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“Nos toca opinar pero no estamos de acuerdo en hacerlo de la manera que lo hacen. En este contexto, como está la situación y sin haber terminado la reunión con vecinos, no estaríamos de acuerdo”, dijo esta mañana a FM De la Calle la presidenta del bloque del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, respecto de la intención de construir cocheras subterráneas en la Plaza Lavalle/ del Sol/ de la Memoria.

El bloque es minoría en el Concejo Deliberante aunque tiene mayoría en la comisión de Obras Públicas: “Si no firmamos no se trata y si se pide sobre tablas si nosotros no acompañamos no se habilita el tratamiento”, afirmó.

Vecinos y vecinas del sector se reunieron con ediles de la oposición y del oficialismo para manifestarse en contra de la iniciativa que impulsa Juntos por el Cambio y Fidetrust. Consultada respecto al tratamiento del proyecto en la última sesión ordinaria que tendrá lugar este jueves, Ghigliani dijo que “todavía no sabemos qué va a pasar”.

“Este proyecto se había dejado de lado, ahora se reflota, lo que no compartimos que se diga que es una decisión que toma el HCD, es una opinión de un privado y como tal debemos decidir si es de interés público o no. El Municipio debería decir cuál es su proyecto de ciudad, cuáles son las obras centrales y qué beneficios traería y considerar de manera integral el proyecto, no un cachito Anchorena, un cachito el mercado, un cachito de Beltrán”, argumentó.

La ordenanza que habilita este tipo de iniciativas privadas, “es del año noventa y pico, nos da para pensar lo público y privado en términos más menemistas que no compartimos y es una ordenanza que nunca se utilizó en esos términos”.

“Se dijo que se descartaban las cocheras y que si se avanzaba en calles aledañas se iban a contemplar no alterar especies eso está dentro de los parámetros de lo que el Ejecutivo puede hacer. Ahora reflotar esto nos llama la atención”.

“Los estudios técnicos son importantes, primero por las napas que no es un tema menor. Además, hay un espacio que se va ceder por muchísimo tiempo para un negocio privado, hay que poner en la balanza que es un espacio público y qué beneficios va a tener la ciudad. Son muchas las cosas que estamos discutiendo, no es tan lineal la postura cochera si o cochera no”.

Para que se trate el expediente Ghigliani manifestó que “debería tener las tres firmas en las comisiones, en Obra Pública las tenemos nosotros y si no firmamos no se trata, y si se pide sobre tablas si nosotros no acompañamos no se habilita el tratamiento. Sesiones ordinarias no hay más, quedan extraordinarias. Si pasa por Obra Pública y nosotros no acompañamos, no tiene la firma”.

El sábado se realizó una asamblea en la Plaza Lavalle/ del Sol/ de la Memoria para evaluar acciones contra el proyecto de Juntos por el Cambio y Fidetrust para destruir el espacio público e instalar cocheras subterráneas bajo una nueva plaza que preservaría solo cuatro ejemplares de su arboleda.

FM De la Calle registró testimonios de quienes participaron. El próximo miércoles a las 18 realizarán una conferencia de prensa con intervenciones artísticas en el lugar y el jueves se movilizarán al Concejo Deliberante a las 13.

“Se llamaba Plaza del Sol, fue usada durante 12 años por la Feria de la Cultura, donde pasaban por tres días y tres noches todos los artistas de la ciudad, ceramistas, cuentistas y obras de teatro, cosa que guardamos en la memoria, por eso creemos que se tiene que seguir llamando Plaza del Sol”.

“También de la Memoria y Resistencia, las marchas y actos en repudio de la dictadura terminaban en este espacio, es un pedazo de la lucha de los desaparecidos de esta ciudad, que no son pocos. Se llama dr. Ricardo Lavalle, en honor a un hombre honesto y querido, militante radical que murió tan pobre como nació. Los que le pusieron el nombre reconocen en ese señor parte de la historia bahiense que nosotros desconocemos pero no por eso no existe”, comentó Mónica Oliver.

Agregó que “recuperar la memoria de los espacios y conservarlos tiene un valor histórico pleno, este árbol fue plantado en el gobierno de Linares en homenaje a los desaparecidos y no tiene ninguna referencia. Deberíamos saberlo, conocer la historia de la ciudad que habitamos. Los bailes no empiezan cuando uno llega ni terminan cuando uno se va”.

Desde el Consejo Cultural Consultivo, Alejandro Méndez señaló que se votó en asamblea apoyar la iniciativa de vecinos y vecinas: “No creo que haya un estudio de impacto ambiental, puede colapsar todo, es el desatino más increíble que se puede imaginar. Va atado al dragado del arroyo, es la misma lógica de un estado municipal depredador, es muy importante la movilización, relacionar las causas, es un mismo proyecto político en general”.

“Acá hemos actuado miles de artistas en esta plaza, hay un cacho de historia que es importante y están omitiendo y violentando. Tenemos que poner en evidencia a esta gente que como casta o clase política se caga en todo y en todos nosotros”.

Lorena manifestó que “hay gente que no sabe lo que está pasando, no se habla mucho de esto. Tenemos que hacerlo visible, hablarlo en casa, con las familias, con nuestros hijos, porque lo que queda va a ser para ellos”.

“Han logrado que esta placita de noche sea insegura, no le ponen iluminación, no hay presencia policial ni municipal. No la cuidan, no la barren. Primero creamos la causa de porqué la reventamos. Otra cosa que me dolió en el alma que es el cierre del Teatro Municipal, esto esconde un negocio que les conviene a otros, como el Cine Plaza. (…) Esto que quieren hacer con esta plaza es un abuso al ciudadano”, detalló otra vecina.

En relación a las consecuencias estructurales que podría tener el proyecto, Roberto, vecino de uno de los edificios aledaños a la plaza, afirmó “que el representante de los empresarios me dijo descaradamente: ‘no se preocupe si se raja una pared ya se la va a considerar’. El infierno que esto va ser mientras se haga la obra. No debemos permitir que aquí se haga nada. Si está así es por culpa de ellos que la quieren destruir. Si todo el énfasis que pusieron para destruirla lo hubiesen puesto en construir, esto sería maravilloso”.

“Se nos estigmatiza a los pibes que venimos a la plaza, es un interés político y social que tienen. Nos cierran el Teatro, nos cierran la plaza. Hay quienes venimos acá incluso a tomar una birra, ¿y qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene de malo? Vamos a apoyar esta causa fuertemente”, enfatizó Al, dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios.

La becaria doctoral en Geografía del Conicet, Marcela Torrez destacó en FM De la Calle el movimiento organizativo de migrantes bolivianos dedicados a la producción de cebolla desde 2017. Se trata de comunidades del Partido de Villarino que habían aparecido en los medios en protestas vinculadas a las crisis económicas.

La docente junto a Lucio Martín participan de un capítulo del libro «Territorio, movimientos sociales y conflictividades». La compilación de Pablo Becher y María Belén Nieto fue editada por Ediciones De la Calle y CEISO y se presentará el jueves 26 a las 19 por el canal de YouTube FMDELACALLETV.

