La Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría pidió la nulidad del “convenio ambiental” entre el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

Los trabajadores denunciaron que “se ha dado a Profertil un trato privilegiado, discriminatorio del resto, casi secreto, otorgándole audiencias privadas sin noticia de nadie y en abierta contradicción con la letra y el espíritu de lo ordenado por la Cámara Federal”.

El escrito firmado por el abogado Lucas Beier sostiene que la empresa “ha anunciado que invertirá 150 millones de dólares en una ampliación al doble de su planta ubicada en la zona portuaria, por lo que tiene que comenzar sus procesos aprobatorios y necesita sus ‘salvoconductos ambientales’. Pero está involucrada en cinco juicios ambientales, cuatro del fuero provincial y éste. Por algún lado debe empezar”.

El “galimatías de cinco hojitas” presentado por la multinacional fue homologado por la jueza Gabriela Marrón. “Algo tan complejo como esto necesitaría dictamen de algún especialista. Ni el fiscal ni la jueza han pedido que sea revisado por algún organismo ni por los peritos designados en la causa. (…) La jueza dice que cumple los parámetros científicos, no sé cómo lo sabe, tal vez ella tenga conocimiento en materia de tratamiento de líquidos industriales, yo no los tengo y no consta ningún informe técnico”, dijo Beier a FM De la Calle.

La apelación afirma que “Profertil viene contaminando hace más de 25 años, existe prueba científica de esto, pero ahora dice que en los próximos 18 meses mejorará sus sistemas de tratamiento de residuos industriales y para el fiscal corresponde extinguir la acción penal, es decir, no sancionar la conducta delictiva cometida. Y TODO ESTO SIN PAGAR UN SOLO CENTAVO EN REPARACIÓN DEL DAÑO”.

“¿Acaso cualquier (ante un) ciudadano que cometió un delito, si se compromete a no cometerlo más, tanto la fiscalía como la jueza también entenderán que debe extinguirse la acción penal?”, se preguntó el abogado.

A pesar de desconocer la existencia de aluminio, cobre, cromo, plomo, mercurio, cadmio y otros contaminantes en sus procesos, la empresa promete volcar sus efluentes a la ría con parámetros “más rigurosos”. “Si ahora, en la urgencia de la aprobación estatal de la ampliación industrial, saldría corriendo Profertil a hacer cosas que no necesita hacer porque siempre hizo todo bien, corresponde afirmar que siempre mintió”.

El representante de los pescadores insistió en que previo al acuerdo cuestionado, a contramano del fallo de la Cámara, “no se coordinó ninguna reunión de trabajo, no se escuchó a ningún técnico, no se convocó a los peritos, nada; por el contrario, se trae a juicio a alguien ajeno al proceso, el Instituto Argentino de Oceanografía, cuando ya la FAUBA y la Policía Federal Argentina son peritos de éste juicio y ha estudiado en profundidad la problemática del caso.

Por último, en cuanto a la “precariedad” de la oferta de Profertil, advirtió que “no dice qué, dónde, cuánto, cómo arrojará en el futuro al estuario. Menos dice quién, cuándo y cómo ha evaluado en forma imparcial e independiente la calidad y eficacia de hipotéticas instalaciones y procesos futuros que no detalla ni identifica (más allá de una elemental enunciación en unos pobres párrafos)”.

En el marco de un cuarto intermedio en el desarrollo del allanamiento al puesto policial de Teniente Origone, la abogada de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, confirmó a FM De la Calle que, entre otras evidencias, se encontró en el lugar otro fragmento de una turmalina similar a la del colgante de Facundo.

“Se realizó una prueba exhaustiva que debió hacerse tiempo atrás, llevó apelaciones y una demora de cuatro meses. Sin embargo se logró el secuestro de varias evidencias, de sedimentos del lugar que permitirán hacer un estudio respecto de dónde provienen y fundamentalmente una marcación de uno de los canes del perito de parte Marcos Herrero que reaccionó frente al colchón, el mismo que se encontraba desde tiempo atrás en el calabozo. Todo ha sido resguardado para su análisis y debemos esperar los resultados”, afirmó.

Destacó que “lo más significativo es un trozo pequeño de turmalina que era la piedra que Facundo tenía y cuyos restos también fueron hallados en el patrullero Etios de Bahía Blanca”.

El abogado Luciano Peretto comentó el trabajo realizado desde esta mañana por la crimonóloga Virginia Creimer: “Tiene a cargo la labor criminalística y de tratar de buscar dentro de los lugares que son parte de la pericia los elementos que sean útiles para la investigación. Eso se consensuó con el equipo que está llevando a cabo la diligencia”.

La primera parte de la medida ordenada por la Cámara Federal y ejecutada por resolución del juez federal Walter López da Silva fue el secuestro de los materiales mencionados y la segunda se concretará durante las primeras horas de la noche.

“Tiene que ver con el reactivo de luminol, con esparcir el químico para buscar evidencias de manchas hemáticas”, dijo Peretto.

Respecto a la turmalina el perito Marcos Herrero aseguró que “podría ser el fragmento faltante que ya había encontrado Yatel cuando hicimos el trabajo en el Etios. Si bien esto es importante hay que tener cuidado y cautela en cómo lo decimos. (…) Es un fragmento de turmalina color negro que habría que hacerle un peritaje y analizarlo”.

“Estoy realmente agotada, fue un día largo y todavía nos resta mucho pero estamos firmes presenciando cada una de las pericias”, dijo Cristina Castro.

La declaración indagatoria del secretario general de la UTA, Ricardo Pera, prevista para esta mañana fue postergada hasta el 29 de marzo. Se le imputan lesiones y amenazas contra su ex pareja. El ex concejal no pudo ser notificado.

La abogada Fernanda Petersen dijo a FM De la Calle que fue por “estrategias dilatorias” por parte de la defensa y advirtió que “vamos a seguir hasta que tenga una condena”.

“No dejamos de merituar que está citado a indagatoria: en la audiencia el fiscal le va a leer formalmente el hecho que se le imputa, le va a decir cuáles son las pruebas que hay y él decidirá si declara o no”, destacó.

La abogada de la denunciante explicó que la audiencia fue fijada a fines de 2020, “se presentó un certificado médico y la perito que hizo la evaluación dijo que estaba en condiciones de concurrir”.

“Con el dictamen pericial el fiscal fijó la audiencia para hoy y el defensor Sebastián Martínez presentó otro certificado médico advirtiendo que el acusado iba a estar fuera de la ciudad por un tratamiento, a lo cual se sumó la falta de notificación por parte de la Gendarmería”.

Petersen sostuvo que “claramente si no se pudo notificar formalmente no se le puede exigir que se presente. A partir de ahora estaremos más encima de este tipo de detalles y veremos qué medidas pedimos para evitar la dilación de la audiencia”.

“Para llegar a este momento se incorporó todo tipo de pruebas, desde testimoniales -que en estos delitos son muy difíciles y, en este caso en particular, es una persona que pertenece a un sector gremial, que tiene un poder específico, real y simbólico dentro de la ciudad-, se realizaron pruebas psicológicas, de los celulares, hay fotos”, enumeró.

Finalmente afirmó que “las dilaciones siempre operan en contra de la psiquis de la víctima. Que le tenga que avisar unas horas antes que esto se suspende por estos motivos claramente es otra situación violenta, es revivir lo que pasó”.

“También es cierto que el acompañamiento de las agrupaciones de mujeres que hoy están frente a la Fiscalía, sabiendo que no se iba a hacer la audiencia, muestra cómo está cambiando esta situación”.

Cristina Castro encabezó ayer una marcha con velas para recordar que Pedro Luro no olvida y exige verdad y justicia por su hijo Facundo. “Sabíamos que íbamos a pelear, no vamos a bajar los brazos nunca, hasta que todos los responsables estén tras las rejas”, dijo a FM De la Calle.

El viernes tres medidas judiciales reimpulsaron la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte: la Cámara Federal ordenó nuevas medidas de prueba, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín recusaron a la jueza Gabriela Marrón y el fiscal Santiago Martínez pidió apartarse de la causa.

El abogado Luciano Peretto afirmó que “el año de la desaparición nos tiene que encontrar con los primeros imputados”. “Veníamos haciendo un trabajo de hormiga, sabíamos que no iba a cerrar la causa, teníamos dos grandes pilares, Heim y Azzolin, cada cosa que iba a apareciendo era un golpe al alma”, sostuvo Cristina.

Se refirió al nuevo allanamiento que deberá realizarse en la estación policial de Origone y a los obstáculos de la jueza y de efectivos de la Bonaerense para desviar la atención. “Esperamos que sigan apareciendo cosas y poder gritar un día que lo logramos”.

En ese sentido, mencionó que una testigo de identidad reservada “estuvo mucho tiempo buscándonos e intentando declarar. Lo que nos dice es muy fuerte: (el intendente Carlos) Bevilaqua mandó a limpiar esa comisaría sabiendo que estaba la gorra de mi hijo que después apareció en el cangrejal”.

En cuanto al secuestro de los teléfonos de los policías Mario Gabriel Sosa, Jana Curruhinca, Siomara Flores y Alberto González dijo que le llama la atención que solo exista una foto de Facundo de espaldas: “Se encargaron de borrar la foto de frente, tenemos la esperanza de que aparezca algo más porque es muchísimo lo que borraron”.

En cuanto a las intimidaciones que recibe desde el comienzo de la búsqueda de su hijo, Cristina relató que recientemente tuvo que ir a La Salada a ver una persona que necesitaba asesoramiento legal y concurrió con Peretto: “Ingresamos y al rato estábamos rodeados de policía, nos filmaban, se escondían, yo estaba comprando aros para mi nieta. A mi trabajo desde que denuncié en noviembre el apriete que me habían hecho no fueron nunca más. Cada intimidación la voy a denunciar”.

“Creemos en la responsabilidad personal tanto del Ministerio Público Fiscal como de la jurisdicción de Bahía Blanca por haber denegado las medida de prueba, no haberlas producido, cuando por el principio de degradación uno va perdiendo material a medida que avanza el tiempo”, comentó el abogado a FM De la Calle.

Dijo que “la información que tuvimos por fuera de los informes de las empresas de telefonía nos daban indicaciones de comunicaciones sugestivas de altos funcionarios policiales a muy bajos funcionarios el 30 de abril cuando desaparece Facu”.

