Sindicatos y organizaciones populares realizaron una Jornada de Lucha frente a las negociaciones en curso y la presencia en nuestro país de una nueva misión del FMI.

“El gobierno plantea que el FMI es más amigable, nosotros vemos lo contrario, no creemos en ninguna dulcificación ni en que se vuelvan amigables quienes prestaron 47 mil millones de dólares para facilitar la reelección de Macri. Esa plata nadie la vio, se la fugaron. Esa gente viene a asegurar que se siga pagando la deuda ilegal y fraudulenta”, dijo a FM De la Calle el secretario de la CTA Enrique Gandolfo.

En cuanto a la política económica del gobierno afirmó que “estas semanas van en sintonía para hacer buena letra: la primera medida es la presentación del presupuesto en donde se eliminan el IFE y las ATP; otra señal es el cambio en el índice de la movilidad jubilatoria; y la tercera, que va a verse en el tiempo, es el aumento de las tarifas de los servicios públicos”.

“Dar estas señales para contentar al FMI es ir en sentido inverso de las necesidades de la mayoría”, apuntó.

En relación al aporte extraordinario de las grandes fortunas, insistió en la necesidad de una réplica local “con las grandes empresas vinculadas a la industria petroquímica”.

“El proyecto nacional va a en un buen camino, es insuficiente pero va en buen camino. Va en el sentido de tocar intereses mínimos, son 9 mil personas, casi se les pide permiso. Tiene que haber un debate público en ámbito local, con concejales, con representantes del Municipio, con las grandes empresas”.

El proyecto sobre la contribución extraordinaria se analizará mañana en la Cámara de Diputados. El oficialismo descuenta su aprobación con votos propios y aliados. Juntos por el Cambio manifestó su rechazo y el Frente de Izquierda su abstención.

“La objeción del FIT es significativa. Una parte no trivial va para financiar el fracking en Vaca Muerta, algo que sistemáticamente denunciamos como un ecocidio, un desarrollo insostenible. Otro porcentaje va a préstamos a pequeñas y medianas empresas y hay que ver cómo las definen”, dijo el economista Francisco Cantamutto.

Propuso “pensar contribuciones especiales a quienes obtuvieron grandes ganancias en los últimos años en dimensiones locales. Tendríamos antecedentes en varios municipios de la provincia de Buenos Aires que lo han aprobado, hay espacio para avanzar y apoyar a los múltiples sectores que han sido afectados durante este año terrible y no recibieron apoyo sostenible por parte del gobierno municipal”.

Por otro lado aseguró que la carta que el bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos envió al Fondo Monetario Internacional “es un documento bastante duro”.

Sin embargo, el columnista de FM De la Calle destacó que “no pide anulación, ni quita, ni juicio sino que reconoce problemas no solo en torno al rol de la deuda sino, además, la existencia de problemas en cuanto a los actos administrativos que sustentan en acuerdo con el FMI”.

“La inexistencia de cualquier regulación en cuanto al monto que prestó el FMI a Argentina, el problema de haberle prestado por encima de sus cuotas y para financiar la fuga de capitales. Además, no existen actos administrativos que habilitaran a Macri a contraer deuda. Como esto no estaba, no se entiende para qué se llegó al acuerdo, no hay razones, no hay estudio de prefactibilidad, no hay consenso explícito para tomar la deuda, son actos que están denunciados ante la justicia”.

“De lo que hablan (en la carta) es de la corresponsabilidad, el Fondo debería hacer un esfuerzo también. En la coyuntura actual el FMI sigue funcionando como funcionó durante la era Trump y lo dejó en claro cuando apoyó la reestructuración con los acreedores privados donde dijo que la deuda era insostenible pero que tenían que hacer el esfuerzo”.

Cantamutto señaló que “el gobierno va a tratar de negociar este acuerdo, pasar de stand by a uno de facilidades extendidas de cuatro a diez años, un horizonte más amplio para conseguir los fondos y que va a requerir reformas estructurales”.

“Dentro de esas reformas puede estar la laboral. Habrá que ver cómo se comporta la CGT que no tenía una postura muy combativa. Y otra es la reforma previsional, el cambio de fórmula del régimen jubilatorio que se puso en vigencia la semana pasada, por ejemplo”.

“De aquí a febrero-marzo del año que viene planean cerrar, no es lo previsto que esta misión se vaya con un acuerdo cerrado. Para que se cierren las conversaciones y se discuta en el Congreso no creo que se resuelva en la inmediatez. No se puede deslindar este hecho de -tras meses de dilatarlo- poner en discusión el aporte extraordinario. El FMI no se opone a esta discusión”.

Integración Ciudadana recurrió a la Defensoría del Pueblo ante “la posible vulneración del derecho al medio ambiente” por parte del Municipio en el dragado del arroyo Napostá.

“Pensamos que es un tema que atañe a toda la ciudadanía y le damos un enfoque desde los derechos humanos. El dragado y la intervención en el Napostá podría traer aparejado un impacto negativo al ambiente y el derecho al ambiente sano es un derecho constitucional y también se habla del principio preventivo”, dijo a FM De la Calle la abogada María de los Ángeles Rosón.

Destacó que “estuvimos asesorándonos con biólogos, entendemos que los informes tienen que ser remitidos a la Defensoría. Pedimos informes del IADO, de la UNS y al Colegio de Arquitectos porque entendemos que el dragado tendría un impacto en lo paisajístico y lo urbano”.

“Nuestra posición es decir no al dragado del arroyo Napostá, queremos que institucionalmente esto tenga una validez tal que haga que el Municipio vaya para atrás en esta decisión inconsulta”, señaló.

Comunicado:

En el transcurso de la mañana desde Integración Ciudadana solicitaremos la urgente intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, ante la posible vulneración del derecho al medio ambiente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal representado por el Sr. Matías Insausti, Subdirector de Gestión Ambiental, quien, mediante manifestaciones públicas aseveró que se procederá a dragar el Arroyo Napostá de nuestra ciudad.

Ante el posible impacto negativo ambiental, y siendo un espacio significativo para la conservación y reproducción de especies de agua dulce y desde el punto de vista urbanístico por encontrarse vinculado tanto a la recreación como al disfrute de los espacios públicos, solicitamos que el Sr Defensor del Pueblo Provincial, previo pedido de informes a organismos competentes, emita dictamen sobre la actuación del funcionario y el Municipio de B Bca, y la inconveniencia de que se efectúe dicha medida.