Torrez comentó que la investigación titulada “Organizaciones sociales y crisis económica: el caso de los grupos migrantes bolivianos en el Valle
Bonaerense del Río Colorado” es un trabajo interdiscipliario. “Nos aventuramos a visibilizar estos movimientos sociales, qué venía pasando desde el 2017 cuando se genera un movimiento con carácter organizativo, que nos permite captar la importancia de esto para la región”.

Señaló que “hay una dinámica muy singular porque más allá de que son localidades pequeñas, son pequeños productores familiares, trabajadores que actúan de intermediarios, trabajadores de galpones de empaque. La cebolla ha sido y es un ingreso importante no solo para los que trabajan la tierra”.

La investigadora mencionó que durante los años previos se dieron algunos episodios aislados pero fue con la crisis del 2017 cuando comenzaron a organizarse, a partir de allí “participaron no solo trabajadores sino productores que allí viven, no solo migrantes. Fue frente a una crisis muy importante para la región porque tuvieron muchas pérdidas. Es un sector de pequeños y medianos productores en la que en la mayoría quedan al margen del acompañamiento por parte del Estado”.

Torrez señaló que en el libro “no solo describimos estas acciones que tuvieron lugar en este momento, sino que lo quisimos poner en diálogo con la Confederación de Trabajadores de la Económica Popular, el MTE, que aparecen acompañando a estos sectores y esto generó cierto empoderamiento para ciertos colectivos”.

“El área de producción en la región es para exportar a Brasil. En el 2017, además de la crisis en relación a que Brasil no estaba importando tanta producción, fue la apertura de convenios con Holanda y España a partir de los que se comenzó a importar cebolla de otros países, eso generó un insumo más para la crisis del sector”, detalló.

Señaló la poca ganancia que obtenía el productor: “Por cada 20 kilos recibía 8 pesos. El consumidor compra un producto a un precio elevado y eso no se refleja al productor. Lo que se vio con las movilizaciones es que se distribuyó un subsidio paliativo para la crisis. Las solicitudes eran renegociar la posibilidad de créditos blandos y que al productor no le generen tantos gastos y les permita comprar los insumos”.

“Una de las consecuencias de la crisis fue que muchos dejador de dedicarse a la cebolla y optaron por otras hortalizas, tomate, lechuga, bajo cubierta, que es otra manera de buscar una alternativa”, finalizó.

Juntos por el Cambio trataría en la próxima sesión del Concejo Deliberante la declaración de utilidad pública del proyecto de cocheras subterráneas en la actual Plaza Lavalle/ del Sol/ de la Memoria.

El grupo Abrazo convocó a una asamblea este sábado a las 18 y a movilizar hasta el próximo jueves al recinto de Sarmiento y Estomba.

En los últimos días, la Comisión de Obras Públicas recibió nuevos informes de parte de la consultora Longoni & Asociados y de la desarrolladora Fidetrust.

El documento intenta licuar el impacto ambiental de la intervención en el área del Mercado Municipal en una proyección de mejoras en la movilidad, el arbolado y el mobiliario urbano del eje Belgrano-Donado. Si bien dichas obras se proyectan desde hace años, hoy no están ni presupuestadas ni comprendidas en la iniciativa privada.

“La extracción de ejemplares es de por sí una acción que genera un impacto negativo de cierta relevancia sobre la vegetación del lugar, sin perjuicio de lo cual, en este caso debe considerarse que los ejemplares a extraer no poseen valor ecológico de relevancia y que algunos de ellos se encuentran en mal estado fitosanitario o decrepitud”, afirman desde Fidetrust.

Los privados proponen “rescatar” tres especies autóctonas “de gran porte y copa para mantener las áreas de sombra”. Un ombú, un almez y un jacarandá, además de dos ejemplares de palmeras, no autóctonas. “El resto del material vegetal es trasplantable y ser llevado a otros espacios públicos (sic) según lo determinado por la autoridad de Parques Municipales (ing. agron. Erica Gutiérrez) en una entrevista de material vegetal sobre plaza Lavalle”.

Sostienen que se aumentará la superficie absorvente mediante la colocación de gramíneas y herbáceas de bajo mantenimiento y consumo de agua que formaran grandes matas: “poca variedad, mucha cantidad”.

El ing. forestal Ramiro Vicente es el resposable del informe “Alternativas de trasplante, conservación y extracción de árboles y arbustos”. Destaca que hay 18 arbustos de diez especies que podrían ser trasplantadas sin problemas y, respecto a los árboles, manifiesta que son trece sin contar las lagerstroemias ubicadas en la vereda de O´Higgins que no se transplantan.

Los divide en tres subgrupos: “Los que se quedan y para los que hay una propuesta de obra civil para contenerlos (cuatro en total, un alméz, un ombú y dos palmeras); el segundo, aquellos ejemplares que se propone su trasplante (seis árboles, dos lapachos, un árbol de judea, un grinkgo, un palo borracho y un jacarandá); y, por último, el grupo de los árboles que se extraen sin trasplantarlos (son tres, un jacarandá, y dos acacias bola)”.

El dr. Horacio Romano afirmó que la dismorfia se da “en la autopercepción de cosas que consideramos feas o defectos o problemas estéticos -tengo una arruga más, me quedé pelado- puede ser real o no”.

“El tema es que eso produce mal estar, uno se ‘enferma’, genera ansiedad o depresión y acentúa estas cuestiones. Te sacás una selfie a 30 cm y a esa distancia se sabe la nariz es más grande, la cara más redonda y los ojos más grandes. Como se puede arreglar, uno la selfie la toquetea un rato y sale con mejoras”, dijo el médico en su columna de Salud de FM De la Calle.

Agregó que “el zoom eso lo ha abolido, pasamos tantas horas, que es un nuevo trastorno, la dismorfia de zoom. No estamos acostumbrados a hablar y vernos y el comparar con otros que están en la misma situación ha llevado a cuadros de ansiedad y angustia”.

Respecto al rol de la redes sociales mencionó que “indudablemente nos exponen permanentemente y esas cuestiones pueden generar trastornos, encima en un contexto donde uno está encerrado. Es una fuente más de ansiedades y miedos, una de las consultas más importante en Google en temas de piel es acné y caída de cabello”.

En relación al uso de las pantallas de niños, niñas y adolescentes en tiempos de pandemia y la incomodidad durante clases virtuales destacó que son edades particulares porque aun no se está acostumbrado a la propia imagen. “Es muy fuerte, hay que prestarle mucha atención a estas cuestiones”.

La principales consecuencias de la dismorfia de zoom son “ansiedad y depresión y afecta también a quienes pueden acceder a cirugías plásticas que terminan lastimándose. Esto no es patrimonio de los jóvenes, han aumentado muchísimo por estas cuestiones de la juventud eterna y cosas que no me gustan, no todas las personas por más bellas que sean están conformes, esto nos puede llevar a casos extremos”.

El médico sostuvo que “las tecnologías no están probadas masivamente, nos damos cuenta mucho tiempo después que son negativas. Nadie las prueba, salen a la cancha así, es un de los principales negocios en estos momentos e impactan directamente en nuestras vidas. La aceptación o no pasa por el like o por las redes”.

El investigador Matías Alamo dijo a FM De la Calle que “la economía popular lo que intenta hacer es una reproducción ampliada de la vida, donde el eje no es maximizar la ganancia en el menor tiempo posible sino valores de reciprocidad, de ayuda mutua”.

