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“Está claro y acreditado que hubo un apriete a personas para que no investiguen, para que se callen, hay 19 personas amenazadas. Hay un desvío para no llegar a las fiestas que hacían los personajes del poder, con patovicas de Arenas y otros boliches con chicas de extrema vulnerabilidad”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia de Katherine Moscoso, Leandro Aparicio.

Días atrás la familia de Kathy presentó un escrito de 325 páginas en el cual denunciaron a 21 personas por la “probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías”.

La denuncia será tramitada por la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul. Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios.

“Planteamos en la denuncia quiénes son los autores del encubrimiento porque una vez que aparece el cuerpo se organizó todo para matarlo a Canini, o dejarlo matar, y permitir el incendio de los edificios y de una casa particular donde estaban las filmaciones que comprometían a quienes podían a haber matado a Kathy”, mencionó Aparicio.

Agregó que “antes de que aparezca el cuerpo de Canini todos los inspectores del centro de monitoreo fueron amenazados. El fiscal Del Cero, mal y tarde y dándole ventajas a las personas, hace allanamientos a fines del 2017 y habla de asociación ilícta, habla de policías. Hace eso para cumplir y después se va. Viego aparece desde un plato volador y me dice que cuando yo hablo de asociación ilícita soy un irresponsable”.

La investigación señala que Katherine Moscoso ingresó al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso y con los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell, y David “Kun Kun” Tello. Y luego se dirigieron a la casa de Sergio “el Pelado” Sánchez en el barrio El Sauce”.

“Todos mienten, hay varias páginas donde se prueba que mienten. No es el único femicidio el de Katherine, no es la única chica violada en Monte, hay chicas desaparecidas que se quieren tapar. No solo se encubre a quien mató a Kathy, sino todo el trasfondo de droga, narcotráfico y chicas explotadas”, finalizó el abogado.

El Tribunal Criminal N°1 rechazó el pedido del defensor de Pablo Cuchán, Maximiliano De Mira, quien realizó la solicitud pidiendo que se valorara que tiene una hermana con discapacidad a quien se le dificulta concurrir al establecimiento penitenciario y que la madre tampoco puede ir por cuestiones de salud.

La decisión se basó en el dictamen desfavorable que se encuentra fundado en el informe psicológico que se produjera respecto del femicida de Luciana Moretti.

Ese informe psicológico señala que es incapaz de efectuar autocríticas, en particular, en relación con sus acciones conflictivas.

Asimismo, se destaca que resulta impulsivo, concluyendo que “nos encontramos frente a un sujeto con una clara tendencia a la manipulación y una personalidad de orientación narcisista con marcados rasgos de inmadurez e infantilismo. Cuchán ha ido ocupando en la dinámica familiar un lugar de privilegio que de alguna manera le sostiene y facilita ese lugar de omnipotencia y egocentrismo a lo largo del tiempo, justificando sus conductas transgresoras impidiendo de esta forma la adquisición paulatina de responsabilidades más adultas”.

Cabe destacar que el Fiscal Marcelo Romero Jardín se había opuesto en su momento a dicha solicitud porque, además Cuchán, había violado anteriormente las reglas de conducta lo que originó que se revocara el beneficio.

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia solicitó a las instituciones del sector informes sobre las acciones llevadas a cabo para proteger derechos de niños, niñas y adolescentes con situaciones de vulnerabilidad durante el aislamiento.

“Queremos manifestar que nos ponemos a disposición dejando en claro que todos tenemos que ver con esto. Queremos saber bien cómo están funcionando, desde hogares de abrigo hasta el servicio alimentario. En esos ámbitos hay reducción de personal, es un sector invisibilizado, el sistema de protección y promoción tenía sus dificultades y en este momento de crisis se profundiza”, dijo a FM De la Calle Vanina Fortunatti, coodinadora del organismo asesor.

Los pedidos de información fueron dirigidos a Juzgados de Familia, el Servicio Zonal, el Consejo Escolar y la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia respecto de la reducción y licencias de personal en hogares proteccionales y servicios sociales, decisiones vinculadas a niñes bajo medidas de abrigo, cómo se está implementando el Servicio Alimentario Escolar y acerca de la escolaridad y el acceso a internet.

“Hay que darle la importancia que eso necesita, es un debate pendiente. ¿Qué pasa con los niños con derechos vulnerados? No solo los que están en su casa sino los que no están con su familia, los que esperan la adopción. Queremos gestionar un espacio que se encargue del tema”.

En relación a los talleristas del Programa Envión mencionó que “había una situación de cuatro contratados que habían sido suspendidos pero fueron desplazados a dispositivos de Niñez porque hay una reducción de personal. Hay una cuestión salarial de Envión con precarización que viene desde antes de esto. Estos sistemas de contención, para lo que está sucediendo, son sumamente importantes. Envión en es un programa para sostener en este momento”.

Por último, Fortunatti comentó que “hay sectores donde hay que ver cómo llevar el aislamiento. En sectores de bajos recursos no sé si el tapaboca y las cuestiones de higiene pueden respetarse. El encierro en muchos niños lógicamente es complejo, puede tener consecuencias, podemos tener una mirada pero la decisión se toma en conjunto con quienes tienen que tomar las decisiones”.

El Concejo Deliberante aprobó las emergencias en el servicio de transporte público de pasajeros, la económica y alimentaria. También se fijaron nuevos criterios para la inhumación para personas fallecidas por causa comprobada o probable de COVID-19.

“La emergencia de transporte que proponía Gay era cualquier cosa, planteaba resolver cuestiones posteriores a la emergencia. Querían prorrogar las concesiones de líneas de colectivos por dos años más. Por suerte primó un mínimo de sensatez, fue un lance que se tiraron a ver si pasaba”, dijo a FM De la Calle el concejal Gustavo Mandará.

La emergencia será por 90 días -a diferencia de los 180 planteados en el proyecto original- con la posibilidad de prorrogarla 30 días. Se otorgó, además, permiso a los transportes escolares para realizar de manera excepcional y durante el tiempo que dure la emergencia, el traslado de personas y/o transporte de bienes y servicios.

Respecto a la Emergencia Alimentaria, el edil del Frente de Todos señaló que “es una herramienta que le estamos dando al intendente para resolver un problema que tenía, porque si no hay organizaciones sociales, ONG`s, parroquias dando una mano, no se podía resolver. El Municipio no sabía qué hacer. Pusieron un mail, si tiene hambre mande un mail”.

Por último, en relación a los cambios respecto a la inhumación de personas fallecidas por Covid 19, Mandará comentó que “se recomienda la cremación de cuerpos. Para el caso que no se pueda cremar, sea por una cuestión de religión, de objeción de conciencia o una cuestión operativa, se permite la inhumación en tierra con algunas condiciones. Lo que no se permite es que sean inhumados en nichos, panteones o bóvedas. No puede haber velatorios, tiene que ser algo escueto y rápido”.

