociales desde la AFI bahiense

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El juez Alejo Ramos Padilla confirmó que la sede bahiense de la AFI realizó espionaje ilegal “con un objetivo netamente político” durante el gobierno de Mauricio Macri. La base local, creada a principios de la década del 70, estaba a cargo de Jorge Sebastián Novais.

“Es dable destacar que la producción de información no se limitó, como en otras bases relevadas, a las organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles, sino que en este caso se relevaron incluso medios de comunicación, como la radio ‘FM de la calle’, y organismos públicos como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur”, subrayó el magistrado.

El fallo incluye un informe de abril de 2017 con el seguimiento a 43 organizaciones: “Las características del documento se condicen con las de un mapa político de la ciudad de Bahía Blanca. Las referencias a la afinidad ideológica de personas y organizaciones, su carácter de opositoras al gobierno, la reseña de las actividades políticas más relevantes en las que participaron y las imágenes de sus referentes no permiten otra interpretación”.

El “Proyecto AMBA” consistió en la instalación de seis bases de  inteligencia en el conurbano -Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes- desde mediados de 2016, a las que se sumaron las delegaciones históricas con asiento en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI en la provincia durante 2017.

Oficialmente debían “investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas” aunque se probó que “se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno”.

Para ello se reclutó a 70 personas que se sumaron a los 20 agentes que revistaban en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. La delegación local estaba a cargo de Jorge Sebastián Novais, quien ingresó a la AFI en 1995 y se jubiló en junio de 2017, ocasión en la cual fue contratado nuevamente.

“A pesar de sus esfuerzos por mostrarse lejano –geográfica y funcionalmente– a las labores de las restantes bases de inteligencia provinciales, lo cierto es que aquella división interna de la base bahiense pasó a depender directamente, desde abril de 2017, de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, la que tenía ámbito de competencia en toda la provincia y no sólo sobre el conurbano bonaerense”, dijo el juez.

La resolución advierte que una mirada comparativa a los acervos documentales de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) y de la AFI “permite identificar el modo en que la Agencia Federal de Inteligencia, a través de las bases que nos ocupan, vino a reinstaurar institucionalmente una serie de prácticas ilegales”.

El Proyecto AMBA “dio lugar o cobertura a una intensa red de inteligencia ilegal que se había iniciado unos meses antes y logró un conocimiento bastante acabado de todas las actividades de tipo de actividad política, en las que se incluyen las acciones de protesta, las articulaciones políticas de cada zona, los referentes, los movimientos de los intendentes, las estructuras locales de los partidos políticos y de cada agrupación de base, gremial, entre otras”.

Docentes en la mira

Durante la campaña electoral de 2017, la cual llevaría al ministro de Educación Esteban Bullrich al Senado, el espionaje puso el foco sobre los sindicatos docentes y sus organizaciones de base. Entre muchos otros: ADUNS, Suteba, CEB-FEB y Sadop. Este es solo un ejemplo de la persecución a objetivos específicos dentro de la planificación ilegal.

Además del fichaje de algunes referentes de los gremios bahienses se encontró en los archivos una publicación de la Confederación de Educadores Argentinos titulado “Formación y entrenamiento sindical para dirigentes, delegados y afiliados del sector docente”.

“No se advierte cuál era la hipótesis de afrenta a la seguridad interior, la defensa nacional o qué investigación sobre delitos complejos pudo motivar a que la Agencia Federal de Inteligencia tuviera en su poder un manual de formación sindical para el sector docente”, manifestó Ramos Padilla.

Por otra parte, el juez subrayó que “la delegación Bahía Blanca tenía en su poder una base de datos de todas las personas que participaban de la vida política institucional de la Universidad Nacional del Sur, con sus números de documento y legajo universitario”.

Falta de mérito para el jefe local

Ramos Padilla dictó la falta de mérito con prohibición de salir del país y una caución de diez millones de pesos para Novais.

