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Un grupo de madres y padres autoconvocades de la comunidad educativa solicitaron a los gobiernos municipal y provincial que “suspendan la presencialidad educativa hasta que las condiciones para un regreso seguro estén dadas, otorgando de manera gratuita dispositivos y conectividad para garantizar la educación remota”.

“Estamos muy preocupados, somos un conjunto de familias organizadas, decidimos que lo primero que teníamos que hacer es visibilizar la existencia del grupo. Generalmente aparecen los padres que reclaman por clases presenciales pero una buena parte estamos en contra de poner la salud de todos en riesgo para volver a la escuela. De esta forma es inaceptable”, dijo a FM De la Calle, Mariano Schlez, uno de los firmantes.

Agregó que “los datos científicos que conocemos nosotros y los gobiernos dicen que la educación presencial impone la circulación de personas en un momento en el que no solo hay un nivel de contagio superior que en el pico del año pasado sino que tenemos el hospital saturado. No solamente tenemos miedo de enfermarnos de Covid sino de cualquier cosa porque no nos podemos atender”.

“Lo primero que comunicamos es informar a todos que pueden dispensar a sus hijos e hijas de la asistencia presencial, tenga o no una persona de riesgo en la familia. El Estado no puede obligarnos al peligro de enfermarnos en la escuela. Hay que presentar una declaración jurada en cada escuela, de eso nos hacemos responsables los padres, estamos en contacto con los docentes de SUTEBA, porque es una lucha de toda la comunidad educativa. Tenemos que logar frenar esta presencialidad en momentos que estamos en alerta y alarma epidemiológica en la cuidad”.

Schlez mencionó que sus hijas están dispensadas: “Lo aceptaron sin problema pero por el contrario aparecen algunas directivas que ponen tensión sobre las familias señalando que es obligatorio y que va en contra del plan jurisdiccional. Estamos reclamando que se siga la modalidad solamente virtual hasta tanto no mejore la situación. Los docentes crearon grupos, envían las tareas, se realizan consultas y cada tanto realizan zooms para despejar dudas y tener clases”.

“La mejor forma de la educación es la presencial pero ahora estamos en emergencia y hay que cuidar la salud”.

Por otro lado, señaló que “los datos científicos con publicaciones en de The Lancet, estudios del CONICET, muestran la incidencia de la educación en el aumento de los casos, eso no se puede discutir, las clases aumentan los contagios, estamos en un momento límite, sin camas, con contagio exacerbado y tenemos que frenar esa circulación”.

Finalmente, enfatizó: “Creo que el gobierno no se movió presionado por padres sino por los principales empresarios que necesitan a la gente trabajando y esas personas tienen que dejar a sus hijos en la escuela. El gobierno tienen que representarnos a los trabajadores y no a los intereses de aquellos que exigen mantener la economía en movimiento no importa a qué costo de vida”.

Abuelos y abuelas suman su apoyo

Integrantes de la Comisión de Jubilados de Suteba se pronunciaron “en favor de priorizar la vida de nuestros nietas y nietos, de nuestras familias, de las comunidades educativas y por ende de la población toda”.

“Otorgamos a la escuela y a la presencialidad un lugar preponderante como espacio de aprendizaje y de construcción social, pero estamos convencidos que atravesamos en este momento un riesgo sanitario grave. Basta mirar los números de infectados, la cantidad de camas UTI disponibles, los fallecimientos que diariamente se producen, los informes y opiniones de  profesionales médicos de la ciudad más los datos brindados por el CONICET es que decimos NO A LA PRESENCIALIDAD”.

Por otra parte, reclamaron que se “garanticen los recursos necesarios para que alumnos/as y familias puedan tener acceso a la virtualidad necesaria” y “que el dinero recibido por el Municipio como Fondo Educativo sea utilizado para satisfacer dichas necesidades”.

“En esta situación de pandemia creemos que la mejor enseñanza que podemos dejarle a nuestros/as niños/as es la de preservar la vida, de cuidarse y cuidar al otro/a, de responsabilidad, compromiso y empatía. No permitamos que el oportunismo político de unos pocos, de personas peligrosas y sin sentido pongan en riesgo la vida de nuestros/as nietos/as y de cada familia”, afirmaron.

Autoridades de los hospitales locales cuestionaron este lunes las cifras de camas disponibles informadas por el Municipio al Ministerio de Salud para avanzar de fase. La comuna mostró un 68% de ocupación mientras el sistema sanitario insiste en que trabaja “a cama caliente”.

“No encontramos las camas, no sabemos dónde están. Entendemos que esas camas no están discriminadas si son para adultos, pediátricas, de neo. Por suerte, neonatología y pediatría no están saturadas porque es una población que no se complica tanto. En las camas de adultos que requieren UTI o asistencia respiratoria ese número de camas no sería el que disponemos para atención”, dijo a FM De la Calle la titular de CICOP, Cristina Ferraro.

Opinó que el cambio de fase fue “apurado” y comentó que están “revisando la consistencia de los datos que en nuestra situación no reflejan esa mejoría epidemiológica que toman. El tema de las fases como números vacíos no sirve si no se llevan a cabo en su totalidad las restricciones. No como un castigo sino de cuidado”.

Ferraro señaló que “también se consideran camas Covid y no Covid en la misma bolsa. En los servicios no se interna al lado un paciente Covid de uno no Covid a menos que quieras que se contagie. Esta falta de discriminación de la información no es necesariamente falsa pero es una forma de decir la verdad a medias”.

“No le podemos dar respuesta a las necesidades de la gente. Hay gente internada en clínica médica que requeriría terapia, hay gente en la guardia que requeriría clínica médica, hay gente en sus domicilios que quizás sería oportuno que estén en clínica. Lamentablemente lo estamos sosteniendo de una manera muy estresante para el equipo de salud”.

La presidenta de CICOP insistió en que “estamos desbordados, no estamos pudiendo llevar a cabo la atención con el nivel de calidad adecuado, no por falta de gente, por más que estamos agotados y decepcionados, sino porque nos sobrepasa el número de pacientes y de consultas. Estamos viendo mucha gente en un rango etario más joven y más complicada también”.

En relación a los recursos señaló que “las camas se cuentan, son números, pero también están los equipos, pero no fueron proporcionalmente engrosados para dar respuesta a esta demanda”.

“Están haciendo demasiados esfuerzos para no perder votos, para quedar bien con la expectativa de la población, pero tenemos una cifra de una mortalidad altísima. Vemos fallecer pacientes jóvenes, no estamos acostumbrados a que se descompensen como con esta enfermedad, en forma tan rápida y sin factores de riesgo. A todos nos gusta dar buenas noticias y nos encontramos con una realidad media esquizofrénica, una cosa se trasmite y otra lo que vivimos”.

Por último, mencionó que para el personal de la salud “nada de esto es gratis, nadie está preparado emocionalmente para transitar esta continua exposición al dolor, la gente de terapia e internación ha tenido otros momentos de encontrarse frente a la muerte pero esto es continuo y agotador”.

La Cámara Federal continuó con la anulación de convenios firmados entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico. Habían sido homologados por la jueza Gabriela Marrón en la causa que investiga la contaminación de la ría. Involucran a Dow (PBB Polisur), Oiltanking y Mega.

Tal como ocurrió con Profertil, se los revocó, entre otros motivos, por no haber incluido en la discusión a la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente. Resta resolver la apelación referida a Unipar (Indupa).

La Cámara afirmó en todas las resoluciones que los convenios no cumplen con los estándares que fijó en junio de 2019 cuando ordenó “lograr la minimización del daño ambiental a través de un mecanismo alternativo que promueva la participación de los distintos actores involucrados, tanto de las empresas que realizan sus actividades comerciales e industriales en la zona, como así también de los querellantes, de los organismos con funciones de control (municipales y provinciales), de gestión y de profesionales técnicos en la materia”.

El objetivo es “la concreción de un plan sustentable para la Ría de Bahía Blanca en pos de dar cumplimiento con la manda impuesta por el art. 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a un ambiente sano y equilibrado y establece que las actividades productivas no deben comprometer la atención de las necesidades de las generaciones futuras”.