De la recusación de los fiscales contra la jueza destacó que le reprochan “filtrar información y haber mandado a hacer posiblemente un informe por encargue del IADO. (El organismo) se excede en sus funciones y la jueza obliga a agregarlo”. El abogado dijo que el escrito muestra “una fuerte motivación de querer cerrar la causa porque Facundo se ahogó”.

Explicó: “Los fiscales encargan un informe al IADO sobre mareas entre el día de la desaparición y el día se encuentra el cuerpo. Llegan dos, uno absolutamente irregular, sin firmar, solamente un estudio de mareas del 30 de abril. Fue devuelto para corregir. A su vez, envía el IADO un informe firmado por el presidente, que nadie había pedido, en absoluto y  flagrante exceso a sus facultades, es un informe más criminalístico que de mareas. A grandes rasgos dice que Facundo se ahogó porque se desvió y la marea sube cuatro metros y quedó empantanado”.

“Esto no resiste análisis, no fue incorporado y se devolvió. A este informe hace mención la jueza que no debió enterarse porque era parte de la investigación de los fiscales y les intima a que lo agreguen. ¿Cómo se enteró la jueza? ¿Hubo alguna suerte de diálogo con el IADO? ¿Ese es el informe que ella utiliza para llevar al archivo por accidente de una manera desajustada de la causa que se investiga que es la desaparición seguida de muerte?”.

La Suprema Corte de Justicia revocó la condena contra el profesor Dante Patrignani por la supuesta afectación de la “buen honra y dignidad” del ex camarista Néstor Luis Montezanti.

El fallo (que puede leerse aquí) refiere al debate que la comunidad de la Universidad del Sur dio respecto a la posibilidad de que el abogado siguiera a cargo de materias del Departamento de Derecho a pesar de su complicidad con el terrorismo de Estado.

En ese marco se difundió la emblemática imagen que mostraba a Montezanti con gorra militar y la mención a su pasado como espía del Destacamento de Inteligencia 181. Cabe recordar que el ex docente está procesado por su participación en la Triple A bahiense.

Patrignani mostró su alegría este mediodía en diálogo con FM De la Calle y recordó que “esta es la última que quedaba de las cuatro demandas que me hizo”. Más allá de la devolución del dinero embargado por la justicia subrayó “el éxito político para que este tipo deje de festejar lo que hizo conmigo”.

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca había confirmado una condena en primera instancia y fijando el monto de la indemnización que fue apelada mediante el recurso extraordinario que hoy cierra la historia en favor de Patrignani.

“Con esto ganamos todas las causas que nos inició. Lo que queda es que la imagen que tenía hace cuatro o cinco años de tipo intocable que ganaba todos los juicios, que era imposible sacarlo de la universidad y de la justicia, se terminó de derrumbar. Más aun ahora que está imputado en la causa Triple A. Hay mucho para festejar”, afirmó.

Al momento de emitir su voto, el supremo Eduardo de Lázzari manifestó que “para afectar verdaderamente la dignidad de un hombre es preciso hacerlo (como decía Borges respecto de la injuria) de una manera memorable; el zafio uso de un panfleto con imágenes trucadas -me parece- hubiera caído prontamente en un justificado olvido, de no ser por este mismo juicio”.

Descartó, además, la violación del derecho a la intimidad: “La noticia que se divulga no refiere a la vida privada del actor sino a su paso por un organismo que, más allá de su naturaleza cuasi secreta, es (o fue) una repartición pública, donde Montezanti ha ejercido un empleo público, fue pagado con fondos públicos, etcétera; es decir, remite a aspectos de su vida que no son de su absoluta intimidad”.

Por otra parte, destacó como “fidedigno” y “relevante” el dato sobre la complicidad de Montezanti con la dictadura genocida, mediante su desempeño como PCI, “como para ser tenido en cuenta por aquellos que postulan a tal persona para un cargo, asisten a sus clases o pueden verse afectados por sus actos de gobierno”.

Por su parte, el juez Daniel Soria aseguró que Patrignani “se expresó públicamente en su condición de miembro de la Asamblea Universitaria de la UNS y en el alegado interés social de que la comunidad universitaria conociera la información así propalada”.

“Su divulgación (…) sin duda era de tono elevado, mas lo expuesto no era completamente inmotivado, ni portador de una finalidad claramente injuriante. Estuvo referida a extremos fácticos vinculados a aquel debate de interés general existente o promovido en el seno de esa comunidad universitaria, a propósito de la evaluación de las cualidades del actor para el desempeño de esas funciones”.

Soria agregó que “la manipulación de la imagen del actor plasmada en los aludidos ‘afiches’, con ser irritante lo cual resulta cierto no parece desbordar los límites de una razonable tolerancia en relación con la utilización de un recurso visual -satírico y mordaz como en el caso- tendiente a captar la atención por parte de sus destinatarios”.

Por “violencia moral”, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez pidió dejar la investigación sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro. El subrogante de la Fiscalía N°1 fue señalado desde el inicio de la causa como uno de los principales obstáculos para acceder a la verdad y al juzgamiento de los responsables.

Este viernes la Cámara Federal ordenó un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone y pidió que se secuestren teléfonos de los policías que tuvieron contacto con el joven de Pedro Luro. Además, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin solicitaron la recusación de la jueza por entender que pretende cerrar la causa bajo la hipótesis de muerte por accidente.

Martínez fue recusado dos veces por la querella y sostenido por la jueza federal Gabriela Marrón. Sin embargo, luego de una reunión en la cual Cristina Castro presentó sus quejas ante el procurador general de la Nación, fueron sumados a la causa Heim y Azzolin.

Ambos funcionarios se abocaron rápidamente a profundizar la pesquisa sobre la desaparición forzada mientras que Martínez siempre abonó la teoría del supuesto accidente.

“Ante la ausencia de un mecanismo que permita resolver disidencias o regule mayorías, se dificulta la labor en caso de no compartirse criterios –por más respetables, claro está, que estos sean- colocando a quien difiere en una difícil posición”, aseguró en su pedido de inhibición.

Martínez destaca la “pérdida de confianza” de la familia respecto a su accionar y al de parte del personal a su cargo. “Asimismo, he sido destinatario de una serie de manifestaciones injuriantes tanto dentro como fuera del proceso –mediáticamente-, donde se me ha descalificado profesional y personalmente”, se lamenta.

Como ejemplo del “manto de sospechas” sobre su accionar aludió a la declaración de la Testigo H: una mujer a quien se presentó como la última persona que vio con vida a Facundo. Su testimonio fue tomado sin presencia de la querella y, si bien se afirmó que había sido aportado por la Policía Federal, luego quedó en evidencia que la colocaron en ese lugar dos policías bonaerenses involucrados directamente en la causa.

“Las contingencias y circunstancias descriptas me han colocado en una posición que violenta mi espíritu, pudiendo eventualmente afectar a futuro la objetividad que me es requerida, posibilidad que hace aconsejable, por prudente, mi apartamiento que, interpreto, no entorpecerá o perjudicará de modo alguno la representación del Ministerio Público Fiscal”, finalizó.

La Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó que se realice un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone y pidió que se secuestren todos los teléfonos personales y oficiales de los policías que tuvieron contacto con Facundo Astudillo Castro el día de su desaparición.

Las medidas de prueba, solicitadas por los fiscales de la causa, los abogados de Cristina Castro y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como querellante institucional, habían sido rechazadas en primera instancia por la jueza María Gabriela Marrón.

Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin solicitaron la recusación de la jueza por entender que sus decisiones impiden avanzar con la investigación y pretenden cerrar la causa bajo su única hipótesis: la muerte por accidente.

Las querellas, que ya habían solicitado su apartamiento, acompañan el pedido del Ministerio Público Fiscal.

Esta tarde lo jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Larriera y Leandro Picado, hicieron lugar al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público Fiscal y revocaron parcialmente la decisión de la jueza María Gabriela Marrón, quien el pasado 15 de octubre había rechazado masivamente medidas de pruebas solicitadas por los fiscales y las querellas de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) querellante institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y los abogados de Cristina Castro habían señalado en que la resolución de la jueza causaba un profundo perjuicio a la investigación y apuntaban a una única dirección: desestimar la hipótesis de la desaparición forzada, aun cuando siga siendo la más fuerte y probada de todas las hipótesis, y cerrar la causa.

La resolución de la Cámara de esta tarde permite subsanar en parte aquel grave error. Los jueces ordenaron que se realicen dos de las más importantes medidas de prueba que habían solicitado: un nuevo allanamiento del puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de teléfonos personales y oficiales de los policías que tuvieron contacto con Facundo Astudillo Castro el día de su desaparición.

Sobre el primero de los puntos, el escrito de la Cámara detalla que el nuevo allanamiento e inspección se debe realizar sobre la totalidad de los ambientes y dependencias interiores, edificación y/o instalación del predio exterior que forme parte del Puesto de Vigilancia Policial de Teniente Origone, para la búsqueda y recolección de toda clase de rastros (biológicos o muestras de ADN, huellas, cabellos y fibras, incluidos aquellos correspondientes a fauna cadavérica, sedimentos, micro algas, entre otros); debiendo realizarse la búsqueda de sustancias hemáticas mediante el empleo del dispersado de luminol en la totalidad de los ambientes de las instalaciones.

En sus fundamentos, la Cámara sostuvo que ya existían en el expediente judicial pruebas que justifiquen este allanamiento: el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el patrullero que el 30 de abril conducía Alberto González, en ese momento a cargo del puesto policial de Teniente Origone; el amuleto de Facundo encontrado en un viejo calabozos del destacamento y la declaración de una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado a funcionarios municipales comentar que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer.

A la luz de esta decisión, tanto la CPM como la querella familiar reclamaron que se autorice la pronta participación del perito Marcos Herrero para impedir que nuevas demoras impliquen la pérdida de evidencias que pudieran recabarse en el lugar.

Sobre el segundo de los puntos, la Cámara sólo autorizó el secuestro de los teléfonos personales y oficiales que, durante el tiempo de la investigación, tuvieron o fueron asignados a los policías Alberto González, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Gabriel Sosa; los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, se puede confirmar que estuvieron en contacto con Facundo Astudillo Castro el día de la desaparición. Cabe recordar que el pedido de fiscales y querellantes incluía el secuestro de los celulares de más de 40 funcionarios policiales, entre ellos los superiores de los policías directamente involucrados en la investigación.

Asimismo, los jueces autorizaron a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a extraer, mediante software forense, la información que contengan los dispositivos que se secuestren y luego realice un análisis sistemático con las demás pruebas de la causa.