En su declaración, el imputado manifestó que su jurisdicción era muy grande y no tenía recursos humanos ni tecnológicos para hacer su tarea. Respecto a sus superiores afirmó que “no nos daban ni cinco de bolilla”. El juez destacó que el espía se refirió a la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires como “Dirección AMBA” o directamente “AMBA” y a la base que tenía a cargo como “base AMBA” y que insistió que “fuera del área del conurbano bonaerense poco podía aportar”.

Además de la distancia que intentó establecer con la actividad ilícita de la AFI en el conurbano, el jefe local declaró: “Realmente es prácticamente imposible que haya hecho algún tipo de inteligencia porque en Bahía Blanca tanto 2015, 2017, 2019 con amplia mayoría el partido que estaba en ese momento –perdón, el gobierno que estaba en ese momento– ganó ampliamente, entonces realmente no tengo ninguna, nada que decir con respecto a eso”.

Para el magistrado, de esta manera, Novais “asume que la inteligencia de tipo política sólo se realiza frente a un panorama electoral adverso”.

“La información hallada vinculada a la Base AMBA, si bien en su mayoría es anterior a la asunción de Novais, da cuenta de un amplio registro ilegal de inteligencia y que es compatible con la misión que les fue asignada formalmente y por resolución escrita, a todos quienes integraran la estructura de inteligencia dependiente de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, Novais incluido”, agregó.

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Profesionales de la salud reclaman aumento salarial

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En el marco de una nueva jornada de lucha, la Asociación Sindical del Personal de la Salud (CICOP) reclama un aumento salarial actualizado por inflación, nombramientos y regularización de la carrera, licencia para grupos de riesgo y únicxs cuidadorxs, licencias regulares para todxs y presupuesto de emergencia. 

El gremio fue convocado por el gobierno provincial para discutir la paritaria el próximo lunes. 

“Hablamos de recomposición salarial porque es difícil a esta altura poner un porcentaje, hay que considerar que un salario ingresante está en 46 mil pesos, casi al límite de pobreza. La canasta básica está en 72 mil pesos. Tenemos que avanzar en tener salarios acordes a la responsabilidad que requiere nuestra tarea”, señaló a FM De la Calle Marta Márquez.  

Además del reclamo salarial acuden con un pedido específico: las restitución de las licencias.

“Necesitamos que se organice de tal manera que compañeros y compañeras puedan tomarse un descanso porque la prórroga de la pandemia hasta marzo hace que haya profesionales que hace más de un año no se toman licencia”.

Sumar personal es un pedido histórico y más aún en contexto de pandemia: “Se incorporó una parte, se pasó a interinos a residentes que terminaron, pero que ya estaban trabajando. Es imprescindible que se tome personal nuevo dentro de la carrera. Todas estas son decisiones que están en manos del gobierno que requieren un presupuesto de emergencia para salud, básicamente para recursos humanos”. 

Márquez argumentó que más de 23 mil profesionales se contagiaron en la provincia según las cifras oficiales y “estamos cerca de los 150 fallecidos, entre los cuales hay un número mayoritario de personal de enfermería.”.

“En relación a elementos de seguridad en los hospitales provinciales al día de hoy están, no así en los municipios. Acá hay que poner énfasis en el pluriempleo, porque salarios bajos empujan a que los trabajadores tengan tres trabajados, como no en todos los lugares están asegurados los elementos esto ha hecho que se contagien. El cansancio provoca una inmunodepresión que hace más factibles los contagios”.

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ATE aceptó la propuesta salarial del gobierno provincial

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aceptó el aumento salarial del 14% propuesto por el Gobierno bonaerense para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública.

El secretario general Oscar De Isasi explicó en FM De la Calle que con la oferta de ayer la cifra acumulada durante el año suma un 28,5% de aumento.

“Veníamos planteando la necesidad de no perder a manos de la inflación. Otro aspecto es la recuperación del poder adquisitivo que perdimos con Vidal. Hubo un compromiso de abordarlo en la negociación 2021, no solo en el aumento del año que viene sino en la recuperación”.

“El otro tema es el abordaje especial de los salarios más bajos, en Salud, Educación, Niñez, Patronato, en Desarrollo Social cuya hora de bolsillo tiene menos valor que otros compañeros que están bajo la misma ley pero que tienen bonificaciones especiales”, señaló.