El docente del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur es coautor de uno de los capítulos del libro “Territorio, movimientos sociales y conflictividades”. La compilación de Pablo Becher y María Belén Nieto fue editada por Ediciones De la Calle y el CEISO y se presentará el jueves 26 a las 19 por el canal de YouTube FMDELACALLETV.

“La mayoría de los autores provenimos de la UNS. Estas prácticas y las distintas investigaciones nos permitieron plasmar todas esas experiencias que son fruto de un trabajo colectivo”, comentó.

El estudio que firman Alamo, Cristian Garabito y María Belén Nieto se titula “Experiencias de Economía Social y Solidaria desde una perspectiva de género. Los grupos de emprendedoras Moras Brix y Runtu Thani en la ciudad de Bahía Blanca en la actualidad”.

El docente señaló que “siempre se discute la pertenencia popular en términos de la economía social y solidaria y ponen el eje de la reproducción ampliada de la vida y se corren del modelo de acumulación capitalista donde las lógicas son la reproducción en términos de ganancia”.

Moras Brix y Runtu Thani integran y abastecen experiencias de comercialización de la economía solidaria como las Producciones de la Agricultura Familiar impulsadas por Cáritas, INTA y FM De la Calle.

“El trabajo marca sus trayectorias y experiencias en términos de una perspectiva de género y de visibilizar estas prácticas comunitarias, un poco para sacar ese estigma de muchos y muchas que cuando hablan de economía popular piensan en una economía que está por fuera de la ley o encuadrada en la informalidad”.

En relación a la perspectiva de género Alamo señaló que “hay una producción social de cómo esas emprendedoras, van formando su trayectoria a partir de ciertas prácticas de empoderamiento, en darle la disputa al patriarcado. Se sale de la mujer pensada en actividades de cuidado y en ese proceso se dan cuenta que pueden producir sus materias primas y convertirlas en mermeladas y conservas, que hay una salida desde el punto de vista comercial”.

El docente destacó que “es interesante pensar en términos de cómo visibilizan estas experiencias y fomentan otra economía promoviendo estas prácticas de producción y de comercialización y disputan el espacio y el territorio al modelo de acumulación capitalista”.

La periodista Sandra Crucianelli participará esta tarde en un encuentro virtual sobre pauta oficial organizado por Integración Ciudadana. “Está bueno que la gente sepa lo que pasa dentro de los medios de comunicación”, adelantó a FM De la Calle.

“El poder político y la pauta oficial, ¿cuánto nos cuesta la publicidad del municipio?” será el eje del panel que sumará las intervenciones del creador de Gasto Público Bahiense, Manuel Aristarán, y del director de Poder Ciudadano, Pablo Secchi.

“En Bahía se producen situaciones muy injustas en desmedro de medios pequeños o con nichos de audiencia legítimos, en favor de empresas más grandes y con recursos. En lo que va desde el 2020 se han gastado más de 80 millones de pesos en no comunicar y en no rendir cuentas. Pareciera que la pauta financia medios de comunicación y, lo que es peor, financia periodistas. Eso está mal, el problema es que es legal”, dijo Crucianelli.

La coordinadora de la Unidad de Inteligencia de Datos de Infobae agregó que “esto hace que se produzcan distorsiones con algo tan sensible como el dinero público. Hay mucho dinero que va a pocas manos, sin ningún objeto, es dinero desperdiciado. Si se ve la distribución, en 2008 el grupo Massot se llevaba el 60% de la pauta. Cuando lo dije en Canal 7, la respuesta que obtuve fue un mail de uno de los directivos de la agencia Rex Publicidad a Artear pidiendo literalmente mi cabeza”.

“El despido de periodistas por no ajustarse a lo que el Municipio quiere que se diga o se opine, se ha visto en la época más oscura que vivió Bahía Blanca en ese aspecto, que fue durante el gobierno de Cristian Breitenstein, en el que Rex concentraba más de la mitad de la pauta y la distribuía discrecionalmente ejerciendo presión directa sobre los medios”.

Durante la gestión de Gustavo Bevilacqua no cambió la situación: “Hubo despidos, corrimientos, castigos, acoso y amedrentamiento de periodistas, de lo cual hablo con conocimiento de causa porque fui una de las afectadas. Este tema merece por lo menos una ordenanza, no para financiar medios porque el financiamiento tiene que ser privado, sí hacer un aporte para que se comunique como la contraprestación de un servicio y para la rendición de cuentas”.

Respecto de la implicancia en los contenidos y su repercusión en las audiencias, Crucianelli destacó que “se difunde un mensaje único, eso es peligroso en los años electorales para la audiencia porque empieza a comprar un paquete que es el que paga el gobierno de turno si quiere ser reelecto. Se utiliza la pauta para mostrar lo buenos que son, se usa ese dinero para financiar este mensaje, esto me parece asqueroso”.

“En vez de usar dinero público para comunicar servicios, te dicen mirá qué bueno es el intendente, qué bueno que hizo esta obra. La gente compra este paquete como algo que está bien confiando en el medio en el que consume. Esto se ve en la gente que escucha LU2 a la mañana, por costumbre. Tenemos un grupo de gente de 60, 70 años que están acostumbras a escuchar una radio que se lleva más del 10% de la publicidad, que transmite el mensaje del diario La Nueva y de La Brújula”, apuntó.

Las nuevas tecnologías y el desmanejo de la pauta han favorecido la concentración: “Han creado plataformas que después terminan en las mismas manos para recaudar más. El grupo La Nueva concentra el 43% del dinero público, si le sumamos el 25% de La Brújula -sumando el dinero que reciben sus periodistas- es casi el 70% en mano del mismo empresario que te va a dar el mismo mensaje”.

“Sabemos que cuando hay pauta oficial, cuando ponés publicidad en un medio la libertad periodística es acotada, cuando te cuenten otra cosa es mentira”.

Por último, destacó: “Hay 80 millones de pesos en juego, entiendo que es incómodo que hablemos de esto para los colegas, que quienes están trabajando en los medios no pueden hablar porque saben que van a tener represalias o corren riesgo de ser despedidos. Mucho de esto pasó en los últimos despidos que hubo en Bahía. Cuando hablás de la pauta sos boleta, en otras palabras”.

Marcela Arceo vive en uno de los edificios lindantes a la Plaza Lavalle/ del Sol/ de la Memoria. Esta mañana dijo a FM De la Calle sobre las cocheras subterráneas que, “si bien no nos sorprende porque esta sombra siempre está acechando, teníamos la palabra de que no se iban a hacer. Nos ha dejado sorprendidos y preocupados, organizándonos para resistir a este proyecto”.

Desde el grupo Abrazo a la Plaza del Sol reclamaron una audiencia pública: “Nuestra preocupación radica en los puntos que tantas veces hemos enumerado, no solamente la defensa del espacio público que se ha visto amenazado con la toma de algunos como la vera del arroyo Napostá sino también la defensa del patrimonio verde de la ciudad”.

Arceo afirmó que las napas “están muy cerca, por lo tanto 3 metros o 2,70 -como decía el proyecto- genera indefectiblemente llegar al agua. Como vecina escucho todas las noches las bombas que extraen agua del Mercado Municipal. Cuando se restauró el Hotel Italia se escuchaba la cantidad de agua que se extraía y que iba por la alcantarilla. Los edificios tienen problemas en sus bases por inundaciones en los sótanos. ¿Qué se persigue con esto?”.