Los fallos referidos a Dow (PBB Polisur) y Mega S.A. fueron firmados por Roberto Amábile y Pablo Candisano Mera y, en el caso de Oiltanking y Profertil, por este último y Silvia Fariña.

Destacaron que si bien la jueza Marrón designó al IADO para controlar la ejecución de las supuestas mejoras “no se advierte que efectivamente se le haya puesto en conocimiento” de la medida.

¿Qué proponen las empresas?

Dow apunta a la reutilización de agua de efluente en riego y la renovación de intercambiadores de agua por unos de mayor capacidad y mejores materiales para disminuir el efluente y el consumo.

Por otro lado, pretende modificar los patrones de consumo de energías sustituyendo las actuales por renovables, realizar acciones para la sostenibilidad consistentes en promover y facilitar la transición hacia una economía circular donde los residuos se incorporen a nuevos productos y servicios.

Compañía Mega S.A. ofrece reducir a cero –“en condiciones normales”– el vertido de los efluentes líquidos tratados que la empresa actualmente descarga a las aguas del estuario desde su Planta Fraccionadora y reutilizarlos para el riego de espacios verdes dentro de su predio “con la consecuente reducción en el consumo de agua potable que actualmente es utilizada para riego”.

Oiltanking Ebytem S.A. plantea incorporar “un nuevo tanque para realizar separación primaria en un recipiente cerrado con los correspondientes sistemas para control y manejo operativo así como de control de incendio”. Así, afirma, reduciría “hidrocarburos en el efluente final y el riesgo de eventual ignición de vapores combustibles en el espacio abierto, como asimismo, el control de las demandas químicas y bioquímicas de oxígeno; y un ambiente de trabajo más seguro para las personas y autoridades que se acercan a la terminal”.

Profertil, por su parte, pretende mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».

La Cámara Federal revocó el convenio firmado por el fiscal Santiago Martínez y un apoderado de Profertil en el marco de la causa por contaminación del estuario.

El acuerdo había sido homologado por la jueza Gabriela Marrón a pesar de no haber participado a la querella, a la Fiscalía General ni a organismos técnicos y de control. Se espera que las presentaciones de otras empresas -como Dow, Mega y Oiltanking- corran la misma suerte.

La camarista Silvia Fariña y su par, Pablo Candisano Mera, destacaron la demora de más de una década que acumula la investigación y el “estancamiento” del diseño del plan de inversiones que exigieron en 2019. Por otro lado, advirtieron que “sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban, nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”.

La fábrica de fertilizantes había propuesto mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».

La Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría denunció que «se ha dado a Profertil un trato privilegiado, discriminatorio del resto, casi secreto, otorgándole audiencias privadas sin noticia de nadie y en abierta contradicción con la letra y el espíritu de lo ordenado por la Cámara Federal». Ahora, el tribunal resolvió que la negociación del fiscal Martínez con Profertil “no cumple con los estándares oportunamente fijados”.

El fallo sostiene que “aun cuando se trate de un compromiso individual, un plan superador tendiente a cumplir con el objetivo de recomponer el daño colectivo ambiental provocado en la zona, debió contar previamente con un mínimo respaldo de información actualizada brindada por los profesionales  técnicos y/o peritos que tuvieron intervención en autos, así como la efectiva participación de los organismos que tienen funciones específicas de contralor, tales como el Comité Técnico Ejecutivo (dependiente de la Municipalidad de Bahía Blanca), la Autoridad del Agua o el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que den cuenta de la factibilidad de las propuestas homologadas”.

En ese sentido, Fariña y Candisano Mera recordaron que la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) ya intervino en la causa y podría elaborar un dictamen fundado. “Pese a lo afirmado por la jueza de grado, no se observa del presente legajo la oportuna intervención de dicha unidad especializada en torno a la viabilidad del convenio en particular”.

“La complejidad de los asuntos que se abordan en el marco de la causa hace necesario contar con saberes técnicos especializados previos a la toma de una decisión de tal calibre. Sin esos recursos no es posible realizar un seguimiento y análisis  adecuado  sobre  la  ejecución  del  caso,  máxime  cuando  se  excluye  de  la concreción del mismo a la unidad especializada en la problemática”.

La Cámara concluyó que “teniendo en consideración la pluralidad de intereses de las personas  involucradas en la causa, el diálogo y la oportuna participación de los mismos debe ser garantizada a fin de dar previsibilidad y un adecuado control periódico a las propuestas que se formulen. Es necesario establecer pautas claras acerca del ejercicio para regular, fiscalizar y sancionar las conductas potencialmente dañosas, donde los organismos con funciones de control no pueden ser obviados”.

El intendente Héctor Gay solicitó el pase a fase 3 a partir de la semana próxima. Sostuvo que la ciudad cumple los requisitos establecidos por la provincia.

El informe comunal elevado a la Jefatura de Gabinete sostiene que no hay inconvenientes en la disponibilidad de camas. El dato causó el rechazo de profesionales de la salud, quienes manifestaron que no refleja la realidad de los hospitales.

El ministro de Salud Daniel Gollán, de visita en la ciudad, afirmó que “el domingo a la noche, cuando se midan todos los números, se toma la determinación. Si los números dan de acuerdo a los indicadores, el martes se comunicara la decisión”.

Gay dijo este mediodía que “los datos que se han enviado devienen de los mismos datos que envía provincia. La provincia dictó una resolución el 20 de abril por la cual los hospitales públicos y privados tienen que informar diariamente las camas en 3 sectores: cuidados intensivos, medios y mínimos. Esta misma resolución establece que si durante 2 días seguidos la ocupación de camas de cuidados intensivos es superior al 70% deben suspender las cirugías programas para que esto se normalice”.

El Foro Popular de Salud, que tiene entre sus referentes al director de la Clínica Matera, afirmó que “los datos de ocupación de camas no reflejan en lo absoluto lo que se vive dentro de los hospitales. Allí seguimos trabajando a cama caliente hace semanas, con terapias intensivas repletas y niveles de agotamiento entre el personal de salud que no pueden ser medidos por ningún parámetro”.

Agregó que no se puede pasar por alto que “tan solo en los 12 días que lleva el mes de mayo fallecieron 48 bahienses”, que “cada muerte por COVID-19 es evitable en tanto se prevenga el contagio de las personas” y que “la dirigencia local no se está esforzando para que esto suceda. Vivimos virtualmente en una fase 3, ya que no hay controles sobre las actividades restringidas”.

Por su parte, el médico y columnista de FM De la Calle, Horacio Romano, opinó que “el aislamiento disminuye la tasa de contagios. La fase 2 que transitamos es una fase mentirosa que el municipio no tiene mucha vocación para hacer cumplir. Es indudable que por encima de todo está la actividad económica. Si bien gran parte de la población acate hay una parte menor pero no mínima que ha decidido hacer oídos sordos a lo que se oye ve y vive”.

“El sistema de salud, por más que digan que no es así, está permanentemente al borde de su máxima posibilidad en una meseta que se alarga mucho. La actitud o es de mitigación o eliminación de la pandemia. Se eligió mitigación pero lleva a una meseta larga con muchos casos. Esto va a provocar mayor cantidad de enfermos graves y muertes. Tienen que ser consientes quienes están pidiendo el cambio de fase, es lamentable que tomen esa decisión”.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó el amparo colectivo presentado por representantes vecinales de nuestra ciudad ante la falta de provisión de agua por parte de ABSA. Sin embargo, no hizo lugar a la suspensión del cobro que había determinado la jueza bahiense.

La medida había sido otorgada en primera instancia por la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº2, María Selva Fortunato y apelada por la prestadora del servicio.

Según detalló a FM De la Calle Sandra Vulich, abogada patrocinante de vecinos y vecinas, la Cámara alegó que “la existencia de la problemática en cuanto al agua en Bahía es estructural y viene de larga data. Consideran que no fue un hecho excepcional de este verano y decidieron rechazar esa apelación”.