En cuanto a los daños ambientales, peticionamos que se tenga especialmente en cuenta, que la Ley 25.675 (Ley Gral. De medio Ambiente), regula el principio preventivo (artículo 4º) mediante el cual se tiende a evitar un daño futuro pero cierto y mensurable, y el principio precautorio, que se aplica cuando la evaluación del riesgo del daño es mucho más compleja dada la falta de certeza de su producción y da cuenta de un criterio de cautela y prudencia en el que los posibles riesgos deben ser analizados con rigurosidad.

Ya que esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo Municipal, puede causar daños ambientales y urbanísticos irreversibles, y la vulneración de derechos que ello provoca, peticionamos la intervención y la recomendación de la Defensoría del Pueblo Provincial.

El ing. Horacio Varela se manifestó de acuerdo con la limpieza del arroyo Napostá. Afirmó que para evitar inundaciones la tarea debería incluir el entubado y el paso del cauce por los barrios del sur de la ciudad.

“Limpiar es dejarle el cause natural, sacarle las totoras y ramerío que tiene. Estoy de acuerdo con que el arroyo tiene que tener su historia natural, pero hay una convivencia, interacción entre el arroyo y la ciudad. No es lo mismo que en medio del campo. Hay que limpiarlo porque se va estancando, porque aparecen ratas, todas esas cuestiones traen consecuencias sanitarias”, dijo Varela ante la consulta de FM De la Calle.

La intención de dragar fue anunciada por el subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, y recibió el rechazo de organizaciones ambientalistas e instituciones académicas.

Varela sostuvo que “lo que se plantea es limpiar el cause en la zona del Parque y de entrada a la ciudad. Una cosa es limpiar el cause, asegurar que el agua corra y otra es canalizarlo. Canalizar el arroyo es contraproducente porque se aumenta la velocidad con la que entra a la ciudad, tenés la misma cantidad agua pero mucho más rápido”.

Agregó que “en la zona del Club de Golf el arroyo necesita que haya un freno pero dentro de la ciudad el arroyo tiene que correr pero necesitamos limpiar el cause y el entubado, las dos cosas”.

El ingeniero destacó que es necesario limpiar también en las zonas de Spurr y el barrio 5 de Abril para que no se estanque.

Años atrás, en el marco del debate sobre la conveniencia de la obra del Río Colorado para abastecer a la ciudad de agua potable, Varela junto a otros profesionales de la UTN señalaron que se debían priorizar obras en la cuenca del Napostá para prevenir las inundaciones y potabilizar el agua.

“Planteamos que la mejor alternativa era la regulación del Napostá porque la obra del Río Colorado estaba prevista para una ciudad de mas de 500 mil habitantes. Se estancó el crecimiento demográfico y posiblemente al 2050 Bahía tenga 350 mil habitantes, con lo cual el consumo sería un poco más que ahora, por ende, no iba a ser necesaria esta obra pero sí nos podíamos abastecer con una retención del Napostá en Canessa”.

“Esa obra le daba la seguridad de que la ciudad no se iba a inundar, cosa que pasó en 1944 y desde entonces no se hizo ninguna obra. Se hizo el canal Maldonado pero eso no asegura que la ciudad no se vuelva a inundar. Si pasa una lluvia como la del ’44, la ciudad va a tener los mismos problemas o peores porque ahora tenemos más superficie de suelo impermeable, más construcción”.

Respecto al Maldonado el ingeniero mencionó que le falta mantenimiento y recordó que “en 2002 llegó el agua arriba, al fondo de los puentes, y levantó placas. El canal está revestido con placas de hormigón, detrás está hueco, entonces cuando el agua filtra saca a la placa y el canal empieza a perder la forma”.

Miles de chubutenses mantienen la movilización en distintas ciudades para manifestar la falta de licencia social a la megaminería ante una nueva avanzada del gobernador Mariano Arcioni. La semana pasada hubo persecuciones, allanamientos y detenciones arbitrarias contra asambleístas.

“Hacen una cosa cinematográfica, detienen, hacen cuatro allanamientos, fotos, videos. Hemos sido perseguidos, amenazados de muerte con armas, nos han golpeado, los intentos por frenarnos desde el 2002 hasta ahora han sido enormes. Los diputados se están dando cuenta que políticamente, previo a las elecciones, no se pueden poner a favor de las mineras”, dijo a FM De la Calle Viviana Moreno, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut.

Desde Esquel recordó que Arcioni “ganó la elección en contra de la megaminería diciendo que lo más importante era el agua y hace promesas a gremios de enorme generosidad. Gana, empieza a transcurrir el 2018 y ahí nos dice ‘no tengo plata para pagar sueldos’. Nos llevó a los trabajadores a que nos deban tres meses de sueldo y aguinaldo de julio. Mientras tanto la zanahoria para que camine el burro es la megaminería”.

La movilización de las comunidades comenzó en 2002. “A 7 kilómetros de Esquel está la montaña en la que se iba a realizan un proyecto de explotación de oro y plata. A partir de la aparición de la palabra cianuro en el proyecto rápidamente nos despertamos e hicimos un proceso asambleario tan enorme que se paralizó”.

“Frenamos a una multinacional -contó Moreno- esto se multiplica con concientización de parte de muchos vecinos, hay 48 comunidades trabajando para decirle no al extractivismo. La cuestión es que en este contexto aparece el Plan Estratégico Minero, anuncian que desde enero se estaban reuniendo y que estaban intentando hacer la zonificación minera para habilitar la megaminería”.

La asambleísta destacó que “estamos sufriendo todas las violaciones de derechos, nos deben tres meses de sueldo, la gente está hipotecando su vida para comer, las escuelas de Chubut no funcionan correctamente desde hace tres años. El gobernador está sentado arriba de un barril de pólvora y da vuelta el discurso y dice que va a habilitar la megaminería, ahí estallaron los movimientos sociales y salieron a la calle”.

El proyecto de zonificación se tiene que votar en la legislatura: “Los legisladores empiezan a darse vuelta y a decir que no, entonces tratan de demonizar la lucha, tratarnos de violentos, demonizar las figuras de asambleas del No a la Mina, de ser violentos, ecoterroristas”.

“El violento, el que vulnera los derechos humanos se llama Mariano Arcioni y todos los cómplices que lo sostienen haciendo sufrir a un pueblo. No necesitamos la violencia los asambleístas, acabamos de presentar un proyecto para proteger la provincia que juntamos más de 30 mil firmas”, finalizó Moreno.

El profesor Sergio Zalba sumó la preocupación del equipo de investigación de la UNS que dirige respecto a las consecuencias que podrían tener las “acciones de dragado y de remoción de vegetación” del arroyo Napostá anunciadas por el Municipio.

En una nota dirigida al intendente Héctor Gay y al subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, aseguró que “resulta fundamental que cualquier intervención como la propuesta incluya una adecuada evaluación de impacto ambiental y socio-cultural, y un análisis interdisciplinario que evite eventuales efectos indeseados y, al mismo tiempo, optimice el uso de los recursos públicos a partir de la búsqueda de soluciones sostenibles”.