Me llamo Ezequiel Moscoso y soy tío de Katherine Moscoso, quien fuera asesinada, enterrada viva cuatro o cinco días antes de su aparición ocurrida el 23 de mayo de 2015 en Monte Hermoso.

Como ya lo hemos dicho, después de solicitarlo desde mayo de 2016 al fiscal, el 21 de mayo de 2018 solicitamos el legajo reservado a la sra. jueza de Garantías junto con un análisis del expediente hasta allí, denunciando también distintas irregularidades sin todavía tener conocimiento de las irregularidades que obraban en el legajo reservado.

Después de solicitarlo al procurador de la Provincia de Buenos Aires, el 26 de junio de 2019 volvimos a pedir vista del legajo reservado. Recién en el mes de julio de 2019 tuvimos acceso al legajo reservado.

El 2 de octubre de 2019 denunciamos las amenazas a 18 testigos y solicitamos declaración testimonial de 29 testigos.

El 8 de abril de 2020, junto con mi mamá Marta Angeliza Mesa y nuestro abogado, denunciamos penalmente, en un escrito de 325 páginas presentadas en soporte virtual ante el procurador general, a 21 personas. Entre ellos fiscales, ex instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales. Fue por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado; sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías.

Al día siguiente, 9 de abril, ampliamos la denuncia solicitando la detención de dos comisarios por nuevas pruebas recibidas.

El 21 de abril pedimos la detención de una persona, aportando más pruebas, buscadas por nosotros, las víctimas.

Desde la Procuración le comunicaron a nuestro abogado que la denuncia primigenia quedó radicada en el Departamento Judicial de Azul. Además, se mandaron actuaciones al área de control disciplinario para que investiguen la conducta de los funcionarios del Miniterio Público denunciados (fiscal general, fiscales y letrados).

La hipótesis de la querella es que Katherine Moscoso fue asesinada por personas vinculadas al poder político de Monte Hermoso y que tuvieron la posibilidad de encubrir el crimen, direccionar la investigación por medio de policía de Monte Hermoso en los primeros tres días, direccionar y encubrir a los verdaderos culpables los días posteriores a través de la Policía Departamental (DDI), borrar la mayoría de las pruebas que pudieran incriminarlos, incluyendo para ello, la planificación de un linchamiento a una persona a quien previamente se lo sindicó intencionalmente como sospechoso y, al unísono, incendiar la Comisaría y distintos lugares públicos y, por sobre todo, aquellos donde se encontraban imágenes que pudieran comprometerlos. Simultáneamente, el sábado 23 sobre las 20 horas), amenazar a los inspectores de tránsito que pudieran haber visto algo en las cámaras durante la semana del 18 al 23 de mayo de 2015 y direccionar en un primer momento la imputación hacia la amiga de la víctima, una chica con retraso mental, la única procesada en la causa y quien no tiene la capacidad para matar a Katherine, lavar su cuerpo, esconderla, hacerla aparecer, organizar y planificar el homicidio de Canini y los distintos incendios que ocurrieron para lograr su impunidad.

Todo esto pudo ser ejecutado por una asociación ilícita de policías, funcionarios municipales -entre ellos ex policías como Ricardo Triches, recordado por el caso de Natalia Melmann de Miramar, quien era secretario de Seguridad de Monte Hermoso- y de instructores y fiscales, de quienes detallamos en las presentaciones realizadas.

Las pruebas que presentamos nos permiten afirmar que Katherine Moscoso ingreso al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso, y los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell y David “Kun Kun” Tello.

Otras pruebas indican que estas cuatro personas estuvieron con la víctima, yendo para el Sauce a una casa llamada “La Erica” con la colaboración de Sergio “el Pelado” Sánchez.

Los nombrados mintieron cuando afirmaron no haber hablado con la víctima en el boliche, cuando varios testimonios dicen lo contrario, brindaron versiones contradictorias sobre muchos aspectos de la noche y de la semana posterior al hecho y, por sobre todo, del conocimiento con el señor Sergio Sánchez, el “Pelado” del Sauce, propietario del sitio donde se encontró ADN de la víctima, en unos palos de su patio y en su camioneta el día martes 26 de mayo.

La camioneta fue incendiada intencionalmente en el incendio contra la Comisaría de Monte Hermoso ocurrido horas después de que el cuerpo de la víctima fuera “plantado” por policías en complicidad con bomberos, oportunamente denunciados en la presente.

Estamos convencidos que nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad de los distintos fiscales denunciados.

A casi cinco años ya del asesinato de Katherine pedimos justicia!!!!!

La mujer que denunció por abuso sexual al cura católico Mauro Enrique Cantanhede Ferreira contó a FM De la Calle que la causa judicial no registró avances y que continúa sufriendo presiones mediáticas y de integrantes de la comunidad de la Parroquia San Roque.

El 13 de noviembre se presentó en la Comisaría de la Mujer. Luego declaró en Fiscalía y, desde entonces, está a disposición de la justicia. Sin embargo, las pericias fueron programadas recién para este mes y finalmente suspendidas por la feria. Tampoco se peritaron pruebas materiales como celulares, mensajes, fotos, videos y correos electrónicos.

En una extensa entrevista, la cual puede escucharse en el audio que acompaña esta nota, la víctima señaló que hay otros dos casos de abusos de chicas que no se animaron a denunciar. “Cuando me enteré dije no soy solo yo, hay otras. Él sabía que no iba a poder hablar, no necesitaba ponerme un arma en la cabeza para que yo haga o diga una determinada cosa”.

La joven manifestó que en primera instancia no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría: “Me decían que vaya a Fiscalía, que se movía mucho más rápido. Sin embargo, la hice. En Fiscalía me tocó hacer la ampliación y fue revictimizante por el tipo de preguntas que me hicieron. ¿Vos sabés si tiene una contextura diferente? ¿Si es más flaquito? ¿De qué manera te amenazó? Un abuso no se da si a vos te gusta o no o si la persona es más flaquita que vos, tiene que ver en el poder que ejerce sobre uno”.

A pesar de las recomendaciones en sentido contrario, la mujer decidió avanzar también en la búsqueda de justicia en el ámbito eclesial. Los juicios canónicos son procesos institucionales donde autoridades de la Iglesia Católica escuchan a la víctima y deciden -sin ninguna garantía ni devolución hacia ella- si corresponde sancionar o no al acusado. Las “condenas” van de “castigos espirituales” a la excomunión. Aunque la historia suele terminar en algún archivo secreto.

“El proceso eclesiástico quedó detenido. Me llamaron a declarar en una habitación chiquita, yo sola, con un cura de Italia especialista en derecho canónico y el padre hindú era el notario, es el que oficia misa en San Cayetano y San Roque. Me hicieron preguntas tremendas porque fue relatar todo nuevamente”.