“No fue así para el caso de la facturación, se va a seguir lo dispuesto por la resolución 167 de ADA (Autoridad del Agua), se van a descontar los días que -a criterio de ellos, que lo desconocemos- los bahienses estuvieron sin agua y se reflejará en las facturas de mayo y junio”.

“El plan de contingencia es muy pobre, ellos pusieron a disposición, además de la pagina, un correo, un whatsapp para que se solicite el camión o bidones. En ese sentido, está buena esta resolución porque ahora van a tener que cumplir. Dispuso esta medida cautelar que en las 4 horas posteriores al reclamo ellos tienen que cumplir”, explicó Vulich.

En caso de incumplimiento, señaló que “pueden apelar a mis datos que vienen con la factura de ABSA, con mi correo electrónico, y yo me encargo. O directamente hacer el reclamo en la página, es importante que quede el reclamo porque es la prueba de que se hizo y se incumplió”.

En relación a las obras anunciadas recientemente por el gobernador, mencionó que “lo que plantean a corto plazo son obras de 5 años. Primero que nos definan qué es corto, mediano y largo plazo. Son obras que tienen proyectos, evaluaciones”.

“Hay ciertas cuestiones como la reparación de la red de agua local, que es la que tiene pérdida. Casi el 45% del agua que llega del dique se pierde en la red por roturas y por falta de mantenimiento. Esa es una obra a corto plazo que podría mejorar la situación, hay que empezar por ahí. Eso no está previsto”, dijo la letrada.

Respecto a los descuentos, comentó que son sumas “irrisorias”. “Son de 35 pesos, 50 pesos. No sé cuál es el criterio”, insistió.

Por último, consultada por el funcionamiento de la Mesa del Agua, enfatizó: “Me echaron en las dos reuniones, tuve una acalorada discusión con el presidente del Concejo Deliberante. De un día para el otro resolvieron no reunirse más. Es una falta de respeto a los vecinos. Ellos alegan que es porque todavía no está en plan de obras presentado formalmente”.

Diego Dorcazberro integra Sureando, una de las organizaciones que impulsan la implementación de una sobretasa extraordinaria para los sectores que más se beneficiaron durante la pandemia. La iniciativa apunta a generar recursos para quienes sufren las consecuencias económicas de las restricciones.

“Hay una bajada de cierto sector, dicen que no hay que aumentar los impuestos pero así suelto, no dicen a quién. Hay que dejar bien claro que esto es para los ricos ricos y va para los pobres pobres y para los que sufrieron muchísimo como la cultura, el turismo, la gastronomía. Los otros como las villas y asentamientos venían mal y esto es terrible”, dijo a FM De la Calle.

Destacó que en los barrios “está complicadísimo. Lo que acentuó esta pandemia es la desigualdad, lo que más aumentó es la comida y lo que más se consume es eso, entonces la inflación de cada mes que es de 5 o 6% en alimentos, imagináte lo complicado que se pone”.

FIRMÁ LA PETICIÓN

Agregó que “la gente está asustada, me incluyo. Por ejemplo, las pequeñas obras que es de lo que vive la gente en el bario, las suspenden y las patean para más adelante. La clase media es la que da trabajo en changas a la gente de las villas y asentamientos. Tienen menos changas, menos plata y encima aumenta la comida, es desesperante”.

“En los comedores cuando una cocinera se enferma, se cierra y se deja de entregar la comida por unos días y constantemente está habiendo contagios”.

En relación a la virtualidad en las escuelas señaló que para los barrios de la periferia “es terrible, una cosa es mandar un chico a una escuela privada, cuando tenés varios dispositivos en la casa, con wifi. Es distinto cuando tenés un solo celular, roto, con la pantalla rota, que no le anda el audio. Eso nos pasó el año pasado con el IFE, anotamos más de 100 porque solamente anotarse era terrible, imagináte tener una clase virtual. Y eso si tenés datos”.

“Hablan de no poner una sobretasa por previsibilidad. Hay empresas como las telefónicas, Movistar, Claro, Personal, que se llenaron de plata con los más pobres porque son los que tienen que recargar tarjeta para tener datos, hacen precarga y es lo más caro, te come los datos en dos segundos. Esa sobrefacturación que tuvieron de los más necesitados la tienen que devolver”.

Dorcazberro afirmó que “de parte del Municipio dicen que hay wifi en la plaza o en el Paseo de las Esculturas. ¿Por qué no ponen en el Evita?”.

Respecto a la presencia del Estado señaló que “es muy poca, hay la entrega de bolsones de alimentos, la tarjeta celeste. Con la tarjeta comprás una garrafa que te dura 3 días. Si encima no podés conseguir los ingresos, ¿cómo haces? Cerraron unidades sanitarias, en vez de acercarse está cada vez más lejos la gente en esta ciudad”.

En cuanto a la asistencia alimentaria comentó que “se trata de no cocinar tanto por los contagios y entregar a las familias. En pandemia se multiplicaron pero muchos de los comedores no son un salón gigante para que vaya a la gente a comer, son casas de familia con mucha sensibilidad que vieron las necesidades de la gente”.

“Capaz es una familia que tiene un trabajo en blanco, está un poquito mejor que el de al lado, ponen un comedor con una vecina, le dan un par de bolsones (desde el Municipio), después dejan de entregarle y la gente sigue viniendo y les golpea la puerta con hambre, es desesperante”, afirmó.

El oficialismo envío al Concejo Deliberante un proyecto para incrementar un 26% el boleto y los subsidios y prorrogar la emergencia en el transporte público hasta agosto. La tarifa plana pasará a costar $59,40.

Por otro lado, a pedido de los comercios del centro, se incorporarán 700 boxes de estacionamiento medido y pago habilitando espacios donde hoy está prohibido hacerlo.

Según informó esta mañana el director general de Movilidad Urbana, Ramiro Frapiccini, se realizó un nuevo estudio de costos del transporte que mostró “el fuerte aumento de precios de los insumos, que van por ejemplo en un 90% de combustibles, un 70% más en repuestos y reparaciones, un 130% en el precio de las cubiertas”.

La propuesta que debe aprobar el HCD, donde Juntos por el Cambio cuenta con mayoría, contempla un 26% de incremento sobre la tarifa establecida el 1 de noviembre y toma como referencia el índice de inflación calculado por el CREEBBA para Bahía Blanca (25,3%). “A su vez se aumenta en el mismo porcentaje el subsidio por pasajero pagado por el Municipio para no volcar todo el peso de los costos en el valor que paga el pasajero”.

“La tarifa plana pasará a costar $59,40, mientras que la tarifa promedio que pagan los pasajeros, teniendo en cuenta los distintos descuentos por frecuentes, atributos sociales, escolares, etc. será de $33,70”, destacó la comuna.

Respecto a la extensión de la emergencia del transporte público se extiende hasta agosto con posibilidad de prorrogarlo hasta diciembre, “dado que la situación actual es mucho más grave de la que se esperaba cuando se declaró la emergencia en abril de 2020, dada la extensión de la misma y la meseta en cantidad de viajes que se observa en el sistema”.

“En el último mes de abril 2021, se hicieron un 45% de los viajes del 2019, y se recorrieron 70% de los kilómetros. Por otro lado, desde mediados de ese mes y en función de las distintas restricciones, la cantidad de viajes diarios fue disminuyendo, y luego del retroceso de fase, en la primera semana de mayo, cayó un 35% respecto de un año normal”, explicó Frapiccini.

Lucía Alejandra Cobo, oriunda de la ciudad colombiana de Cali, reside hace diez años en Bahía Blanca. Desde aquí, lucha por dar a conocer las causas y consecuencias de la represión desplegada por el gobierno de Iván Duque contra el estallido social iniciado el 28 de abril, tras el anuncio de una reforma tributaria.

En diez días, solamente en Cali, hay 23 muertos y 238 desapariciones. “Lo seguimos con mucha angustia y preocupación porque estando lejos se siente una impotencia mayor a través de lo que nos llega por redes sociales y porque nuestros familiares y amigos están allá”.

“Los medios de comunicación dominantes no transmiten la información precisa, hay mucha censura y bloqueo de la información alternativa con lo ocurre en el territorio”, contó a FM De la Calle.