Recordó que “en 1982 se tomó la decisión de entubar la mayor parte del tramo del arroyo Napostá que atraviesa nuestra ciudad, bloqueando el acceso público a recursos naturales, culturales y paisajísticos que muchísimas ciudades querrían tener. Creemos que es fundamental evaluar de forma integral las opciones de manejo de la porción del trazado que aún conservamos los vecinos bahienses pare evitar la repetición de errores ambientales como ese”.

Zalba destacó que “la diversidad biológica de los ambientes urbanos es valorada cada vez más a nivel global, tanto por los aportes que la ciudad puede hacer para la preservación de las especies silvestres, como por los reconocidos efectos positivos que las comunidades naturales producen sobre la salud psico-física de las personas”.

“El curso de agua mencionado constituye una pieza única del paisaje natural de Bahía Blanca, que se diferencia de las áreas verdes que lo circundan, y del resto de los paseos ubicados en el ejido urbano, porque en él predominan elementos nativos de la biodiversidad regional. Fauna y flora silvestre habitan y se reproducen en este ambiente proporcionando una oportunidad única de entrar en contacto con el patrimonio natural típico de un humedal pampeano”.

Para el investigador “el área tiene un enorme potencial para convertirse en el escenario de actividades de educación ambiental y promoción de la valoración pública de los ecosistemas regionales. Distintas disciplinas de la Universidad Nacional del Sur, de hecho, ya aprovechan este escenario para desarrollar allí parte de las actividades formativas de sus estudiantes, pero esta dimensión podría ser mucho más explotada en la medida que se preserven las características silvestres que el ambiente aún conserva”.

Por otra parte rechazó que la intervención propuesta pueda resolver problemas de la proliferación de mosquitos y roedores urbanos. En el primero caso puede complicarlo al correr aves que “son controladores naturales de estos invertebrados incluso a distancias importantes del propio arroyo”. Respecto a los roedores afirmó que el inconveniente sea provocado por el vertido de residuos en el lugar”.

“Si el problema a resolver tiene su origen en un comportamiento social inapropiado es allí donde debemos poner el acento, corrigiendo las conductas que resultan en problemas ambientales sobre la base de la valoración de los componentes afectados. Desde esta perspectiva, una obra como la propuesta podría resultar completamente inapropiada y contraproducente para la búsqueda de formas armónicas y sostenibles de convivencia entre los vecinos de la ciudad y el resto de las especies con las que compartimos el espacio urbano”, concluyó.

Profesionales del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia reclamaron al intendente, Héctor Gay, la reincorporación de la trabajadora social del equipo técnico de Ing. White, Brenda Maceratesi.

“Trabajamos para proteger derechos, para acompañar, motivar, aprender modos más saludables de relacionarse con otros, en un contexto laboral que no respeta derechos, mucho menos a las personas, donde los que están a la cabeza de estos espacios laborales no son motivadores, sino hostigadores”, destacaron.

Denunciaron “los débiles argumentos brindados en relación a una supuesta evaluación llevada adelante por la Coordinación del Servicio Local y por la Subsecretaría (de Niñez)” a los que calificaron como “claras falacias” dentro de “un accionar autoritario cuyo real sentido es aleccionar y disciplinar a los trabajadores del área que desde hace unos meses venimos haciendo más visible la repudiable gestión del área y específicamente a la precaria condición laboral de los compañeros contratados”.

Afirmaron que desde la asunción de las actuales autoridades del área “los canales de comunicación y la apertura al diálogo son casi inexistentes (…) pero las situaciones de amenazas, destrato y maltrato, se han ido multiplicando, dejando ver con claridad el abuso de poder que se ejerce”.

Les firmantes advirtieron que “desde hace aproximadamente un año y medio, en consonancia con el cambio de autoridades tanto en la Secretaría de Política Social como la Subsecretaría de NAF, el estilo de trabajo ha cobrado una impronta diferente, que no solo se trata de toma de decisiones que afectan directamente a la tarea y función que ejercemos los trabajadores de Niñez, sino que además se trata de una modalidad que ha implicado un avasallamiento a los derechos y denota un desconocimiento, o total desinterés, o peor aún, un intento por desmantelar lo poco que se había avanzado en la construcción de un sistema de promoción y protección integral de la niñez”.

Le recordaron al intendente que la subsecretaria actuó meses atrás de la misma manera con otra profesional del Programa Caballo de Troya: “La decisión fue intransigente e inconsulta con el resto del equipo y se debió a diferencias de índole personal que la subsecretaria tenía con ella”.

Las y los trabajadores del Servicio Local mencionaron las gestiones realizadas ante distintos organismos para explicar el impacto de la vulneración de sus derechos laborales en la política pública de niñez.

Expusieron que “desde la Subsecretaría NAF se hace un abuso de las condiciones de precariedad laboral de los trabajadores contratados condicionando los reclamos de todo el área, solicitándoles tareas extras a la función que desde la Ley 13.298 y siendo concretamente el personal de ajuste de cualquier medida haciendo uso de la vulnerabilidad de la modalidad de contratación y la necesidad de trabajar de cualquier persona”.

Responsabilizaron a la subsecretaria Juliana Cerritelli por la no renovación del contrato que Maceratesi había firmado el día anterior. “Entendemos que dicha evaluación sería entonces a través de la lectura de los informes de altas y renovación de ayudas económicas, ya que no ha existido otra instancia desde la cual se tome contacto con el trabajo realizado ni con los profesionales intervinientes”.

“Ni desde la Coordinación ni desde la Subsecretaría se advirtió a la profesional previamente que hubiera algún aspecto del desempeño profesional que fuera necesario revisar, modificar o reevaluar. Mucho menos se consultó a las profesionales que comparten la tarea cotidiana con ella entendiendo que al tratarse de un abordaje interdisciplinario las competencias y desempeño profesional influyen directamente en todo el equipo de trabajo”.

Agregaron que “ante la falta de solidez del discurso y de la decisión tomada e informada, se plantea desde la Coordinación que la no renovación de su contrato se debía a ‘cuestiones políticas’. No es necesario ahondar o intentar dar un marco explicativo a algo que remite directamente a la violencia laboral e institucional”.

“El 147 no podía seguir en base a voluntarios, esto estaba pensado para dos meses o tres y fue desde junio o julio hasta ahora”, señaló el médico Horacio Romano en su columna semanal en FM De la Calle.

Romano es uno de los responsables de la puesta en funcionamiento de la línea 147 para el seguimiento de pacientes con síntomas de Covid 19. Días atrás, la Secretaría de Salud anunció que el sistema será reemplazado por una plataforma de autogestión.