De Isasi agregó que “se le inyecta 1500 pesos de bonificación permanente a los auxiliares, con lo cual se eleva el porcentaje, y en diciembre se incorpora por única vez 2 mil pesos para aquellos trabajadores que no llegan a los $33.780 de bolsillo en el salario que es el equivalente a dos salarios mínimo vital y móvil. Se va a plantear que quede fijo en el salario”.

Por otro lado, señaló que “se acordó el aumento del pago de asignaciones en el 30% para quienes tienen hijos o familiares a cargo”.

En relación la pandemia, señaló que “no impide que discutamos nuestros derechos, tenemos un consenso que no teníamos 4 años anteriores. Hay un romance que nos pone en mejores condiciones para legitimar los derechos, este acuerdo salarial abre una puerta, nos permite avanzar”.

Por último, respecto a la vuelta de clases mencionó que la postura del gremio es “seguir la guía de la cartera sanitaria en Nación y provincia las cuales evaluarán si están dadas las condiciones. La guía tiene que ser la cuestión sanitaria y protección de trabajadores y pibes y pibas”.

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Sobre necesidades y derechos

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(Por Suteba Bahía Blanca) En la provincia de Buenos Aires 1.240.000 familias tienen problemas de vivienda. El 50% porque necesita una vivienda y el otro 50% porque necesita mejorarla o ampliarla para vivir dignamente.

En cuanto a villas y asentamientos hay registrados 1807 barrios con graves problemas sociales, urbanísticos, ambientales y de servicios públicos.

La contracara de tantas necesidades es que el Estado ha avalado las ocupaciones ilegales y la violación sistemática de las normas cuando las llevan adelante grandes emprendimientos privados de urbanización bajo la lógica del negocio inmobiliario. En los últimos años en la Provincia se han construido 500 barrios privados sin permiso pero cuentan con apoyo estatal para grandes inversiones en infraestructura que proveen los servicios y la pavimentación de calles de acceso.

Son habituales también las excepciones a los Códigos de planeamiento urbano que promueven las intendencias y respaldan Concejos Deliberantes para facilitar la construcción de lujosas propiedades horizontales y barrios cerrados sobre áreas de humedal. En Bahía hace poco se aprobó una excepción al Código para habilitar la construcción de una torre de 20 pisos en Sarmiento al 1300 donde estaba la fábrica de colchones Fabra Fons. La ganancia para los inversores inmobiliarios por estos pisos de lujo se estima en 9 millones de dólares.

La triste paradoja del capital coloca en situación de “derecho” a los grandes negocios con la tierra mientras las necesidades de miles para que se cumpla con el derecho constitucional a la vivienda son estigmatizadas como delitos.

La pandemia, además de los padecimientos que origina sobre la salud pública, ha profundizado estas desigualdades. La pérdida de trabajos estables y temporarios y el aumento del precio de los alquileres agravan las penurias del déficit habitacional.

Entre docentes muchas de nuestras compañeras y compañeros deben trabajar al menos un cargo para poder pagar el alquiler, desempeñando el segundo para lograr la subsistencia diaria sin poder llegar a tener una vivienda propia que impida el desgaste cotidiano al que se ven sometidas. El derecho a la vivienda les está literalmente negado. Y esto se evidencia cuando en promedio se necesitan 362 sueldos mínimos de $16875 para acceder a un terreno de U$D 60000. Básicamente 30 años de sueldos mínimos.

SÍ AL DERECHO A LA VIVIENDA.

En la entrega de bolsones en las escuelas los y las docentes verificamos día a día cómo se multiplican las necesidades más acuciantes.

Por citar sólo un informe alarmante la Unicef estima que a diciembre 2020 la cantidad de niñas y niños pobres pasaría de 7 a 8,3 millones. Pertenecen a familias que tienen que resolver minuto a minuto cómo subsistir y entre las penurias cotidianas está muchas veces, el techo que los ampare y la posibilidad de cumplir con los resguardos frente al coronavirus.

Sin dejar de repudiar a todo aquel o aquella que quiera lucrar con las necesidades de las personas, sí decimos con toda nuestra fuerza que criminalizar la lucha por la tierra va de la mano con la negación de derechos.