A la par de esta resolución de la Cámara, también se conoció el pedido de recusación de la jueza María Gabriela Marrón realizado por los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.

En la apelación presentada ante la Cámara, los integrantes del Ministerio Público Fiscal ya habían sostenido que las decisiones de la jueza implican una clara intromisión en las facultades que le competen a la fiscalía y que, en su conjunto, expresan una única idea: seguir como única hipótesis de la causa la muerte por accidente.

Con argumentos similares, la parcialidad manifiesta de la jueza Marrón y el poco interés por conceder medidas de prueba que investiguen la desaparición forzada seguida de muerte, la CPM y Cristina Castro ya habían pedido que la magistrada sea apartada de la causa. En ese momento, la Cámara rechazó el pedido de las querellas, que ahora acompañarán la presentación realizada por los fiscales Heim y Azzolín.

En el marco de la investigación por las causas de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim recusaron a la jueza María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca por considerar que había perdido la imparcialidad que debe tener como jueza del caso.

Los fiscales solicitaron, además, se declare la nulidad de la decisión de la jueza de ordenar de oficio una medida de prueba por considerarla una intromisión en las facultades privativas de los fiscales, con un fundamento aparente y a pesar de otras diligencias de prueba que se están realizando en un sentido similar.

En el marco de la instrucción delegada que tienen los fiscales se han dispuesto una serie de medidas de prueba que buscan despejar interrogantes relacionados con diversas circunstancias de la causa entre las que se encuentran las razones por las cuales el cuerpo de Facundo Astudillo Castro fue hallado en el estuario de Bahía Blanca.

Entre esas diligencias, el 23 de octubre pasado se ordenó realizar un estudio de mareas sobre el estuario durante el período comprendido entre el 30 de abril y el 12 de septiembre, con el objetivo de determinar, entre otras cosas, la altura que tuvo la marea en los lugares donde fue hallado el cuerpo de la víctima, en donde fue hallada su mochila y donde, según el GPS, reportó un móvil policial. El estudio se encomendó al el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y al Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

El 2 de febrero de pasado el IADO-CONICET, el SHN y el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida – CERZOS (CONICET/UNS), acompañaron un informe titulado “Análisis de los niveles de inundación por marea en la zona interna del Canal Principal de Bahía Blanca”. Los fiscales consideraron que el estudio no se correspondía a la totalidad de los puntos del peritaje y que presentaba irregularidades formales, razón por la cual el 5 de febrero decidieron solicitar a los peritos que subsanen estas cuestiones y presenten un nuevo informe.

El mismo día en que se presentara el informe referido, en nombre del IADO se presentó también otro documento titulado “Análisis de la situación en el campo con relación al caso Coirón N° 46030/2020 – FBB 8640/2020”. A criterio de los fiscales el documento era inusual: un integrante de una de las instituciones que debían hacer el peritaje había decido presentar un informe en el que se reflejaba un estudio de campo realizado sin autorización de los investigadores ni control de las partes. El trabajo, además, sostenía hipótesis y arribaba a conclusiones que no se le habían solicitado sin contar con todos los elementos del caso.

Los fiscales resolvieron devolver el informe, recordándole al firmante que su actuación se debe ajustar a las directivas encomendadas expresamente. En ese mismo contexto, la jueza María Gabriela Marrón intimó a los fiscales a subir al sistema de gestión Lex100 el informe del IADO ordenado por esta parte, cosa que se hizo. Se excluyó, desde luego, el informe no ordenado y devuelto.

Sorpresivamente para los fiscales, el 10 de febrero la jueza Marrón dispuso ordenar al IADO un estudio de campo sobre el estuario de Bahía Blanca, argumentando que era complementario de la autopsia que ella había ordenado. Invocó como cita legal el instituto de las “medidas para mejor proveer” y consideró que eso no implicaba reasumir la instrucción del caso, cuya instrucción se encuentra delegada en el Ministerio Público Fiscal en función de lo previsto en el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

Azzolin y Heim consideraron que esta última decisión era nula y así lo solicitaron. En su presentación indicaron que en el marco de la instrucción delegada le está vedado a los jueces adoptar medidas de oficio, ya que las mismas afectan la independencia del Ministerio Público, conforme el artículo 120 de la Constitución Nacional, y violan el debido proceso. Valoraron además que la fundamentación era aparente, ya que el instituto de “medidas para mejor proveer” está previsto para otro proceso (el civil y comercial), para otra etapa del proceso (el plenario) y para otros presupuestos (hechos contradictorios) y, por eso, inaplicable al proceso penal. Consideraron además equivocada la mención a que la decisión no implicaba reasumir la instrucción del sumario; por el contrario, entendieron que cuando un juez actúa de esa forma esta, en los hechos, tomando a su cargo la investigación del caso.

Además de nula, los fiscales consideraron que la decisión de la jueza de forzar la realización de ese estudio, que no había sido ordenada inmediatamente después de la devolución del informe, implicaba cristalizar su postura sobre el caso, que había insinuado previamente, y que se traduce en que Facundo Astudillo Castro falleció ahogado accidentalmente en el estuario de Bahía Blanca el cual habría pretendido cruzar a pie. Los fiscales indicaron que esto implica perder la imparcialidad debida a todos los jueces y por eso solicitaron su apartamiento.

Azzolin y Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), respectivamente, firmantes del pedido de recusación, fueron designados el pasado 28 de agosto de 2020 -mediante la Resolución PGN 197/20– para intervenir en la investigación  en forma conjunta o alternada con el fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez.

Hugo Héctor Álvarez, vicepresidente del PJ y dirigente local y nacional del gremio de la AFIP, declaró en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A. Convocado por la defensa de Osvaldo Pallero siguió el mismo camino del desmemoriado titular del justicialismo, Adalberto Simón

Embanderado en el “ejemplo” de José Ignacio Rucci afirmó que -aún hoy- no podría explicarles a sus hijos qué fue la Alianza Anticomunista Argentina que funcionó durante el gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez.

Pallero es un ex militante de la Juventud Sindical Peronista e integrante de la seguridad de Remus Tetu. Según el ex interventor de la UNS, integró la primera tanda de represores contratados porque “habían enfrentado los ‘problemas subversivos’ en la UTN y, en tal carácter, se habían postulado espontáneamente para hacer lo propio en la UNS”.

Álvarez conoció al imputado en las colonias de Maldonado durante su infancia. Según manifestó, entre 1973 y 1976 no lo frecuentó. “Yo seguí la carrera de técnico automotor, teníamos taller a la mañana y clases a la noche. En el mediodía mi padre, que era ferroviario, se iba a Darregueira y yo tenía que encargarme de unas vacas”.

Tras la vuelta de la democracia se reencontraron en la militancia en distintas líneas del peronismo aunque no recordó a cuál pertenecía el acusado. Dijo que Pallero trabajaba en la Junta Nacional de Granos y que no le consta que haya sido empleado de la Universidad del Sur.

Respecto a la banda parapolicial comandada por Rodolfo Ponce y Remus Tetu, el dirigente afirmó que “lo que uno veía es lo que mandaban los diarios, no estaba en eso (…) Decían que había una Triple A y las cosas que decían los periódicos en ese momento. No le podría especificar”.

Recordó que José López Rega “fue ministro” aunque no sabe si se lo vinculaba con la organización paraestatal. Ignora si Pallero participó en algún grupo violento: “Nunca lo vi armado ni me contaron”.

Con el correr de los años tampoco conoció más que “lo que llegaba en los diarios” sobre los crímenes que hoy son juzgados. Dijo que eso no se habla “en nuestro ámbito de militancia”.

Consultado si en alguna ocasión se enteró de la vinculación de Ponce con grupos armados declaró: “Le tengo que contestar lo mismo, tenía una edad diferente en ese momento, ellos eran más grandes, no lo conocía a Ponce, lo que decían los medios lo decían los medios”.

“Si lo tuvo ni me acuerdo tampoco”, dijo cuando el fiscal le preguntó si el diputado nacional del FreJuli  y secretario de la CGT bahiense había ocupado algún cargo.

Rodolfo “Fito” Ponce.

-¿Hoy tiene algún conocimiento, si le tuviera que explicar a sus hijos, sobre qué era la Triple A?, preguntó la querella.

-No.

-¿Escuchó hablar de la patota de Ponce?

-Por los diarios, que había una patota, que había un Falcon verde.

-¿Qué actividad tenía?

-No me acuerdo.

En cuanto a los crímenes de militantes en la época dijo: “Me acuerdo en la universidad, lo que decían los diarios es que parece que estaban repartiendo volantes, vino alguien y le pegó un tiro”. No sabe si Remus Tetu tenía guardia de seguridad o alguna relación con Ponce.

Álvarez afirmó que José Ignacio Rucci es “un ejemplo” para él aunque desconoció si Ponce tenía la misma línea política que el ex jefe de la CGT nacional.

La jueza federal Gabriela Marrón homologó un acuerdo entre la Fiscalía y la empresa Profertil en la causa que investiga la contaminación del estuario de Bahía Blanca y la destrucción de la pesca artesanal.

En junio de 2019 la Cámara de Apelaciones dispuso la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».

Profertil afirmó que el acuerdo “no implica el reconocimiento de hechos, ni otorgar validez a las pruebas que pudieren encontrarse incorporadas, ni la asunción de responsabilidad penal en el asunto”.

El convenio establece que la empresa deberá informar el avance y cumplimiento de la propuesta en forma trimestral y por el plazo de 18 meses. Las medidas serán evaluadas por el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) y/o autoridad técnica “imparcial” que la Fiscalía designe.

“La conciliación queda supeditada al cumplimiento del presente acuerdo y los restantes convenios que suscriban y ejecuten los sujetos vinculados al objetivo trazado por la Alzada. Por lo que, oportunamente, corresponderá tratar la extinción de la acción penal”, afirmó Marrón.

La causa impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.

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La fábrica de fertilizantes propuso mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de
recursos hídricos y un “compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA”.

El 29 de diciembre Santiago Martínez solicitó la homologación judicial del acuerdo suscripto con el abogado de Profertil, Ariel Diego Blázquez. Entendió que resulta “superador del conflicto planteado”.

El fallo de la Cámara de 2019 daba «fuerza probatoria» a la pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que demostró científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

Ordenaba, además, la conformación de una mesa de abordaje con todas las partes que contemple la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y reformular la normativa referida al vuelco de contaminantes “teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

Profertil aseguró a la justicia que “no utiliza metales pesados en todo su proceso productivo” y destacó que “los elementos químicos, incluidos los metales pesados, se encuentran en la naturaleza y, por lo tanto, en el agua en distintas concentraciones. Profertil recibe el agua que proviene del Dique Paso Piedras ya con presencia de dichos elementos químicos”.