Contextualizando su llegada a Argentina, señaló que “las migraciones son producto del conflicto que Colombia tiene hace décadas, vine porque mi mamá estaba en Bahía, porque aquí encontré oportunidades de seguir estudiando, hablar con tranquilidad y sin ponerme en riesgo”.

“En Colombia la educación pública es arancelada y tiene un cupo limitado, eso ya pone un cuello de botella. Por otro lado, hay mucha competencia profesional y hace necesario tener un pregrado y un posgrado. Vine a hacer un posgrado a la UNS después tuve una beca del CONICET, condiciones que comparativamente son un montón”.

La demanda de una reforma del sistema educativo es una de las que encabezan la protesta. “Tiene directa relación con el estallido social y con el movimiento que emergió en 2019 en noviembre, son décadas de implementación de políticas neoliberales que funcionan como un embudo para sectores medios y populares, cada vez menos personas pueden vivir dignamente”.

“Colombia es un país que nunca ha tenido un gobierno de centro, ni de centro derecha, mucho menos de centro izquierda. Ha habido una persecución al movimiento de izquierda. No hay ningún hito reivindicativo como puede ser los juicios a los genocidas en Argentina, nunca ha habido un acto determinante que diga hay que hacer una transformación. Es importante tenerlo en cuenta porque se ha tenido el pensamiento de que el pueblo colombiano se acostumbró, aguantó un montón y no es tan así, sino que durante décadas la represión ha sido brutal y no ha habido una contraparte, algo que frene esta situación. El estallido es producto de todos estos años”, señaló.

La geógrafa y docente de la UNS agregó que “este gobierno es completamente uribista, el presidente actual subió como candidato del centro democrático, como si fuera un ahijado de Álvaro Uribe Vélez, lo que se ha visto en la campaña y en su gobierno es que recibe órdenes directas del ex presidente y el corte es el mismo”.

“Los que están en primera línea son los jóvenes, todas esas políticas de décadas han hecho que sus oportunidades sean menores, se dice que la juventud ha perdido todo, ya no tiene miedo de perder la vida. Se tiene como una pequeña victoria de que se haya dado marcha atrás con la reforma tributaria, sin embargo, el paro continúa porque se retira la reforma y se llama al diálogo a los mismos sectores de siempre para reformular la reforma. En definitiva, no convoca a los sectores movilizados”.

Cabo destacó que “se pide que renuncie el presidente y esto es delicado también, podría abrir la puerta a un golpe militar oficial. La intención es que el presidente convoque al diálogo a sectores movilizados, si es con los mismos sectores de siempre, el paro se va a mantener”.

Por último, la investigadora dijo que “la apuesta principal es que se pueda hacer difusión por las dilaciones a los derechos humanos. El presidente dio la orden después de diez días de represión brutal de reforzar la militarización en Cali, el llamado de las organizaciones de Colombia es que por favor las colombianas y colombianos que estamos en el exterior seamos voceros de esta situación, pongamos los ojos en Colombia y se ejerza presión para que paren con la masacre”.

El ex concejal e integrante de Nuevos Vientos, Raúl Ayude, conversó con FM De la Calle sobre la iniciativa que busca implementar en el ámbito municipal una sobretasa extraordinaria para sectores que no se vieron afectados por la pandemia y generar recursos para la emergencia social y sanitaria.

“Es un debate necesario, empezamos a participar de reuniones con organizaciones sociales y políticas. La necesidad se ve de forma palmaria en la calle, en quienes perdieron el trabajo, en los aumentos de pobreza e indigencia, en las necesidades de salud y cultura. El tema es discutir a quiénes sería aplicable y cómo se implementaría y conseguir que la comunidad se movilice”, afirmó.

Respecto a los alcances de la medida propuesta: “Es posible y sencillo ver quiénes fueron los que se beneficiaron durante la pandemia, las grandes superficies de ventas, el polo, las agroexportadoras. El Municipio tiene facultades y, de hecho, les viene cobrando. No es una nueva tasa, es algo por única vez para lograr algo específico”.

“Si fue aplicable en otras localidades de la provincia es aplicable acá. Que quede en claro que esto no apunta a personas o a bienes personales sino a empresas de un volumen los suficientemente grande como para que no se vean afectadas por esto. Las que ganaron durante la crisis más grande del mundo que puedan hacer un aporte y que sea pensado para esas 75 mil personas que están bajo el nivel de pobreza”.

En relación a la fiscalización de los fondos que puedan llegar a generarse con esta sobretasa dijo que la del sector cultural “es una experiencia exitosa de gestión y articulación. Es participativo y hay ordenanzas que autonomizan los recursos, independientemente del gobierno de turno. Los reclamos justos que tienen aquellos que hacen aportes extraordinarios es que el destino de ese dinero sea claro y, por otro lado, los que más jodidos están necesitan que esos recursos sean utilizados de la mejor manera y con la mayor transparencia”.

“Que vaya a una cuenta especial, que eso rinda cuentas y que esté administrada por organizaciones cruzadas, que se pueda dar un informe de lo gastado, destinos los que fue”.

Respecto a la respuesta a la emergencia por parte del Municipio, Ayude opinó que “se recuesta mucho en las asistencias que llegan desde provincia y Nación, bolsones, tarjeta alimentar, aumento de AUH. No está en la prioridad de las políticas el área social, no se articula con las organizaciones sociales, muchos merenderos o comedores no reciben ayuda ni articulan su accionar con el Municipio. Se ha multiplicado la necesidad de vivienda, trabajo, de recurrir a un comedor”.

“Por el rol que cumplen los comedores escolares, al cambiarse eso por bolsones no le rinde a la familia, más el aumento por inflación de alimentos. Me parece que la municipalidad hace poco y podría hacer mucho más. Lo entiendo en función de que no es su población objetivo”, dijo.

Por último, destacó “las redes de solidaridad” para afrontar la pandemia: “Se ha multiplicado la astucia para sobrellevar la necesidad de laburo y alimento porque han quedado redes y formas de respuesta. Eso es una capacidad de la propia comunidad para sobrevivir y dar respuesta”.

El fiscal Juan Pablo Schmidt solicitó la elevación a juicio oral de la causa que tiene al secretario general de la UTA, Ricardo Pera, imputado por amenazar y provocar lesiones leves a su ex pareja.

Lo confirmó a FM De la Calle Fernanda Petersen, abogada de la denunciante, Laura Trespando. Luego de frustrar en varias ocasiones las audiencias indagatorias, finalmente el ex concejal prefirió mantenerse en silencio.

Destacó que “tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas” que existen en esta causa.

En el expediente en cuestión, “el fiscal contextualiza con los hechos que se denuncian y considera que están dadas las condiciones para elevarlo a juicio. El defensor de Pera se opone y estamos esperando la resolución jueza de Garantías, Claudia Olivera”, dijo la letrada.

Los hechos que se le imputan a Pera son lesiones agravadas por el vínculo y en el marco de violencia de género y amenazas coactivas. “Para acreditar esto hay informes médicos, hay fotos, un informe psicológico que da cuenta el impacto que tuvo en la víctima. Por las amenazas, más allá de testimonios, la víctima presentó su celular y los peritos concluyeron que no se había modificado nada y que surgían los textos tal cuales los había relatado al momento de hacer la denuncia”.

“Eso es fundamental para poder acreditar que la situación de lesiones y amenazas se dieron y en este marco de una relación previa, por eso se da el tratamiento dentro del marco de violencia de género”.

“La pena es mayor a 3 años, lo que buscamos es que sea condenado para validar los dichos de la víctima y demostrar que, más allá de su cargo (secretario general de la UTA), es posible llevar a cabo una causa de estas características y que la justicia le de una respuesta”, afirmó Petersen.

Agregó que “la fiscalía ha agotado todas las medidas de prueba, no solamente desde el denunciado y la víctima, sino que también los testimonios del imputado han sido escuchados. Esto acredita que los hechos que se relatan sucedieron con esta modalidad”.

La abogada resaltó que el relato de la víctima y de testigos dan cuenta de “esta situación poder real que era ejercida por esta persona sobre cualquiera que tomara posicionamiento. La víctima deja claro el padecimiento y el miedo real y no solamente lo que le pueda pasar a ella sino a su entorno familiar y cercano que es quien la sostienen en esta denuncia”.