Los mismos políticos que en campaña enarbolan discursos sobre la igualdad ahora compiten en declaraciones amenazantes y discriminadoras.

La estigmatización y criminalización, parecen ganarle a aquello que nuestra legislación garantiza como derechos.

Por ejemplo el artículo 36 de la Constitución provincial marca con toda claridad: “la Provincia promoverá el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento como bien de familia; garantizará el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única”.

Tampoco se acuerdan, claro, de la ley provincial 14449 de Acceso Justo al Hábitat que define el derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable.

Por contrapartida la apropiación de tierras públicas por parte de quienes más tienen ha sido norma en la historia nuestro país comenzando la que se llevó adelante sobre la base del genocidio primero, seguido del reparto entre pocos propietarios de centenares de miles de hectáreas de tierras comunitarias indígenas y campesinas.

Nuestra ciudad también es y ha sido testigo de estas apropiaciones de tierras fiscales para la especulación inmobiliaria y el lucro privado, contando en estos casos con las complicidades políticas y judiciales Si las pandemias del siglo XXI creadas por el capitalismo exigen distanciamiento, luchemos y exijamos al estado la tierra y la vivienda para vivir dignamente y para producir nuestros alimentos.

Exijamos nuevas escuelas y hospitales públicos, nuevos barrios y planes de construcción de viviendas Y rodeemos de solidaridad y apoyo a las genuinas recuperaciones de las familias que reclaman por el derecho a la tierra junto a las facilidades para poder pagarlas.

La tierra es de lxs que la habitan y la trabajan.

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“Cuando la política criminal no colapsa”

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“Los trabajadores y las trabajadoras de la música transitamos esta situación agobiados por una política criminal por parte de las autoridades municipales”, afirmó la Unión de Musicxs del Sur.

El gremio sostiene que el intendente, Héctor Gay, y la directora del Instituto Cultural, Morena Roselló, el 11 de agosto aprobaron “de manera irresponsable permisos precarios para actividades que involucran el quehacer musical”. Aunque según indicaron “no estaban autorizadas según el protocolo provincial” salvo para localidades en Fase 5.

“¿Quién se haría responsable de la situación de salud de nuestros compañeros y de nuestras compañeras? ¿Qué ART se haría cargo de su suerte? ¿Quién iba a suministrar los instrumentos sanitarios? ¿Dónde el transporte seguro que prevé la normativa provincial? ¿Qué protocolos específicos según el instrumento musical del cual se trate? ¿Cómo se aprueba un protocolo si no se consulta a la organización gremial del sector en cuestión?”, se preguntaron.

El reclamo del sector estaba previsto en el plan de contingencia presentado al inicio de la pandemia, “que se ejecutara el presupuesto vigente en actividades que no requirieran la presencialidad y, a su vez, que los contenidos generados acompañaran a las políticas sanitarias en materia de salud mental de la población”.

Por último, mencionaron que no están pidiendo “ningún privilegio: se pide simplemente que se ejecute el magro presupuesto previsto en actividades que son necesarias y que pueden llevarse adelante de manera no presencial”.

“No es cierto que no hay presupuesto dado que se amplió la planta política del Instituto Cultural y se designó a un nuevo funcionario, Rubén García, en un organismo que no existía hasta entonces como es la Dirección de Cultura en el Espacio Público”.

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Paritaria docente: reclaman aumento y mejores condiciones laborales

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Esta tarde se realizará la primera reunión de la paritaria docente provincial. Suteba Bahía Blanca advirtió que será «luego de ceder al amotinamiento de la Policía Bonaerense otorgando $44000 de inicial más $5000 y de que 15 sindicatos se pronunciaron por la apertura».

Si bien no hubo consulta a las bases por parte de las autoridades de Suteba, desde la conducción local estiman que debería reclamarse «el 40% de aumento al básico y a todas las sumas».