“Hay cosas que mejorar porque la plaza no tiene mantenimiento de ningún tipo y (Tomás) Marisco se comprometió a hacerlo. Él sostenía que el proyecto cocheras no se iba a hacer. La plaza obtuvo solamente dos tachos de basura y una canilla en el centro, vinieron y rompieron algunos pasos para iluminar el anfiteatro, sacaron los adoquines y quedaron los agujeros. Hay actividades permanentemente en la plaza pero de higiene y mantenimiento no podemos hablar”, apuntó la vecina.

Agregó que “hay más de 15 árboles de infinito valor y en el proyecto final solo quedan cuatro. Sabemos por experiencia que se apoderan del espacio público, el polo gastronómico va a terminar extendiendo sus mesas a la plaza y las actividades que allí se realizan -yoga, los chicos de parkour, hip hop, las ferias- corren riesgo. Los proyectos privatizadores de llenar el espacio de emprendimientos comerciales restarían a la plaza esta posibilidad de libertad”.

“Esta pandemia debería habernos hecho reflexionar con respecto a lo que nos está pasando, al medio ambiente y al uso de la tierra. Aumentar el uso vehicular en el centro pensando en dejar solo cuatro árboles es un nuevo atentado contra el planeta”, finalizó Arceo.

“Como decimos las Garcías, venimos cuatro generaciones acá, mi madre, nosotras, mis hijas y mis nietos pidiendo justicia”, dijo Julia García a fines de octubre ante el tribunal oral que juzga a cuatro ex integrantes de la Triple A.

La hermana de Luis Jesús declaró después que su madre Marcela Egues, quien se preguntó por qué hubo tanto complicidad con el crimen de su hijo. “Tenía 18 años y lo masacraron, lo torturaron y lo tiraron en la ruta. Es una vergüenza lo que hicieron. Fue un gran militante, se organizaba para que todos tuvieran su buen sueldo y lo que necesitaban para trabajar”.

Julia destacó que el gran ausente en el juicio es el Poder Judicial. “Los jueces Hugo Cavallaro y José Montone son los que actuaron en la investigación del asesinato de mi hermano y le garantizaron la impunidad a los miembros de la Triple A. Sin su complicidad no estaríamos sentados acá, después de 46 años”.

Las audiencias continúan jueves y viernes desde las 9. Declararán la historiadora Belén Zapata, la directora del Archivo Provincial de la Memoria, Claudia Bellingeri, el presidente del Equipo Nizkor, Gregorio Díaz Dionis, y el ex legislador pampeano Eduardo Tindiglia.

Marcela recordó que el Negrito estudió hasta que comenzó a trabajar en la construcción de un barrio en Ing. White para la empresa Interamericana. Rápidamente “vio la necesidad de organizarse con los compañeros porque no tenían botines, guantes, iban como podían. Hacían asambleas y paraban la obra”. Con su moto repartía la prensa del partido y volanteaba “con mucha alegría”. Su militancia le valió varias amenazas y despidos.  

La familia García luchaba también contra el “abandono” del barrio. Organizaban reuniones de vecines de Noroeste y Villa Nocito porque “correspondía que viviera mejor la gente”.

La noche del secuestro del Negrito, Marcela había hecho empanadas. “Llegó de la militancia en el barrio con dolor de panza, le hice unas al horno.  Nos acostamos y, alrededor de las tres y algo, lo vinieron a buscar. Pensé que lo iban a tomar detenido”.

Afuera había dos autos y varios hombres armados. Dos de ellos entraron. “¿Qué pensaban que iban a encontrar en mi casa?”, se preguntó Egues. “No pasa nada mamá, enseguida vuelvo”, dijo Luis.

“Nunca pensé que iban a hacer la masacre que hicieron con mi hijo, lo torturaron bárbaramente, tenía todo el cuerpo con manchas negras de la tortura, tenía 18 años. Ojalá esos miserables se mueran de viejos, que sus nietos los recuerden como los asesinos que son”.

Tras el secuestro, familiares y compañeros salieron a buscarlo. En las comisarías decían “algo habrá hecho” en un clima amenazante. Al amanecer, Marcela y Oscar “Pinky” Bertollini -quien luego sería desaparecido- fueron a tomar un café a la Galería Plaza donde se encontraron con cuatro de los matones armados.

Respecto al funeral del Negrito, Marcela recordó: “La prensa dice que 30 mil personas acompañaron a mi hijo. La CGT mandó coronas y las rompimos en la calle. Quedé totalmente muda, no pude despedir a mi hijo, lo hizo Pinky”.

Identificó a Chacho Pérez como uno de los asesinos, un hombre que solía participar en las reuniones de la CGT y que previamente había amenazado al joven.

Tras el homicidio, las intimidaciones continuaron sobre la familia García, cada hecho era denunciado en tribunales. “La última vez que me amenazaron decidí irme al norte con lo puesto”. El exilio interno las llevó a Buenos Aires y a Salta, donde fue secuestrada Julia. “Estuve condenada a no volver a mi barrio por muchísimos años”, afirmó Marcela.

“Estábamos convencidos que teníamos derecho”

“Vengo a contarles de una Julia que tenía 18 años y acá está sentada una Julia que tiene 66”, dijo la mayor de las Garcías ante el tribunal, ratificando “el compromiso de seguir luchando por la verdad y la justicia hasta la muerte”.

Al Negrito no lo puede recordar “fuera de la política”, desde la adolescencia compartieron la militancia en la Federación Juvenil Comunista. Son una familia inquieta, de obreros con necesidades, “convencidos que teníamos derecho”.

“Buscábamos respuesta a las desigualdades, a las carencias que sufríamos y encontramos la política como herramienta. Para mí la Fede, el socialismo, fue ese gran amor de nuestra vida. No puedo olvidar la felicidad con que trabajábamos, con la que recorríamos el barrio, hablando de la prensa con los vecinos. No puedo olvidar la sonrisa de Raúl Metz -que está desaparecido-, la de su hermano Néstor. Tratábamos de convencer al otro de que era posible otro país, que teníamos derecho a otra vida”.

Por eso el Negrito fue perseguido desde la secundaria. Los servicios de la Bonaerense archivaron “una redacción que se titulaba ‘El buque de Granaderos, una cárcel flotante”. Julia todavía se pregunta quién informó eso desde la escuela.

“Al tiempo, por diferencias sobre la coyuntura, Luis se incorporó al FAS y comenzó a militar en el PRT en la Corriente Clasista y Combativa que era el espacio de los trabajadores por fuera del peronismo”. Ella trabajaba en un puesto de flores frente al cementerio, el Negrito se incorporó a la Interamericana y se transformó en la voz de sus compañeros. 

Julia afirmó que la Triple A “era una organización criminal en la que (el diputado y secretario de la CGT, Rodolfo) Ponce sería el responsable de la zona pero que respondía a una política nacional”.

El Consejo Nacional del Partido Justicialista declaró la guerra contra el marxismo por los medios que sean necesarios. “La batalla que Perón impulsa es contra aquello que cuestione al sistema y hace alianza con la burocracia sindical. Necesitaban recuperar y disciplinar a los gremios”.