Según se informó, “permite realizar una simulación o enviar los datos de un primer contacto con el fin de auto agendarse en el panel de control de los puestos de tele seguimiento, de personas con síntomas o contactos de control epidemiológico”.

El médico comentó que “atendimos cuatro mil llamados, con seguimiento de 2800 aproximadamente, no todos positivos. Fue un trabajo muy intenso, cada llamada implica familias, era una llamada pero tres o cuatro personas detrás. Se realizó con 30 voluntarios que pusieron todo, con médicos y médicas coordinadoras que sudaron la camiseta”.

“Lo empezamos a pensar en marzo. Cuando llegó a Italia vimos que íbamos a tener que reeditar lo que habíamos hecho con la gripe en 2009. Fuimos seis o siete que estuvimos con mucha tarea, haciendo programas, tratando de unir cabos, lo público y privado, la UNS, la puesta en marcha en base a un protocolo, a un triage que clasificaba de acuerdo a gravedad, por antecedentes, por cuestiones sociales, ambientales. Los profesionales lo podían leer desde cualquier lugar y cargar datos desde ahí”, destacó Romano.

Subrayó que “es la primera vez de que hay un esbozo de historia clínica común en Bahía, que es un logro interesante. Hasta mediados de octubre fue intensísimo, ahí se popularizó y se empezó a desbordar, también pasó en las guardias, no había camas de internación”.

“Una vez que estás en el pico no hay sistema que aguante, pasaron dos meses así, preveíamos que en noviembre iba a ser el mes en el que tendríamos que evolucionar a otro sistema. Armamos el autotriage y autoseguimiento, que se puso en marcha el lunes, entrando a la página del Municipio vas cargando datos cada 24 horas y nosotros vemos del otro lado cómo evolucionás. Si empeoran los síntomas te llamamos, no tienen llamadas frecuentes pacientes de cuadros leves y que no son de riesgo”, aclaró.

Respecto al funcionamiento de la plataforma mencionó que “somos coordinadores, becarios que trabajan en la Secretaría de Salud, que todas las mañanas ven los datos y, según criterios, evalúan el seguimiento, cómo evoluciona, si son casos que son leves los llaman y si son graves pasan a profesionales del Hospital Municipal”.

Si bien la cantidad de casos comienza a descender, Romano enfatizó en que “lo más importante es no bajar la guardia, todavía hay virus circulando, de 140 bajamos a 90 la semana pasada, pero igual no es la situación ideal”.

Por último, destacó que “no hemos pensado demasiado para adelante, hay cuestiones que estoy convencido que a nivel provincial y local se tendrían que haber hecho distinto, hemos subtesteado muchísimo, no hemos tenido los cuidados que teníamos que tener, no fueron capaces de transmitir la preocupación de la gente en estos meses”.

“En diciembre los lugares de veraneo van a tener complicaciones y van a repercutir sobre Bahía. No creo que baje a cero sino que se va a sostener en una meseta de 15 o 20 casos”.

Un grupo de militares retirados, vinculados a mutuales y organizaciones de las fuerzas armadas y de seguridad, anunció la creación de la “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín” con el supuesto objetivo de intervenir en el debate público en temas de defensa y seguridad.

FM De la Calle consultó a la integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), Elsa Bruzzone, quien manifestó que la agrupación “busca el regreso de la Doctrina de Seguridad Nacional donde el enemigo es interno, son los movimientos socioculturales, partidos políticos que no son afines a las derechas, a callar todas las voces de protesta y ver las posibilidades de retomar el poder”.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, señaló que quieren “conspirar, desestabilizar y desgastar” al gobierno nacional y advirtió que no va a permitir que se utilice el dinero que el Estado destina a los salarios de las Fuerzas Armadas para “financiar operaciones políticas”.

“Lo que proponen es volver a dejar que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interior, cosa prohibida por la Ley de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y por la Constitución. Es un pedido que viene desde el Comando Sur, desde Obama intensificado por Trump. A uno lo toma por sorpresa pero no demasiado porque sabemos que hay núcleos de militares retirados que adhieren y que justifican el terrorismo de Estado”, enfatizó Bruzzone.

Bruzzone afirmó que “por suerte yo creo que son minoritarios, van a ir despareciendo por razones generacionales, no creo que tengan gran predicamento ni siquiera en el sector interno de los retirados ni tampoco de las FF.AA. que están en actividad”.

“Lo que pregonan es formar una especie de poder paralelo, hacia en interior de las fuerzas y de los ministerios de Defensa y Seguridad para incidir en las decisiones del Ejecutivo Nacional”.

La especialista aseguró que “la buena fortuna que tenemos es que los juicios a crímenes cometidos contra los derechos humanos han dejado un mensaje claro: toda aquella persona que promueva o que intente generar terrorismo de Estado va a ser sentado en el banquillo de los acusados y se le va a dar algo que ello nos les dieron a las víctimas que es el derecho la defensa”.

Respecto a los sectores que integran la mesa, destacó que “hay grupos ligados a agencias de seguridad, hay gente que perteneció a los carapintadas, están ligados a los alzamientos. Otros están en organizaciones supuestamente de estudios de geopolítica y defensa, en fundaciones que conocemos que están en manos de ultra liberales o fuerzas implicadas en los golpes cívicos militares”.

Por ejemplo, Pablo Bressi, ex jefe de la Policía Bonaerense de María Eugenia Vidal. “Todo apunta a que estuvo implicado en este alzamiento de la policía en Olivos y en la casa del gobernador que todavía estamos esperando a ver qué hace Berni. Más allá de un reclamo legítimo eso no habilita a que hagan ese alzamiento estando armados. Si no se toman medidas los hechos van a volver a repetirse”.

“Yo ligo esto con el alzamiento, vemos que Juntos por el Cambio está desestabilizando constantemente, eso no es oposición. Cuando uno es oposición no alienta el odio, discute cara a cara, dar su punto de vista y no realiza estas tareas desestabilizadoras”.

Marcelo González, ex cuñado de Facundo Castro, reclamó ser incorporado al Programa de Protección de Testigos. Luego de denunciar los aprietes de la Bonaerense tuvo que dejar su casa y su trabajo en Buratovich e instalarse con custodia en Bahía Blanca.

“Es complicada mi situación porque me encuentro sin trabajo, las deudas empiezan a aparecer, estoy encerrado hace tres meses. Me gustaría que algún funcionario público me pueda ayudar”, dijo a FM De la Calle.