«El salario docente es el que cobramos por cargo, por cuatro horas. Siempre estuvo por debajo de la línea de pobreza, lo que hace que haya que recurrir a dos cargos. Otra situación que nos preocupan son la condiciones laborales en las que nos desempeñamos y la situación de alumnos que quedaron por fuera del sistema educativo. Esto también debería ser discusión en la paritaria», dijo a FM De la Calle Gabriela Delfino.

Respecto de la intención de Juntos por el Cambio de volver a las aulas, Delfino afirmó que “las idas y vueltas del ministro Trotta hacen que una pueda llegar a temer que esto sea una consideración importante. Verdaderamente esperamos que el Frente Gremial Docente se oponga a esta situación porque las condiciones no estaban dadas antes, mucho menos ahora”.

“Ni oficialistas ni opositores se preocuparon por la educación pública, por que se hubiera exigido y se hubiera puesto todo para que este proceso en pandemia se llevara adelante. No existió la voluntad política para que alumnos y docentes tuvieran dispositivos y conectividad”.

“Si están preocupados funcionarios y oposición que pongan dinero y voluntad política para que todos chicos y chicas tenga computadoras e internet para la continuidad pedagógica. El resto es pura sarasa”.

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Residentes con COVID: “Sé que me están esperando mis compañeros”

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Irina Casariego es residente de clínica médica del Hospital Municipal. Hace doce días que está aislada y espera ansiosa el alta, luego de haberse contagiado coronavirus trabajando en el área no COVID. Desde sus redes sociales realizó un llamado a la responsabilidad colectiva ante el aumento de casos en Bahía,

“Uno se enfrenta a la situación pero eligiéndola, lo tomo de una manera diferente. Estoy tranquila porque no requerí internación. Vuelvo con más energía porque sé que me están esperando mis compañeros. La garra que le ponemos todos, somos una gran familia, te dan ganas de volver, estoy contando los días. Hoy no haría otra cosa”, dijo a FM De la Calle.

Irina es oriunda de Médanos y “siempre” supo que quería ser médica aunque terminó de decidirlo en el último año de secundaria cuando el test vocacional confirmó su inclinación de vida.

Está en segundo año de la residencia. Menciona que es una etapa que “sirve para aprender y terminar siendo especialista en clínica médica, que eso no se conoce. Mucha gente piensa que uno se recibe de clínica médica y para poder tener esta especialidad tenes que cursar 4 años”

“Estar en el hospital es lo que más experiencia te da”, relata, aunque el horario de residentes es más extenso que el de un profesional de planta. “El residente se queda de guardia más de 14 horas”.

“Uno elige esto, se desgasta, es cierto que la lucha colectiva es por las condiciones laborales. Estamos todos en la misma lucha para que tengamos menos horas de trabajo para poder mejorar la labor día a día, porque tantas horas de trabajo no te dejan pensar correctamente”. 

Por último expresó que “me gustaría invitar a la gente a que tome conciencia por el prójimo, la población joven dice que ´si me enfermo no me pasa nada´. Esto es para cuidar al prójimo, el virus existe. Ahora nos toca a nosotros, la gente se enferma, la pasa mal. Es angustiarte, tengo compañeros que están enfermos, tenemos que tomar conciencia de eso y tratar de tomar medidas básicas. Con el correr del tiempo uno se cansa y baja la guardia y ahora más que nunca cuando hay circulación comunitaria y muchos casos, cuidarse, lavarse las manos, usar tapaboca, evitar las salidas innecesarias”. 

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“Estamos en una situación complicada”

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Desde la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud (APMS) manifestaron su preocupación frente al relajamiento social y la relativización del aumento de casos en los niveles oficiales. A partir de declaraciones públicas de un funcionario que no se identificó, Marina Papucci, quien preside la entidad, dijo a FM De la Calle que se sienten “realmente heridos cuando nos empiezan a culpabilizar a nosotros de los contagios que se están sucediendo en el sistema de salud. Invitamos a este funcionario a que venga un día a una guardia a ver cómo se está trabajando”.

Sostienen que es difícil trabajar en las condiciones actuales frente a los rigurosos protocolos. “Al ver que muchas veces no son las condiciones ideales de trabajo, cuando se trata de una urgencia, cuando los protocolos que existen y tratamos de cumplir el protocolo a rajatabla, los venimos practicando desde marzo, que un funcionario desde un sillón venga a culpabilizar a los trabajadores de la salud realmente cayó muy mal en todo el sistema de salud”.