¿En qué consiste la propuesta?

Compromisos para mejorar la calidad del efluente

Mejora industrial en el sistema de agua de enfriamiento, construcción de planta piloto para optimizar el tratamiento de agua, rediseño de la planta de tratamiento Branch e incremento de frecuencia de controles-análisis periódicos de elementos relevantes.

Compromisos para mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente

Establecer como límite interno de aportes al efluente, la mitad de los exigidos por la normativa actual para metales pesados.

Compromisos para optimizar la utilización de recursos hídricos

Rediseño del sistema de enfriamiento para reducir el consumo de agua y el caudal de efluente, y un proyecto para recuperar vapor de agua venteado a la atmósfera para reutilizarla en el proceso.

Compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA

Utilización de nuevas tecnologías de última generación en la construcción de la ampliación de la planta y la instalación de un nuevo sistema de tratamiento de efluente para su reutilización.

(Por Adriana Meyer – Ojos Vendados) Tras un análisis minucioso de los elementos forenses de todo el expediente que ubican a Facundo en vida y luego de su desaparición, así como del hallazgo y posterior autopsia del cuerpo, la médica forense y criminóloga Virginia Creimer como perita de la familia Castro concluyó que esa investigación fue «ineficaz, ineficiente, tardía y defectuosa», y que por lo tanto quedan abiertos los interrogantes principales sobre lo sucedido. «Hay preguntas que desde el 30 de abril de 2020 se hacen Cristina Castro, el resto de su familia y buena parte de la sociedad, pero aún no han sido respondidas fehacientemente por el Estado: ¿Qué pasó con Facundo Astudillo Castro? ¿Cuándo murió? ¿Dónde murió? ¿Qué hechos y circunstancias ocasionaron su muerte violenta por asfixia por sumersión? ¿Qué hechos y circunstancias llevaron a que, con excepción de una de sus zapatillas, casi todas sus pertenencias aparecieran en diversos momentos y lugares, tan disímiles como un calabozo y un patrullero de Origone, un patrullero de Bahía Blanca y otra zona del cangrejal de Villarino Viejo?», se preguntó la perita Creimer.

Resulta que «de las 15 especies de diatomeas que aparecieron en la médula ósea de Facundo solo cinco coinciden con la toma de agua del lugar donde fue encontrado el cadáver». Por lo tanto, entre las medidas de prueba que el juzgado se niega a proveer, está el «análisis del agua de las dependencias policiales» por donde habría pasado el joven. La experta puso de manifiesto la insistencia del resto de los peritos que participaron en la autopsia para descartar lesiones en vida, y luego así aventurar que no hubo terceras personas en la escena del crimen. Pero la paradoja es que si no hubo lesiones vitales tampoco pudo haberse tratado de un «accidente».

El peritaje de Creimer indicó que la custodia del cuerpo y la ropa de Facundo no debió estar a cargo de una fuerza policial, y cuestionó la forma en que se realizó su levantamiento. Según ella, las conclusiones de la autopsia ignoraron el contexto descripto en la causa, como por ejemplo el hallazgo de una de las zapatillas del joven en perfecto estado al lado de sus restos esqueletizados, y de un cabello en uno de los patrulleros que coincide con el ADN de Facundo, entre otros varios elementos. Creimer arribó a diferentes conclusiones con los mismos datos, a saber: el informe de entomología sobre las especies encontradas sobre sus huesos «habilita a pensar en la posibilidad de que Castro no haya muerto en ese lugar y que sus restos hayan sido plantados».

El documento de casi 200 páginas servirá como punta de lanza en la nueva batalla judicial que emprenden Cristina Castro y sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio en los tribunales internacionales, luego de denunciar «sucesivas trabas» del juzgado a cargo de María Gabriela Marrón, recusada por la familia pero ratificada en la causa por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Así, a nivel local podría consolidarse un estancamiento, más allá del esfuerzo de los fiscales especiales Andrés Heim y Horacio Azzolín y los propios letrados de Cristina que siguen sumando nuevos elementos para profundizar su hipótesis respecto al protagonismo de la Policía Bonaerense en la desaparición forzada del joven.

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Si bien la Cámara ordenó a la magistrada la realización de las medidas de prueba pendientes que piden los fiscales y la familia, nada se ha movido en su juzgado en tal dirección. Marrón y el fiscal Ulpiano Martínez fueron acusados por la querella particular y la que encabeza la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de «contribuir al encubrimiento del hecho para beneficiar a los uniformados, con la estrategia de abonar la hipótesis de un presunto accidente en el que Facundo habría perdido la vida». 

El año pasado, en ocasión de la reunión donde surgieron las conclusiones de la autopsia, la perito de la familia firmó en disidencia. Virginia Creimer sostenía que debía ser un «ateneo» para debatir las conclusiones pero cuando llegó el informe final ya estaba redactado. En ese momento, le hizo saber de tal irregularidad a la jueza Marrón, pero ante la inacción de la magistrada, Creimer procedió revisar punto por punto el informe y a marcar sus acuerdos y disidencias, tal como quedó plasmado en el acta de ese día. El artículo 262 del Código Procesal Penal establece que «los peritos practicarán unidos el examen, deliberarán en reunión secreta, a la que sólo podrá asistir el juez, y si estuvieren de acuerdo redactarán su informe en común. En caso contrario, harán por separado sus respectivos dictámenes”. Este sitio junto a La Izquierda Diario accedieron ese dictamen de la experta y perita de parte de la familia, que ya forma parte del expediente.

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Creimer indicó: «Por el propio carácter de parte de esta perita, pero sobre todo por los resultados obtenidos tras un minucioso análisis de todas las evidencias científicas obrantes en la causa, se concluye que las respuestas a las preguntas precedentes deberían ser respondidas a partir de la producción de otras medidas de prueba, rastrillajes y peritajes que nos acerquen lo más ajustadamente a la verdad de los hechos. En ese marco, no hay más que considerar lo que ya expresó la querella a la que asisto, a través de dos pedidos de recusación al fiscal de la causa, una apelación por negativas de la jueza a producir medidas de prueba determinantes y un recurso de queja presentado ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. En todas esas instancias la propia madre de Facundo Castro aseguró que la falta de respuestas a esas preguntas aún irresueltas se debe a una ineficaz, ineficiente, tardía y defectuosa investigación por parte del Estado y sus instituciones. Esa sentencia exime a esta perita de mayores argumentaciones. De lo que sí está respondido científica y pericialmente, lo que sigue es todo cuanto puedo informar:

* Dónde estuvo y qué hizo Facundo antes de su desaparición

Surge de las declaraciones testimoniales de Virginia María Gongora, Daniel Gayte y Juan Francisco Cardona que Facundo, luego cenar en la casa de su amigo Daniel Gayte y de permanecer allí la madrugada del día 30 de abril, aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana salió hacia Bahía Blanca, adonde planeaba llegar caminando o haciendo dedo. Se dirigía a la casa de Daiana González, con quien había mantenido una relación de pareja mucho tiempo. Góngora, mamá de Daniel, confirma que el 29 de abril Facundo se encontraba en su casa, se quedó a cenar y al día siguiente, cuando ella se despertó, el joven ya no estaba. Cuando le consultó al hijo, éste le dijo que a las 4 am se había ido. Que su hijo le escribió a Facundo y éste no volvió a responder. En su declaración adjuntó capturas de pantalla de una conversación que tuvo con Daiana González el día 3 de junio de 2020, donde la joven le dice que Facundo debía haber ido a su casa el 29 de abril, pero nunca llegó.

Juan Francisco Cardona, también amigo de Facundo, confirmó que Facundo se encontraba viviendo en su casa y trabajando con él en su cervecería, Turmalina. Que el día 27 de abril le pidió a Facundo si podía irse, ya que no tenían espacio porque llegaba su hermana a la casa. El 30 de abril a las 20:21 pm Cardona recibe un mensaje de texto (SMS) desde el número de Facundo, que dice que se había quedado sin señal, sin batería y que después lo llamaba. Nunca lo llamó. El 1 de mayo Cardona envió un nuevo mensaje a Facundo, que no fue entregado.

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En la causa consta la declaración de Nancy Moncada, quien al tomar conocimiento de que se estaba buscando a Facundo se presentó espontáneamente en la dependencia comunal de la localidad de Hilario Ascasubi. La vecina de Mayor Buratovich dijo que en los últimos días del mes de abril, entre las 8:30 y 9, mientras se dirigía desde Ascasubi a Buratovich, sobre la Ruta 3, cerca del Puente Blanco, vio a un joven haciendo dedo. Ella le dijo que podía llevarlo hasta la entrada de Buratovich. Él subió y se pusieron a conversar, Facundo le dijo que tenía que ir a Bahía Blanca urgente, que se había quedado sin trabajo y que le quedaban 50 pesos en el bolsillo. Es posible inferir que Facundo fue dejado por Moncada en el ingreso a Buratovich, aproximadamente entre las 9 y 9:30 del jueves 30 de abril. Como corroboración científica de la presencia de Facundo allí se puede ver el informe de la empresa AMX CLARO donde surgen tres llamados salientes del celular de Facundo, a las 7:07, 9:05 y 9:06, que impactaron sobre la antena de Ascasubi.

A partir de la llegada a Buratovich, tal como consta en el expediente, Facundo tomó contacto con personal policial de la zona en distintas oportunidades y en el siguiente orden: primero con Jana Curuhuinca y Mario Sosa (fs. 70), luego con Siomara Flores y finalmente con Alberto González. A partir de las diversas declaraciones testimoniales se reconstruye que el 30 de abril de 2020 Facundo se encontraba caminando por la Ruta Nacional 3 en dirección Pedro Luro-Bahía Blanca cuando fue detenido, al menos, en dos oportunidades por agentes de la Policía de la provincia, uniformados y con móviles de la fuerza a su disposición. Los agentes Sosa y Curuhuinca detuvieron a Facundo mientras transitaban por la calle San José Obrero y la Ruta 3, km 779. Allí lo interceptaron en virtud del DNU 297/20, identificándolo como Facundo Astudillo. Al declarar el joven que no poseía permiso de circulación, le notificaron de la infracción al artículo 205 de Código Penal.

