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“Viernes, sábado y domingo vamos a restringir al circulación entre las 21 y 6 horas. Solo va a estar permitido con permisos de la aplicación CUIDAR o documentación que acredite que es un servicio esencial”, destacó el secretario de Gobierno, Adrián Jouglard.

Por su parte, el secretario de Salud, Pablo Acrogliano, declaró que “si bien la circulación comunitaria la define provincia nosotros sí, a partir de hoy y porque no logramos establecer nexos epidemiológicos firmes, podemos decir que la circulación viral está instalándose”.

Los funcionarios informaron que se modificó la fórmula para establecer la tasa de duplicación de casos en la ciudad.

“Anterior a esta semana los casos venían teniendo un crecimiento regular, usábamos un método simétrico para el cálculo: si hoy había 100 casos en cuántos días había llegado de 50 a 100. Ahora usamos un método proyectivo que traslada la proyección de esta última semana al futuro. Por eso la tasa de duplicación es más corta, tiene en cuenta el aumento exponencial que hubo esta semana”.

Acrogliano mencionó que la transmisión no se está generando por alteraciones de protocolos en ámbitos laborales sino que “está relacionada con lo intrafamiliar y, sobretodo, con lo interfamiliar”.

“Hace 15 días fue el Día del Padre, hubo mucho movimiento entre familias que se juntaron. Es bueno aclarar que uno sabe con quién se junta pero el virus no respeta si es el padre, madre, abuelo o tío, está en todos lados. No juntarse nos va permitir controlarlo o hacer que no se dispare exponencialmente”.

El secretario de Salud comentó que ante una posible duplicación exponencial de la enfermedad la comuna cuenta con 155 camas en el sector Covid 19 y 800 en total. Si no hay cambios, “se va a saturar el sistema en 4 o 5 semanas”.

“Por eso es importante tratar en estos 15 días de autoaislarse para tratar de volver a bajar el numero de casos y poder continuar con la actividad cotidiana. Si no vamos a volver para atrás”, concluyó.

Sobrevivientes de la Triple A y familiares de víctimas de Río Negro no pudieron seguir la primera audiencia testimonial realizada ayer en Bahía Blanca por la falta de transmisión en vivo por parte del tribunal.

La intención era proyectar los testimonios en la Casona de la Memoria Eduardo “Bachi” Chironi ante la imposibilidad de viajar a nuestra ciudad e ingresar a la sala por la pandemia.

Entre otras familias, tampoco pudo participar desde Chile la de Víctor Oliva Troncoso, una de las víctimas de la causa, de cuyo secuestro y asesinato se cumplieron 45 años este jueves.

“Estamos viendo la nada, intentando ver cosas donde no se pueden ver, muy preocupados por esta situación de desinformación, de incertidumbre, porque no se sabía hasta hoy por la mañana si se iba a transmitir, si se iba a continuar o no el juicio y la situación de los testigos”, dijo a FM De la Calle Julia García. 

La hermana del “Negrito” afirmó que “el juez dijo que dado el tiempo transcurrido iba a continuar con la audiencia. Es cierto, pasaron 46 años, vaya si pasó tiempo. Estamos de acuerdo con que se realice pero el coronavirus no puede ser excusa para desvirtuarlo. Es un juicio significativo para Bahía y el país, habla de una participación de civiles amparados en el Estado matando gente y secuestrando en Bahía Blanca”. 

García y otras integrantes de su familia tendrán que declarar en el transcurso del debate aunque ya manifestaron que no aceptarán hacerlo por videoconferencia. “Tenemos el derecho a declarar en condiciones adecuadas, en el caso nuestro son 46 años esperando este momento, cuidando todo recuerdo y cada detalle para no olvidar. El juicio es una instancia reparadora, es la posibilidad que te escuchen y que los imputados se sientan señalados por nuestros dichos y por nuestro relato, no en sus casas tranquilos”.

A su lado, Verónica Alduvino -hermana de Fernando- agregó: “Tanto yo como mi familia esto lo estamos viviendo con un alto nivel de frustración. Los 46 años no estuvimos sentados esperando que se abriera el cielo y bajara la justicia, hicimos un montón de acciones. Mi papá y mi mamá se cansaron de hacer cosas, incluso en el gobierno militar poniendo en riesgo su vida como la de mi hermano más chico, es absolutamente injusto”.

“Estamos enjuiciando al Terrorismo de Estado que ocurrió en un gobierno democrático legítimamente elegido por el pueblo del ’73 al ’76, amparados por este gobierno mataban personas cuando, si alguien era señalado por algún delito, estaban los resortes del Estado para enjuiciarlo, pero no sacarlo de la casa y matarlo”.

“Esto ocurrió y fue metido debajo de una alfombra durante muchísimos años. Nosotros intentando levantarla y sistemáticamente lo volvían a ocultar. Una vez que pudimos por favor que se haga con la máxima seriedad que nosotros y nuestros hermanos se merecen. Se está buscando que este juicio sea entre cuatro paredes y que la gente no se entere. Lo que no se da a luz, mañana vuelva a pasar”, aseguró.   

El secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, dijo que “esta causa es importante porque hay familiares de víctimas en Río Negro, la seguimos de cerca, fuimos a la primera audiencia, íbamos a transmitir la audiencia en vivo en la casona ‘Bachi’ Chironi en Viedma. Esta precariedad técnica que impide la transmisión es difícil de comprender que en el siglo XXI, que se dependa de la situación de aislamiento de la ciudad de Buenos Aires”.