Respecto de las diferencias de criterios en torno a la información que circula sobre de la cantidad de camas disponibles planteadas entre el municipio y la Sociedad de Medicina Interna, la kinesióloga coincidió con la entidad científica en que “no podemos contabilizar las camas pediátricas como camas disponibles”.

“Estamos en una situación complicada”, expresó, refiriéndose al estado de cosas al día de ayer. “En el Hospital Municipal, seis de ocho camas de terapia están ocupadas y en el sector clínica tenemos una ocupación del ciento veinte por ciento”.

Más allá de las camas, el problema central está en la disponibilidad de profesionales de la salud. El personal está “cansado” y “si bien tenemos talleres de apoyo y hay un departamento que está destinado al apoyo y al seguimiento del profesional de salud, básicamente comenzamos desde el diecinueve de marzo con esta pandemia y nadie se iba a imaginar que íbamos a estar en el sexto mes y con la curva en asenso esperando el pico. El mayor problema que estamos teniendo justamente son los contagios que están habiendo y los profesionales que están siendo retirados de sus trabajos o por síntomas o por ser contactos estrechos de otros profesionales que están en el momento ateniendo. En este momento tenemos ochenta personas con aislamiento en su domicilio”.

Concretamente, “detrás de cada cama hay un enfermero, un médico, una persona que limpia el piso, el que lleva la comida. Cuando uno habla de camas es un tema bastante subjetivo porque detrás de cama hay un equipo de trabajo. Y si no después viene cuando empezáis a hacer horas extras, lo que lleva al estrés laboral”.

Papucci aclara que es su vocación, que es la profesión que eligieron y que “hoy por hoy nos toca estar al frente de esta batalla y realmente se la está peleando de frente al virus. Cuando vez desde una maniobra de un traslado de un paciente hasta una maniobra de atención de terapia intensiva y en clínica médica vez que necesitas un equipo fuerte. Y justamente así es como tratamos de estar”.

En general, los responsables políticos de las diferentes instancias estatales pronuncian discursos en los que se destaca la importancia de los y las profesionales de la salud. Sin embargo, no existe reconocimiento concreto en materia salarial. “Sabemos que no va a haber apertura de paritarias. No tenemos aumento desde noviembre del año pasado. El famoso bono de cuatro cuotas de cinco mil pesos, vamos cobrando dos. Y lo estamos cobrando solamente los que estamos en internación”. La asociación pidió una reunión con la Comisión de Salud del Concejo Deliberante y reclama “que se haga efectivo el pago del bono”.

Si bien se reunieron con el intendente Héctor Gay, “no nos puede prometer un aumento. Nos dijo que a partir de septiembre quizás haya un pequeño aumento pero no va a estar dentro de las paritarias porque no está mandando las partidas la provincia”.

“La verdad es que estar en frente de todos esto, no tener una remuneración acorde… Nosotros no vamos a hacer paro porque no es momento y no vamos dejar de atender a la gente. No necesitamos el reconocimiento ni los aplausos pero por lo menos ser tenidos en cuenta. Un mínimo reconocimiento, el pago del bono a los trabajadores que no lo recibieron y un reconocimiento a futuros aumentos para que nuestros sueldos no queden por debajo de la inflación. Estamos trabajando más y ganando menos”.

Por último, dirigiéndose a la comunidad, la profesional de la salud pidió que “aguanten un poco más. Tratemos de hacer actividades esenciales y cuidar a los adultos mayores. Sabemos que existe este virus y muchas veces es asintomático. No nos estamos metiendo con las fases, sabemos que la gente tiene que salir a trabajar pero con los cuidados necesarios. Hacer actividades recreativas al aire libre pero con mucho distanciamiento, mucho cuidado y el correcto uso del tapaboca. Necesitamos que nos quedemos más limitados en cuanto a lo social por lo menos durante quince días más. Apelamos a la conciencia de cada uno. Entendemos que la gente esté cansada, pero no minimicen lo que está pasando porque realmente sucede”.