González comentó que la oferta para ingresar al Programa estuvo al principio de la investigación. Mientras vivía en Villarino “pedimos un tiempo para organizarnos con la casa que tuve que dejar, cuando me organizo y tengo todo resuelto y decido ingresar al programa me lo niegan y me dicen que no cumplo con los requisitos. ¿Tengo que perder algún integrante de mi familia o me tiene que pasar algo a mí para que se den cuenta?”.

“Salir a buscar trabajo es complicado porque como saben que soy testigo de la causa de Facundo prefieren no darme un empleo, se me complicó todo”, argumentó.

Contó que sus hijos “se adaptaron rápidamente, aunque están tomando conductas extrañas por el cambio, incluso yo no soy el que era antes, vivo nervioso, preocupado, asustado, mi denuncia es contra la Policía Bonaerense, estoy enfrentado directamente con una fuerza”.

Finalmente, destacó que continúa recibiendo amenazas: “Me abrieron el Facebook de lugares diferentes de Villarino, me aparecieron mensajes en el teléfono, he recibido mensajes en Facebook de amenazas directas: ‘Ya sabemos que estás en Bahía’. Más allá de que tenga custodia, ¿cómo puedo retomar mi vida de ante?”.

La dra. Celeste López Abbate, integrante del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), dijo en FM De la Calle que el dragado del arroyo Napostá que proyecta el Municipio podría no tener el efectos que se pretende en el control de plagas como roedores y mosquitos.

“Creemos que es importante preguntarnos si los beneficios que se esperan obtener en cuanto al control, compensan las pérdidas que se pueden generar en el ecosistema teniendo en cuenta la envergadura de la obra que se planea”.

“Las larvas de mosquito no se crían en agua en movimiento sino en agua estancada. Hemos encontrado larvas en la fuente del parque pero no en el arroyo, los roedores no están asociados al Napostá”, comentó.

López Abbate agregó que “en la zona rural, en otra parte de la cuenca, no encontrás ratas. En general están asociadas a que hay otras fuentes de alimentos que producimos los humanos con nuestras actividades, polos gastronómicos, basura domiciliaria, etcétera”.

La especialista argumentó que la opinión del IADO apunta a “aprovechar el capital científico y técnico que hay en la ciudad, que durante muchos años han generado evidencia científica para conocer los cuerpos de agua locales”.

Explicó que el ecosistema del Napostá “alberga muchas especies, que están en época reproductiva y eso significa que el ecosistema está en equilibrio. Así como está nos brinda un montón de beneficios, los recreativos, área de esparcimiento, todos esos servicios podrían estar en peligro y no compensar lo que se espera obtener como control de mosquitos en este caso”.

“Toda la vegetación, tanto las plantas vasculares, como las algas generan un servicio de retención de contaminantes, retención de suelo. Si se limpia se va a fomentar la erosión de todo el sistema generamos nuevos focos de riesgo. Estamos trasladando el problema aguas abajo”.

“Gran parte de la basura, si no se hace un control pleno en el lugar donde la generamos, la vamos a tener después en el estuario de Bahía que es la desembocadura, que ya está muy impactado por las descargas cloacales, por toda la influencia del centro urbano e industrial”, concluyó López Abatte.

Tellus se ofreció a colaborar en la búsqueda de una alternativa

La comisión directiva de Tellus – Asociación Conservacionista del Sur también requirió evaluar la obra “con una mirada integral sobre el ecosistema” y afirmó que “es fundametal contar con información precisa de la intervención que se propone realizar en el arroyo, para conocer los objetivos del proyecto, los sitios donde se planea trabajar y las metodologías que se utilizarán”.

“En un contexto de pérdida de ambientes naturales, de flora y fauna silvestre y de espacios verdes urbanos, creemos que la conservación de la naturaleza debe ser una prioridad para cualquier gobierno”, afirmó.

La Cámara Federal de Bahía Blanca aceptó el recurso de queja presentado por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín –acompañado por las querellas particular e institucional– y ordenó a la jueza María Gabriela Marrón revisar su decisión de denegar medidas de pruebas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas.

Los camaristas sostuvieron que la decisión de la jueza podría acarrear un daño irreparable en la instrucción porque afectaría el avance de la línea de trabajo que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, principal hipótesis de la parte acusadora.

El allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares relacionados con los policías vinculados a la causa, entre las medidas de prueba en debate.

El pasado 15 de octubre, la titular del Juzgado Federal Nº 2 rechazó masivamente medidas de pruebas solicitadas por los fiscales de la Procuvin y de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, la querella particular y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La decisión fue cuestionada por la parte acusadora y casi diez días después, el 26 de octubre, la jueza declaró inadmisible el recurso de apelación. En ambos casos, Marrón desestimó los planteos del Ministerio Público Fiscal y las querellas, quienes advirtieron que el rechazo de las diligencias solicitadas ponía en serio riesgo el avance de la investigación de lo que, hasta el día de hoy, siguen considerando la hipótesis más robusta de la causa: la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

Ante el rechazo de la apelación, los fiscales Heim y Azzolín presentaron un recurso de queja que fue aceptado por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Con el voto de los dos magistrados, el fallo declaró que la apelación estuvo mal denegada y, por lo tanto, obliga a la jueza Marrón a volver a considerar lo pedido por fiscalía y querellas.

Al momento de rechazar la apelación, Gabriela Marrón había argumentado que, si bien las partes pueden proponer diligencias investigativas, el juez tiene la potestad de practicar sólo las que considere pertinentes y que su resolución es irrecurrible. Sin embargo, los dos jueces de Cámara le recordaron que la potestad de dirigir el proceso no es un principio irrestricto y cede cuando se ven afectado intereses superiores.

“La magistrada podrá compartir o no los pedidos que formulen las partes, pero en modo alguno puede definir e indicar qué hipótesis y qué elementos de la misma deben seguir y considerar los acusadores”, habían sostenido los fiscales en el recurso de queja.

Para los jueces Pablo Candisaro Mera y Pablo Larriera, la denegatoria de las medidas de prueba solicitadas podría afectar el avance de una de las vías de investigación que, por imperio de ley, se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal. Y podría traducirse en un perjuicio de imposible reparación ulterior.

Entre las medidas de prueba que están en debate, se encuentra el pedido de allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone, donde ya se encontró un amuleto que pertenecía a Facundo Astudillo Castro, y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares de policías vinculados con los agentes que tuvieron contacto con Facundo el día de su desaparición.

Sobre el puesto policial en Origone, cabe recordar que la jueza Marrón ya rechazó tres veces el allanamiento. A pesar de los reiterados pedidos de la querella para que se preserve el lugar, tampoco dispuso ninguna medida cautelar que ordene la inalterabilidad del edificio y sus adyacencias.