Finalmente subrayó la importancia “de la comunicación permanente con los familiares, tener en cuenta su opinión, mirar las audiencias en simultáneo, que no se pierda el carácter oral y público y que se mantengan la declaración presencial por el sentido reparatorio que tiene”.

Se realizó este jueves la primera audiencia testimonial en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A en Bahía Blanca. Por falta de acceso al sistema del Centro de Información Judicial el encuentro no fue transmitido en vivo oficialmente.

Horas después, la Universidad Nacional del Sur puso a disposición del público la grabación de la audiencia en la cual declararon José Luis Santagada, Daniel Esquivel, Marta Bustos y Juan Díaz.

Dante Patrignani pidió la postergación de su testimonio para poder hacerlo con transmisión en directo. Será durante una próxima audiencia, cuya fecha dependerá -según informó el presidente del tribunal Roberto Amábile- de la solución del problema generado en el CIJ y el análisis para permitir el ingreso de público a la sala con las correspondientes medidas de prevención en el marco de la pandemia.

Sin transmisión ni público en la sala comenzó esta mañana la primera audiencia testimonial del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

El primer testigo fue José Luis Santagada. Hubo interrupciones por inconvenientes con la conexión con algunas de las partes que siguen el debate por videoconferencia.

Luego se presentaron Daniel Esquivel y Marta Bustos. Tras una primera negativa, los jueces aceptaron postergar la declaración de Dante Patrignani para que pueda ser transmitida en vivo en la siguiente audiencia.

Más temprano, Patrignani comentó a FM De la Calle que “este es un parche porque seguramente habrá mucha gente que estará esperando ver esto a través del sitio del Ministerio de Justicia y no va a poder escuchar en directo. De todas maneras lo voy a plantear ante el juzgado y seguramente voy a tener que declarar porque si no después no lo voy a poder hacer”.

Consultado respecto a si estos desperfectos condicionan las declaraciones, el testigo mencionó que “seguro afecta, más que nada por el estado de indignación que tengo por esta última “desprolijidad” cuando en realidad si esto lo hubiera comunicado con tiempo se podría haber resuelto de otra manera, pero seguimos con nuestro compromiso con la memoria a través del testimonio”.

En relación a la postura de la CTA, el secretario de Derechos Humanos dijo que pretendían “que el Tribunal decidiera la suspensión para la semana que viene, lunes, martes o miércoles. La Universidad está en condiciones de hacer la transmisión pública y hay tiempo para propagandizar esto para quienes quieran seguirlo de manera directa, esa postura no prosperó”.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

El Tribunal Oral Federal no garantizará la prometida transmisión en vivo de la audiencia que abrirá este jueves la etapa testimonial de la causa Triple A. Argumentó que el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema vio afectadas sus funciones por el cambio a Fase 1 en el AMBA.

Cabe destacar que el reinicio del debate será con una modalidad mixta con presencia de las partes en Colón 80 y la posibilidad de testigos e imputados de participar por videoconferencia. El público no podrá ingresar a la sala, por ende, no habrá alternativas de publicidad en directo.

Algunos de los testigos convocados y la Comisión de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca reclamaron la postergación de la audiencia. La Universidad del Sur está en condiciones de grabar la sesión aunque depende de permisos del Poder Judicial para transmitir en vivo, es por ello que ofreció subir el material a internet una vez concluida la jornada.

“Teniendo en cuenta que los responsables de la transmisión están en conocimiento de la convocatoria a la audiencia desde hace tiempo y que el cambio de fase en el AMBA fue anunciado el viernes pasado es vergonzoso que no se hayan previsto los inconvenientes técnicos ni la comunicación de los cambios a los testigos convocados”, manifestaron desde la CTA.

La Comisión que tiene como referente a Dante Patrignani, uno de los citados a declarar este jueves, agregó que “los juicios por crímenes de lesa humanidad no solo buscan condenar a los represores con todas las garantías que ellos violaron sistemáticamente durante el terrorismo de Estado sino además cumplen una función reparatoria para las víctimas y educativa para que la sociedad sepa lo que ocurrió en nuestra ciudad y no permita la continuidad y reiteración de las prácticas genocidas”.

Por su parte, desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca afirmaron que “rapidamente debería solucionarse y buscar las herramientas adecuadas para ‘garantizar de manera plena el principio de publicidad del debate’ como planteó el mismo tribunal, cuya responsabilidad es la de realizar los juicios de manera oral y pública y con pleno acceso a la divulgación del mismo”.

El inicio de la audiencia está anunciado para las 10 en Colón 80. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

Cinco jóvenes que integran el emprendimiento expresaron en un comunicado que el gobierno local intentó sacar “rédito político” y luego les quitó la “única fuente de ingresos” .

“El Municipio nos facilitó una máquina y empezamos a vender nuestros bloques al público libremente y creciendo poco a poco. Cuando vieron que el proyecto funcionaba y tenía futuro nos ofrecieron la entrega del cemento y un pago a cada trabajador por una cantidad de bloques fija para ayuda social”, relataron.

Destacaron que “a partir de ahí, todo empezó a empeorar. Las entregas de cemento se complicaron cada vez más (..) Pretendían que trabajemos por $6000 en el 2019, cuando todos sabemos que eso no es un sueldo digno”.