“Acá aparece Ponce impulsando en el Congreso la Ley de Asociaciones Profesionales. Se arma la disputa en Bahía Blanca con Roberto Bustos que había sido elegido por paliza en el 73 y le intervienen el sindicato. Esta represión tenía que ver con la lucha de la clase trabajadora”, detalló.

Pensó en su hermano y las empresas que cuestionaba: “Son todas multinacionales, la Interamericana, la Petroquímica, Techint, tenían fuerte vinculación con la burocracia sindical, su tarea era limpiar. Los primeros afectados fueron los propios peronistas”.

Según consta en los legajos de la Dipba, en 1974 los operativos “antisubversivos” tenían como blanco “exclusivos” espacios y militantes de organizaciones marxistas. Ella y su hermana de 16 años fueron detenidas. En la Fede sabía que eran “las reglas del juego” pero “nadie pensó que a mi hermano iban a secuestrarlo y matarlo de la forma en que lo mataron”.

La madrugada del 22 de septiembre de 1974 un grupo de civiles entró impunemente a la casa de Jujuy y Entre Ríos. “Nos arrinconan contra la pared y van directamente a la pieza de mi hermano. Estaba en la cama tranquilo, como entregado, lo llevan a la rastra con un calzoncillo y una camisa”.

Por una ventana Julia vio la GTX verde que solía estar en la puerta de la CGT. El cuerpo del Negrito apareció “destrozado” horas después.

Recordó la presencia de organizaciones, estudiantes, obreros y vecinos en el funeral de su hermano, largas horas de dolor y bronca cuidando al cajón y a la familia. Y los servicios registrando todo. “Tengo la certeza de que ese velorio marcó el destino de muchos compañeros, muchos están desaparecidos”.

Julia pudo identificar a Miguel Ángel Chisu y a Chacho Pérez en una rueda de reconocimiento. “Tiene que estar muy segura, puede tener una pena muy grande si acusa injustamente”, la apretó el juez Cavallaro. Al salir de la comisaría las amenazas vinieron de un auto en el cual estaba uno de los acusados.

Julia fue detenida y torturada en Salta y pasó más de dos mil días secuestrada. “Perdimos la casa, la felicidad de vivir ese momento, perdimos un hermano. (…) Tenemos el alma atravesada por todas las muertes que tuvimos que sufrir, las desapariciones, las encarcelaciones”.

“Mi hermano vive en este juicio, en cada uno de sus compañeros -en Bahía Blanca la gente lo recuerda-, en quienes están en la calle pidiendo por mejoras salariales, por un techo. En las luchas de los 30 mil desaparecidos y todos los asesinados por la Triple A. Mataron a mi hermano pero no la necesidad de justicia y la ilusión de un país justo”, afirmó.

Eugenio Navarrete era vecino de la familia García y militaba con el Negrito en el PRT. “Era un hermano para mí, un compañero muy querible. Tenía algo que en la sociología marxista se llama la conciencia posible y un potencial extraordinario. Un joven que estudiaba, honesto, lo quería mucho”.

En 1973 el testigo realizó el servicio militar en la Compañía de Telecomunicaciones 181 del V Cuerpo de Ejército que ya configuraba “el Estado asesino”. Recordó la capellanía de Aldo Vara y Dante Vega en tiempos del obispo Jorge Mayer.

Mencionó que los curas “ejercían una acción realmente intimidante apelando a demonios y al pecado”, hablaban “groseramente” de sexo para luego entrar “en un terreno donde mostraban el verdadero carácter de este ejercicio pastoral: nos preguntaban si éramos hinchas de River o de Boca y llegábamos a si éramos o no peronistas o de alguna línea política que andaba con los locos zurdos”.

En aquella época se creó la “compañía operacional”, dedicada a la “lucha antisubversiva”: “Se crea un clima de temor, se plantea un orden enteramente represivo, antisindical, se arman con fales, lanzacohetes, enfermeros, camilleros, balas trazadoras para disparo nocturno, cómo arrestar una persona en la calle, cómo hacer un allanamiento, un discurso macartista, persecutorio e intimidante”.

Consultado por la actuación de grupos paraestatales se remitió al caso del obrero Marzolini, ocurrido en febrero del 74. “Se afirmó de parte de prominentes políticos que había sido asesinado por la Triple A”. El crimen fue en contexto de la intervención de la UOCRA por parte de Rogelio Papagno y tras una huelga en la obra de la Escuela Técnica de White por el despido de dos trabajadores.

Marzolini “era gente de Bustos”, un comisario dijo que tenían orden de no investigar. El referente de Papagno en Bahía Blanca era Pedro Juárez. Lo acompañaba la Juventud Sindical Peronista cuyos miembros “actuaban a cara descubierta con armas largas en la entrada de la petroquímica”.

“Casi todos recibimos amenazas”, dijo Navarrete. En la pared de la sede gremial, su cara, la del Negrito García y la de Roberto Inostroza ilustraban un cartel que decía “muerte a los zurdos”.

De los imputados, el testigo mencionó a Juan Carlos Curzio y a Osvaldo Pallero. El primero era el deportista admirado por la juventud, aunque su madre “lloraba amargada por la transgresión permanente que hacía con su grupo de matones”. El segundo era “un vago” que vivía en las colonias ferroviarias del Maldonado.

Navarrete fue detenido el 17 de septiembre del 74 en la casa de Jorge Nicanor Fernández de Villa Nocito. “Estaba Roberto Inostroza y las mellizas de Jorge”.

Pasaron la noche en una comisaría y al día siguiente los encerraron en la UP4. Le abrieron una causa por asociación ilícita y por una supuesta participación en el copamiento de un puesto de Prefectura. Lo representó el abogado Carlos Massolo: “Estábamos declarando cuando pasa el cortejo fúnebre del Negrito”.

“En Villa Floresta el que me despide es Massolo que ya estaba preso junto a otros abogados. Me dijo: seguramente estás en alguna lista a disposición del PEN pero si te dan cinco minutos desaparecé porque esto está muy jodido”. Al otro día lo detuvieron nuevamente.

Declaró que varios de los presos comunes estaban vinculados a la JSP y a la Triple A. “Contaban historias muy terribles, (…) eran gente sin ingresos, salvo que tuvieran algún choreo exitoso”. Según contaban los suboficiales del Servicio Penitenciario, fue el diputado Ponce el que les organizó la fiesta de fin de año en un pabellón liberado.

Navarrete fue trasladado a Sierra Chica, Rawson, Caseros y La Plata. En 1982 salió con libertad vigilada.

Referentas de organizaciones del movimiento feminista de Bahía Blanca opinaron en FM De la Calle sobre el proyecto de despenalización y legalización del aborto enviado por el gobierno nacional.

La iniciativa ingresó al Congreso por la Cámara de Diputados y será debatida en las próximas semanas. Esta tarde habrá acciones conjuntas en localidades de todo el país para insistir en la urgencia de su aprobación. En Bahía será una caravana a las 18 en la Plaza Rivadavia con cobertura de la 87.9Mhz.