Pera fue condenado a un año y diez meses de prisión por la agresión a dos concejales durante una sesión del deliberativo local. “Esta persona ha tenido actitudes de violencia en situaciones públicas donde no solo había gente sino medios. Si esto lo trasladamos a una situación de asimetría en una relación de pareja, laboral, donde él ejerce el poder por sus contactos políticos y su representación gremial, queda acreditado que los dichos de la víctima son reales. Creo que en muchas causas tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas que en esta situación tenían”.

Trespando y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa» tras la separación de la pareja. El entonces presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Al momento que se realiza la denuncia se divide la investigación en delito de lesiones y amenaza coactiva y la situación específica en el ámbito laboral. Las personas que prestaron declaración en esta causa son allegadas, en la otra causa no hemos llegado a la instancia probatoria, pero la realidad es que más allá de lo que suceda a futuro (Trespando) no ha tenido el acompañamiento de las instituciones como SAPEM o el mismo Municipio. La víctima tomó todos los recaudos para que los estamentos públicos estuvieran al tanto de esta situación”.

“En este caso juegan otras cosas que tienen que ver con el poder que detenta esta persona, su cargo gremial, la influencia que tienen en los estamentos públicos”, dijo en referencia al titular de la Unión Tranviarios Automotor.

Señaló que “si ella no hubiera tenido el acompañamiento de su familia, de militantes, otra hubiera sido la situación. Las redes que se han tejido en esta causa y el acompañamiento de organizaciones hacen que ella este posicionada en otro lugar, pero ante cualquier movimiento en la causa se reaviven esta situación”.

El economista Julio Gambina advirtió que el cambio discursivo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en favor del financiamiento del Estado a partir del aumento impositivo a los sectores más ricos y la liberación de patentes de vacunas contra la Covid 19 apuntan a reposicionar al país del norte como “gendarme mundial”.

“Biden dice que EE.UU. tiene que volver a mundo como líder, como país hegemónico e imperialista, lo que plantea es retomar la presencia militar, política, diplomática e ideológica y dice que el principal debate es con China que les está ganando en varios terrenos”, dijo a FM De la Calle.

El titular de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas agregó que “ese retorno de EE.UU. para hacerse realidad debe ser sobre la base de algunos logros, el primero es la vacunación. Se habían propuesto una meta de vacunación en los primeros cien días que han, prácticamente, duplicado. A EE.UU. le sobra stock e incluso plantea suspender las patentes de vacunas”.

“Pero también hay que lograr consenso en la ciudadanía de que hay que poner plata en le bolsillo de la gente. ¿Quién va a poner plata sino son los ricos? Lo está diciendo el jefe del Estado imperialista más importante desde el punto de vista militar, económico e ideológico”, argumentó.

“Algunos dicen que China tiene más capacidad productiva”, dijo Gambina y aclaró que “una cosa es tener capacidad productiva y otra es tener hegemonía económica”.

En relación a este punto comentó que “lo económico no es solo producir más bienes y servicios sino pensar que el mundo funciona con dólar y no yuan. El sistema financiero y las reservas mundiales se hacen en dólares. EE.UU. sigue siendo la potencia número uno aunque China tenga mayor capacidad fabril. Es el único país que tiene un despliegue de tropas en todo el territorio mundial. A EE.UU. le preocupa que el despliegue de China en América Latina sea por el lado de vacunas, de los acuerdos comerciales y productivos, pero en en el plano militar es indiscutible la primacía y ni hablar en el plano ideológico”.

Respecto a la referencia al discurso del norteamericano por parte de Alberto Fernández, Gambina opinó: “Que un presidente hable de Juan Domingo Biden me parece subestimar el tema, ahora nuestro aliado es el jefe del gobierno invasor, de un gobierno que está retirándose de Afganistán pero que presiona a Cuba que es el país ejemplo en vacunas”.

Apuntó que dar la imagen de que “Argentina dice lo mismo que Estados Unidos es erróneo, aunque coincida la cuestión tributaria y que los ricos son cada vez más ricos. Puedo usar ese argumento y decir apliquemos la misma política económica y tributaria pero no imaginar que Argentina puede exportar ideología del peronismo, eso nos llevaría a discutir qué es el peronismo o quién expresa el peronismo”.

“No nos comamos el amague de Biden”, afirmó Gambina, “es el jefe de una potencia cuya política exterior es de intromisión, que en América Latina tiene un costo muy fuerte sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua o sobre cualquier país que intente un proceso de autonomía. ¿Quién sostiene a Iván Duque y la política de Colombia? Es EE.UU.. Es engañoso creer que por muy bien que suene cierta parte del discurso se puede asociarlo con una pretensión de participación popular”.

“Se puede pensar qué bueno que el presidente de EE.UU. esté por la suspensión de las patentes, puede ser un aliado para un debate en la Organización Mundial del Comercio, la propiedad intelectual de las patentes es un tema calve del orden capitalista contemporáneo”.

Sin embargo, para Gambina “no hay que banalizarlo y creer que EE.UU. es nuestro aliado. Es peligroso en un momento que hay que debatir mucho hacia dónde va Argentina, hemos tenido discusiones de la política económica con el ministro de Economía. Eso sería mucho más interesante, más que en la discusión por las tarifas se ha puesto en evidencia que lo que fracasó fue la privatización de los servicios públicos. Habría que discutir la energía y la vuelta no solo a la gestión estatal de los servicios sino en la participación popular en la gestión, administración y desarrollo de los servicios, sería discutir la política de fondo”.

El inicio del debate oral de la causa por abandono de persona seguido de muerte de Mariana Sol Bruna estaba previsto para esta semana pero debió reprogramarse por cuestiones sanitarias.

Según informó la Fiscalía el juicio se desarrollará los días 20, 21 y 22 de diciembre en dependencias del Tribunal Criminal N° 3. Ya había sido suspendido en marzo de 2020 por aislamiento de uno de los jueces.

El imputado es Luis Nicolás Martínez de 28 años y, según la investigación realizada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, se le reprocha haber puesto en peligro la vida de Bruna (15 años), facilitándole droga y colocándola en situación de desamparo al retenerla en el interior de su vehículo.

Para el fiscal, Martínez obró de manera negligente cuando la chica se descompuso el 31 de marzo de 2018 dentro de su automóvil, hecho que posteriormente le causó la muerte.

“La descompensación sufrida por Mariana Sol Bruna fue indudablemente advertida por el imputado Martínez, quien, dolosamente, teniendo dominio del acto, y contando con tiempo suficiente para ello, omitió requerir el auxilio médico imprescindible”, afirmó Romero Jardín en la requisitoria de elevación a juicio.

El fiscal federal Gabriel González Da Silva concluyó su alegato en la causa “Bobinas Blancas” en marco de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína en nuestra ciudad.

“El territorio bahiense era un punto intermedio entre Mendoza y Buenos Aires, que era desde donde pensaban exportar la droga. Ignoro los motivos pero tengo mis sospechas de que eligieron el Parque Industrial de Bahía Blanca porque era un lugar con menos controles que en otros, fueron varios galpones que alquilaron en distintas partes de Argentina, primero los estudiaban y cuando había terceros que empezaban a dudar, cambiaban”, dijo Da Silva a FM De la Calle.

El representante del Ministerio Público señaló que “era una banda internacional, con mucha logística y conocimiento previo, que eligió a la Argentina como punto de paso para hacer exportaciones de cocaína. Tenían una vocación de permanencia donde el producto de ‘Bobinas’ no iba a hacer su única operación sino que tenían pensando afincarse en el país. Hay antecedentes de que habrían realizado operaciones similares con anterioridad a esta causa”.

Los acusados son los mexicanos Max Rodríguez Córdova, Gilberto Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas y los argentinos Marcelo Rafael y Darío Maximiliano Cuello y Amílcar Darío Martino, considerados partícipes secundarios en el tráfico de la droga. Emmanuel García, por su parte, es señalado como responsable de las operaciones de lavado de activos mediante criptomonedas.