Luego una de las máquinas se averió y el Municipio la retiró para su posterior arreglo. Sin embargo nunca la devolvió. “Las respuestas, por parte del municipio fueron amenazas de denuncia en caso de que la tomáramos para seguir trabajando.La secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, desde que asumió dijo desconfiar de nosotros, pero nunca nos concedió una reunión para explicarnos las razones de su desconfianza”.

“El golpe final llegó a principios de 2020. El Coordinador del Programa Envión, Fernando Paolucci, citó a un trabajador de Envión para decirle que no se nos iba a pagar más y que el proyecto estaba dado de baja, sin dar ninguna explicación y sin posibilidad de que se diga nada. Nosotros nunca pudimos tener una reunión ni con él ni con nadie. No nos dejaron vender y nos sacaron nuestra única fuente de ingresos en un momento en el que es imposible conseguir trabajo”, concluye el comunicado.

“El nexo epidemiológico ha perdido el valor que tenía. Tenemos que empezar a pensar que muchos más pacientes de los que consultan pueden ser posibles Covid y buscar ese diagnóstico”, comentó a FM De la Calle la infectóloga Laura Spadaro.

En las últimas horas se confirmaron positivos en las Unidades Centinela del barrio 9 de Noviembre y Piñeiro. En la UP4 hay 47 aislados por el contagio de un integrante del Servicio Penitenciario residente en Pringles. Son 110 casos confirmados en Bahía Blanca: 77 recuperados, 6 fallecidos y 27 activos.

Spadaro afirmó que “nos estamos dando cuenta que hay un cambio en la dinámica y de la aparición de casos. Estamos todos aceptando que estamos en otra situación”.

“Es muy probable que tengamos alguna definición a nivel ciudad para poner un nombre a lo que está pasando. Si bien no se declaró la circulación comunitaria sabemos que hay varios casos que aparecieron y no tienen nexo”.

En el Hospital Municipal “vamos a empezar a tomar más hisopados de los que veníamos haciendo. Después viene lo que hará la Secretaría de Salud y la medicina privada donde hay cuestiones más burocráticas. La tendencia es sospecharlo más y diagnosticarlo más. No hablamos de conglomerados sino que muchas personas se contagiaron en la comunidad y tenemos que tener en cuenta que muchas personas con la que nos crucemos pueden ser un posible paciente”.

“Solicitamos a la población que vayan a consultar en tiempo y forma, no es necesario salir corriendo a la guardia, en el hospital hay una atención con un consultorio específico y las unidades sanitarias están divididas entre centros respiratorios y los que hacen vacunación. En el Hospital Municipal el consultorio funciona de 8 a 20 todos días”, informó Spadaro.

Agregó que se utilizan “los mismos protocolos: hasta ahora todo paciente sospechoso lo internábamos, en la próxima etapa los casos leves se quedarán en sus casa y se internará a los graves”.

Por último, se refirió a la posibilidad de que estén apareciendo casos producto de las reuniones por el Día del Padre: “En algunos casos hubo reuniones y hay contagios intrafamiliares. Cuanto más personas de la familia estén en contacto más posibilidades de contagio”.

“La fase 4 hay cosas que no permite, como son las reuniones familiares o visitarse entre familia que no vive junta. Si hacemos eso seguramente vamos a ir a una crisis, porque el virus va a empezar a circular, y nos va encontrar más relajados”, finalizó.

Transcurridos más de cien días de aislamiento en el marco de la pandemia, Horacio Romano analizó en FM De la Calle el estado del sistema de salud y el rol de las Unidades de Cuidados Mínimos Ambulatorios (UCMA). El Municipio anunció que en las próximas horas comenzará a funcionar una de ellas en el Club Liniers.

“Contamos ya con la experiencia de muchos países. En Italia, a mediados de marzo, en una prestigiosa revista se dijo ‘tenemos que invertir en hospitales pero más en lo que es ambulatorio’. Se repite que el 80% son cuadros leves a moderados y un 20% requiere internación”.

“Hay muchas personas que cursan esta enfermedad con fiebre, algo de tos, dolor de garganta y se queda en su casa. Pero quedarte en tu casa implica que tengas las condiciones económicas, sociales, habitacionales para que lo puedas hacer”, explicó el médico en la columna de Salud de En Eso Estamos.

Respecto a las UCMAS, Romano analizó: “Hay muchos sospechosos y menos confirmados. La relación debería ser 10 sospechosos por uno o dos confirmados. Tal como está la cosa tendrías que internar a las 10 por 48 horas, que es el tiempo que tarda en hacerse el análisis. El sistema de internación es enorme y, por otro lado, en un ámbito hospitalario de aislamiento también se complica incluso hasta psicológicamente”.

El Municipio cuenta con 137 camas ambulatorias: 60 en el Dow Center, 52 en el Centro de Jubilados Cono Sur y 25 en Liniers.

“Es una inversión que el Estado debe hacer. (Según datos de CABA) cada paciente de los moderados a graves internados cuesta un millón de pesos, es lo que podría salir una UCMA entera. Ese es el tema que está en discusión y que ya debería estar tomado. Es necesario a los fines de que la gente conviviente no se contagie y en costos de dinero. Es necesario desde todos puntos de vista y debió haber empezado hace 20 días atrás”, comentó.