“Hablo de vulneración de derechos porque no te permiten acompañamiento del abogado, en este caso sabían cómo estaba yo, no me dejaron entrar ni con psicóloga, ni psiquiatra, ni acompañante. Salí muy mal, temblando. Lo único que se me dijo es que se iba a analizar si dejan todo archivado o no”, relató sobre la audiencia realizada en la Curia bahiense.

Agregó que contó “todo delante del obispo, llegué a mostrarle las imágenes y conversaciones que me mandaba y él mismo obispo se tapaba la cara. No creo que la conducta se haya dado solo conmigo. Evidentemente si la iglesia lo respalda, está respaldando este tipo de conductas. Por eso digo que no quiero que le pase a más nadie, no quiero que nadie más salga dañado”.

Para la denunciante notas como la publicada semanas atrás por La Nueva en abierto apoyo al párroco cuando aún ni siquiera se realizaron las pericias a víctima y victimario, son un mensaje para acallar a otras personas abusadas.

“Las notas diciendo que él va a seguir siendo cura, que él sigue siendo normal, que ya va a poder hablar… para quienes fuimos víctimas es tremendo. Y para quienes no denunciaron les da más miedo, esa sensación de impunidad, de que si hablan no va a tener sentido. Sumado a que con esto del encierro yo tengo que estar 24 horas donde ocurrió el hecho”.

La mujer recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico: “Duermo pocas horas y me despierto con pesadillas donde vuelvo a revivir esto. Vivo con miedo constante, cualquier estímulo que vea en una imagen, un sonido, una sensación táctil me da miedo, asco, me quiero bañar y sacarme la sensación de asco y suciedad. Quiero que esto se sepa para que se pueda actuar y que reciba la sanción necesaria, a nivel de la justicia y de la iglesia”.

“Las librerías de revoltijos tienen ese encanto de ritual de no ir a buscar un título puntual sino a ver qué encuentro. Eso es más complicado desde lo digital, ¿cómo hacés para compartir todo lo que está en una mesa de saldos? Pero se sustenta con promociones o compra futuras, se hizo mucho, una especie de cheque-libro para que cuando abramos lo utilicen”, dijo a FM De la Calle Emiliano Vuela, fundador de La Masmédula.

En el Día Internacional del Libro y transcurrido más de un mes de aislamiento, el docente y librero comentó cómo se las ingenian para resistir a la crisis económica y acercar la literatura a las casas de las lectoras y lectores bahienses.

“El libro, si bien nos gusta, no es una prioridad frente a la comida o la ropa y se transforma en lujos que se pasan para más adelante. Sumado al aumento de precios de libros nuevos”, afirmó.

Respecto a la vuelta del Plan Nacional de Lectura mencionó que “la compra de libros mueve y reactiva a las librerías. A nosotros ser una librería de usados nos permite tener otros precios. Si bien las compras de CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) no nos toca sino que apunta a las editoriales, que una editorial pueda vender libros implica una baja en los costos y eso nos llega. Las compras a nivel Estado mueven el mercado”.

La Masmédula pertenece al rubro de las librerías que hacen una “selección de material”. “No hacemos compras masivas, en un principio a criterio de Diego (Rosake) y mio, que somos los dos socios, y después vas conociendo el gusto de quienes vienen. Hay mucho coleccionista que busca primeras ediciones o un libro firmado por el autor, eso a mí me parece emocionante”, aseguró.

(Por Sabrina Guerstein, Natalia Aguilera y Luciana Colla) El siguiente texto es producto de charlas y reflexiones que tuvimos (y seguimos teniendo) un grupo de docentes que trabajamos en distintas escuelas secundarias de la ciudad, que giran en torno a una temática siempre presente en nuestra práctica: el rol de la escuela en la sociedad actual.

Con el cambio rotundo de contexto ante la pandemia de coronavirus, el cierre de los edificios educativos y el decreto de aislamiento preventivo y obligatorio, estas reflexiones adquirieron un protagonismo renovado. La decisión de las autoridades de continuar con las clases de manera virtual nos enfrentó desde el primer día con un montón de dificultades de todo tipo.

En cada escuela se eligió una plataforma distinta para comunicarse con el alumnado: en algunas Facebook, en otras Classroom, mail, WhatsApp. Y en las privadas, videoconferencias por Zoom, Meet y Hangouts. Lo primero que notamos fue la dispar recepción de la propuesta virtual entre lxs estudiantes. Hubo cursos en los que la mayoría de ellxs entregaban los trabajos, pero en otros, solo una minoría lo hacía. En los grupos de WhatsApp de las escuelas (públicas), las directoras y preceptoras empezaron a alertarnos: muchas familias no tienen celular ni wi-fi; y a los pocos días: muchas familias no tienen para comer. Así, nos empezó a preocupar también la forma en la que esta situación agranda la desigualdad educativa ya existente.

Y sí, estamos un poco desconcertadas. No es para menos: la cantidad de canales para comunicarse con lxs alumnxs de un mismo curso, aumentó exponencialmente pero paradójicamente nos sentimos “lejos” de ellos. Hay muchxs con quienes no pudimos siquiera establecer contacto.

Pero con el tiempo la pregunta que nos empezamos a hacer cada vez con más fuerza es PARA QUÉ: ¿Puede seguir siendo el mismo el objetivo de las tareas que les damos a los chicos que en un ciclo lectivo normal? ¿Estamos enseñando contenidos nuevos? ¿Estamos evaluando saberes? ¿Estamos conteniendo y acompañando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué deberíamos hacer?

Y rompiéndonos la cabeza sobre estas preguntas que tanto nos interpelan, nos dimos cuenta de que ninguna autoridad dijo absolutamente nada al respecto. Nos dijeron: “los edificios cierran pero las escuelas siguen enseñando” Pero no nos dijeron cómo, qué o para qué. Por parte del mismo ministro Trotta hubo declaraciones y contextualizaciones genéricas, pero difusas y hasta contradictorias. Por eso mismo, esas declaraciones resultan ser de escasa utilidad y de un gran contraste con la realidad y el descontrol que se estaba (y se está) viviendo. No hay claridad, no hay objetivos, no hay métodos, no hay dirección, no hay presupuesto extra.

Muchos equipos directivos están haciendo lo imposible por contener esta situación tremenda, haciéndose cargo de todos los frentes: las familias que no tienen para comer, la inspección, la incertidumbre y los sueldos de lxs docentes. Buscan la mejor manera de acompañar al alumnado. Y nosotrxs estamos haciendo lo que podemos, según lo que nos parece mejor. Porque ante la ausencia de una política global, recayó sobre el criterio de cada docente en forma individual la responsabilidad de decidir qué estrategia tomar para realizar esta continuidad. Este hecho nos resulta triste, grave y negligente. La heterogeneidad de situaciones producto de esta no-política incrementará el caos que cuando toque volver a las aulas, pero sobre todo aumenta la desigualdad educativa de la que hablábamos antes.