En cuanto al funcionamiento de la banda, Da Silva explicó que “estaba compuesta por ciudadanos extranjeros que operaban desde México y Canadá, que tenían una segunda línea de ciudadanos mexicanos que enviaron a la Argentina y se encargaron de acondicionar las bobinas, trasladar la cocaína -presuntamente desde Mendoza- que habría ingresado desde Chile”.

“No era el único método de exportación de cocaína que tenían sino que, además, lo hacían a través de piedras molidas de cuarzo y para eso tenían parte de la organización instalada en Mendoza”, dijo.

El fiscal aseguró que 7 de los 6 acusados confesaron ser responsables de los delitos que se les imputan. “Yo tenía que tomar el recaudo de que esa confesión no hubiese sido por medio de una amenaza o por intención de la gente que estaba procesada para intentar cubrir a otras personas y hacerse cargo de delitos que no les corresponden como ocurre en organizaciones criminales donde el jefe se los pide”.

“A pesar de la confesión tuvimos que apoyarnos en vías independientes que constatamos a través de testigos, conversaciones y anotaciones que tenían en cuadernos donde llevaban contabilidad y detalle de todo los que estaban haciendo”, comentó.

Da Silva recalcó que “fue un trabajo de hormiga por parte de la Fiscalía, de los órganos de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo), pudimos comprobar una cuestión principal a la que no se le prestaba mucha atención y que es un delito de gravedad similar al narcotráfico que es lavado de activo a través de la utilización de criptomonedas. En ese sentido, si bien hay antecedentes de causas de lavado de dinero, no tenemos antecedentes con criptomonedas”.

La salida de la droga

En su alegato, el fiscal destacó que en el Parque Industrial local “había despachantes de Aduana, gente que se dedica al comercio exterior, que advertían que pasaban cosas raras y se despegaron y les advertían a los imputados que entablaban comunicación con ellos. Todo se apoyó en una empresa fantasma de cuarzo molido y empezaron a ver que entraban bobinas que no tenían nada que ver, empezaron a sospechar de los movimientos. Usaron Bahía como punto intermedio y ya estaban pensando en irse a otro lado, más allá de que pensaban continuar con el negocio”.

La proyección era sacar la droga por el puerto de Buenos Aires: “Estaba todo pactado y los agarraron antes, pensaban utilizar un galpón en Quilmes como depósito previo antes de la salida, tenían todo prácticamente embalado, les faltaba el embalaje marítimo e iban a salir desde Buenos Aires. No lo pudimos determinar bien, pero los destinos eran seguramente Canadá o España”.

Otros vínculos

Da Silva aseguró que no se pudo determinar si hubo relaciones entre la banda e integrantes de fuerzas de seguridad u otros organismos de control. “Utilizaban mucho ciudadanos argentinos, gente que contactaban antes, llegaban a un nivel de confianza y, cuando veían que no los iban a delatar, los contrataban y los hacían trabajar haciendo que se movieran por distintas partes del país, no necesariamente necesitaban gente de Bahía Blanca. Eran todas personas con niveles de instrucción mediano o bajo que sabían que por las ganancias que tenían los podían callar con eso y listo. De todo lo que estudié no me surge que hubiera otro tipo de conexiones”.

Lavado de dinero mediante bitcoins

Emmanuel García está imputado por haber lavado el dinero del narcotráfico mediante transacciones de criptomonedas. El fiscal comentó que “el financista mexicano le mandaba bitcoins a García. En el 2017 no eran furor que son ahora, había pocos traders que se encargaban de convertir bitcoins por fuera de exchange, que son empresas virtuales pero tienen un comisionista que toma recaudos para ver si los orígenes son lícitos, si comprometen”.

“No era fácil de hacerlo por esos medios, buscaron uno que actuaba de manera independiente y que pudiera aceptar hacer eso de manera irregular. Dieron con García y acredité que fueron 5 transacciones por lo menos, fueron más pero no pude probarlas. El mexicano le trasladaba bitcoins, él los cambiaba por dólares, ganaba una comisión mayor y se los entregaban a los que estaban en Argentina”, señaló.

El trato era de “suma confianza” entre García y el jefe de la la banda “al punto tal que lo llamaba para confirmar si habían hecho la transacciones. Él tenía un rol preponderante y único, si bien no se lo imputó en la instrucción por narcotráfico, tenía conocimiento de quién le mandaba, para qué se usaba, de que era de origen ilegal y hacía las transacciones sin pudor para obtener mayor ganancia. Les cobraba un porcentaje muchísimo mayor al de una transacción normal y de esta forma se pudo financiar parte de la banda, sobre todo la rama que actuaba en Bahía Banca y Mendoza”.

El fiscal planteó que “el mercado de criptomonedas no tiene regulación específica en Argentina. Sí la tiene a nivel internacional, esto va a prevenir al mercado financiero local de que no cualquiera puede hacer cualquier cosa y que el Estado argentino está atrás de este tipo de cosas y no es un paraíso fiscal donde se pueda pasar plata literalmente manchada con sangre sin que se tomen los recaudos y sin que se sancionen a los responsables”.

Próximos pasos

González Da Silva destacó que “es el primer precedente de lavado de dinero de activos con criptomonedas, es el primero que marca la cancha, si es que los jueces aceptan mi tesitura”.

La penas requeridas van de 4 a 20 años: “Estamos hablando de segundas o terceras líneas, las penas máximas son para los jefes -si bien los juzgados eran coautores y armaron todo- por esos motivos no fui más arriba con la pena máxima”.

“Tenemos conocimiento de varios secuestros que no son del nivel de lo que ha sido en Bahía Blanca. Es novedoso que es gente que no eligió a Argentina para hacer una operación de paso sino que es el punto de referencia para hacer las exportaciones, intentaban instalarse en Argentina para hacer canal de paso de droga hacia los países del norte y Europa. No tengo antecedentes donde existiera esta vocación de permanencia que demostraron tener en Argentina”.

La causa se originó en un dato aportado por la DEA norteamericana. Consultado respecto a si algún organismo nacional no debería haber advertido lo que estaba sucediendo, el fiscal afirmó: “Escapa a mi conocimiento, si uno va al sentido común era difícil de detectar la droga porque estaba escondida lo que sí se hubiese podido hacer es observar el movimiento irregular de mexicanos en el Parque Industrial y sospechar, pero no tengo constancia de que haya habido connivencia con gente de fuerzas de seguridad o del Parque Industrial, no lo tengo acreditado”.

El médico Horacio Romano analizó en su columna de FM De la Calle las medidas implementadas por distintos países del mundo y cuáles fueron más efectivas para frenar la expansión de la Covid 19.

Se refirió a un estudio de la Universidad de Oxford que compara el desempeño de gobiernos que implementaron medidas de mitigación con los que optaron por buscar la eliminación del virus.

“Eliminación es tomar medidas duras para tratar de eliminar el contagio y mitigación es bajar la curva, es decir, acepto una cierta cantidad de infectados, me manejo dentro de los límites del sistema de salud pero no trato de imponer medidas más duras que eviten la circulación”, explicó.

Se trata de un estudio basado en informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre países como Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Japón.

“Analizaron la situación de los países que implementaron medidas muy estrictas en corto tiempo, desde el sistema de salud, desde el crecimiento económico, la solidaridad social y las libertades civiles. Observaron que en los países en los que la población fue solidaria, que no militó en contra de las medidas, si bien se restringieron libertades pactadas socialmente, tuvieron un mayor desarrollo económico”.

“Esto viene a cuento de todos los análisis del mundo capitalista donde se dice que no se puede parar la economía. En realidad sí se puede, hay que aceptar que las grandes empresas van a perder durante un tiempo, pero con medidas muy estrictas se puede terminar”, dijo el doctor.

Señaló que “los países que tomaron medidas de eliminación tienen 20 veces menos mortalidad. (…) La vacuna sola, como única estrategia, lleva a un peligro mayor porque deja libre la circulación del virus, el virus muta y empieza a dar problemas, incluso a los vacunados”.