Tal como vienen sosteniendo los fiscales y las querellas, la demora de estas diligencias atenta contra la posibilidad de encontrar elementos de pruebas valiosos para la investigación. La misma situación ocurre con los teléfonos celulares; esto último, incluso, ya fue corroborado en la causa: los informes realizados por DATIP sobre los celulares secuestrados a las y los policías que tuvieron contacto con Facundo el 30 de abril dan sobrada cuenta de los intentos por eliminar información del día de la desaparición y los días posteriores.

El fallo de la Cámara abre una nueva posibilidad para que la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro se siga investigando. Coincida o no la jueza con la hipótesis de la parte acusadora.

Fuente: Andar.

El Municipio difundió ayer el listado de beneficiarios del Fondo para la Reactivación Turística y Cultural el cual distribuye ayudas financiadas por la provincia. La directora del Instituto Cultural, Morena Roselló, aseguró que los criterios fueron definidos de manera “consensuada”.

“No nos sorprende que se consensue una cosa y se diga otra”, dijo a FM De la Calle el representante de la rama Literatura del Consejo Cultural Consultivo, Pablo Duca.

Las organizaciones culturales habían propuesto que el Concejo Deliberante fije los criterios para la recepción del dinero por ordenanza. Sin embargo, denunciaron que desde la comuna se actuó “unilateralmente”.

Requirieron ayuda 109 espacios de los cuales 73 cumplen con los requisitos. Son 52 establecimientos culturales que recibirán $2.525.068,50 y 21 establecimientos turísticos a los que se entregarán $ 1.118.148,50.

“Se hace una reunión, se enfrentan opiniones que muchas veces son dispares, al término se llega a un acuerdo. Dos horas después, el acuerdo se desvanece porque lo que deciden es totalmente distinto y la manifestación pública es una mentira porque decir una verdad parcial lo es”, agregó Duca.

Duca aseguró que pretendían que “no salga por decreto sino que vincularan a una ordenanza del Concejo Deliberante. Fuimos desoídos, salió como un decreto, nos parecía que era la manera más democrática del debate. Considerábamos que había un atraso en la mirada con respecto a los centros culturales independientes, las bibliotecas populares”.

“Se confundió en el plan del Instituto Cultural los metros cuadrados, empleados que participaran del protocolo, si vos leías eso hasta Walmart podría estar incluido en el beneficio. Casualmente la provincia instaba a la apertura de lo que más demorado estaba por abrirse”.

“Esto arranca con una intencionalidad del Ejecutivo de derogar las cuatro ordenanzas que involucran a la cultura, entre ellas las que le da lugar al Consejo Consultivo. Como no se pudo derogar hubo una actuación de escucha, fue una escucha de oídos sordos a todo lo que se sugirió con una actitud proactiva, de mirada hacia el sector más relegado”.

El sábado el Consejo realizará una asamblea para informar sobre “lo que tiene que ver con las ordenanzas de fondeo de eventos permanentes, el desguazado Fondo Municipal de las Artes y plantear el uso de este fondo de provincia y lo que unilateralmente se decidió”.

Listado de beneficiarios y montos:

Culturales:

La Asociación Artistas del Sur, la Biblioteca Bernardino Rivadavia y el Centro Luis Braille, recibirán $83.333,33 cada una.

Los siguientes establecimientos recibirán cada uno el monto de $49.420,21: Asociación Bahiense de Tango, Asociación Filarmónica de Bahía Blanca, Asociación Teatristas del Sur, Bahía Blanca Che, Bella Vista Galpón Enciclopédico, las Bibliotecas Populares Daniel Aguirre, Don Germán García, Gabriela Mistral, Domingo Pronsato, José Hernández, Mariano Moreno, Martín Allica, Pajarita de Papel, Roberto J. Payró, Rosario Sur, Simón Rodríguez y Villa Duprat; Centro Cultural La Panadería, Centro Cultural Villa Rosas –Biblioteca Popular Eduardo Mallea, Centro Fomento, Cultura y Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, Cinemacenter Bahía Blanca, Club La Esperanza, Espacio + Rana, Espacio Cultural Independiente Casa del Pueblo, Espacio Cultural Motor Colectivo, Espacio Juanita Primera, Feria Artesanal Bahía Blanca, Guillermo Horacio Galassi (Microcirco), Klas Libros, Librería Don Quijote – Henry Libros, Marcelo Carlos Cebrián, Maroma, Márquez Garabano, Maurizi Alejandro Jorge, Museo y Parque Estereoscópico “El Histórico”;, Pez Dorado Espacio Cultural, Sociedad de Fomento y Cultura del Barrio Tiro Federal – Biblioteca Popular Jorge Luis Borges, Teatro El Tablado, Teatro Gran Plaza, Teatro Ingeniero White, Varietté y Vitró.

Y por último, las siguientes instituciones recibirán $25.000: Amigos de la Estación (Ferrocarril Cabildo), Edgardo Ariel Epherra (El Aleph), Marca en Línea, Milagros Rocío Navarrete Valdéz, Museo de Radios Antiguas “Carlos Gardel” y Vanina Santicchia.

Turísticos

Cipriano (turismo gastronómico, $50.000), Hotel Argos ($65.000), Hotel Austral ($65.000), Hotel Bahía ($60.000), Hotel Muñiz ($65.000), Hotel Victoria ($ 60.000), La Barca (turismo gastronómico, $40.000), La Sociedad de los Chicos (salones para eventos, $ 15.000), Asociaciçon Bahiense de Basquet (infraestructura para desarrollo de deportes turísticos, $50.000), Newtown (turismo gastronómico, $50.000), Olivos del Napostá (turismo de naturaleza, $57.000), Orion Apart Hotel ($60.000), Residencia Napostá ($40.000), Restaurante Gambrinus ($50.000), RIa Express Servicios (turismo de naturaleza, $57.000), Santiago Martínez (infraestructura para el desarrollo de deportes turísticos, $ 50.000), Sofia Soberana Hotel Boutique ($60.000), Villa Barley (turismo gastronómico, $50.000), Villa Magdalena (turismo rural, $57.000), Wellness (Dow Center) (servicio de alojamiento $60.000), Whest Guardián del Estuario (turismo de naturaleza, $57.000).

Recicladores levantaron el corte que realizaban en la entrada del Relleno Sanitario en demanda de mejoras salariales y de condiciones laborales. El subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, a través de la policía, les comunicó que mañana los recibirán en el Municipio.

“Lo que reclamamos es lo que se nos prometió cuando se nos asoció a la cooperativa. Hace 20 años que trabajamos en el relleno, se nos prometió una mejora de trabajo y nos meten en un galpón con dos camiones para que reciclemos y acopiemos. Tenemos que esperar 60 o 70 días para tener una carga para poder vender”, dijo a FM De la Calle Sebastián Núñez, trabajador de la Cooperativa Taller 1.