Romano agregó que “se necesitaría el doble para andar más o menos seguro. Si uno piensa que el presupuesto municipal son 9 mil millones de pesos, un millón y medio para el municipio es un vuelto”, refirió respecto a la suma invertida por la comuna según Gobierno Abierto. “Hay partidas que se pueden retocar sin que se modifique mucho, esto no tiene que entrar en la cuenta de Salud porque implica a todos los órdenes”.

Finalmente, el médico anunció que se está trabajando en la creación de “un software hecho en el Hospital Municipal en combinación con la UNS con seguimiento telefónico de los pacientes. Va a ser usado en la parte privada también. Es mucho más efectivo llamar al paciente todos los días y seguir a los contactos antes que internarlos. Si pudiéramos llegar a controlarlos sin tener que internar es un beneficio para todos”.

¿Cómo se distribuye la pauta oficial local? ¿Qué medios o personas concentran mayor porcentaje del dinero público presupuestado? Estos interrogantes son algunos de los que se plateó Guadalupe Ceña en una investigación realizada para la cátedra de Estadística Aplicada de la carrera de Comunicación de la UNISAL.

“El análisis de datos es acotado en relación a la cantidad de datos que están disponibles. Lo que hicimos es un recorte para tratar de comprobar una hipótesis sobre el hecho de que no existe una normativa vigente en materia de pauta oficial, lo cual permite que el Estado local la ejecute de una manera desproporcionada y arbitraria”, dijo a FM De la Calle.

Opinó que “no puede ser que el alcance de un medio sea el único motivo por el que se paute, se debe garantizar el acceso a la comunicación a toda la sociedad”, aseguró.

Ceña comentó que “en relación a lo presupuestado y ejecutado (en 2018 y 2019) hay un aumento terrible, puede llegar a tener que ver con la variable inflacionaria. Sin embargo, haciendo cálculos queda explícito que además de la variable inflacionaria el gobierno municipal decide invertir más plata, hubo un aumento de dinero que fue voluntario”.

“De un año a otro aumentó la lista de proveedores: en 2018 cobraron 80 y el 2019 93 proveedores: 42 empresas y 51 personas”.

¿Quién cobra más por pauta municipal?

Ceña describió que “tanto en 2018 como 2019, entre el 42 y 35% de lo ejecutado fue a parar al Grupo Elias, propietarios de tres medios: La Nueva Provincia S.R.L y la empresa Radio Bahía Blanca S.A que reúne a LU2 y FM Ciudad. Y Elías y Martín, en sociedad con Maximiliano Di Federico, son propietarios de La Brújula 24”.

“Se llevan casi el 42% anual. A este grupo mediático le sigue Canal 7, que más cerca o lejos es propiedad de grupo Clarín, entre un 7 y 8%. A este le sigue Telefé que cobra entre un 6 y 7% y le sigue Germán Sasso, periodista de La Brújula que cobra entre el 4 y 4,5% de presupuesto ejecutado”, afirmó.

Mencionó que ante la consulta, el Concejo Deliberante le hizo llegar un expediente de 2016 “que contiene un estudio de audiencias de medios que es utilizado como criterio de repartición de pauta. En ese momento había un HCD conformado en su mayoría por Juntos por el Cambio, que vota por lo que dice este estudio”.

“Como único criterio se sostiene el alcance de los medios pero excluye un montón de factores que hacen a la integridad de una política pública en materia de comunicación un poco más democrática. No puede ser el alcance de un medio el único motivo por el que se paute, se debe garantizar el acceso a la comunicación a toda la sociedad”, aseguró.

Por último, reflexionó que “evidentemente es una repartición arbitraria porque no hay criterios para establecer quién recibe más y quién recibe menos. Habrá que hacer un análisis de cómo está asociado a los contenidos que generan esos propios medios”.

“Sabemos que no hay mapa de medios, quiénes son los dueños, quiénes participan, salvo que estemos en los medios eso no se sabe. El Estado establece política pública sobre algo que no queda claro o que se sabe pero puertas para dentro”, sentenció.

El ex intendente Rodolfo Lopes y el ex concejal Raúl Ayude rechazaron la posibilidad de que Enrique Iommi sea designado como delegado del Ente Nacional de Comunicaciones a instancias del massismo.

“Poner a Iommi a cargo del ENACOM es un retroceso total, es una vergüenza. Ver que la oposición tiene una actitud corporativa con el sector poderoso que nos viene gobernando los últimos 15 años da vergüenza ajena. Ninguno responde, ni los concejales, ni los dirigentes, ni los que tienen cargos legislativos. El peronismo deberá asumir su responsabilidad, unirse en serio”, dijo a FM De la Calle Rodolfo Lopes.

Agregó que “Enrique Iommi es un periodista que ha demostrado muchas falencias en su accionar, no solamente como periodista sino como persona. Ha tenido actitudes misóginas, homofóbicas, antipolíticas y antidemocráticas. No por casualidad ha pasado el casting de LU2 y La Nueva Provincia. No cualquiera llega ahí, no quiero decir que son todos iguales pero son bastante parecidos”.

El ex intendente comentó que “este muchacho ha sido tomado de ese lugar. Me llama la atención la orfandad en la dirigencia política que hoy tiene cargos de preponderancia. Una vez que ha cambiado el gobierno gorila, antidemoráctico y oligárquico del PRO los dirigentes que ostentan algún cargo no han dicho ni dicen absolutamente nada”.

Por su parte, ante los tweets de arrepentimiento del conductor radial por los dichos vertidos contra la comunidad LGTBIQ, Ayude respondió vía Twitter.