“Es la posibilidad de hablar de mayor autonomía, de sacar a nuestros cuerpos del Código Penal y de la criminalización. Como Campaña hemos presentado históricamente nuestro proyecto de ley. Más allá de eso, sé que las leyes son el piso en la posibilidad de conquista de derechos. Una vez sancionada la ley vamos a tener que seguir generando estrategias para contrarrestar a los grupos antiderechos que van a hacer lo posible para que no se lleve a cabo”, dijo Fernanda Pertersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

Agregó que hay que prestar atención “es la objeción de conciencia, la posibilidad de que se nieguen a llevar esta práctica médica, esto es incompatible con el sistema de salud público. Este es el debate que hay que dar. Haberlo enviado con la protección de los mil días y otras medidas responde a negociaciones políticas. Nuestro lugar es la lucha”.

Verónica Herrero, medica del primer nivel de atención e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, destacó que “nos parece fundamental que el proyecto tenga apoyo desde las calles. Queremos que la ley sea federal y garantice que cualquier mujer con menos de 14 semanas pueda entrar por la puerta del hospital o salita y decir quiero abortar y que no por eso vaya presas o tenga complicaciones. Que tengan derecho a un aborto seguro y acompañado por profesionales”.

“Una cosa que nos parece importante es que pena la objeción de conciencia. No puede pasar que esta objeción obstaculice el acceso al derecho al aborto. Tenemos derecho a que se nos garantice esta práctica y no morir en el intento”, agregó.

Griselda Cifuentes, integrante de Socorristas en Red- Feministas que Abortamos, mencionó que “el envío del proyecto es un paso muy importante. No hubiera sido posible sin la marea verde, nuestra tarea es estar en las calles, hay que seguir muy de cerca sin perder la capacidad de reclamo, para que el debate implique la votación favorable que nos merecemos. El Congreso tiene una posibilidad histórica, saldar una de las deudas materiales y simbólicas con los deseos, proyectos, vida y salud de quienes abortan”.

La coordinadora de Ciudadanas Trans, Saira Millaqueo, afirmó que acompañan la propuesta para “acompañar la reivindicación de la autonomía de los cuerpos. Conocemos de opresiones sobre nuestros cuerpos, entendemos el sufrimiento y padecimiento que eso acarrea, por eso apoyamos la IVE. Todas las travestis y trans estamos apoyando y acompañando siempre junto al movimiento feminista”.

“El proyecto de la Campaña no establece penas para alguien que desee abortar luego de las 14 semanas, el del Ejecutivo sí lo hace. El proyecto de la Campaña no establece objeción de conciencia de ningún tipo, el de Alberto Fernández habilita la objeción de conciencia en general sin especificar sobre el tema, planeta que se debe garantizar derivación”, apuntó respecto a las diferencias entre los dos proyectos, Daniela Rodríguez de Pan y Rosas dentro del FIT.

Cecilia Epherra, integrante de UMSUR criticó la extensión de cinco a diez para la aprobación de la IVE a partir de su solicitud y la incorporación de la objeción de conciencia para profesionales de la salud. “Tal vez no representa un problema en grandes ciudades pero sí en comunidades más pequeñas donde no abundan profesionales que brinden asistencia segura para un aborto”.

“Es momento de debate serio, democrático, plural y pronto. Legalizar el aborto permite salvar cientos de vidas, se termina con un negocio oculto como los lugares donde se aborta de manera ilegal, reafirma la ESI, dignifica nuestras vidas, nos permite decidir sobre nuestros cuerpos”, dijo Belén López de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Verónica Bajo, de Acciones Feministas, comentó que “estamos mirando positivamente que por fin sea ley pero con dudas. Se puede traslucir el problema de la objeción de conciencia y las consecuencias que sabemos que trae. Pareciera que tiene más que ver con un proyecto de despenalización que de legalización. Se trasluce que han habido pactos con la Iglesia, que puede llegar a tener que ver con el proyecto de los mil días”.

El empresario Jorge Longoni pidió al presidente de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante, Federico Tucat, que el cuerpo trate “con la mayor premura” un nuevo estudio sobre el impacto del proyecto de construcción de cocheras subterráneas en Plaza Lavalle/ del Sol/ de la Memoria.

Días atrás, el secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, dijo a FM De la Calle que la iniciativa «no es algo que nos interese desde la Secretaría. Desde el Ejecutivo no vamos a impulsarlo. La intención es la revalorización manteniendo la fisonomía de la plaza tal cual existe hoy».

“Lo primero que haría falta es que el oficialismo se ponga de acuerdo. Semejante contradicción entre ellos mismos es lo menos indicado para un tema de este estilo”, comentó el concejal del Frente de Todos Gustavo Mandará.

Agregó que “si querían aportar otros datos técnicos nuestra obligación es considerarlo. Ayer apareció un anillado de varias páginas con argumentos de porqué no pasaría nada de lo que se creía que iba a pasar”.

Mandará mencionó que la forestación es “un tema que no se puede pasar por alto, sacar un árbol así como así. Se habla del movimiento de suelos, la excavación que insinúan es menor de la que se creía. Invariablemente cuando se hace una excavación afloran las napas que son elementos cambiantes, según nos explicaban”.

“En el edificio de Saavedra y O’Higgins tuvieron problemas de este tipo, las reformas de Big Six también. Cuando se consideró hacer reformas en el ex centro de compras de Colón y Brown también se preveía en tema de las napas”.

“Esto viene torcido desde el vamos, hay vecinos y usuarios que no se han mostrado para nada conformes. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, la primera es que haya un mensaje claro y en base a eso discutimos”, finalizó el concejal.

Los Colegios de Trabajadoras Sociales, Psicólogos/as y Abogados/as solicitaron al intendente Héctor Gay y a la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Juliana Cerritelli, que atiendan los reclamos por la precarización laboral y la falta de recursos en los Servicios Locales de Niñez.

“Los planteos tienen una trayectoria de larga data y atienden a dos cuestiones: las condiciones de trabajo de profesionales de equipos técnicos y la segunda está vinculada a los recursos profesionales, técnicos, financieros económicos, que impactan sobre las condiciones de trabajo. Esto se ha agudizado en la pandemia donde las condiciones de pobreza y desigualdad han recrudecido”, dijo a FM De la Calle la presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales Marta Cimarosti.

Manifestó que “lo esperable de la gestión es aunar esfuerzos. La niñez a nivel nacional está sobrerrepresentada en las categorías de pobreza y lo que hallamos es reducción de recursos humanos, congelamiento salarial y ningún resguardo de las condiciones de trabajo de profesionales”.

“Eso deviene en un impacto negativo sobre las posibilidades de acompañamiento y contención a la niñez. Hemos desarrollado un accionar significativo y de alto impacto que es convocarnos los tres colegios profesionales y pensar colectivamente una intervención y la apertura a una demanda de intervención a la Municipalidad”.

La carta fue enviada luego de la presentación de otras seis notas que no obtuvieron respuesta.

Entre las problemáticas mencionadas “se plantea por una parte una equidad en las funciones profesionales desempeñadas y una diferencia negativa en la remuneración de alrededor del 50% en relación a sus pares profesionales que pertenecen a la planta permanente de la Municipalidad. A ello se suman las desventajas inherentes a la condición de contratación que requiere por parte de los/as profesionales contratados el pago del monotributo, obra social; aportes jubilatorios, retención por IIBB e impuesto al cheque, lo cual profundiza aún más dicha diferencia negativa”.