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Asimismo, consta el asentamiento de la prevención a Facundo en el libro de la comisaría de Buratovich. En el celular de Curuhuinca (fs. 1547) quedó registrado ese contacto, mediante una fotografía en la que Facundo aparece de espaldas junto a Mario Sosa y de frente al móvil 23.630 (de Buratovich) y dos imágenes (anverso y reverso) del DNI del joven. Mediante informe pericial se establecen las semejanzas entre Facundo y la persona de espaldas de la fotografía. A su vez, el informe de DATIP concluye, luego de realizar un análisis sobre la imagen, que Facundo en ese momento tenía la zapatilla izquierda puesta.

Sosa y Curuhuinca declararon que, luego de constatar el domicilio de Facundo, lo dejaron seguir camino a Bahía Blanca por la ruta. Cristina Castro declaró que a las 13:33 habló con Facundo, que él le dijo que estaba en Buratovich, que mantuvieron una discusión hasta que en un momento la madre del joven escuchó un golpe seco, como que se golpeó el celular de Facundo, y luego se cortó la comunicación. Esa llamada se encuentra científicamente probada mediante el informe de AMX CLARO.

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La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) corrobora que del informe de AMX CLARO sobre el teléfono de Facundo se desprende que hasta el 29 de abril se produjeron comunicaciones a través de celdas de Pedro Luro; que el día 30 las primeras 3 comunicaciones se cursaron a través de una celda de Ascasubi. A las 10 surge que el efectivo de la policía bonaerense Delgado le dice al efectivo de la policía bonaerense Sosa “si se hace el pajero, bajalo”. Las siguientes 7 llamadas del celular de Facundo se hicieron a través de una celda ubicada en Buratovich, con un último registro de llamada saliente a las 13:33 hs. A partir de ese momento no se encuentran datos técnicos positivos sobre la ubicación de Facundo.

* Dónde estuvo Facundo después de su desaparición

En la búsqueda de Facundo se solicitó el 20 de julio el allanamiento, registro y secuestro de elementos policiales de la subestación Policía Comunal de Teniente Origone, y el secuestro de elementos que puedan pertenecer a Facundo. El Poder Judicial designó formalmente como perito de parte de la querella particular al adiestrador canino Marcos Herrero. En ese allanamiento se encontró el primer elemento perteneciente a Facundo en forma fehaciente: una bolsa con un paquete de cigarrillos y una esfera con forma de sandía con una vaquita de San Antonio dentro, la cual Cristina Castro reconoce como pertenencia de su hijo. Luego lo demostraría presentando amuletos iguales pertenecientes a los hermanos de Facundo (todos regalados por la abuela materna una década atrás). 

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De los sucesivos peritajes de móviles policiales, tres camionetas Toyota Hilux y un auto particular Chevrolet, dieron resultado positivo con el can Yatel; el mismo perro encontró en la comisaría de Origone la bolsa con los cigarrillos y el amuleto de Facundo; el can Duke marcó rastros en una casa color rosada; Yatel también marcó restos óseos y en el patrullero Toyota Etios de Bahía Blanca marcó con insistencia el asiento de atrás, tanto desde el interior como desde el baúl (…) Se recomendó efectuar un nuevo peritaje con desarmado de asientos del vehículo con el asesoramiento de licenciado en criminalística, experto en accidentología vial (peritaje mecánico) para el correcto desarmado de los elementos del móvil. En ese nuevo peritaje Yatel halló un trozo de mineral conocido como turmalina que es compatible con el colgante que Facundo usaba siempre y llevaba el día de su desaparición.

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* Qué pasó con el hallazgo del cadáver, el lugar donde apareció, su levantamiento e identificación y los peritajes posteriores

El 15 de agosto a las 17 la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal (PFA) recibió un llamado de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca. El propio fiscal Santiago Ulpiano Martínez avisó que “un señor de nombre Maximiliano -quien sería pescador-, tendría información trascendente con relación a la búsqueda de Facundo». Por orden de Martínez, la PFA se dirigió al lugar marcado por Maximiliano y realizó una inspección en el canal “Cola de ballena”, donde se logra avistar sobre el suelo que, a simple vista, se trataría de un cuerpo humano en estado cadavérico.

Pocas horas después del hallazgo (entre las 21 y las 22) se hicieron presentes en la delegación Bahía Blanca de la PFA los ciudadanos Pablo Daniel Núñez Pablo y Damián Orlando Garcés (ninguno de nombre Maximiliano). Ambos afirmaron que esa tarde estaban pescando en Villarino Viejo cuando a la orilla de un canal, sobre una zona de barro húmedo y matorrales bajos, vieron un esqueleto enterrado en el barro. En fecha 16 de agosto se comienza un rastrillaje del lugar abierto siendo las 13:30, «con un perímetro SIMPLE de 100 m de largo x 30 mts de ancho». Interviene en el levantamiento del cuerpo el Equipo Argentino de Antropología Forense. «En este acto debe destacarse que no se observan los protocolos internacionales básicos de intervención pericial en los hallazgos de cuerpo, a través de un equipo interdisciplinario conformado por Fotógrafos, Planimétricos, Criminalistas, Rastros y Médicos Forenses. El análisis del lugar del hecho resulta de esta manera incompleto, circunstancia que se corrobora al encontrarse en forma posterior otros restos humanos correspondientes al mismo cadáver», afirmó Creimer.

A las 11:40 llega el EAAF, a las 12 comienza la inspección y a las 13:30 se produce el hallazgo de un cadáver humano incompleto. Estaban presentes la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería. Se hizo presente Cristina Castro, acompañada por Virginia Góngora y los letrados de la querella en autos. Llama la atención que, atento el estado de esqueletización del cuerpo hallado, la zapatilla encontrada a pocos metros, que se correspondería con la que vestía Facundo al momento de su desaparición, se encuentre en total estado de indemnidad. También apareció un trozo de tela con elástico con tela camuflada de varios colores, trozos de telas de otros colores que corresponderían a vestimenta, una plantilla de zapatilla e incluso un trozo de cuarzo. Se efectuaron levantamientos fotográficos y métricos respecto de una huella dispuesta en el suelo y que corresponderían a un vehículo.

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En el marco de estas claras fallas en el análisis del lugar del hecho primigenio, se realiza el 21 de agosto un nuevo relevamiento del área donde se encontró el cuerpo hallándose nuevos restos óseos (un humero, una escápula, entre otros) y más restos de ropas. Sin tener en cuenta las directivas internacionales y nacionales de no involucrar a las fuerzas de seguridad en casos de lesiones, vejámenes y torturas (Protocolo de Estambul) y/o muerte en custodia o con participación de personal policial (Protocolo de Minnesota), se ordena a la Policía Federal Argentina la recolección de agua del lugar para posible cotejo posterior. Pero esta toma se realizó cinco días después del hallazgo y a 80 metros de donde estaba el esqueleto.

El 1 de septiembre se realiza un nuevo levantamiento de restos óseos en las cercanías del hallazgo primario, siendo descartados para la investigación. «A lo largo de toda la diligencia se mantuvo una interacción permanente con el doctor Luis Fondebrider, director ejecutivo del EAAF, quien manifestó que ‘la mandíbula es humana’, y que ‘esos huesos no le faltan al cuerpo que levantamos nosotros‘». Este hallazgo hizo sospechar a los abogados de la querella sobre la posibilidad de que el sitio fuera un cementerio clandestino utilizado por la policía local.

* Qué pasó en la autopsia realizada en la ex ESMA

Una vez reunido el equipo de profesionales propuesto por el Equipo Argentino de Antropología Forense en causa 8604/2020 caratulada: N.N. s/AVERIGUACIÓN DE DELITO, se procedió a la realización de los estudios con el objeto de determinar la identidad, la data, causal, y modo de la muerte. «Es de destacar que, si bien quien había sido encomendado a dirigir el procedimiento fue el EAAF, fue el doctor Cohen del Cuerpo Médico Forense (CMF) quien decidió el orden y la metodología de exposición de las conclusiones preliminares de cada equipo/profesional presente en la autopsia, cuando sólo era un perito más de los convocados, lo cual se encuentra corroborado por las filmaciones de la autopsia», indicó Creimer en sus conclusiones del peritaje de casi 200 fojas.

Creimer expresó que fue «llamativa la insistencia con la cual Cohen pretendía descartar las circunstancias violentas de la muerte de quien se presumía como Facundo Astudillo Castro. Esto es, tras cada exposición pericial, sin requerimiento de persona alguna, el perito hacía una ‘traducción’ de lo expresado remarcando la ausencia de lesiones vitales». La paradoja es que tal insistencia también se lleva puesta la hipótesis del «accidente», porque esa también es una muerte que deja en el cuerpo signos de lesiones vitales.

Para la médica forense y criminóloga, las conclusiones científicas aplicadas al análisis forense global del caso indican que:

– La última acción de Facundo comprobada en la causa fue la conversación telefónica con su madre a las 13:33 hs del 30/4/2020, lo que está certificado tanto por el testimonio de Cristina Castro como por el informe de AMX CLARO de las llamadas recibidas por Facundo, ubicando la celda de su celular en Mayor Buratovich. A partir de ese momento no se encuentran datos técnicos positivos sobre la ubicación de Facundo.

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– En la búsqueda de Facundo se allanó y registró parte de la subestación Policía Comunal de Teniente Origone, con la participación de Marcos Herrero y su perro Yatel, como perito de parte de la querella particular. Allí encontró un primer elemento perteneciente a Facundo en forma fehaciente: una bolsa con un paquete de cigarrillos y una esfera con forma de sandía con una vaquita de San Antonio dentro, la cual Cristina Castro reconoció indubitablemente como pertenencia de su hijo.

– Mientras que otros elementos pertenecientes a Facundo, incluyendo material genético (coincidencia con Cristina), también fueron hallados en otros rastrillajes y peritajes; tanto el hallazgo del cuerpo del joven como su mochila fueron protagonizados por eventuales pescadores que (supuestamente) pasaban de casualidad por los sitios indicados.

– Como consta en las actas de la PFA, el 15 de agosto tres pescadores (uno por un lado y dos por otro), aparentemente de forma espontánea, dieron aviso de la existencia de un cadáver en el canal “Cola de ballena” de Villarino Viejo. Inmediatamente la Policía Federal, cumpliendo órdenes de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca, se hace cargo del arribo al lugar y de la custodia de la escena hasta el día siguiente.