“Hay que cuidar la salud social porque es lo único que puede garantizar la libertad civil y la recuperación económica. Desgraciadamente, Argentina eligió la mitigación que quedó a merced de grupos con mucho poder que han militado en contra de muchas medidas”, afirmó.

Por último, Romano destacó que se trata de “una mitigación blanda, si uno compara con las medidas que se tomaron en Europa, es mitigación pobre. Inglaterra está saliendo en función de cierres duros durante 3 meses, tienen poder de fuego, se han guardado las vacunas y han vacunado a su población. Y, por otro lado, la actitud casi genocida de EE.UU. acaparando vacunas. Sin dar explicaciones. Es un juego muy poco inteligente”.

“El Municipio y el Concejo Deliberante tienen que evaluar todas las alternativas, una especie de lluvia de ideas, dame todas las opciones que pueda generar con foco en los sectores más vulnerables”, dijo el economista jefe del CREEBBA, Gonzalo Semilla, al ser consultado sobre la aplicación de una tasa extraordinaria sobre sectores económicos que no se vieron afectados por la pandemia.

En diálogo con FM De la Calle aseguró que “el tema es ponerse de acuerdo, hay tire y afloje, hay sectores a los que les va bien con su esfuerzo y no quieren pero esto se está viendo no solo en Argentina sino afuera, países como Estado Unidos o Inglaterra”.

“Aquellos sectores a los que les fue bien, como el e-commerce -empresas como Microsoft, Mercado Libre, Amazon, Alibaba- han tenido ganancias extraordinarias. Ves los valores y no sé si te ponés contento porque hay muchísimos otros que perdieron, en América Latina hay 22 millones de nuevos pobres”.

El economista destacó que “es hora de que aquellos a los que les fue muy bien, porque además de hacer las cosas bien la restricción hizo que lo que es online floreciera, pongan las barbas en remojo”.

En cuanto al impacto de la pandemia en la economía local, Semilla comentó que “el sector más perjudicado es el comercial, indumentaria, calzado, gastronomía, hotelería, eventos deportivos culturales, eso fue a nivel internacional”.

“El sector del puerto, el industrial, estuvo trabajando. No estuvo cerrado el Parque Industrial. El sector educativo tuvo cierta complejidad porque perdió alumnos, el público y el privado. Los grandes supermercados no tenían la afluencia de público de siempre, empezó a ir menos gente”.

Agregó que “la construcción y el sector industrial de metalmecánica comenzó a despegar el año pasado. La construcción aglomera mucha mano de obra, el gobierno sabe que una de las formas de activar la económica es por la obra pública o créditos hipotecarios”.

Respecto al sector financiero, Semilla destacó que “si bien cuando hay corridas cambiarias, como en 2018 o 2019, la gente tiende a sacar el dinero del banco (…) el sector bancario está consolidado, tiene mucho dinero para prestar”.

La inflación no para

El último Índice de Precios al Consumidor elaborado por el CREEBBA registró un 5,2% de inflación para el mes de abril. El economista jefe del organismo señaló que “en todos los rubros hubo aumentos”.

“El gobierno está intentando contener la variable inflacionaria. El acumulado anual es casi de 17% cuando pronosticó un 30% el año pasado, estamos muy lejos de los pronósticos del gobierno y muy cerca de lo que el mercado decía que cerca del 50%”, aseguró.

La tercera parte de “¿Quién mató a Facundo? Un documental urgente en tiempo real” se estrenó este domingo. La causa judicial: encubrimiento vs. investigación”, es la propuesta del trabajo colectivo de FM De la Calle.

Se trata de poner el foco en “la tremenda situación de la causa, presa de las tensiones judiciales, policiales y políticas y la evidente voluntad por no avanzar de la jueza María Gabriela Marrón”, señaló el director, Federico Randazzo.

“Ante un episodio de la gravedad de lo de Facundo, la Fiscalía, que es el Estado investigando, pide pruebas concretas sobre la responsabilidad del Estado en la desaparición de Facundo y la jueza niega su producción”.

Randazzo apuntó que “de esa maraña compleja habla el capítulo. Cada vez queda más en evidencia lo que dice Cristina (Castro) y la familia de Facundo con la investigación que desarrollan”.

Respecto a la cobertura mediática del caso opinó “que hoy en día en Argentina las grandes empresas periodísticas están muy atravesadas por la tensión política, lo podemos sintetizar en ese concepto tramposo de la grieta”.

“Es asombroso ver coberturas como la de Adriana Meyer, una compañera, periodista comprometida de toda la vida con este tipo de casos, trabajando con coberturas similares en Clarín o La Nación que de repente, por oportunismo político de cuestionar al gobierno nacional o provincial, tienen interés en el caso. Y por el contrario hay casos más vinculados a compañeres del mundo de los derechos humanos genera mucha tensión o no se cubre, es interesante para verlo y debatirlo”, afirmó.

A nivel local destacó cómo La Brújula “ha logrado heredar un trabajo sucio, de compromiso con la impunidad, de comprometerse en la acción psicológica e ir instalando pruebas evidentemente falsas con una explícita intencionalidad política”.

Mirá el capítulo 1

Mirá el capítulo 2

En el marco del primer aniversario de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, FM De la Calle dialogó con la periodista y redactora de la sección Política de Página/12 y columnista de Marca de Radio, Adriana Meyer, y el periodista editor de La Izquierda Diario, Daniel Satur. El eje de la conversación fue cómo pensar la cobertura periodística de este tipo de casos desde la perspectiva de los derechos humanos.

¿Qué significa el primer impacto en la opinión pública en estas causas en las que el Estado se investiga a sí mismo?

Adriana Meyer: Estoy haciendo un estudio profundo, comparativo, de desapariciones forzadas. El impacto es fuerte, en la memoria colectiva está el escalofrío del desaparecido, sin embargo también está un sector del periodismo que su trabajo habitual tiene que ver con fuentes policiales. Ahí vuelve a aparecer casi acríticamente la contra versión de la policía, que en este caso es la principal sospechada. Cuando fue el caso de Santiago esto era más evidente porque además había un gobierno que tomaba la vocería de los uniformados.

En este caso, donde supuestamente había otro tipo de sensibilidad en los funcionarios del gobierno, esto que te cuento de difundir la versión policial, de que el pibe se fue solo a dedo en la ruta, todo lo que ya sabemos que sucede en estos casos, en boca de columnistas en prime time de televisión. Ahí hay un agujero, cuando estamos en un caso donde es el Estado el que se tiene que investigar, a pesar de los años que hace que terminó la dictadura el Estado cuando se trasforma en sicario de sus habitantes sigue teniendo sus voceros en la opinión pública y eso es muy grave.

Daniel Satur: Yo tengo una mirada marxista de la sociedad, del mundo, de la vida, que tiene que ver con la división en clases sociales y con  la relación opresores oprimidos, explotadores explotados. En ese sentido, también siento que las grandes empresas periodísticas, que son las que tienen la capacidad de difundir masivamente los mensajes, en su gran mayoría tienen sus intereses. Frente a casos como estos la situación no cambia, va a impactar en la medida que a esos medios les sirva usar esos casos.

Por otro lado, hay algo que a lo largo de los años, con el sello que dejó la dictadura, la cuestión de la desaparición ha generado por responsabilidad del régimen político cierta naturalización, que desaparecer no es algo extraño. ¿Cuándo vemos en los grandes medios un análisis a fondo de cuál es la estructura de una red de trata? Ni hablar de narcotráfico, ni de los grandes delitos que son los grandes negocios ilegales donde siempre está metida la policía, un sector de los capitalistas, el poder político, el poder judicial.

En el caso de Facundo gracias a la lucha de Cristina y sus abogados, un sector que los ha rodeado, la radio de ustedes que en Bahía cumple un papel importante, creo que la posibilidad de impactar viene por esa organización misma y porque en determinados temas los casos son incontrastables. Kicillof puede decir lo que quiera pero que la policía está metida no puede negarlo, solamente le alcanza para decir acá no se va a encubrir a nadie, cosa que es mentira porque ha encubierto a todos. No dejó de estar impactado, tuvo que recibir a Cristina como Fernández y el procurador general, Y era solo una trabajadora de una estación de servicio de Luro, ahí está la lucha de clases y tiene que ver con lo incontrastable de los hechos más allá de lo que quieran inventar.