Lopes continuó: “Cuesta mucho creer, todas las luchas para lograr determinados cambios desde el peronismo y muchos otros partidos que se adosaron al peronismo para llegar y hoy usan los cargos para mirarse su propio ombligo, alimentarse su propio bolsillo y no pensar en los cambios que se deben llevar adelante”.

“Desde la 14 de Septiembre nuestro más inmenso repudio a la decisión de designar Enrique Iommi a cargo del ENACOM, que no es por él en particular sino por lo que representa. No es echarle la culpa a un sector político sino a los dirigentes que dejan que se haga lo que haga con tal de que a ellos les vaya bien”, sentenció.

En este contexto tan adverso, buscamos llevar adelante distintas estrategias de acompañamiento a los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19.

Desde la Economía Solidaria, pensamos una alternativa que ofrezca la posibilidad de consumir alimentos saludables para compartir en nuestras mesas. En esta oportunidad ofrecemos 50 bolsas compuestas por:

  • Mermeladas de Moras Brix: Grupo de mujeres del barrio Spurr quienes elaboran y comercializan producciones de la agricultura familiar. Las frutas son cosechadas en sus patios, en frutales de sus barrios o de otras productoras de Villa Nocito, como es el caso de las frutillas y frambuesas. Gracias a su capacitación mezclan sabores rememorando en cada mermelada el sabor de los dulces que cocinaban nuestras madres y abuelas.
  • ½ docena de Huevos: Son comercializados por Runtu Thani, grupo asociativo que está integrada por productores/as avícolas de Bahía Blanca y el sector periurbano. Su forma de producir se denomina “traspatio”, ya que las gallinas viven en un gallinero donde duermen, tienen agua, alimento balanceado y ponen huevos en sus nidales. Durante el día están sueltas, toman sol y comen pasto, restos de verduras de la huerta e insectos, los cuales aportan al huevo muchos minerales y vitaminas.
  • Pan Casero: Es pan realizado con harina candeal, contiene más proteína y menos gluten que el de trigo que se comercializa actualmente. Los productos elaborados con harina candeal pueden ser consumidos por personas de cualquier edad, niños, adultos, ancianos, mujeres embarazadas porque son fáciles de digerir  y ricos en nutrientes.
  • Sopa de Verduras: Compuesta por alimentos de la agricultura familiar que brinda PROSAUCHI, con el valor agregado de la preparación lista para consumir. La elaboración está a cargo de un emprendimiento productivo acompañado por la Cáritas Parroquial de La Piedad.
  • Pastelitos frescos de Somos Andando: Se trata de un grupo de mujeres que elaboran de forma asociativa, en esta oportunidad son pastelitos frescos para compartir en familia, en las próximas bolsas incorporarán fideos de harina candeal por los beneficios que esta aporta al consumo saludable de alimentos.

Valor de la bolsa: $550* (Cantidad limitada)

Se retira de 11 a 14 en Rodríguez 78 el miércoles 8 de julio.

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Adquiriendo la bolsa podrás acceder a otras producciones de la agricultura familiar.

Harinas de “Trigo limpio”: Es un emprendimiento cooperativo que nació, hace poco más de un año, con la intención de ofrecer un alimento saludable a cualquier comensal que lo buscase. Producen ocho harinas agroecológicas diferentes, en molino de piedra. Molienda local.

Don Atilio: Productor de Gral. Cerri que hace 30 años que se dedica a la apicultura. Hoy agrega a sus producciones algunas conservas y el fraccionamiento de algunas aromáticas y especies surtidas.

*$50 se destinarán a un fondo común para la compra de bolsas de nylon y otras necesidades logísticas.

Ezequiel Moscoso emprendió una caminata desde Monte Hermoso hasta Capital Federal para hacerle llegar al presidente el reclamo de justicia por el femicidio impune de su sobrina Katherine.

Hoy se reunirá en La Plata con la conducción del Ministerio de Seguridad bonaerense.

“Esto ha tomado mucha repercusión, ha hecho ruido. En cierta manera hemos logrado el cometido, si bien en cierta medida era entrevistarnos con el presidente tuvimos que apurarnos porque tomaron nuevas medidas, el miércoles vuelven a fase 1”, comentó a FM De la Calle.

Agregó: “Venimos con un mensaje y un pedido claro, lo que esperamos es comprometer a esta gente con la que nos vamos a entrevistar, tenemos muy presente que hemos hecho avanzar mucho el caso por parte de la querella. Hemos aportado pruebas, hace tres meses que denunciamos a 22 personas, al ex intendente Marcos Fernández, dos patovicas, el ex secretario de Seguridad, bomberos, a todos los fiscales de Bahía Blanca excepto a (Chirstian) Long. De hecho, ahora la causa está radicada en Azul”.

Moscoso mencionó que desde que presentaron las pruebas ante la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul -hace tres meses- no tuvieron respuesta.

Respecto a la caminata hacia la Capital, afirmó que “cuando salimos de Monte hasta Dorrego nos sentimos amenazados, hemos tenido miedo por nuestras vidas, nos habían llegado mensajes de que nos iban a levantar en la ruta, que estábamos regalados. Levantamos campamento en Dorrego y fuimos hasta Tres Arroyos y después llegamos hasta Azul. Producto de que se acercaba la fase 1 (en el AMBA) tuvimos que llegar con auto”.