– El 16 de agosto el Equipo Argentino de Antropología Forense interviene en el levantamiento del cuerpo. A las 13:30 se comienza un rastrillaje del lugar abierto, con un perímetro simple de 100 metros de largo x 30 de ancho. En este acto debe destacarse que no se observan los protocolos básicos de intervención pericial en los hallazgos de cuerpo, a través de un equipo interdisciplinario conformado por Fotógrafos, Planimétricos, Criminalistas, Rastros y Médicos Forenses. El análisis del lugar del hecho resulta de esta manera incompleto, circunstancia que se corrobora al encontrarse en forma posterior otros restos humanos correspondientes al mismo cadáver.

Llama la atención que, atento el estado de esqueletización del cuerpo hallado, la zapatilla encontrada a pocos metros, que se correspondería con la que vestía Facundo al momento de su desaparición, se encuentre en total estado de indemnidad.

– El 25 de agosto se realizó la autopsia al cuerpo encontrado, en el Laboratorio del EAAF ubicado en la ex ESMA. Allí la doctora Marta Maldonado (odontóloga forense CMF) fue clara y contundente sobre la impregnación hemática de los dientes del maxilar inferior de la víctima de autos (Pink Teeth), estableciendo que se trataba de un fenómeno vital y violento, como lo había hecho en casos previos. Allí el doctor Jorge Pereyra (radiólogo forense CMF) estableció preliminarmente que no existían fracturas de tipo vital en huesos largos, lo que descartaría una caída accidental desde altura, una posibilidad ventilada en algunos medios a partir de las versiones filtradas desde la fiscalía de Martínez y el juzgado.

– Del examen de la médula ósea extraída de Facundo se obtuvieron muestras cuyo resultado fue el hallazgo de numerosas cubiertas celulares y fragmentos identificables de al menos 15 especies diferentes de diatomeas. En la muestra de agua, se identificaron 17 especies de diatomeas, de las cuales 5 estuvieron presentes en la muestra de médula ósea. «El hallazgo de diatomeas en la médula de un cuerpo establece que su muerte ha sido violenta, por asfixia por sumersión. Dicha aseveración confirma que Facundo murió por el ingreso de un medio líquido (como el agua) que poseía en suspensión microorganismos como las diatomeas identificadas en el análisis de referencia.

El hallazgo de diatomeas en la médula de un cuerpo establece que su muerte ha sido violenta, por asfixia por sumersión. De las 15 especies encontradas en la médula de Facundo, sólo 5 coincidían con las 17 obtenidas en el agua colectada por la Policía Federal cinco días después del hallazgo y en una zona alejada del sitio donde fue encontrado el cuerpo de Facundo. En tanto que se obtuvieron datos fehacientes sobre la presencia de objetos perteneciente a Facundo en las dependencias policiales donde fue apercibido, sería procedente analizar también el agua de las dependencias, a fin de determinar la existencia de diatomeas en las mismas. 

– Desde el punto de vista lesionológico, los Dres. Roberto Cohen (médico forense CMF) y Alejandro Rullán Corna (médico forense CMF), establecieron que no se encontraban en los restos encontrados desprovistos de partes blandas, lesiones de características vitales. 

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– El entomólogo deja en claro que mínimamente la muerte de Facundo se produjo 40 días antes de su intervención, pero no puede establecer ni el momento en el cual se produjo la muerte ni siquiera un plazo máximo estimativo. Resulta de gran interés remarcar que el mismo constata la presencia de especies que colonizan los cuerpos en avanzados estados de putrefacción o directamente cuando ya se encuentran esqueletizados. Por ello, no se puede descartar que la muerte de Facundo no se haya producido en este lugar y que su cuerpo haya sido plantado en el mismo. Del análisis realizado por el médico radiólogo se puede concluir que Facundo no posee en el cráneo ni en los huesos largos traumatismos compatibles con fracturas secundarias a jumping ni a defenestración (caídas de altura coincidentes con el supuesto accidente). Facundo estuvo desaparecido 107 días, desde el 30 de abril al 15 de agosto. Las pericias entomológicas concluyen que el cadáver tenía al momento de la autopsia un mínimo de 40 días de fallecido, pero no pudo establecer ningún máximo. Es decir que nadie ha podido determinar aún si Facundo murió el mismo 30 de abril, o algún día de mayo, o de junio o incluso algún día de la primera quincena de julio.

– Debe quedar en claro que, la presencia o ausencia del Pink Teeth no influye en el hecho de que la muerte de Facundo fuera mediante una muerte violenta por asfixia por sumersión. Sin perjuicio de ello, podría hablarnos de una compresión extrínseca del cuello que hubiera provocado la muerte de Facundo o su pérdida de conciencia. También podría hablarnos de una sumersión violenta que hubiera provocado la muerte de Facundo por este mecanismo, tal como la doctora Maldonado sostuvo en causas previas que, de no aclarar su posición, deberán ser revisadas. (Este cuestionamiento de la perita alude a que Maldonado dijo en la autopsia que el diente rosa era un fenómeno ocurrido en vida, pero en el informe final se desdijo).

– Del minucioso trabajo del equipo tafonómico surge que el cuerpo de Facundo fue atacado por carnívoros medianos o pequeños, presumiéndose el directo accionar del zorro que habita en la zona. También se infiere que el cuerpo ha sido rotado, ya que si bien fue encontrado en decúbito ventral (boca abajo), para recibir el accionar de esta fauna debió encontrarse en posición inversa, es decir en decúbito dorsal (boca arriba). Resulta de interés adicional tener en cuenta que la bibliografía utilizada es sobre una experiencia con coyotes, teniendo estos animales un porte mayor, equivalente a aproximadamente quince kilos más que los animales sindicados en este caso. Finalmente, el tiempo de exposición en el lugar a la totalidad de la fauna de la región se estima en un plazo de 28 días.

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Para la médica forense, los peritos del Cuerpo Médico Forense se expiden sobre la presencia de lesiones postmortem descartando la posibilidad del accionar de terceras personas sin tener un conocimiento cabal y contextualizado de todo lo actuado en autos (ni elementos científicos para llegar a esa conclusión), como lo establece el Protocolo de Minnesota, mecanismo a ser aplicado en casos de desaparición forzada de personas.

Asimismo, resulta de interés el hecho de que, ante el desconocimiento de los hechos acontecidos en autos (aparición de la mochila de Facundo con toda su ropa), los profesionales hayan considerado que las mismas podrían haber sido extraídas por la fauna autóctona, es decir, que las cosas de Facundo se las habrían «llevado» los animales que atacaron su cadáver. Vale recordar, como dato de contexto, que la mochila conteniendo la ropa, el teléfono celular y demás pertenencias de Facundo apareció el 12 de septiembre a unos 4 kilómetros de donde había aparecido el cadáver y que el informe de la autopsia se presentó el 1 de octubre, 19 días después de ese hallazgo.

En definitiva, Creimer en nombre de la familia plantea que lo esencial para el esclarecimiento del caso sigue siendo un misterio. Y su informe ratifica que las respuestas a esas incógnitas las tiene el Estado, como presunto desaparecedor de Facundo Astudillo Castro.

Un episodio sucedido en noviembre debería ser suficiente evidencia de que este nuevo caso de un desaparecido en democracia no tiene «dos campanas» sino víctimas y encubridores, que vienen amenazando a la familia y a los testigos desde el día cero. Sino de qué otro modo se explica el apriete que recibió Cristina Castro en noviembre por parte de un policía que le dijo: “Quedate tranquila que la jueza cierra la causa y después te la vas a tener que ver conmigo”. La misma amenaza viene pronunciando la madre de las hermanas policías implicadas en el caso. ¿Por qué será que están tan seguros del cierre del expediente?

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El periodista Néstor Busso declaró en el juicio a cuatro integrantes de la Triple A bahiense a partir de un informe realizado por el Servicio de Documentación e Información Latinoamericana sobre el asesinato del sacerdote Carlos Dorñak y la persecución a sectores católicos progresistas.

“El clima de Bahía Blanca era de terror, pánico, miedo. Principalmente de los sectores cristianos comprometidos con los más humildes, de la comunidad salesiana”, dijo el ex director del Sedipla y agregó que, en ese contexto, la actitud del arzobispo Jorge Mayer fue “lamentable y claramente de complicidad con el poder”.

Busso dedicó su testimonio a la memoria de Eugenio Navarrete, presidente de la Asociación de Presos Políticos de Rio Negro, quien declaró en el juicio en diciembre y falleció en Viedma el 29 de enero.

El Servicio de Documentación e Información Popular Latinoamericano (Sedipla) surgió a principios de la década del 70 como iniciativa de un grupo de matrimonios vinculados a la Pastoral de la Conferencia Episcopal.

Su objetivo era difundir “la presencia de la Iglesia Católica en la realidad de la Patria Grande y el compromiso de los cristianos con los más pobres”. Dicho espíritu era fruto “del Concilio Vaticano II, la Conferencia Latinoamericana de Obispos en Medellín y su concreción en Argentina que tuvo como resultado el documento de San Miguel”.

Anoticiados del incremento de la violencia en Bahía Blanca y del asesinato del cura salesiano Carlos Dorñak, Néstor Busso viajó a nuestra ciudad junto a Alberto Aguirre el fin de semana del 25 de mayo de 1975.

“Entrevistamos a distintas personas, volví a La Plata y redacté el texto que fue publicado en la revista en junio. Fue un viaje muy intenso en un clima de mucha tensión y de gran terror”, recordó ante el tribunal.

Afirmó que “en Bahía Blanca solo estaba el padre Del Col. Santecchia y Stochetti se habían ido por las amenazas y los hechos sucedidos en marzo. Ingresé al lugar donde asesinaron a Dorñak y saqué fotografías. Era un zaguán con un hall al que daban varias habitaciones, estaba destruido, con rastros de un incendio, se veían las marcas de disparos”.

En los paredones del centro bahiense vio inscripciones con la sigla de la banda paraestatal y le llamó la atención “una leyenda en la fachada del Instituto Juan XXIII que decía ‘las AAA son nuestros compañeros, que sigan reventando zurdos’”.

“Varias personas me hablaron del trabajo de la religiosa Norma Gorriarán en Villa Nocito donde lideraba una escuela que, además, brindaba asistencia a los vecinos y vecinas. La hermana ya se había ido a causa de las amenazas y ataques que había recibido ese lugar”.

El informe del Sedipla de junio de 1975 destacaba que en aquel clima de terror “todos los entrevistados pidieron no ser identificados”. Busso mencionó que le “hablaban de la patota de Ponce y la patota de Remus Tetu”.