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Hugo Blasco: “Aprovechar la oportunidad para encarar una verdadera reforma de la Justicia”

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Para el secretario general de la Federación Judicial Argentina “el sistema judicial está en crisis” en su conjunto. Durante uno de los plenarios que llevó adelante el senado, en los realizaron intervenciones diferentes especialistas e integrantes del poder judicial, “una ex jueza, docente universitaria, mencionó un dato de la Universidad Católica que señala que el noventa por ciento de la población descree de la justicia. No hace falta ser sociólogo ni hacer ninguna encuesta. De una justicia que es una estructura del estado que tiene características alarmantes, ninguna virtuosa: es jerárquica, profundamente antidemocrática, patriarcal.

El dirigente gremial recordó una caracterización del ex fiscal Hugo Cañón: ”hay un grupo reducido de jueves que son excelentes. Hay otro grupo mucho más reducido que son mala gente, que no tendría que estar en el poder judicial. Y hay una enorme mayoría de mediocres que lo único que esperan es llegar a fin de mes para cobrar el sueldo. Una enorme cantidad de personas que son presionables. Que van de un lado para otro”.

En la Argentina, “se caracteriza la Justicia por lo que pasa en Comodoro Py. Y el sistema judicial es muchísimo más que eso. Esta reforma se ocupa de una parte muy chiquita del poder judicial que es la parte del fuero penal”.

Para la federación “lo que se busca políticamente es diluir el poder de un grupo reducido de magistrados y de magistradas que han venido haciendo de las suyas, no solamente en los últimos cuatro años”.

¿Qué plantean los trabajadores y las trabajadoras? En primera medida, que “la Justicia no puede ser considerada una mera mercancía. La Justicia es un valor, un concepto que hay que darle toda la trascendencia que tiene. Por lo tanto, para nosotros los poderes judiciales están para restaurar o para instalar derechos de las personas y de los colectivos. En ese sentido es muy importante el rol de la Justicia para restaurar derechos”.

En la provincia de Buenos Aires se realizaron reformas y “en su gran mayoría han sido en el fuero penal para perseguir perejiles. Porque al final nunca se logra nada con el crimen organizado, con los pesos pesados no pasa nada”.

“¿Qué pasa con la justicia laboral? ¿Con la Justicia de familia? ¿Con la Justicia de Niños, niñas y adolescente? Vemos que no crece. El poder judicial de la provincia de Buenos Aires ha crecido en los últimos diez o quince años pero los que menos han crecido han sido los fueros que tienen que ver con el común de la gente. Lo que más crece es el aparato represivo. Porque la Justicia es guardiana del orden instituido”.

De esta forma, Blasco señala que “está bien que se pueda reformar” el fuero penal nacional pero “va a haber que elegir gente. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes los van a seleccionar y designar?  ¿Los mismos que están ahora, para repetir vicios? Nosotros reclamamos participación popular en los organismos que seleccionen postulante. Hay que cambiar la estructura del Consejo de la Magistratura”.

En el fondo, “nadie sabe por qué a una persona la eligen jueza o juez. ¿Dónde está escrito? Yo te doy un caso gravísimo. En enero de 2016 Macri designa por DNU a Rosenkrantz y Rosatti, jueces de la Corte. Ese DNU contrariaba la legalidad. Estos dos candidatos aceptaron ser designados por esta forma. El presidente de la Corte aceptó tomarles juramente. El resto, no dijo que no. Ahora bien, el gobierno dio marcha atrás. Los manda a ponerse en consideración del Senado de la Nación. Nosotros como Federación dijimos, en ese momento, que eran dos personas inhibidas éticamente para ser jueces. Porque habían aceptado, en primera instancia, ser designados por un método absolutamente irregular, contrario a la legalidad. Ahora, los que le pusieron la estampa y la firma fueron los senadores”.

Aprovechar la oportunidad

El planteo que realizó el sector se basa en la lectura de que “habría aprovechar la oportunidad, todo este contexto de cuestionamiento a la Justicia, como para encarar una verdadera reforma de la Justicia, integralmente. Desde quiénes y cómo designan y cuáles son los requisitos para designar un juez o una jueza. Y todo lo demás”.