Respecto del reciente despido de una trabajadora del equipo de Ing. White, Cimarosti relató que “la gestión tiene la facultad de evaluar periódicamente pero resulta extraño en una coyuntura de reclamo lo hagan con una de las referentes que tuvo un accionar más visible. Al momento de asignar funciones todos tienen las mismas y al momento de evaluación solo se evalúa a los monotributistas que son quienes con más fuerza han llevado el reclamo. Todo indicaría que se inscribe en el marco de la una sanción moralizadora e intimidante a un proceso de reclamo, la amenaza de la pérdida de trabajo como respuesta al reclamo”.

Por último, adelantó que apelarán a “la posibilidad de diálogo con la gestión municipal y si no la hay, estamos analizando otras acciones con organismos vinculados a la niñez y pronunciamientos públicos”.

Referentes de El Nido y Creer Sí lograron un acuerdo de palabra con el secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, para continuar su tarea en la Galería Visión 2000.

La mudanza de sus actuales sedes en el Mercado Municipal fue forzada por las autoridades comunales que pretenden instalar un “polo gastronómico” en el sector.

“Nos propusieron elegir los locales que estaban desocupados y que pudieran adaptarse. Es lo que hicimos, elegimos dos, uno para Nido y otro para nosotros”, destacó a FM De la Calle, la referente de Creer Sí, Clelia Severini.

Agregó que “verbalmente Marisco nos dijo que sí, que nos lo iban a otorgar, y fue un alivio grande. Nos dijeron que se van a hacer cargo de las reformas. Fue todo de palabra y nos dijo que esta semana íbamos a ultimar los detalles, creemos que será un comodato”.

Campaña contra el grooming

La semana pasada los ministerios de Educación y de Justicia de la Nación lanzaron una campaña de prevención del grooming en el marco de la cual Creer sí participa como entidad asesora desde nuestra ciudad.

Severini señaló que “es una de las formas de abuso sexual que se está visibilizando pero que existe desde hace mucho tiempo. Estamos trabajando esta problemática, hay que hablar con los chicos y con los padres. La mejor manera de prevenirlo es preparar a los chicos para que se puedan defender”.

Asimismo destacó que el 19 de noviembre es el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual hacia Niñxs y Adolescentes: “El tema se ha visibilizado bastante, se ha avanzado en el Código Penal, se avanza en los casos y se llega a juicio, hay condenas. Todavía falta mucho, se estima que por cada caso de abuso sexual que se denuncia hay nueve que no”.

SUTEBA envió una carta al intendente Héctor Gay para que informe cómo fueron utilizadas las partidas del Fondo Educativo. Se trata de $164.225.685.

Según el gremio, funcionarias de la Unidad Educativa de Gestión Distrital y del Consejo Escolar dijeron “desconocer” los destinos de los fondos.

“El uso discrecional de esos recursos ya fue cuestionado, como también el criterio de prioridades. Pero en lo que va de este año, ni siquiera la información de cómo se está usando ha sido provista, al menos, a los organismos educativos provinciales locales. A la brevedad, exigimos conocer el detalle de la distribución de esos recursos y el criterio de prioridades utilizado”, expresó el sindicato.

En relación a lo dicho en la reunión de UEGD destacó que “se plantearon las obras que se van a llevar adelante en las escuelas, en la última reunión preguntamos en qué se estaba gastando el Fondo Educativo y las dos funcionarias nos respondieron con lo que era del año pasado. Ya sabíamos eso pero no sabíamos qué pasaba este año. Mañana iremos al Municipio a entregarle esta nota al intendente para ver en qué se está usando este dinero. El 40% sería para infraestructura escolar, el resto es una gran fuente de ingresos de las que intendente puede hacer un uso discrecional sin dar explicaciones”.

“Hace un mes retomaron esas obras grandes de principio de año y se están empezando a realizar todas aquellas obras que sin arreglos y refacciones dificultarían en inicio de clases el año que viene”, agregó Delfino.

Agregó que “hay un altísimo porcentaje de subejecución del año pasado, se pidieron cuentas y no hay respuesta de eso, el Fondo Educativo se ha destinado en principio a sostener las ganancias de empresas privadas del transporte público con el boleto escolar para que los chicos paguen menos, se han pagado salarios, becas en negro en los jardines municipales que ahora se provincializaron, se pagaron acompañantes terapéuticos para las escuelas que debían ser sostenidos por Salud y no por Educación. Como siempre las escuelas peleando con la sábana corta, cómo se establecen prioridades cuando todas las escuelas necesitan arreglos de infraestructura, es muy injusto”.

Sindicatos y organizaciones populares realizaron una Jornada de Lucha frente a las negociaciones en curso y la presencia en nuestro país de una nueva misión del FMI.

“El gobierno plantea que el FMI es más amigable, nosotros vemos lo contrario, no creemos en ninguna dulcificación ni en que se vuelvan amigables quienes prestaron 47 mil millones de dólares para facilitar la reelección de Macri. Esa plata nadie la vio, se la fugaron. Esa gente viene a asegurar que se siga pagando la deuda ilegal y fraudulenta”, dijo a FM De la Calle el secretario de la CTA Enrique Gandolfo.

En cuanto a la política económica del gobierno afirmó que “estas semanas van en sintonía para hacer buena letra: la primera medida es la presentación del presupuesto en donde se eliminan el IFE y las ATP; otra señal es el cambio en el índice de la movilidad jubilatoria; y la tercera, que va a verse en el tiempo, es el aumento de las tarifas de los servicios públicos”.

“Dar estas señales para contentar al FMI es ir en sentido inverso de las necesidades de la mayoría”, apuntó.

En relación al aporte extraordinario de las grandes fortunas, insistió en la necesidad de una réplica local “con las grandes empresas vinculadas a la industria petroquímica”.

“El proyecto nacional va a en un buen camino, es insuficiente pero va en buen camino. Va en el sentido de tocar intereses mínimos, son 9 mil personas, casi se les pide permiso. Tiene que haber un debate público en ámbito local, con concejales, con representantes del Municipio, con las grandes empresas”.

El proyecto sobre la contribución extraordinaria se analizará mañana en la Cámara de Diputados. El oficialismo descuenta su aprobación con votos propios y aliados. Juntos por el Cambio manifestó su rechazo y el Frente de Izquierda su abstención.

“La objeción del FIT es significativa. Una parte no trivial va para financiar el fracking en Vaca Muerta, algo que sistemáticamente denunciamos como un ecocidio, un desarrollo insostenible. Otro porcentaje va a préstamos a pequeñas y medianas empresas y hay que ver cómo las definen”, dijo el economista Francisco Cantamutto.

Propuso “pensar contribuciones especiales a quienes obtuvieron grandes ganancias en los últimos años en dimensiones locales. Tendríamos antecedentes en varios municipios de la provincia de Buenos Aires que lo han aprobado, hay espacio para avanzar y apoyar a los múltiples sectores que han sido afectados durante este año terrible y no recibieron apoyo sostenible por parte del gobierno municipal”.

Por otro lado aseguró que la carta que el bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos envió al Fondo Monetario Internacional “es un documento bastante duro”.

Sin embargo, el columnista de FM De la Calle destacó que “no pide anulación, ni quita, ni juicio sino que reconoce problemas no solo en torno al rol de la deuda sino, además, la existencia de problemas en cuanto a los actos administrativos que sustentan en acuerdo con el FMI”.