En algunas coberturas se hace mucha referencia al “expediente”, ¿cómo trabajan en relación a la versión oficial de la justicia y cómo la complementan con otras fuertes?

AM: Eso es increíble y remite a la ausencia de un aprendizaje, considero que esta profesión debería estar colegiada, bajo la chapa de yo cubro policiales hace tantos años se dicen barbaridades, con una actitud paternalista y condescendientes en prime time se dice a las víctimas hay que escucharlas pero lo que vale es el expediente. Es aberrante e ignorante porque estamos hablando de desaparición forzada de personas, tipificado en el Código Penal, Argentina condenada por este delito que es delito múltiple e incluye lo que hace ese periodista en televisión.

Quienes se ajustan a lo que diga la “verdad” absoluta del expediente también falsean, porque el expediente nunca es lo que te muestra tu fuente, pueden ser pedidos no contestados, hay muchas formas de leer un expediente y si encima tomás la voz de las víctimas como decorativa estás en un problema.

Lo primero es la voz de quien está sufriendo, después voy a intentar hablar con el fiscal, la jueza, etcétera, porque a veces no hablan con nosotros, cuando ven que ya escuchaste a la víctima no te atienden el teléfono. Hay múltiples fuentes, es el ABC del periodismo, es una excusa para reproducir los intereses.

DS: Veo que es muy gráfico en las secciones policiales. Llamarle policiales es tomar una posición, es la voz de la policía, más allá de esto también tiene que ver qué posición tenés vos, en los expedientes se vuelcan lo que jueces y fiscales quieren. Eso no significa que el expediente no sirva para descubrir cosas.

En el caso de Facundo, la aparición de Heim y Azzolin, que como dicen Cristina y sus abogados, han sido la contra tendencia al rol que ha cumplido Ulpiano Martínez y que sigue cumpliendo la jueza Marrón en este momento, pero son excepciones. La regla es que el poder marca la agenda y directrices, la visión o quienes reproducen discursos van a manifestar su posición.

En este año pasaron dos cosas: por un lado muchos referentes de derechos humanos, para un montón que estuvieron al lado de Sergio Maldonado no existió el caso de Facundo o cada tanto alguna proclamación formal para cumplir. También he visto a lo largo de este año a periodistas que desde la pantalla de C5N han tomado la misma posición que La Brújula y La Nueva, eso es grave, sobre todo para el gremio.

Esa es la figura de hasta dónde llegan los tentáculos de quienes no quieren que se sepa la verdad y quienes estamos desde otro lugar. La experiencia te ubica en un lugar determinado, decidís estar de esta vereda o cruzarla y estar de la de enfrente.

Medios y hasta referentes de derechos humanos deberán explicarle a Cristina porqué no hicieron lo que no hicieron teniendo todo para hacerlo. (…)

AM: Esto que menciona Daniel, ese momento en que esos voceros en la tele dicen eso, alcanza para sembrar la duda. Tenés a un grupo de periodistas, encabezados por ustedes, el laburo de los medios del lugar es clave, en esa construcción. Nosotros estamos detrás de ustedes, de nuevo rebatiendo barbaridades y mentiras que se dijeron, pero alcanzó para sembrar la duda esa intervención televisiva. Lo dice la tele, es muy grave.

¿Cómo salvar distancias físicas con el lugar de los hechos para poder contar un suceso periodístico?

AM: Si tomás contacto con los protagonistas de la historia, escuchás todo lo que tienen para decirte y después confrontás con las otras fuentes, claramente no hubiera salido las historias que salieron, eran burdas vocerías.

Cada vez que hay una desaparición forzada y está vinculado con fuerzas de seguridad hay que escuchar ‘se fue’, ‘está perdido’, ‘se enojó’, esto venía de fuentes importantes del poder y me ha tocado discutirlo con altos voceros de funcionarios nacionales. Tenías a La Brújula, La Nueva y a Berni, vamos a imaginar que tomás esa actitud de ese periodismo acético que escucha las dos campanas, aún así no hubieran salido esas historias. Lo único que se les pide a quienes no tienen este compromiso es que hagan su laburo y cotejen, que las notas sean equilibradas.

Hay que rescatar que a Cristina en soledad, con Luciano en la primera etapa pelando en provincia, la verdugueaban, no le tomaban la denuncia, las barbaridades que hicieron en el fuero provincial. Cuando Cristina tiene ese escalofrío donde sintió que le habían hecho algo a su hijo, ahí se enfrenta con la policía y ahí fueron a buscar a Leandro Aparicio para dar otra batalla. Si uno puede leer eso igual choca contra todo lo demás, esas crónicas que reproducían, el discurso oficial que buscaba exculpar a los policías, era solo el discurso oficial, no estaba la historia de Facundo, su mamá, y sus abogados.

DS: Es muy difícil en esta época de redes sociales y demás que alguien diga ‘desapareció mi hijo’ y esté mintiendo, en todo caso descubrir si esa persona desapareció o no es muy sencillo, sobre todo para el Estado que tiene todas las herramientas para lograrlo. En un punto vos elegís dónde pararte y qué cosas que te ofrece la realidad agarrás o descartás.

La jurisprudencia ha avanzado para cosas que no se van a cumplir en lo más mínimo. Ese es el régimen político en el que vivimos. Supongamos que nos agarramos de las letras a veces muertas de las constituciones y las leyes, escuchar a la víctima es algo que está en todos los tratados internacionales. No hay prácticamente casos de desapariciones forzadas en Argentina o América Latina o de gatillo fácil donde el Estado haya escuchado a las víctimas.

Lo que hacemos nosotros es eso, levantar el teléfono, preguntar y preguntar a otros también. Yo recibí el bloqueo del sector de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos, Cristina me atendió el teléfono, Aparicio, los fiscales -menos Martínez- me atendieron el teléfono. ¿Qué quiere decir?

¿Qué mirada tienen sobre lo que viene en la causa?

A: Está a punto de salir una denuncia concreta contra la doctora Marrón, con destino al Consejo de la Magistratura. No es fácil porque por algo se quedó, obstruye. Cristina me dijo ‘toda la energía que tenemos que poner en buscar la verdad se nos va en discusiones infantiles donde nosotros decimos A y ella dice B’. Sé que hay mucho nuevo fuerte para que esa frase de Cristina se concrete. Este grupo de fiscales, al cual se unió Iara Silvestre, han hecho un laburo donde está muy claro el devenir de la causa. Independientemente de lo que pase, la verdad ya está, falta la justicia.

D: Si uno la escucha a Cristina en cada instancia puede hacer dos lecturas. Una más de sentido común, pobre mujer, mirá lo que está pasando. Y si hilás más fino, decís esta chabona la tiene re clara y sabe a dónde tiene que ir. Si uno se basa en eso tendría que confiar en que de no existir alguna maniobra del Estado que pueda llegar a trastocar todo, muchas cosas pueden suceder. Es cierto que te comentan con reserva estamos a la espera de cosas incluso más contundentes de las que vimos, lo que ya está es un montón, ameritaría para que estén presos al menos 4 policías.

Esperemos ver qué pasa en el Consejo de la Magistratura, que sabemos cómo funciona y lo que es. Pero más allá de eso, Ulpiano Martínez tuvo que renunciar a la causa, había una enorme evidencia que lo contraponía a él con el propio expediente. Si quieren tener un rol diferente los fiscales tienen que decir ‘estamos desde este otro lado’. La puerta está abierta para todo, centralmente por la tenacidad y convicción de quienes la acompañan, ahora bien, no hay que parar un minuto en esa pelea. Berni sigue siendo el ministro y el lunes está en Bahía. Berni, Kicillof -NdR: su visita se postergó para el jueves- y decenas de patrulleros de la policía desaparecedora y encubridora, van a hacer un festejo porque, entre comillas, va a haber más seguridad en Bahía, eso es tomar una posición. Esos, como dice Cristina, son los gigantes contra los que se pelea.