“Grupos armados que circulaban por la ciudad a los cuales se le atribuía los hechos de violencia. Se sumaba la presencia muy fuerte de la Marina. (…) Además de a Dorñak, esa noche asesinaron a Marisa Mendivill y a Fernando Alduvino. El padre José Zamorano, estaba en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, también fue atacado y unos días antes habían asesinado a un militante cristiano con mucha participación en la iglesia, José ‘Pepe’ González”.

El periodista dijo que “en aquel momento no había diferenciación entre las patotas y se las vinculaba con la Triple A, que tenía un discurso de defensa de la patria, anticomunista y atacaba especialmente a sectores religiosos que ellos calificaban de izquierdistas, zurdos, subversivos”.

Para justificar los crímenes estaba La Nueva Provincia: “Acusaba a las víctimas de ser los originantes de esos asesinatos y esa violencia, quienes pensaban de determinada forma debían ser eliminados”.

“Era evidente que esos hechos, ese desfile de patotas portando armas de las que muchos me hablaron, no podrían haber sucedido si no hubiera habido un ‘permiso’ de parte de las fuerzas del Estado. En el caso de Dorñak llegaron los bomberos y luego la policía apenas miró el lugar, no tengo noticias que haya habido investigaciones judiciales”.

La complicidad de Mayer

Mayer y Juan Pablo II. Foto: LNP

Busso aseguró que la actitud del arzobispo Jorge Mayer, a quien entrevistó para la publicación del Sedipla, “fue lamentable y claramente de complicidad con el poder. Muy diferente a la actitud anterior de monseñor Esorto quien había acompañado a sus sacerdotes amenazados y mantenía dialogo con las comunidades cristianas de los barrios populares”.

A Mayer lo esperó en la puerta de la Catedral un domingo de misa. “Se bajó de un auto importante vestido al estilo que usaban los obispos años antes, con una ornamentación particular. El diálogo que reproduce la revista fue tenso y al mismo tiempo respetuoso”.

“Le pregunté por qué no los protege, él hablaba de enfrentamientos, le dije que las víctima estaban de un solo lado, son los sacerdotes comprometidos con los sectores populares, las religiosas de los barrios, los grupos de jóvenes. No tuve respuesta. Supe también de sus vínculos con la Marina y La Nueva Provincia”, manifestó.

Por otro lado, Busso sostuvo que una de las entrevistas “más reveladoras” fue la que realizaron al padre Hugo “Coco” Segovia en Punta Alta. “Fuimos con mucho miedo porque se consideraba un lugar peligroso. Me contó el proceso que estaban viviendo de amenazas y ataques a Zamorano que ya se había ido, él vivía con su mamá, habían baleado su casa, estaba haciendo esfuerzos por quedarse ahí. Supe que después se trasladó a Mar del Plata”.

La carta de Pepe

En otro tramo de su declaración, el ex secretario de Derechos Humanos de Rio Negro se refirió al homicidio del obrero e integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque, José González.

Busso recibió una carta suya en el monasterio benedictino de Los Toldos. “Me la entregaron como testimonio de un cristiano que había sido asesinado y que le mandó una carta a su amigo que poco antes había ingresado al monasterio. Me impresionó, se declaraba militante cristiano y demostraba no solo una importante formación teológica sino profundas convicciones fundadas en su fe”.

“Firma ‘Pepe’ y habla de su militancia citando textos bíblicos y del magisterio de la iglesia para fundamentar un cambio personal y de estructuras para vivir una sociedad más justa, equitativa, solidaria y fraterna. Me resulta conmovedor cómo una persona, a partir de su fe, puede entregar su vida al servicio de la comunidad”.

El testigo afirmó que “los sectores de la derecha del poder económico y del privilegio siempre pretendieron usar la fe religiosa como un justificativo de su ideología y defensa de sus intereses. En la CNU, la Triple A y los jerarcas de la dictadura estaba muy presente el discurso religioso y el odio a quienes provenían de comunidades religiosas y los consideraban subversivos o izquierdistas”.

El Sedipla y el propio Busso sufrieron amenazas del CNU. “Iba con mi esposa Olga y mi hijo mayor que tenía unos meses, me crucé en Diagonal 80 de La Plata con un señor que amenazó al bebé: a estos zurditos hay que reventarlos antes que crezcan así que tené cuidado”.

El último número de la revista se editó en marzo de 1976. En agosto, el Ejército ingresó al local, secuestró a Busso y robó los archivos del centro de documentación.

En distintos centros clandestinos de detención y torturas del Circuito Camps el periodista fue interrogado sobre la labor de Sedipla. Un par de meses después de su detención ilegal pudo salir del país y vivir en el exilio hasta 1983.

En la audiencia del miércoles 3 de febrero declaró también Raquel Barabaschi, militante por los derechos humanos y víctima del terrorismo de Estado en La Pampa. Este jueves lo hicieron Roberto Adrián Grill, Hugo Alberto Moreno y Víctor Susca en defensa del represor Juan Carlos Curzio y mañana lo harán José Manuel El Alabi, Roberto Armando Ferri y Juan Carlos Ibáñez en favor de Raúl Roberto Aceituno.

Foto cabecera: Va con firma.

Imágenes Revista Sedipla: gentileza Néstor Busso.

Tras la feria judicial se escuchará a los últimos testigos ofrecidos por la fiscalía: Raquel Barabaschi y Néstor Busso. Será este miércoles desde las 9 de la mañana con transmisión mediante el canal de Youtube de Audiovisuales UNS.

Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Están acusados de haber pertenecido a la Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.

Raquel Barabaschi es referente de los organismos pampeanos de derechos humanos y fue víctima del circuito de la sub-zona 14 durante la última dictadura cívico-militar. Su testimonio fue solicitado a fin de que declare sobre los vínculos de la Triple A de Bahía Blanca con hechos que tuvieron lugar en la provincia de La Pampa y, particularmente, sobre la intervención de Rodolfo Ponce y de su grupo armado en la persecución de sectores estudiantiles de izquierda pertenecientes a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de la localidad de General Pico, a principios de 1975.

Néstor Busso fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Rio Negro y víctima del circuito “Camps” durante la última dictadura cívico-militar. Fue convocado para que se explaye acerca del trabajo de investigación realizado por el testigo a través del Servicio de Documentación e Información Latinoamericana (SEDIPLA) en junio de 1975, respecto del asesinato del sacerdote salesiano y vicerrector del Instituto Superior Juan XIII Carlos Dorñak, como así también sobre la persecución a los sectores religiosos de izquierda de la ciudad de Bahía Blanca.

Fuente: fiscales.gob.ar

Fue el viernes 22 de enero, ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala I Departamento Judicial Bahía Blanca. Se trata de una presentación colectiva en favor de los quince jóvenes detenidos. Cuestionan la medida de prisión preventiva, apelando a la normativa vigente y a la doctrina en derecho y atendiendo a la situación de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, agravado por el actual contexto sanitario en contexto de pandemia.

En el escrito señalan lo desmedido de la prisión preventiva, y su empleo incorrecto por el juez de garantías Mercuri, entendiendo que “la prisión preventiva, como medida cautelar, sólo puede tener fines procesales. Su carácter procesal significa que la coerción se utiliza para garantizar la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal. No se puede recurrir a la detención preventiva para obtener alguna de las finalidades propias de la pena”.

Enumeran fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteando que la CIDH “ha consagrado, dentro del contexto general de los instrumentos internacionales vigentes, que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.9°.3),pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación del principio de inocencia”.

En este sentido afirman que “la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad pena”.

Además piden ser reconocidos como Amicus Curiae, esta figura jurídica  tiene por objeto enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas.

El contexto

Desde hace un mes, en la cárcel de Villa Floresta, continúan detenidos 15 jóvenes de Puán. Esta localidad de unos 5000 habitantes vive de la agricultura y la ganadería mayoritariamente y en general las juventudes no tienen posibilidades laborales ni de estudios. El fiscal Mauricio Del Cero se dedicó a investigar lo que caracterizaría como banda de narcotraficantes, igual que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consultado por las detenciones ordenadas por el juez Guillermo Mercuri.

Según la agencia ANRed, ninguna de las personas detenidas tía antecedentes penales, algunas sólo eran cultivadoras de marihuana, recientemente reglamentado su cultivo con fines medicinales, todas ellas con el común denominador de ser jóvenes.

Cinco de las personas detenidas fueron liberadas, pero aún hay 15 jóvenes que continúan detenidas en condiciones deplorables de vida, como dormir en el piso sobre frazadas, con cucarachas, chinches, el estado calamitoso de higiene y salud en que se encuentran los presos en las cárceles no solo del Servicio Penitenciario Bonaerense, sino de todo el país.

Fuentes: CPM, ANRed

Foto: ANRed

Hasta el 4 de diciembre hubo 9 sentencias, con 51 condenas y 7 absoluciones, lo que implica una caída respecto de años anteriores y una tendencia a la baja. Se consolidó la prisión domiciliaria como modalidad de detención.

El 70% de las sentencias espera revisión. Las etapas recursivas tienen las mayores demoras. Las causas en instrucción, advierte, necesitan “la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento”.

Los datos corresponden al Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina que contiene el diagnóstico realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Desde la reapertura de las causas fueron dictadas 250 sentencias desde 2006 en las que resultaron condenadas 1013 personas y absueltas 164.

El trabajo realizado por la oficina a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos sistematiza, procesa y analiza la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales de todo el país que intervienen en este tipo de procesos.

Entre las principales conclusiones respecto del proceso de juzgamiento de estos crímenes durante 2020, la Procuraduría explica que “más allá de la situación excepcional de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO), persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”. Entre otros datos, indica que el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.

Asimismo, pone de relieve que “disminuyó el total de sentencias dictadas durante el 2020 respecto del año anterior [de 22 a 9], y el número de personas detenidas” (863 en la actualidad) y que “se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante”. El 74 % de las personas detenidas (unas 638) transita la detención en su domicilio, lo cual implica que las personas detenidas en cárceles y otros establecimientos suman 225.