Por otra parte, Blasco agregó que “tiene que haber control sobre los jueves y las juezas. Hay que preservar determinado tipo de reserva (sobre las causas). En algunos medios, trasciende el resultado de una pericia que nunca se hizo. Y después se confirma lo que dijo el periodista”.

“Hay que reformar el foro penal, absolutamente de acuerdo. Pero nos parece que hay aprovechar para poner la Justicia en el medio de la agenda política. Si no se ponen los temas a la luz y no se debaten, tenemos el poder judicial que tenemos. Es calamitoso lo que pasa en muchas provincias”.

Además, debería ser parte de la discusión el conjunto dela comunidad. No deben “discutir solamente los operadores, los tecnócratas, los expertos porque ellos son responsables de la justicia que tenemos”.

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Cristina Castro en diálogo con Nora Cortiñas

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(Canal Abierto) La trama de crímenes, ocultamientos y maltratos por parte de las distintas instancias policiales, judiciales y de gobierno implicadas en la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro narrada en primera persona por su madre.

Mentiras, aprietes y displicencia por parte de la Policía Bonaerense. Actuación dolosa por parte del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. Intencionalidad del ministro de Seguridad de la Provincia de orientar el caso en una dirección que exonere a la policía que está bajo su cargo. Cada una de estas circunstancias dejan ver una trama tristemente inscripta en la historia de los desaparecidos en democracia.

La lucha de Cristina la madre de Facundo. El acompañamiento de Nora Cortiñas y los organismos de derechos humanos, parte de nuestro baluarte político más preciado.

“Yo estoy segura que es Facu. Me llaman mamás con hijos desaparecidos y me dicen: ‘Cristina vos rompiste mucho las pelotas por eso te están devolviendo a tu hijo, sino no lo encontrarías nunca’”, sostiene en esta charla Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro.

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Postergan el juicio a Ricardo Pera

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El secretario general de la UTA y ex concejal por el massismo, Ricardo Pera, iba a ser juzgado el próximo lunes por el delito de lesiones leves contra los ediles Gustavo Mandará y Sergio Massarella.

El debate oral fue pospuesto esta mañana por el Juzgado Correccional N° 1, cuyas autoridades pretenden sea presencial. Se realizaría en noviembre.

El hecho ocurrió el 15 de enero de 2015 en el recinto del Concejo Deliberante. Alrededor de las 13:30, finalizada la Asamblea de Mayores Constribuyentes, Pera habría amenazado de muerte a Sergio Massarella y le habría propinado un golpe en la cabeza durante un cuarto intermedio. También le habría aplicado un puntapié a Gustavo Mandará provocándole una lesión en las pierna.

Interviene el fiscal el Dr. Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ N ° 8.

Esta no es la única causa que tramita la justicia con Pera como acusado. Meses atrás fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas. Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

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Festejos del SATSAID

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El Sindicato Argentino de Televisión local se prepara para festejar el Día de la Niñez en contexto de pandemia. Hoy, en tanto, se celebra Día de las trabajadoras y los trabajadores de la Televisión.

“Decidimos hacer una entrega de una suma para cada afiliado que tenga hijos para que cada uno le haga no solo un regalo personal sino también de parte del sindicato”, dijo el secretario general, Horacio Tolza, a FM De la Calle.

Agregó que “en el Día del Niño siempre hacemos un festival en el predio, este año no se puede hacer así que nos pareció lógico que lo charlemos en la comisión directiva y le entreguemos esta suma de dinero”.

En cuanto a las condiciones laborales en el sector durante el aislamiento, el dirigente mencionó que “en el circuito cerrado tenemos gente que entra a las casas, por lo cual hasta que no se tomaron las medidas no entraban. Se logró un acuerdo con las empresas para que entren con un equipo especial. Tuvimos solo un caso positivo”.

Tolza señaló que en el circuito abierto ocurrió “un caso de un periodista que no es del gremio, los compañeros están cuidándose y cumpliendo el protocolo”.

Foto: Luis Ángel Salomón

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