Respecto de los dichos del indentende de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, advirtiendo que les dejaría volver mientras dure el aislamiento, Moscoso señaló: “Yo no he tenido trato con el intendente pero hemos gestionado que vamos a hacer la cuarentena en Monte con el protocolo que se debe”.

A 51 años de la revuelta de Stonewall Inn y con motivo de la Marcha virtual contra los Travesticidios, la economista feminista María Julia Eliosoff analizó las condiciones de vida del colectivo trans y travesti en su columna de FM De la Calle.

“La lucha por la identidad y pensar al orgullo como respuesta política tiene consecuencias muy concretas en las cuestiones materiales. Hay que entender que las condiciones de vida de las personas LGBTIQ implican violencia, no estamos pensando solamente en un golpe sino en la violencia en sentido amplio, la violencia económica”, afirmó.

Eliosoff agregó que “ayer, cuando se dieron los datos de salud, estaba la secretaria de Políticas por la Diversidad Alba Rueda y habló de un transfemicidio social”.

“El promedio de vida de las personas trans es de entre 35 y 40 años, son personas que no tienen los mismos derechos. Su vida están fuertemente vulneradas, son ciudadanías de segunda o tercera. El aislamiento las expone a situaciones de mucha mayor vulnerabilidad. Las estadísticas que tenemos a nivel nacional son siempre binarias, siempre hay datos de mujeres y varones, es muy difícil conocer oficialmente lo que pasa porque ni siquiera hay datos”.

Eliosoff explicó que “la información con la que en general contamos proviene de investigaciones de organizaciones y de una prueba piloto del INDEC que se hizo en 2012 en La Matanza. Los datos arrojan que más del 60% expresa su identidad de género entre los 13 y 17 años y hay muchos investigadores que identifican que allí comienza el proceso de desciudadanización”.

“Empiezan a atravesar un proceso de exclusión, quedan fuera del colegio, de vínculos familiares. El 80% tiene el secundario incompleto, no tienen cobertura de salud y están bajo tratamientos hormonales. Solo el 14% tiene controles médicos de esos tratamientos”, comentó la economista.

Otro determinante tiene que ver con el acceso a una fuente de ingreso: “El 77% dice no recibir ninguna ayuda del Estado, sin embargo, el 81% manifiesta que hace actividades con las cuales obtiene un dinero aunque 7 de cada 10 personas trans nunca tuvo una entrevista laboral”.

“Más del 80% en ambos informes habla de que están o estuvieron en situación de prostitución o trabajo sexual. Sin embargo, el 72% de ese total manifiesta buscar otra fuente de ingreso”.

Respecto a las condiciones de vivienda, “más del 55% vive en viviendas que se caracterizan como deficitarias, no cuentan con acceso a condiciones habitacionales y solo el 7% pudo acceder a un contrato de alquiler”.

¿Qué respuestas da el Estado?

“Gracias a la organización de los movimientos feministas y personas travestis trans existe hoy un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en el cual tenemos una subsecretaría para pensar estas problemáticas. Existen proyectos vinculados a la Ley de Cupo Trans que hablan al menos de 1% de personas trans en lugares de trabajo estatal. Otra respuesta es el POTENCIAR Trabajo, 4100 personas trans accedieron a este programa. Por otro lado, están las miles de respuestas que dan las organizaciones, cooperativas de trabajo, etcétera”, comentó.

En cuanto al proyecto de Ley de Cupo Laboral Trans que discute la Cámara de Diputados, mencionó que “los proyectos son a nivel nacional en los tres poderes. En la provincia de Buenos Aires está aprobado desde 2015 pero nunca se reglamentó. Lo mismo en Bahía, en septiembre del año pasado se aprobó la ordenanza pero no hay información de cuánto ha avanzado el cupo, si han ingresado compañeres”.

¿Qué falta?

Si bien ha habido avances en materia de política pública aún resta mucho. Algunas reivindicaciones de las organizaciones son:

*Producción nacional y del Estado de hormonas y prótesis para garantizar la continuidad en los tratamientos y no depender de importaciones o laboratorios privados.

*Garantizar provisión en todos los Centros de salud.

*Formación y capacitación para profesionales de salud y frenar la violencia en la atención a personas TTT en los Centros de Salud.

*Extender redes de cuidado a personas TTT.

*Garantizar acceso (hay faltantes) a medicación para atención del HIV.

*Actualización de la Educación Sexual Integral (más contenidos no binario).

*Que se reconozcan en el RENAPER identidades no binarias, travas y travestis.

Se cumplieron 51 años de la revuelta de Stonewall Inn, en Nueva York, inicio de la lucha histórica del movimiento LGTBIQ+.

En Argentina, hace cinco años que el 28 de junio se organiza la Marcha contra los Travesticidios.

Debido al aislamiento, ayer se realizó una movilización virtual en el aniversario de los disturbios newyorkinos para reivindicar los logros del movimiento de travas y trans en los últimos años.

La lucha colectiva nunca deja de reclamar el derecho a una vida que merezca ser vivida.

“El tiempo de la revolución es ahora porque a la cárcel y al closet no volvemos nunca más”.

Lohana Berkins.

Producción: Giuliana Crucianelli

Edición: Astor Vitali

El Tribunal Oral rechazó un pedido de la defensa para suspender el debate oral en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A en Bahía Blanca y reanudará las audiencias el próximo jueves a las 10.