Como si las problemáticas planteadas hasta acá no fueran suficiente ya, en la semana comenzó a circular una noticia entre las escuelas: “vayan viendo cómo evaluar este primer trimestre”, ultimaron los directivos. “¿Queé?” -dijimos nosotrxs-. Pretenden que el calendario escolar continúe exactamente igual, como si nada hubiera pasado, como si fuera un año normal, como si pudiéramos establecer un vínculo cotidiano y genuino con el alumnado. Las autoridades educativas se desentendieron de ponerse al hombro la definición de la forma que adquiriría la educación en este período, pero nunca se van a desentender de la exigencia de cumplir con los tiempos formales, los “180 días de clase”, la entrega de papeles inútiles, las formalidades. Esto pone en evidencia más que nunca que la burocracia se fagocitó a cualquier sentido que pueda tener la educación en cualquier contexto. También da cuenta de la importancia que tiene para algunxs mantener intacto cascarón, sin importar lo que haya adentro. Al punto de plantear la continuidad virtual sabiendo que un sector muy importante de la población no tiene acceso a internet, al punto de difundir la entrega de cuadernillos impresos (que en muchos casos ni siquiera han llegado) como la solución que viene a salvar esta desigualdad cuando justamente lo que hace es lo contrario, ensancharla.

Y no solamente estamos a la deriva y cargados de incertidumbre. Lxs docentes también sufrimos un desproporcionado aumento de nuestra carga laboral. Debemos adaptarnos a las exigencias y ritmos de trabajo que cada escuela, curso y contexto nos imponen; nos vemos en la obligación de aprender en tiempo récord y muchas veces sin ayuda a utilizar diferentes aulas virtuales y plataformas; debemos planificar, adaptar y reelaborar absolutamente todo de nuevo (pues lo que teníamos preparado para la presencialidad no sirve para la modalidad virtual); tenemos que hacer lo imposible para lograr comunicación con el alumnado: ver qué pasa, por qué no responde, probar por otro medio, avisar en la escuela… También contenemos a nuestrxs alumnxs, nos preocupamos si no comen y nos organizamos para que puedan comer, elaboramos y entregamos informes, planillas, planificaciones, notas… Estamos frente a una computadora o celular todo el día, utilizando y pagando nuestros propios recursos e insumos, a merced de la hiperconexión.

En suma: esas variables que de por sí jamás son reconocidas en nuestro salario en épocas de trabajo ordinario, se profundizan enormemente en este estado de excepción volviéndose, lisa y llanamente, una situación de explotación.

Incluso sentarnos a pensar nos fue difícil: ¿cómo encontrar el momento para sistematizar y traducir por escrito esto que nos atraviesa en medio de tanta vorágine? Sin embargo, desde nuestra práctica docente, conociendo de primera mano la importancia que tiene la educación pública para el presente y el futuro de nuestrxs alumnxs, consideramos que no podemos darnos el lujo de omitir un debate serio. Políticas claras que definan cómo acompañar a los estudiantes durante esta pandemia apremian. Desde ya, no alcanza con la directiva “educación virtual” y con esporádicas salidas en radio o TV para mostrar preocupación. Sin un compromiso real del Ministro de Educación y sus funcionarios no hay política integral posible.

Una de las conclusiones centrales de la investigación para conocer para qué y con quiénes se endeudan los sectores populares de la ciudad refiere al rol preponderante de las mujeres en el sostenimiento de las economías familiares. Esta realidad conduce a que sean ellas quienes en primera instancia toman los créditos para invertir en consumos básicos como la compra de alimentos.

El documento, elaborado por  el economista Francisco Cantamutto y les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez señala que contra todo pronóstico o falsa idea de empoderamiento, la deuda contraída por las mujeres solo intensifica la precariedad estructural de las condiciones de vida que conduce, únicamente, a resolver lo urgente.

Debido a que la responsabilidad del cuidado de les hijes recae sobre la figura materna, son ellas las principales tomadoras de deuda a través de los créditos de la ANSES que luego serán descontados de los montos de AUH que perciben.

“Casi siempre las que se endeudan son las mujeres porque son las encargadas de llevar adelante la economía del hogar. No porque sean quienes ingresen plata al hogar, sino porque son quienes la manejan”, comentó Macarena Santamaría, integrante de Ser Comunidad.

Por su parte, Jorge Cascallar, coordinador de Envión, comentó que “las mujeres son las primeras que se endeudan. Los hombres son los que se deprimen si no consiguen trabajo por la cuestión del machismo. Las mujeres han estado 4 o 5 días sin volver a la casa para buscar trabajo debido a que se hace posible sustentar el pasaje del colectivo todos los días que hoy sale $40. Esta situación implica no poder comer, bañarse ni estar con sus hijos”.

Desde el Programa Nacional de Primera Infancia señalan que “estos créditos que sacan muchas veces son para comprar alimentos o para comprar útiles escolares para sus niños o niñas. O para estas tareas que se derivan de la responsabilidad de cuidar a un hijo o a una hija”.

El informe reconoce que “en los barrios la mayor parte de los hombres participan del mercado laboral, insertos en oficios de baja calificación, con formas precarias de contratación y escasa continuidad. Las mujeres tienen una inserción menor en el mercado laboral, debido a su carga en las tareas de cuidado en el hogar, pero participan de la búsqueda. En Bahía Blanca, mostraban para 2019 una tasa de actividad un tercio más baja que los hombres”.

“En la mayoría de las familias, si se tiene una pareja, es el hombre el que trabaja más y generalmente él trabaja en el ámbito de la construcción. Él es el que hace changas, mientras que la mujer es la que se queda en la casa haciendo las tareas domésticas, cuidando a sus hijos, y al no estar remunerado eso, ellas no tienen un ingreso. Pero sí son quienes manejan la economía de los hogares. Es más, si te tendría que tirar un número, diría que el ochenta o noventa por ciento de las personas que van a tomar créditos para materiales de construcción (que es lo que nosotros brindamos) son las mujeres. Ellas se acercan porque tienen tiempo, ellas son las que tienen la iniciativa aunque quienes después encaren la construcción sean los varones. Ellos lo encaran porque son los que tienen el conocimiento y la práctica en este rubro”, afirmó Santamaría.

En último lugar, las mujeres son quienes se encargan de resolver el abasto cotidiano y los cuidados, y por lo mismo, son las que más circulan por los barrios, son más conocidas. “Esto compone un vínculo más sólido, que habilita fuentes de crédito basadas en la reputación”.

“El hombre está menos acostumbrado y le cuesta más el hecho de no tener trabajo. En cierta forma creo que lo sufren más, les da más vergüenza ya que la sociedad es muy machista. La mujer puede dejar el orgullo un poco más de lado o la vergüenza y salir a buscar una solución”, apuntó María Soto del Movimiento Evita.