La medida provocó demoras en la recolección de residuos en distintos sectores de la ciudad. Bahía Ambiental informó que en el transcurso del día se retomará el servicio en forma habitual.

Agregó que “son dos camiones por día, cuatro turnos de nueve personas. Los volquetes no nos dejan meterlos en ese lugar, ayer recibí un mensaje de la cooperativa de que no me presente a trabajar por falta de material y tenemos videos del material que están enterrando”.

Núñez detalló que “la cooperativa nos hace el aporte de monotributo, son $12.700 mensuales, con eso subsistimos durante la pandemia. Hace dos meses atrás, después de 20 años, se nos dio la ropa, no estamos bien, nos tratan como mafiosos”.

Meses atrás, trabajadores del relleno denunciaron a Insausti por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y daño a la propiedad. Alegan que el funcionario enterró material que los recicladores tenía para vender.

“Aprovecharon para vaciar el galpón, se manejaron mal, no llamaron a los dueños. Lo que reclamamos ahora es el puesto de trabajo, seguimos como cooperativa, no nos estamos negando pero que nos den el material como corresponde”, comentó Núñez.

El medio del conflicto iniciado meses atrás, el Municipio dejó cesantes a cuatro trabajadores: “Pedimos también como compañeros el reintegro de la gente que quedó afuera de la cooperativa, les retiraron el sueldo”.

El Instituto Argentino de Oceanografía requirió al Municipio que “revea” la decisión de dragar el arroyo Napostá para que se “autolimpie” y busque una “solución menos traumática que priorice los valores de conservación del humedal”

Lo hizo “atendiendo inquietudes de integrantes” del organismo mediante una nota firmada por su titular, Eduardo Gómez, y dirigida al intendente Héctor Gay y al subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti.

“El humedal en cuestión, presenta un valor importante desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos o ambientales que actualmente presta; entre los que se mencionan la retención de contaminantes y captación de carbono, asimismo aloja una importante biodiversidad de fauna y flora pampeano-patagónica muy apreciada por la comunidad”.

Para el IADO, “esto último cobra mayor relevancia en tiempos donde existe una necesidad de ambientes naturales que ayuden a mejorar la salud mental y física de las personas”.

“La vegetación acuática de las márgenes, tanto como aquella que habita el propio cauce del arroyo, ayudan a contener los efectos erosivos de las crecidas al igual que retienen plásticos y otros residuos que indefectiblemente terminarían en las aguas del estuario local”.

El texto agrega que “los pastizales, juncos y carrizales generan una estructura tal que sostiene una rica fauna de aves, las cuales en esta época se encuentran en pleno período reproductivo. Es así que modificar su cauce con miras a generar una condición ‘auto limpiante” no es más que trasladar el problema de los residuos aguas abajo, generando un impacto acumulativo en las aguas del estuario”.

Foto: Pablo Petracci.

La Asociación Civil “Talita Kum, junto a la UNS y al Banco de Alimentos “Nutrirnos Más” realizan la “Semana Solidaria Bahiense”. La iniciativa busca responder al aumento de la demanda de alimentos por parte de familias y de comedores de la ciudad.

“Antes de la pandemia estábamos ayudando a alrededor de 250 familias, al principio tuvimos 600 familias pidiéndonos ayuda, actualmente estamos acompañando a 400 familias, todavía es grande la necesidad”, comentó a FM De la Calle Nahuel Blanco de Talita Kum.

Subrayó que “la articulación con el Estado desapareció hace tiempo de parte de la Municipalidad y hemos optado por estas campañas y apelar a los vecinos y vecinas. Antes recibíamos bolsones, después instalaron el sistema de tarjetas de 800 pesos mensuales”.

➡️Puntos solidarios: Se organizaron días y horarios para que los interesados e interesadas puedan donar alimentos los siguientes productos: aceite (no mezcla), puré de tomate, fideos, arvejas, arroz, latas de conservas, harina, azúcar, leche en polvo y líquida, cacao, galletitas, lentejas, garbanzos, avena, polenta, maicena y pañales descartables. El viernes 13 el colectivo de la UNS pasará por cada punto a recoger las donaciones.


➡️Edificio solidario: Los voluntarios o voluntarias de edificios que quieran sumarse pueden colocar una caja en los accesos para que todos los moradores y ocasionales visitantes puedan dejar donar alguno de los productos mencionados. Los que quieran sumarse a esta propuesta deben completar el siguiente formulario: https://tinyurl.com/edificiosolidario y serán contactados para coordinar el retiro de la caja al final de la campaña.


➡️Aporte solidario: La campaña también recibe donaciones a través de Mercado Pago ($250), ($ 500) o ($ 1000). Los que donen de esta forma participan del sorteo de premios (camisetas, órdenes de compra, ropa) y de descuentos en locales adheridos, enviando el comprobante de aporte al whatsapp 291-5116754. Todo lo recaudado será destinado a comprar alimentos y artículos de limpieza para donar a los comedores y merenderos.

Víctor Basterra, ex detenido durante la última dictadura cívico militar y testigo clave en los juicios a genocidas, murió este sábado. El obrero gráfico y militante peronista fue secuestrado en 1979 y permaneció en cautiverio en la ESMA hasta la llegada de la democracia.

En el mayor centro clandestino de detención de la Armada fue obligado a falsificar documentos para los represores. Durante años tomó una foto más de las que le pedían y las fue sacando del campo de exterminio para cumplir el mandato de uno de sus compañeros: “Si te salvás, que no se la lleven de arriba” .

Basterra había sido desistido el viernes como testigo en el juicio contra la Triple A en Bahía Blanca. “Hasta último momento, con tremendas complicaciones de salud, quería dar testimonio. No quería bajarse”, afirmó el fiscal Pablo Fermento.

“Víctor era muy simpático y amigable pero vivía en soledad el dolor y esas marcas a fuego que solo sobrevivientes conocen”, dijo a FM De la Calle el periodista Fernando Tebele, compañero de aire de Basterra en Oral y Público, programa radial sobre los juicios de lesa humanidad.

Comentó que “hace unas semanas desde la Fiscalía de Bahía se comunicaron conmigo. Sabiendo que había empeorado su estado de salud me adelanté y les dije que no iba a poder declarar y automáticamente me di cuenta que estaba metiendo la pata, pasé el teléfono de su compañera y dijo que sí. En esos preparativos estaban cuando su salud empeoró y falleció el sábado”.