Será mediante un sistema mixto con presencia de jueces, querella y defensa en Colón 80 y permitirá que testigos e imputados elijan participar desde el Aula Magna o por videoconferencias. Deberán respetarse los protocolos de seguridad en el marco de la pandemia. 

Las jornadas testimoniales comenzarán priorizando la convocatoria a quienes no integran grupos de riesgo y residen en Bahía Blanca. Habrá transmisión pública.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

El fiscal Pablo Fermento aseguró “que son diversas las jurisdicciones en las que se reanudaron los debates por crímenes contra la humanidad” y “afirmó que la utilización de vías de comunicación instantánea, virtual y remota, garantiza los principios de inmediación, publicidad y el pleno ejercicio de los derechos de defensa por parte del imputado (en sentido material y técnico), sin poner en riesgo la salud de las partes intervinientes en el debate”.

Por pedido de la querellante Mónica Fernández Avello y la Fiscalía, el tribunal no recurrirá a las fuerzas de seguridad para trasladar a testigos que no cuenten con los recursos suficientes. Deberán acercarse por su cuenta y reclamar el reintegro de los gastos. Los certificados de circulación se otorgarán cuando sea necesario.

Fermento propuso que “al momento de notificar a los testigos se les haga saber sus derechos, las medida de prevención, distanciamiento, higiene y seguridad adoptadas para su protección. Para cada testigo solicitó la confección de un formulario modelo (homologado por autoridad sanitaria) que sea remitido junto con su notificación, que será completado a modo de declaración jurada sobre su estado de salud, patologías previas y pertenencia a población de riesgo, y que manifieste su voluntad de declarar en forma virtual o presencial”.

Además, requirió que se fijen las declaraciones con intervalos de tiempo para evitar acumulación de testigos; se permita la presencia de un integrante del equipo de acompañamiento psicológico en la sala y que se informe a quienes declaren que la audiencia será transmitida de forma pública.

El abogado de la UNS, Francisco Fuster, pidió participar por videoconferencia por integrar el grupo de riesgo aunque el tribunal recordó que la querella deberá funcionar unificada y que, igualmente, podrá seguir la transmisión o designar un sustituto.

Para el defensor oficial Gustavo Rodríguez “el avance del juicio en las condiciones propuestas conlleva la afectación de posiciones defensivas” y constituiría “asumir un alto riesgo para su salud y su vida” de los represores. A su entender, “la única posibilidad sería que los imputados sigan las audiencias de debate por videoconferencia desde sus domicilios, pero al respecto realizó algunas observaciones”.

“Si se acepta que el desarrollo de una audiencia virtual imposibilita la contradicción de prueba relevante debido a la ausencia de una comunicación rápida y efectiva con los acusados, se llega a la conclusión de que cualquiera de las posibilidades que se han pensado para un desarrollo virtual impide la satisfacción de la defensa en juicio y esa es una garantía que no debe perjudicarse”, respondió el tribunal.

Los jueces Roberto Amábile, Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido afirmaron que “el defensor no logra demostrar de modo concreto y efectivo la vulneración de los derechos de sus asistidos”.

Recordaron que los acusados podrán concurrir teniendo en cuenta las condiciones sanitarias de la ciudad y que la sala garantiza ampliamente las condiciones suficientes de higiene. “La concurrencia desde su domicilio hasta la sala y el regreso, no genera un aumento de riesgo para su salud si se cumple con las medidas sanitarias fijadas por las autoridades”.

Trabajadoras de la Cooperativa Las Flores Baldosas difundieron que tuvieron que suspender las ventas porque se quedaron sin sede para producir. Por este motivo solicitan donaciones de materiales para construir un galpón y reanudar el trabajo.

La cooperativa funcionó desde sus orígenes en el CIC de Spurr. Sofía Méndez señaló a FM De la Calle que “a mediados de febrero, llegando a marzo, nos dicen que no podemos usar más el lugar, que nos tenemos que retirar. A los pocos días se declaró la cuarentena y no nos dejó ni pensar dónde poner las cosas. Después de 90 días decidimos que la situación no da para más”.

“Vamos a funcionar en la casa de una compañera, decidimos armar un galponcito. Nosotras tenemos la maquinaria pero lo que son palas, cucharas, cemento, no tenemos nada porque eran cosas del CIC”, comentó.

Agregó que “mucha gente ya nos ha preguntando por las baldosas, siempre nos están pidiendo pero no tenemos la materia prima para ofrecer. Necesitamos arena, cemento, cuchara y pala”.

Respecto de la realidad del Barrio Evita afirmó que “esta todo re mal. Estuvimos repartiendo meriendas. La situación se complica, con un bolsón de mercadería en el que vienen ocho productos pedorros la gente no vive. Hay gente que no tiene baño, una vez por semana se corta la luz. O comprás para comer o comprás leña. No tiene presión el agua, hay días que hay y días que no”.

Las donaciones se pueden acercar a Santa María 750, Barrio Evita.

Trabajadores portuarios compartieron con FM De la Calle dos videos en los cuales se ve como desde la terminal de ADM Agro se vierten restos de cereal a las aguas del estuario.

El subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, relató anoche que alrededor de las 18:30 recibieron las mismas imágenes y concurrió la guardia del CTE. “Los inspectores no encontraron evidencia de lo que se ve en el video. Esa actividad de limpieza de cañerías ya fue denunciada por el CTE a OPDS en otras oportunidades”, detalló.