Una mujer que está sufriendo una situación de violencia se ve condicionada a irse del hogar si es que es la titular o responsable de un préstamo. También son las mujeres las que primero restringen sus consumos, ‘dejo de comer para darle a mis hijos, dejo de compararme ropa o cosas personales para comprarle a los chicos’. Y, por otro lado, centra la discusión entorno a qué mundo habitamos, dado que es el propio Estado quien ejerce violencia económica contra las mujeres de sectores populares y las obliga a endeudarse mientras realizan doble o triple jornada laboral. Parafraseando a la investigadora Verónica Gago, la deuda organiza la obediencia.

El Movimiento Federal de Danza Bahía Blanca informó que muches de sus integrantes se encuentran en emergencia alimentaria y solicitó donación de mercadería para poder asistirles.

“La danza como la gran mayoría de los sectores de la cultura está en situación de informalidad y como todes los que no trabajan en blanco están desapamarados. La verdad que bastante desesperante”, dijo a FM De la Calle Guillermina Larrea.

Agregó que “a raíz de esta pandemia se entra en conciencia de la dificultad real que genera la informalidad. Antes no había números ni estadísticas, desde el Movimiento Federal de Danza hace 10 años que peleamos por la Ley Nacional de Danza”.

“Lo que nos urge es que hemos abierto una convocatoria, un llamado a trabajadores de la danza que se encuentren en emergencia alimentaria. Mediante conocidos logramos que desde el Frente de Todes, les legisladores, nos dieran la posibilidad de acercarnos 50 bolsones de alimentos y comenzamos a darles destino. Todavía nos falta un rango importante del espectro de trabajadores y nuestra necesidad de seguir recolectando alimentos también existe”, comentó Larrea.

Finalmente aclaró: “Nos dirigimos a los trabajadores más precarizados, las murgas, quienes enseñan zumba, en estas disciplinas que no son las más tradicionales como el flamenco o el floklore. Quienes se dediquen a la danza y al movimiento y lo estén realizando de manera informal que se comuniquen.

Para colaborar, comunicarse al 291 4751846

El endeudamiento de los sectores populares es una estrategia de supervivencia racional en un contexto de privaciones sistemáticas que busca la resolución del problema de subsistencia actual, independientemente de las dificultades futuras.

“En el transcurso del tiempo entre la toma de deuda y los pagos, no puede descartarse un cambio en el escenario laboral o de ingresos extraordinarios que facilite abonar el compromiso. Y en todo caso, ¿cuánto peor se puede estar?”.

Así lo plantea una investigación coordinada por el economista Francisco Cantamutto, de la cual participaron les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez.

El documento fue publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (Conicet-UNS) y es presentado públicamente mediante una cobertura colaborativa entre FM De la Calle y el Boletín Tramas.

El trabajo advierte que no debe considerarse que “las clases populares tomen deuda con la intención de no pagar. De hecho, más bien lo contrario, suele considerarse que entre la población con mayores carencias hay más probabilidades de cobro. Entre otros motivos, porque cuentan con su reputación y sus relaciones sociales como uno de los pocos activos que le permite tomar deuda”.

El informe refleja las opiniones de 17 personas que trabajan en 14 organizaciones con presencia en barrios de la periferia de Bahía Blanca. Algunas son vehículo de políticas públicas (programa Primera Infancia, Envión o el Fondo Solidario Rotativo de Materiales) o equipos oficiales encargados de su puesta en marcha, otras gestionan crédito solidario, tienen merenderos o comedores, emprendimientos productivos, se dedican a dar talleres, apoyo escolar u organizan espacios recreativos y artísticos. Los testimonios fueron recogidos entre el 10 y el 26 de marzo.

Los gastos de supervivencia y los ligados a mejoras marginales en las condiciones de vida fueron los más referidos, aunque también existió un grupo de motivos vinculado a la inversión en el funcionamiento de emprendimientos propios. Respecto de los acreedores, se identificaron 13 agentes, tanto privados como públicos, con diversos requisitos de acceso, montos prestables y tasas de interés.

Foto: Horacio Culaciatti (@horacioculaciatti) Otro parche! Y a por muchos rounds.

Les investigadores evidenciaron “el rol activo del Estado como promotor del endeudamiento popular por diversas vías, tanto directas como indirectas” y que “la responsabilidad en el deterioro de las condiciones sociales se conjugó con el impulso a la financierización de las necesidades”.

Resaltaron que las mujeres de las clases populares fueron “particularmente vulneradas por este proceso, debido a la carga de tareas vinculadas al ámbito de lo doméstico y los cuidados. Las mujeres han sido constituidas en las principales destinatarias del crédito, sin ningún tipo de vínculo con una idea de empoderamiento. Emergen así de la crisis sufriendo mayor precariedad”.

“La toma de deudas con diferentes actores es un recurso disponible, aprovechado de forma generalizada por las clases populares. Existe muy poca planificación del crédito en cuestión, siendo considerada una herramienta para resolver la necesidad actual. Los efectos posteriores del crédito (el pago, más concretamente) son problemas del futuro, que serán resueltos cuando se presenten. Ante la urgencia de la necesidad, que impide solventar el presente, el futuro es una quimera”.

¿Para qué se endeudaron?

La investigación detectó once motivos vinculados al financiamiento de gastos de supervivencia, mejoras en las condiciones de vida o para realizar inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios.

Gastos de supervivencia

  • Gastos cotidianos, especialmente comida.
  • Pago de las facturas de servicios públicos.
  • Pago de alquiler.
  • Gasto extraordinario, mayor al cotidiano, que puede ser estacional -como el inicio de clases, la llegada del invierno y la necesidad de calefaccionarse, o las fiestas de fin de año o para afrontar una eventualidad.
  • Mantenimiento.
  • Pago de otros créditos previos.

Gastos para mejorar las condiciones de vida

  • Para la compra de electrodomésticos, ropa y otros.
  • Para realizar mejoras o reparaciones en la vivienda.
  • Pago de terrenos.

Inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios

  • Compra de máquinas.
  • Compra de mercadería e insumos.

El informe sostiene que “la deuda en las clases populares se consolida como un mecanismo de empobrecimiento de segundo orden, que genera transferencias hacia los acreedores sobre un ingreso ya insuficiente”.

“Esto supone también un mecanismo de control social, que sirve para disciplinar a los sujetos endeudados: se toleran condiciones de vida y trabajo que de otro modo no serían aceptables, en aras de pagar sus deudas”.

¿Con quiénes se endeudaron?

Respecto a los acreedores, las personas entrevistadas coincidieron en que la ANSES es el organismo más reconocido. Un 80% de la población de los barrios populares tomó créditos para cubrir gastos de superviviencia o mejorar sus condiciones de vida. Casi la totalidad son mujeres beneficiarias de la AUH a quienes se les descuenta el pago mensualmente.