En una emisión de Oral y Público Basterra contó: “Un suboficial de la Armada, Julio Fernández, me comentó que él había andado por Bahía, había hecho un comentario, y que había sido interventor en una facultad. No sé si vivirá, yo tendría 34 años y él me llevaba unos 7 años. Por otro lado, a Rodolfo Ponce yo le hice un carnet de portación de armas, una falsificación que se había hecho en la ESMA del Renar (Registro Nacional de Armas)”.

Tebele afirmó que “en los lugares de tortura y exterminio hubo enormes actos de resistencia de parte de sobrevivientes y de los que no sobrevivieron. Víctor hizo más que eso, no solo arriesgó su vida. Él contaba que empezó a registrar todo, sabiendo que tenía que sobrevivir y que contar después”.

El periodista recordó otra de las hazañas de Basterra: “Se robó una llave de un cuarto donde había documentos de inteligencia. Entraba a la madrugada, y sacaba fotos. Esos documentos daban cuenta de que habían pasado por Campo de Mayo los detenidos de la Contraofensiva”.

“Lo que deja Víctor es la sensación de que se puede sobrevivir dignamente en los peores lugares y que siempre hay posibilidades de resistir”, concluyó.

María del Rosario Fernández integra la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y asesoró a las familias que llevaban adelante la toma en Guernica, que terminó en represión. “Estábamos por firmar un acuerdo, el miércoles (28 de octubre) dos y media de la tarde, sentados en los gazebos que había armado el Ministerio de Desarrollo, a unas cuadras de la municipalidad de presidente Perón. Estaban las organizaciones, los representantes, abogados, el ministerio de Desarrollo, el de Justicia, el subsecretario de Hábitat. Lo que nos dice el ministro Larroque es: yo tengo que sacar gente hoy, ya mañana no puedo garantizar, mañana a las cero horas cambia de ministerio, sale de Desarrollo y pasa a Seguridad. Obviamente que no pudimos firmar porque esto es un conjunto, no es que salvamos a unos y otros no”.

En este nota, la letrada explica a FM De la Calle, paso por paso, cómo una negociación en la que el conjunto estaba interesado en llegar a un acuerdo pacífico, terminó en el desalojo encabezado por Berni, reuniendo material para su spot de campaña.

Cuando se habla de la toma en Guernica, se trataba de “cien hectáreas que se habían divido en cuatro barrios: La Unión, La Lucha, 20 de Julio y San Martín”. El plan que estaban por implementar era “primero sacábamos La Unión  que era e lbarrio más chico y después nos teníamos que seguir reuniendo para ver cómo íbamos evacuando al resto de la gente. Pero si vos me decís yo hoy saco a la gente de La Unión y mañana entra Berni… Si no garantizás la seguridad de la gente que queda no podemos firmar nada. Si nos vamos bien, nos vamos todos”.

En diálogo con el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, la abogada le preguntó qué pasaba que ya no se podía esperar más. ¿Qué habría sucedido? “Me dijo: doctora saque a los buenos. Yo le dijo son todos buenos, no sé a qué a que te referís. Y no nos dio ninguna alternativa. Suponemos que algún tipo de presión de los propietarios o la señora intendenta de Presidente Perón han presionado para que esto se termine”.

Solución política o criminalización de la pobreza

“Cuando apelamos, en verdad, pensamos que la Cámara, con criterio, iba a cajonear la causa porque iba a decir esto es un problema político. No podemos solucionar el problema habitacional de la República Argentina, que tiene décadas, con el código Penal”.

Según el censo había mil cuatrocientas cuarenta familias que, de haberse ingresado al acuerdo, accedería a lotes y acompañamiento.

“La toma estuvo organizada con delegados del barrio que vivían en la toma y después muchas organizaciones políticas que tenían militantes dentro de la toma que asistieron con atención médica, llevando ropa, comida. Después quedaron al frente de la negociación y que son las que llaman a La Gremial. Cuando llega el tema jurídico y viene el desalojo nos llaman y ahí empezamos la negociación. Fue muy complejo por la cantidad de actores intervinientes. Todos querían lo mismo”.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires responsabilizó al Polo Obrero de no haber podido llegar a un acuerdo. Al respecto, Fernández pidió “que deje de darle entidad el gobierno a un solo partido que opinó distinto, se apartó, pero no molestó. Si no el fiscal no decía que no, el acuerdo iba a estar, haya estado de acuerdo el Partido Obrero o no”.

“Hemos escuchado tantas ridiculeces. Yo estuve en el medio del conflicto. Cuando entraron y me golpearon me llamaron del ministerio para decir que me retire. Yo tengo que estar acá con ellos”.

Desde la provincia también se dijo que las organizaciones de izquierda utilizaban máscaras y gases, y que el gobierno no lanzó “ni un solo gas”. Para la integrante de La Gramial, “escuchar un Berni que diga que la izquierda tiene gases lacrimógenos…. O se le escapan algunas cositas o está mintiendo. En un momento de la confrontación la gente de toma le devolvía a la policía los gases lacrimógenos y la policía les devolvía las piedras. En ese momento la policía tuvo que retroceder más de dos cuadras porque no tenían máscaras. Además hizo mucha seguridad en la toma así que no puede decir que no sabía lo que había en la toma. En la toma no había nada de eso y la izquierda no tiene esas cosas. Si no hubiera hecho la denuncia y le fiscal interviniente hubiera hecho detenciones. Es mentira, si no Berni ya lo hubiera hecho todo esto”.

“Yo creo que son sumamente desafortunadas las palabras del ministro Larroque y le quita brillo a todo lo que hizo su ministerio porque uno no puede dejar de reconocer que ellos han hecho mucho trabajo en Guernica. Han puesto mucho. Hasta el miércoles había interés de ministerio de acordar. La Justicia dijo: se terminó el crédito. Algo pasó”.

Respecto del rol de la intendenta de Presidente Perón, Fernández sostuvo que “nos dijo claramente que tenía que cuidar los intereses de los countrys y que había puesto los fiscales de su riñón. La Justicia en la provincia y la policía local están mandados por los intendentes que son sherrifs en los lugares”.

¿Se podría haber evitado?  

“Berni responde a Kicillof. Es muy corto. Me pasa lo mismo cuando necesitamos traslados en el servicio penitenciario y dicen que no tienen combustible, no llego a juntar la cantidad de hombres, no llego con los micros. Me lo dijo hace veinte días. Excusas, podrían haber puesto un montón. Y Kicillof podría haber dicho yo quiero una solución pacífica, lo llamo a Rizzo y le digo yo entiendo la independencia de poderes pero denos quince o veinte días más. Pero hay que ponerse los pantalones largos para eso”.

Por último, Fernández dijo que “lo que tienen que mirar los dirigentes es que la gente está peleando por un pedazo de tierra para vivir, no por un country. Nada más ni nada menos que por eso”.