“La inexistencia de cualquier regulación en cuanto al monto que prestó el FMI a Argentina, el problema de haberle prestado por encima de sus cuotas y para financiar la fuga de capitales. Además, no existen actos administrativos que habilitaran a Macri a contraer deuda. Como esto no estaba, no se entiende para qué se llegó al acuerdo, no hay razones, no hay estudio de prefactibilidad, no hay consenso explícito para tomar la deuda, son actos que están denunciados ante la justicia”.

“De lo que hablan (en la carta) es de la corresponsabilidad, el Fondo debería hacer un esfuerzo también. En la coyuntura actual el FMI sigue funcionando como funcionó durante la era Trump y lo dejó en claro cuando apoyó la reestructuración con los acreedores privados donde dijo que la deuda era insostenible pero que tenían que hacer el esfuerzo”.

Cantamutto señaló que “el gobierno va a tratar de negociar este acuerdo, pasar de stand by a uno de facilidades extendidas de cuatro a diez años, un horizonte más amplio para conseguir los fondos y que va a requerir reformas estructurales”.

“Dentro de esas reformas puede estar la laboral. Habrá que ver cómo se comporta la CGT que no tenía una postura muy combativa. Y otra es la reforma previsional, el cambio de fórmula del régimen jubilatorio que se puso en vigencia la semana pasada, por ejemplo”.

“De aquí a febrero-marzo del año que viene planean cerrar, no es lo previsto que esta misión se vaya con un acuerdo cerrado. Para que se cierren las conversaciones y se discuta en el Congreso no creo que se resuelva en la inmediatez. No se puede deslindar este hecho de -tras meses de dilatarlo- poner en discusión el aporte extraordinario. El FMI no se opone a esta discusión”.

Integración Ciudadana recurrió a la Defensoría del Pueblo ante “la posible vulneración del derecho al medio ambiente” por parte del Municipio en el dragado del arroyo Napostá.

“Pensamos que es un tema que atañe a toda la ciudadanía y le damos un enfoque desde los derechos humanos. El dragado y la intervención en el Napostá podría traer aparejado un impacto negativo al ambiente y el derecho al ambiente sano es un derecho constitucional y también se habla del principio preventivo”, dijo a FM De la Calle la abogada María de los Ángeles Rosón.

Destacó que “estuvimos asesorándonos con biólogos, entendemos que los informes tienen que ser remitidos a la Defensoría. Pedimos informes del IADO, de la UNS y al Colegio de Arquitectos porque entendemos que el dragado tendría un impacto en lo paisajístico y lo urbano”.

“Nuestra posición es decir no al dragado del arroyo Napostá, queremos que institucionalmente esto tenga una validez tal que haga que el Municipio vaya para atrás en esta decisión inconsulta”, señaló.

Comunicado:

En el transcurso de la mañana desde Integración Ciudadana solicitaremos la urgente intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, ante la posible vulneración del derecho al medio ambiente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal representado por el Sr. Matías Insausti, Subdirector de Gestión Ambiental, quien, mediante manifestaciones públicas aseveró que se procederá a dragar el Arroyo Napostá de nuestra ciudad.

Ante el posible impacto negativo ambiental, y siendo un espacio significativo para la conservación y reproducción de especies de agua dulce y desde el punto de vista urbanístico por encontrarse vinculado tanto a la recreación como al disfrute de los espacios públicos, solicitamos que el Sr Defensor del Pueblo Provincial, previo pedido de informes a organismos competentes, emita dictamen sobre la actuación del funcionario y el Municipio de B Bca, y la inconveniencia de que se efectúe dicha medida.

En cuanto a los daños ambientales, peticionamos que se tenga especialmente en cuenta, que la Ley 25.675 (Ley Gral. De medio Ambiente), regula el principio preventivo (artículo 4º) mediante el cual se tiende a evitar un daño futuro pero cierto y mensurable, y el principio precautorio, que se aplica cuando la evaluación del riesgo del daño es mucho más compleja dada la falta de certeza de su producción y da cuenta de un criterio de cautela y prudencia en el que los posibles riesgos deben ser analizados con rigurosidad.

Ya que esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo Municipal, puede causar daños ambientales y urbanísticos irreversibles, y la vulneración de derechos que ello provoca, peticionamos la intervención y la recomendación de la Defensoría del Pueblo Provincial.

El ing. Horacio Varela se manifestó de acuerdo con la limpieza del arroyo Napostá. Afirmó que para evitar inundaciones la tarea debería incluir el entubado y el paso del cauce por los barrios del sur de la ciudad.

“Limpiar es dejarle el cause natural, sacarle las totoras y ramerío que tiene. Estoy de acuerdo con que el arroyo tiene que tener su historia natural, pero hay una convivencia, interacción entre el arroyo y la ciudad. No es lo mismo que en medio del campo. Hay que limpiarlo porque se va estancando, porque aparecen ratas, todas esas cuestiones traen consecuencias sanitarias”, dijo Varela ante la consulta de FM De la Calle.

La intención de dragar fue anunciada por el subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, y recibió el rechazo de organizaciones ambientalistas e instituciones académicas.

Varela sostuvo que “lo que se plantea es limpiar el cause en la zona del Parque y de entrada a la ciudad. Una cosa es limpiar el cause, asegurar que el agua corra y otra es canalizarlo. Canalizar el arroyo es contraproducente porque se aumenta la velocidad con la que entra a la ciudad, tenés la misma cantidad agua pero mucho más rápido”.

Agregó que “en la zona del Club de Golf el arroyo necesita que haya un freno pero dentro de la ciudad el arroyo tiene que correr pero necesitamos limpiar el cause y el entubado, las dos cosas”.

El ingeniero destacó que es necesario limpiar también en las zonas de Spurr y el barrio 5 de Abril para que no se estanque.

Años atrás, en el marco del debate sobre la conveniencia de la obra del Río Colorado para abastecer a la ciudad de agua potable, Varela junto a otros profesionales de la UTN señalaron que se debían priorizar obras en la cuenca del Napostá para prevenir las inundaciones y potabilizar el agua.

“Planteamos que la mejor alternativa era la regulación del Napostá porque la obra del Río Colorado estaba prevista para una ciudad de mas de 500 mil habitantes. Se estancó el crecimiento demográfico y posiblemente al 2050 Bahía tenga 350 mil habitantes, con lo cual el consumo sería un poco más que ahora, por ende, no iba a ser necesaria esta obra pero sí nos podíamos abastecer con una retención del Napostá en Canessa”.

“Esa obra le daba la seguridad de que la ciudad no se iba a inundar, cosa que pasó en 1944 y desde entonces no se hizo ninguna obra. Se hizo el canal Maldonado pero eso no asegura que la ciudad no se vuelva a inundar. Si pasa una lluvia como la del ’44, la ciudad va a tener los mismos problemas o peores porque ahora tenemos más superficie de suelo impermeable, más construcción”.

Respecto al Maldonado el ingeniero mencionó que le falta mantenimiento y recordó que “en 2002 llegó el agua arriba, al fondo de los puentes, y levantó placas. El canal está revestido con placas de hormigón, detrás está hueco, entonces cuando el agua filtra saca a la placa y el canal empieza a perder la forma”.