Foto: Horacio Culaciatti (@horacioculaciatti) os hilos de Cloto, Láquesis y Átropos.

Los bancos no tienen llegada, a diferencia de las casas de electrodomésticos que ofrecen compras en varias cuotas con pocos requisitos. Si bien estas son a largo plazo tienen un alto costo de financiamiento.

La falta de alternativas lleva al endeudamiento en casas de crédito, las cuales ofrecen dinero a sola firma aunque con altas tasas de interés. “Mayormente las mujeres son titulares de estos créditos con acuerdo o presión de sus parejas ya que muchas se emplean formalmente como trabajadoras domésticas o manejan la economía del hogar.

Otras fuentes son las familiares: permiten préstamos ágiles, sin formalidades, y son generalmente de montos bajos destinados a las compras cotidianas o, excepcionalmente, por ventas intrafamiliares de terrenos. El mediador político también suele ser requerido para financiar la compra de terrenos o materiales para la construcción.

La presencia del Municipio es limitada y fue mencionada en casos de créditos para microemprendimientos o para mejoras habitacionales mediante fondos rotativos de materiales. Estos últimos son gestionados por organizaciones no gubernamentales y tienen un espíritu solidario que necesita de su pago para ser recibidos por otras familias. La presencia provincial también es muy escasa e involucra préstamos blandos pero de muy difícil acceso.

En el caso de los negocios barriales se registra el “fiado” para deudas a corto plazo que suelen cubrirse con el cobro de asignaciones o cuya falta de pago deteriora las relaciones vecinales.

Los jóvenes varones suelen requerir adelantos salariales de sus patrones y empleadores para afrontar gastos que serán cubiertos con trabajo futuro.

Los prestamistas informales, usureros o mesas de dinero, suelen ser accesibles y entregan diversos montos. En caso de incumplimiento los acreedores tienen capacidad de vulnerar la reputación del deudor por pertenecer a su misma red de relaciones sociales.

Finalmente, las ayudas económicas entre vecinos/as se da mediante contratos verbales y en caso de incumplimientos permiten la comprensión o pueden derivar en situaciones de violencia.

“Detectamos once motivos de endeudamiento, seis de los cuales tienen que ver con la supervivencia más básica, la mayor parte va a los gastos de subsistencia. Hay una discusión muy grande que tiene que ver con el Estado como un agente promotor de la financierización”, dijo a FM De la Calle Francisco Cantamutto.

El economista coordinó una investigación sobre endeudamiento de los sectores populares y destacó  que allí donde no llega el sistema financiero tradicional, “el Estado cumple un rol activo en hacer llegar las lógicas de las finanzas y hace que a las condiciones de vulnerabilidad que normalmente suceden se les redoble el problema del disciplinamiento por la deuda”.

El documento destaca cinco vías mediante las cuales el Estado promovió el endeudamiento familiar en los barrios de nuestra ciudad.

La primera comprende a la “política económica que generó un mecanismo de empobrecimiento, por la vía del tarifazo, de las subas de intereses, de la apertura de las condiciones de desregulaciones y la precarización del mercado de trabajo. Generó mayor pobreza y fomentó que hubiera que buscar alguna alternativa para salir y levantar cabeza”.

Por otro lado, mencionó la desprotección de derechos sociales provocada por el retraimiento presupuestario de las políticas públicas.

El Estado promovió el endeudamiento desde todos sus niveles: municipal, provincial y nacional. “La Municipalidad tiene dos vías de crédito, una con emprendimientos de pequeña escala y otra con refacciones de vivienda. La Municipalidad en lugar de ofrecer otras vías lo hace por vía de crédito. En provincia pasa algo similar, cuando se tomaba un crédito activamente aparecía la promoción de más vías de financiamiento, te ofrecían más deuda para patear para adelante. Desde el Municipio, para muchas políticas que tenían que ver con acceso a ferias te obligaban a tomar un crédito”.

Los créditos de más alcanceen los barrios populares fueron los entregados por la ANSES. “El trámite es muy accesible y esto ha hecho que las familais se endeuden por el triple de sus ingresos. Las tasas de interés que prestó ANSES superaban el 50%. Como se quitaba el pago de las cuotas directamente de los ingresos se generó que, lo que un primer momento fue un salvavidas se transforme en un yunque”, afirmó Cantamutto.

Los otros dos ejes son la desregulación del sistema financiero y el otorgamiento a través del amparo del accionar abusivo de prestamistas de las clases populares.

“Haber sostenido la regulación del sistema financiero, hizo que otras vías de crédito más cercanas a criterios solidarios hayan prácticamente desaparecido producto de una regulación que permitía a las grandes casas de bancos o negociados pasar por encima a créditos solidarios. El sistema financiero en Argentina no hace llegar el crédito a las pymes, menos a las cooperativas y ni hablar a la gente que no tiene recibo de sueldo. Es un sistema que no tiene alcance de ninguna vía de democratización del crédito”.

“El quinto mecanismo es convalidar acciones abusivas como las de las casas de préstamos y de venta de electrodomésticos. Son entidades financieras y no están alcanzadas por al regulación, entonces hay prácticas usureras y abusivas”.

El endeudamiento de los sectores populares estuvo directamente motivado por la degradación de la realidad social que se vive en los barrios bahienses y la ausencia de políticas sociales por parte del Estado.

Así lo demuestra la investigación realizada por el economista Francisco Cantamutto y les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez, quienes manifestaron que “si bien la situación social era mala, en 2018 se agudizó a partir de la salida de capitales y el acuerdo del gobierno de Cambiemos con el FMI”.

Las deficiencias en infraestructura tuvieron un gran impacto en las condiciones de vida y obligaron a multiplicar los gastos asociados a la precariedad a casi un tercio de la población de nuestra ciudad que vive bajo la línea de la pobreza.

El deterioro del mercado laboral fue “muy significativo, con carácter generalizado y profundo”. La desocupación creció y los salarios perdieron la carrera con la inflación. Los tarifazos significaron una carga incompatible con los ingresos de las clases populares. El corte de servicios aumentó los riesgos, por ejemplo por el reemplazo del gas por la leña, y el encarecimiento del boleto de transporte dificultó la llegada al centro para conseguir trabajo o acceder a políticas sociales.

La caída generalizada del consumo provocó el cierre de más de dos mil pymes y golpeó también a los comercios barriales. Se dificultaron los cobros y se rompió la cadena de pagos, lo cual generó que más personas salieran a buscar un empleo y usaran la deuda para suplir el ingreso faltante.

En el caso de las políticas sociales, muchos programas fueron dados de baja o sufrieron recortes presupuestarios. También se registraron diversos problemas que restringieron su acceso: las condiciones laborales variables generaron complicaciones administrativas, los trámites eran engorrosos, hubo falta de unidades de atención del Estado en los barrios y se sobrecargaron los servicios sociales. La mayor cantidad de necesidades y los escasos recursos para distribuir tensionaron la red de relaciones barriales.