De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Las causas

En relación con las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, la Procuraduría puso de relieve:

  • Al 4 de diciembre de 2020 se registran un total de 623 causas en las que se han investigado crímenes contra la humanidad.
  • De las 250 sentencias dictadas desde 2006, 173 de ellas (un 70 %) posee alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, lo cual significa que no se encuentran firmes. Al menos 101 recursos se encuentran a la espera de resolución en el máximo tribunal del país; involucran a 150 personas en 39 causas.
  • La caída en la cantidad de sentencias durante 2020 “podría analizarse por la situación excepcional en la cual se decretó el DNU 260/20 que estableció el ASPO, sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso -en los casos de juicios que tramitan bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal (ley 2372)- que no iniciaron durante el 2020 (10), el descenso hubiese sido similar al año 2018”, cuando se dictaron 18 sentencias en todo el año, lo cual contrastó con las 27 de 2017.
  • Durante el ASPO, se suspendió el debate en 12 causas y se reanudó en 11.
  • Existen 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia: 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y sólo 2 de ellas tienen fecha de inicio para 2021. Ello implica que “además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido”, indica el informe.
  • El resto de las causas, unas 280, se encuentra en instrucción, “un número estable en todo el período” de 14 años entre 2006-2020: en 9 de ellas se dispuso la elevación a juicio y en 13 el MPF formuló requerimiento de elevación a juicio. Respecto de estos últimos números, son “los niveles más bajos registrados desde 2015”, señala.
  • En relación a las causas en instrucción, “el informe estadístico es demostrativo de que el volumen de causas que se encuentran en etapa de investigación por crímenes de lesa humanidad requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible”, valora la Procuraduría.

Las personas

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, desde 2006 a la actualidad 3448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad. En ese universo se encuentran incluidas las 1013 condenadas y las 164 absueltas.

Hasta el 4 de diciembre del año que culmina, obtuvieron sentencia 58 personas, de las cuales 51 fueron condenadas y 7 absueltas. De esta forma, se “consolida una tendencia descendente desde el 2017, año en el cual quienes resultaron sentenciados/as fueron 234. En 2019 las personas sentenciadas habían sido 95 y 108 en 2018”, precisa.

Mientras tanto, “continúa siendo alto el número de personas que aún no han obtenido sentencia”, dado que 628 se encuentran procesadas y 176 con falta de mérito. Otras 614 tienen pedido de convocatoria a prestar declaración indagatoria, mientras que 39 fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.

Otras variables relevantes están expresadas en los siguientes guarismos:

  • Son 276 las personas condenadas con al menos una sentencia firme, y 24 las absueltas: 27% y 15% del total en cada caso, respectivamente.
  • A lo largo de este año fallecieron 36 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. En todo el país se registran 29 prófugos.
  • De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Los plazos

De acuerdo con el estudio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y el dictado de la clausura de la instrucción por parte del juez es de 5 meses. Desde la elevación a juicio hasta el veredicto, pasan 2 años y 4 meses en promedio. Y entre la sentencia del tribunal oral y el último fallo de la Corte Suprema pasan 3 años y 7 meses en promedio.

En torno a las demoras en la conclusión de los procesos, la Procuraduría regresa en el informe 2020 sobre el concepto de “espiral recursivo”, el cual desarrolló en su balance correspondiente a 2019. Ese concepto tiene que ver con la práctica que ordenó el sistema de reenvíos desde la Cámara Federal de Casación a los tribunales orales para que dicten una nueva sentencia sobre los puntos casados. Ello implica que la nueva sentencia de los TOF sea pasible de un nuevo recurso y consecuente revisión por el máximo tribunal penal, estirando el trámite del proceso.

Fuente: fiscales.gob.ar

En la Unidad Penal de Saavedra los internos conviven hacinados y prolifera la Covid 19. Así lo denunció uno de los detenidos, Gustavo, quien contrajo el virus y recién fue aislado cuatro días después de los primeros síntomas.

Tras una presentación de su abogado, el interno fue trasladado a un aula de la escuela del penal con otro interno. Sin embargo, comparten baño con otras catorce personas contagiadas.

Gustavo dijo a FM De la Calle que, a pesar de que no los hisoparon, se siente “bien” aunque tiene dolor de cabeza y náuseas.

“Tratan de taparlo pero la gente se va contagiando igual”, señaló.

En un pabellón con capacidad para sesenta personas hay 120. Muchos internos con prisión preventiva solicitaron la detención domiciliaria pero la Justicia rechazó los pedidos. Si bien para salir del pabellón tienen que utilizar barbijo, adentro se comparte el mate y escasean las medidas de higiene.

“Dentro de los pabellones hay gente de riesgo, diabética, no les dieron bolilla. Gente de más de setenta años, con discapacidad, hay una persona con bastón que camina muy dificultosamente”, agregó.

Señaló que luego de hablar con su abogado comenzaron a suministrarle la medicación requerida. “Acá hay cero derechos humanos, esto es culpa de la Justicia que tiene que descomprimir las cárceles. No les importa la vida del preso”, finalizó.

¿Para qué sirve el cuerpo de las mujeres? ¿Sólo para procrear y ser cuidadoras? ¿Para el goce sexual y visual de los hombres? ¿Para vender productos y fantasías? No y no. Con sus cuerpos mujeres, jóvenes y niñas pueden (y deben) jugar, correr, abrazar, entrenar, transpirar, relatar historias y aventuras.

Negar el derecho a abortos legales, seguros y gratuitos era persistir en el mandato que el cuerpo a la mujer no le pertenece. Era continuar ese concepto de que un cuerpo gestante es de la sociedad y el sistema capitalista que lo utilizan para reproducirse y multiplicar desigualdades e injusticias.

Y fue así como el mundo del deporte fue alejado durante décadas del alcance de mujeres y disidencias con deseos y habilidades para ser protagonistas tanto en el juego, entrenamientos y competencias, como en planos dirigenciales, arbitrales o en diversas profesiones en torno a ámbitos deportivos.

Camila Recalde es periodista deportiva y comunicadora feminista. Ella fue parte de la transmisión especial de FM De la Calle en la jornada histórica en la que se debatió y aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el último 29 de diciembre en Plaza Rivadavia. Con ella conversamos sobre los derechos y desafíos que se amplían desde ahora.

“Debatir esta ley, es hacer explícito el derecho que tenemos para decidir sobre nuestros cuerpos. Que nuestras voces sean escuchadas y nuestros deseos respetados. En el deporte se hace muy notoria la falta de pluralidad de voces de género y disidencias. En Bahía Blanca somos solo dos las mujeres que hacemos periodismo deportivo en radio. Junto a Fabiola Natalio, durante mucho tiempo trabajamos y nos formamos para estar a la altura de cualquier tarea relacionada a esta profesión. Sabemos que hay muchas mujeres capaces de ser parte de coberturas y transmisiones deportivas y no son convocadas para estar frente a la cámara y a los micrófonos. Hay mucho potencial acá, pero permanece esa mirada patriarcal sobre qué podemos o no hacer”, explicó Recalde.

Por deporte… y deseo

Jugar, entrenar, competir y ser protagonista del deporte es un poder más construido desde los feminismos. Animarse a sentir en los cuerpos todas esas sensaciones que fueron negadas durante décadas era impostergable. Sin embargo, el periodismo deportivo avanza muy lento hacia una perspectiva de comunicación más democrática.

“Es muy difícil hablar de perspectiva de género en la comunicación cuando las mujeres y disidencias no estamos en los medios, cuando nuestras voces no son escuchadas para contar lo que nos pasa o sucede alrededor. Surgen varios problemas allí, sobre todo en el modelo de medios hegemónicos, que nos guste o no, es más masivos. En esos espacios sigue existiendo discriminación y violencias. Creo que con diálogo, capacitaciones y ejemplos de trabajo cotidiano podremos construir otra comunicación más inclusiva”, aseguró la periodista.

Y fue más allá: “Busqué relacionar aborto y deporte en noticias o crónicas publicadas y de eso no se habla. Hay algunas periodistas o deportistas que se proclaman a favor de ley IVE, pero enseguida salta la implicancia de hacer actividad física con los riesgos de abortar. Y ahí otra vez aparece la estigmatización y la desinformación”.

Nos fue censurado el deporte, como palabra y ejercicio. Y se nos había negado transitar las experiencias corporales que a su vez, nos enseñaban a tener conciencia de nuestros derechos para decidir cómo nos queremos ver y qué queremos para nosotres. Hoy la deconstrucción que muchas realidades reflejan está pariendo nuevas oportunidades, merecidas conquistas y necesarias transformaciones en tal sentido.

Camila, integrante además de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, fue contundente: “Ojalá el periodismo deportivo pueda estar a la altura, y sus masculinidades (algunas lamentables cómplices de violencias que se perpetúan) tengan la voluntad y sabiduría para revisar sus privilegios y correrse del centro de la cancha. Tenemos derecho a jugar y a contarlo. Podemos discutir sobre fútbol o cualquier deporte, estamos capacitadas para ocupar cualquier rol profesional: relatar, comentar, entrevistar, y además pensamos estrategias deportivas como política de cuidado e inserción social y laboral”.

Camila Recalde y Fabiola Natalio. Foto: Ayelen Angerami.

Nos mueve el deseo amoroso que condena la clandestinidad y el individualismo. Queremos libertad y salud para todas las personas gestantes. Para que puedan gestar sueños, proyectos, dudas y revoluciones, además de embriones. Gestar la vida que deseen vivir. Con cicatrices y triunfos elegidos. Como derecho conquistado y destino merecido.

Y no podríamos expresarlo mejor que Tamara, militante de Las Martas Fútbol feminista888… “En el jugar hay una potencia hermosa y en el juego colectivo esa potencia se vuelve infinita. Si le agregamos jugar a algo donde se suponía que no debíamos estar nosotras, si le agregamos que nuestros cuerpos ocupen (desde el deseo y el placer) espacios pensados sólo para hombres, la combinación conlleva una irreverencia imparable. El fútbol jugado por mujeres es fútbol feminista y eso es revolucionario. (…) Que las canchas y la vida toda, sean nuestras”.

Que la comunicación y el periodismo… también.

888 Declaración publicada en el libro Feminismo para Jóvenas, editorial Chirimbote.

Será este jueves en un acto que encabezará el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. La ley amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.

Entrará en vigencia nueve días después de su publicación en el Boletín Oficial.

La ceremonia, prevista para las 18.30, reunirá a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladoras/es y funcionaries.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue convertida en ley por la cámara alta el 30 de diciembre pasado, con 39 votos favorables y 29 en contra.

En el acto, el jefe de Estado también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1.000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado.

Argentina contaba con una ley casi centenaria que exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.

Ahora, las mujeres podrán un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.

En tanto, el plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

La IVE tiene como eje central la consagración del “derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género a decidir la interrupción del embarazo” en los servicios del sistema de salud “en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento”.

Fuente: Télam.