Por su parte, el coordinador del Comité Técnico Ejecutivo, Walmir Morete, dijo esta mañana que lo vertido “no era una gran cantidad y tampoco era contaminante para el agua porque era soja. No estaban lavando caños ni tirando desechos”.

“No recibimos ninguna denuncia, fueron los videitos que me llegaron a mí. Lo que me explicó el gerente de ADM es que estaban cargando un barco con porotos de soja y cuando estaban terminando de cargar se le pararon los equipos. Sacaron el barco y mientras esperaban comenzaron a realizar una serie de pruebas, por motivos que están investigando, es que los equipos arrancaron solos y se produjo es una descarga de pet de soja, de polvillo, que es el remanente que queda en los caños”, explicó.

Morete señaló que “todo lo que tiene que ver con cerealeras no lo controlamos, sí informamos al OPDS. Hay un 0800 y una guardia activa en Bahía y, por lo general, se acompaña a la gente del OPDS y se labra un acta. Pero no podemos infraccionar porque eso depende de OPDS y policía. Solamente acompañamos”.

Agregó que “si bien se escucha en el video que esto pasa siempre, a ellos nunca les había pasado. No es algo recurrente, por lo menos que nosotros no enteremos, fue lo que él me comentó. No era contaminante, no estaban lavando caños ni tirando desechos”.

El funcionario señaló que el episodio es materia de investigación por parte de la empresa y que el Consorcio va a pedir un informe acerca de lo sucedido.

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Consultado acerca de la posibilidad de realizar un muestreo para efectivamente determinar si es o no contaminante la sustancia vertida comentó: “Lo tenes que agarrar justo en ese momento. Si vos encontrás el residuo en el agua podés tomar la muestra. Eso es materia de investigación de OPDS. Hay un gris, lo del agua no nos corresponde pero el aire sí”.

Controles durante la cuarentena

Respecto a las mediciones de material particulado en el aire durante la cuarentena, Morete mencionó que “hicimos un estudio, si bien las industrias nunca dejaron de producir, el material paticulado disminuyó te diría que un 50% respecto del año pasado. Esto es positivo porque muchas veces se piensa que el material particulado viene de las empresas pero la mayor parte viene de los vehículos. Lo que es medición de ruido se hace respecto al polo petroquímico, entonces no notamos una baja en eso”.

En cuanto a la manera en que se llevan adelante los controles durante el aislamiento, Morete sostuvo que “lo que tiene que ver con la guardia de controles del polo nunca se cortó, lo que hicimos fue cortar con auditorías en las plantas. Implementamos un sistema de auditorias online, solicitamos documentación. Por el momento no estamos inspeccionando las plantas, sí se audita para que tengan sus papeles en orden”.

“La guardia sí trabaja 24 horas, eso no se cortó y hace una semana arrancamos con rondines de verificación de mediciones de ruido y material particulado cada 3 horas”, finalizó.

El jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Ezequiel Jouglard, informó que se registró el primer caso de transmisión comunitaria de COVID 19 en la ciudad aunque esto no significa que exista circulación comunitaria local.

“En el conglomerado del Hipermercado empezamos la investigación viendo cuáles era los distintos contactos, identificamos otras personas con Covid por fuera del mercado y llegamos a un determinado punto donde no estaba muy claro cuál era el nexo de ese último paciente con Covid con otro anterior. Cuando tenés un paciente con Covid positivo que no tiene nexo o contacto con otro confirmado, uno habla de transmisión comunitaria”, explicó respecto al caso de una mujer de 22 años confirmado anteayer.

Anoche, el Comité de Contingencia difundió los positivos en una mujer de 65 años y un hombre 85, el cual falleció esta mañana. Además, se registraron otros dos casos: un hombre trasladado desde Azul a una clínica local y un trabajador del Polo de 34 años que llegó desde Buenos Aires y está aislado en un hotel.

“Tenemos el primer caso de una persona que no tiene nexo epidemiológico con un caso confirmado. Los próximos 15 días van a ser claves para saber cuál es la situación sanitaria de Bahía. La circulación comunitaria sucederá cuando tengamos distintos conglomerados y casos individuales donde no podamos establecer el nexo con un caso confirmado”, comentó Jouglard.

El funcionario dijo que la transmisión comunitaria involucra “casos individuales. Hablaremos de circulación libre viral o comunitaria cuando veamos que tenemos una curva de crecimiento exponencial con distintos conglomerados casi sincrónicos en distintos lugares e inclusive pacientes que no podamos determinar el nexo. Hoy no estamos en esa situación. Si vemos en línea temporal, en el resto de las ciudades ha pasado esto, ha habido casos importados, contactos estrechos y casos de circulación comunitaria”.

En relación al posible cambio de fase, el médico comentó: “Tiene que ver con estatus de circulación comunitaria, los días de duplicación y la capacidad del sistema de salud. El tiempo de duplicación debido a la pendiente de estos últimos 7 días nos posiciona en 25 días. La situación epidemiológica es dinámica y la responsabilidad nuestra desde Departamento es informar los datos sanitarios para que se adapten a los requerimientos de provincia después las decisiones serán más políticas que sanitarias”.

En cuanto al fallecimiento del hombre de 85 años en el Hospital Italiano, Jouglard sostuvo que “el desencadenante ha sido el contagio de coronavirus pero la tasa de letalidad en el mundo muestra que los mayores de 65 y factores de riesgo es donde más letalidad hay”.