“Esto no solo crea desconfianzas y rencores, no es un efecto colateral sino un objetivo de las políticas. Se trató de una búsqueda por evitar la organización colectiva en los barrios, algo que dificulta organizar las demandas populares”, sostiene el informe.

Por otra parte, les investigadores destacaron que quedó en evidencia la invisibilización de las tareas de cuidado, lo cual afecta mucho más a la población sin recursos para contratar a terceros que realicen esos trabajos.

“Al encarecimiento de los consumos básicos para la vida y la pérdida de fuentes de ingreso, se sumó la falta de respuesta del Estado. La deuda apareció como una vía para solventar parte de este abandono”, concluyeron.

Salidas colectivas

Los testimonios de integrantes de 14 organizaciones consultades para la investigación, relataron que ante este panorama surgieron propuestas solidarias con “un fuerte reconocimiento mutuo frente a la adversidad y la necesidad de consolidar redes de protección en el tiempo”.

“No se trata del favor persona a persona sino de entramados de relaciones que involucran a terceras personas en diversos formatos de organización colectiva”.

La cooperación se impuso sobre la caridad y permitió resolver urgencias alimentarias mediante ollas populares, el compartir mercadería o conformar efímeras “cooperativas” de compras o “vaquitas”. De la misma manera se atendieron necesidades habitacionales o se sostuvo el comercio barrial.

Todos los caminos conducen a la deuda

Entre los efectos que produjo esta realidad social, les investigadores mencionaron el incremento de los pedidos de comida, con comedores populares que pasaron de cocinar para niñas y niños a hacerlo para toda la familia. Esto no implicó “solo malestar económico o fisiológico sino un deterioro en la autoestima con efectos secundarios difíciles de determinar”.

Los problemas fueron y son mayores en la segunda quincena del mes cuando se agotan los recursos de la Asignación por Hijo y se debe recortar cualquier gasto no esencial dejando la sensación de que “tanto esfuerzo no sirvió para nada”.

Al deterioro del mercado laboral se le suma el empobrecimiento de las clases populares mediante la falta de empleo y la caída de los ingresos. Se produce una mayor competencia por los mismos trabajos, “nuevos pobres” compiten con más recursos y más integrantes de las familias deben salir para elevar los recursos. Esto último en ocasiones involucra a menores o les expone a riesgos cuando deben quedarse en casa a su propio cuidado para que les adultes busquen trabajo.

Por último, se registran más afecciones psicológicas ligadas a la impotencia ante la situación y la falta de empleo. Los más afectados son los hombres que no pueden cumplir el rol de “proveedores” que les impone la lógica patriarcal. Aumentan el alcoholismo y la violencia machista, la cual muchas veces obliga a las madres a retirarse del hogar con sus hijes empeorando las condiciones de vivienda y de trabajo.

Con la extensión de la cuarentena cada vez más comerciantes incorporan ventas online con entrega a domicilio. Por ello, las y los cadetes de la ciudad aumentan su trabajo aunque no todos los empleadores les garantizan las medidas de seguridad adecuadas.

“En el sector de las aplicaciones no se está cumpliendo el protocolo. Compañeros de Glovo y Pedidos Ya se están comprando los insumos con plata de su bolsillo así como pagan el monotributo y cargas sociales. En Bahía no hay oficina de las aplicaciones, centralizan en Capital Federal y Mar del Plata. Acá hay una sola persona que administra el trabajo y reparte actividades”, dijo a FM De la Calle el secretario general de ASTRAMYC, Andrés Siebenhar.

Afirmó que presentaron varias denuncias y “el Ministerio de Trabajo estaba analizando cómo facturaban pero quedó medio en el limbo con esta pandemia”.

“En gran medida la gente que pide acata el protocolo, la gente es consciente. Nosotros tomamos todos los recaudos. Se ha incrementado el trabajo y la cantidad de compañeros que se han sumado al rubro, compañeros de construcción que se están subiendo a la moto y están ofreciendo servicios de delivery, vemos mucha más oferta”.

“Venimos viendo que no hay ningún tipo de regulación desde el Municipio, nosotros como sindicato no tenemos manera de controlar ese trabajo. Entendemos que tiene que haber algún ámbito de regulación municipal”, finalizó.

La socióloga Maristella Svampa problematizó las causas de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus que podrían generar un “nuevo horizonte civilizatorio” si se abordan desde una mirada “socioecológica”.

“Estamos silenciando las causas socioambientales de la crisis, por otro lado, hay un discurso bélico de enemigo invisible, apelando a la idea de soldados para lograr la cohesión social que se necesita. No me parece afortunado porque oculta las verdaderas causas de la crisis y obtura la posibilidad de salida novedosa y radical que apunte a otro horizonte civilizatorio”, dijo a FM De la Calle.

Svampa señaló que “hay una disputa abierta: o bien se puede llegar a consolidar un mundo más autoritario, con estados controladores, con el avance de la sociedad digital consolidando más las desigualdades o bien podemos avanzar a otro horizonte que implique otra relación con la naturaleza donde haya una articulación entre justicia social y justicia ambiental”.

Propuso “pensar y avanzar en un New Deal o un nuevo contrato social, que no solo abarque la reactivación social y económica sino que impulse una transición socioecológica”.

“Lo peor que podría ocurrir es reincidir en lo que ocurrió en la crisis financiera del 2008, la cual se tradujo en planes de austeridad y mayor aumento las desigualdades, mayores niveles de desocupados. El neoextractivismo tampoco fue una solución, tal es así que con el cierre del ciclo progresista América Latina sigue siendo la región del planeta más desigual, donde hay mayor concentración de tierras, donde se asesinan más activistas de derechos humanos y ambientales en todo el mundo”, argumentó Svampa.

La socióloga afirmó que el discurso bélico instaurado por los gobiernos “obtura ver cuáles son las causas reales de la crisis, que no es el virus sino la expansión de un modelo alimentario letal”.

“Las ganancias industriales, así como también la devastación de los ecosistemas que expulsan animales silvestres, la deforestación y la expansión de un modelo alimentario insustentable están en el origen de este virus. Mi temor es que el gobierno busque salir de la crisis reactivando la economía con más extractivismo”.

¿Sería posible implementar un Ingreso Universal Ciudadano?

Hoy en día se está hablando de una necesidad de ingreso que siente una base común de ciudadanía para que después se puedan ejercer los derechos. Podría darse con un impuesto a las grandes fortunas, con la estatización de sectores estratégicos, si pensamos en un programa que combata las desigualdades y apunte a una transición socioecológica”

¿Hasta dónde pueden llegar los estados con alguna política de recuperación social? ¿Sobre las grandes fortunas que te parece la discusión a nivel nacional?

Esperemos que abra la agenda y lo coloque como una discusión pública. Hemos visto que rápidamente la prensa hegemónica y sectores corporativos han salido en contra. Es necesario radicalizar la propuesta de la mano de las organizaciones sociales. No es posible ser tibios. Todos estos sindicatos de las organizaciones populares tendrían que estar a la vanguardia de esta discusión. Todavía no estamos viendo la crisis económica que se avisora, en los próximos meses vamos a ver cuáles son las consecuencias.

¿Cómo se ejerce el poder pensado en un sentido popular en medio de la crisis de representación?

Sin duda no es fácil en una situación de confinamiento desarrollar y tratar de instalar en la agenda estas cuestiones. Es una situación inédita de apertura que desnuda de manera muy clara las desigualdades. Ante esa relación son muchos los sectores que se ven impelidos a una radicalización en términos de demandas de políticas públicas. Contamos con una pobreza estructural que se ha acrecentado en el último tiempo pero contamos con una acumulación de luchas. Hay que ver en las discusiones políticas cómo se va a traducir esto, hay que pensar en acompañar este proceso de acumulación de luchas pero darle más visibilidad en este contexto de crisis.

La madrugada del 17 de abril de 1977, Graciela Romero dio a luz en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita de Bahía Blanca. Hoy, ese hijo gestado junto a Raúl Eugenio Metz cumple 43 años y no conoce su identidad.

Su hermana Adriana tomó la posta de la búsqueda que iniciaron sus abuelas y abuelos para que él sepa “su verdad”.

“Los vínculos se crean y para eso hay tiempo pero para conocer la verdad no hay que demorar mucho. Pensando en las Abuelas que tienen más de 80 años, que no les queda mucho. No estamos exentos los de 40 que nos pase algo y no tener eso. No lo regalaron, no lo abandonaron, no se olvidaron y él no se perdió. Fue robado. Teniendo la posibilidad de saber la verdad, que se anime, es todo ganancia”, le dijo Adriana por FM De la Calle.

Graciela y Raúl fueron desaparecidos y, desde entonces, Adriana caminó junto a sus abuelas y abuelos. “Con el tiempo y con el hacerme cargo de mi historia y de que mi hermano haya nacido en un centro clandestino comencé esta búsqueda, me acerqué a Abuelas”.

“Cuando nació mi hermano yo tenía 2 años, mis abuelas creían que había nacido por abril, hasta que Alicia Partnoy dijo que fue testigo del nacimiento de mi hermano, no por haberlo presenciado sino por estar en el lugar. Ahí comenzó la búsqueda específica y poder decir: Graciela y Raúl tuvieron un varón que nació en el 77 en La Escuelita”.

“Cuando se dieron cuenta de que esto venía así, mi abuelo entendió que la búsqueda no iba a ser individual y se acercó a las Abuelas en Capital y arrancó la búsqueda colectiva”, contó Adriana.

Durante el aislamiento las Abuelas de Plaza de Mayo realizan la campaña “Mientras #NosQuedamosEnCasa ayudemos a que otros y otras #VuelvanACasa“. 

Si conocés a alguien que podría ser uno de los nietos o nietas que estamos buscando, escribí a [email protected] y si necesitás que te orienten en el proceso de búsqueda, para que estés listo/a cuando finalice la cuarentena, mandá un mail a [email protected]

“Como consecuencia del cierre de la institución por la pandemia estamos en una situación crítica porque no podemos afrontar los gastos y obligaciones”, dijo FM De la Calle la presidenta del Centro Luis Braille, María Elena Busso.

Aseguró que “los operarios del taller protegido están recibiendo el peculio de marzo que son 1300 pesos y reciben una asistencia del programa de Nación de 500 pesos, que es una miseria.  Veníamos ajustados tratando de sumar de un lado y otro y ahora toda la actividad que hacíamos está parada”.

Son 300 talleres y más de 6300 operarios y operarias quienes padecen la misma realidad y reclaman una ayuda especial a la Agencia Nacional de Discapacidad para no cerrar sus puertas y perder las fuentes laborales.


“Como taller protegido tenemos actividades donde vendemos la producción, recibimos ayuda del Municipio, socios, y venta de papel. Le reclamamos a la Agencia Nacional de Discapacidad y al Ministerio de Desarrollo Social un auxilio que es urgente. Somos más de 300 talleres protegidos en todo el país que albergan a más de 6000 operarios. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, esto ha sido algo muy abrupto y tenemos que guardar la calma y ser pacientes”.

En estos momentos hay 14 empleados en relación de dependencia con el Centro Luis Braille: “Esto le da un sentido significativo a su vida, de trabajo, de horarios, de cumplimiento de sus actividades. Además hay espacios recreativos, de arte, de música, de actividades deportivas y tenemos la contención de la psicóloga. El aislamiento es problemático para todos, más para una persona que tiene discapacidad, sobre todo para quienes viven solos”.

En Braille producen bolsas de polietileno, cepillos artesanales de cerda y plástico, perchas de madera y trabajos de carpintería a demanda. Los productos son adquiridos por el Municipio y también están disponibles al público en la Cooperativa Obrera.

Representantes del Consejo Cultural Consultivo se reunieron con la titular del Instituto Cultural, Morena Roselló, para elaborar propuestas que le permitan a trabajadores/as de las distintas ramas artísticas palear la crisis económica que generó la suspensión de actividades.

 “No hay un plan de contingencia más allá de Cultura en Casa. Lo que vimos es que estas propuestas culturales locales no tenían remuneración. Es necesario que sea remunerado y que haya un plan que no solo trabaje sobre lo urgente sino un plan a largo plazo de cómo salimos de esta crisis”, comentó a FM De la Calle el consejero Lucas Sánchez.

El representante del rubro de artes escénicas afirmó que “la cultura es una cuestión de salud, pedimos ser incluidos en este Comité de Emergencia porque hay que atender de manera integral la crisis, pareciera que cultura para quienes dirigen el Instituto Cultural tiene que ver solo con el entretenimiento”.

En este sentido, reclaman la creación de un fondo extraordinaria para atender la crisis: “Lo que se nos comunicó es que todas las partidas podían ser afectadas a la emergencia sanitaria, que los dos impuesto más importantes que tiene el Municipio están abocados a la cuestión sanitaria”.

Respecto a la aplicación de la legislación contra los despidos y la suspensión de contratos de talleristas del Instituto y el Proyecto Envión, Sánchez manifestó que “hay contratos que no se renuevan y eso es gravísimo porque hay gente que no tiene otra cosa. También se entra en esto de cómo interpretás la ley, si no te renuevan un contrato, entonces no te están despidiendo. Me parece que se sigue pensando en cómo reducir el gasto para llevarlo a otro lugar cuando es sumamente necesario tener una inversión seria en cultura”.