Un grupo de personas con ceguera y baja visión elevaron una carta al intendente Héctor Gay y concejales, sobre los diversos inconvenientes de accesibilidad que les dificultan transitar con autonomía la ciudad.

“La carta refiere, por ejemplo, a los obstáculos de las veredas de distintos negocios. En algunos casos las personas responden bien, corrigen lo que está mal. En otros no encontramos la misma respuesta. En Colón y Drago por ejemplo, un café. Tuvo que ir un chico y filmar la situación, lo hizo viral, lo hicimos publico. A partir de ahí cambió la situación, pero pasaron tres años”, comentó Carlos Hogg.

“Debería ser el Estado quien se ponga al frente de eso. Tenemos una ordenanza de discapacidad hace 10 años o más, tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene rango constitucional pero no se cumple”.

Hogg comentó que “Camuzzi y Edes, hace por lo menos tres años que vienen poniendo nichos o columnas cerca de la pared o en el medio de la vereda. La que está frente al Hospital Privado está hace dos años, la de calle Berutti también, eso lo hablé con directora  del área de discapacidad en su momento, Lucía Pendino y bien gracias, nunca hubo una respuesta”.

Otro obstáculo se presenta en los bancos: “Para sacar un turno tenés que poner tu documento, ¿por qué tenés que estar entregándole el DNI al primero que encuentres para sacar el numero? Eso tranquilamente podría hacerse con audio y resolverse. La gente del Banco Provincia me dijo que las máquinas vienen preparas para audio, solo hay que programarlas”.

El texto de la carta entregada al intendente Gay y al Observatorio de Discapacidad del Concejo Deliberante.

Al intendente de la ciudad de Bahía Blanca:

Sr. Héctor Gay

Las instituciones y ciudadanos abajo firmantes, nos dirigimos  a usted con motivo de solicitarle la solución de los siguientes inconvenientes que se hallan en la ciudad.

  • Exigirle a las empresas Camuzzi y Edes, la eliminación de todas las barreras urbanísticas que desde hace más de dos años están poniendo en toda la ciudad, lo que constituyen un obstáculo y peligro para las personas con ceguera y otras discapacidades. Hacemos referencia a las columnas de materiales que han construido en calle como Las Heras al 100, Calle Roca en su primera cuadra, Estomba al 500, Rondeau al 600, Holdich al 500, Berutti al 100 y la recientemente construida en calle O.Higgins al 300 (a una cuadra y media del Centro de Rehabilitación Luis Braille), entre otras.
  • Los inconvenientes y peligros que constituyen las motos y autos estacionados en las veredas, los distintos comercios  con la colocación de carteles, cajones, bancos,mesas, sillas, macetas,  todo tipo de elementos para la construcción como escaleras, carretillas y otras maquinarias o componentes para el trabajo empresarial o para la casa, muebles, etc,etc,etc,

Y todo esto en el microcentro de la ciudad, lo que en los distintos barrios  se agrava mucho más.

  • La reparación de las veredas en que realizan algún tipo de ruptura, donde salvo excepciones no se realizan las reparaciones convenientes lo que también, al igual que en el primer punto, constituyen un inconveniente para todos los peatones, en especial para las personas con ceguera  o movilidad reducida.
  • En este cuarto punto, aclaramos que no es un inconveniente que viene desde su gestión pero que sí es necesario solucionar. En este caso nos referimos a la poca accesibilidad que tiene la Terminal de colectivo San Francisco de Asís, al menos para las personas con cegueras que pretendemos tener autonomía. No hay un sector claro por donde transitar tanto al dirigirse hacia las plataformas  como viceversa, es decir, desde las plataformas hacia la salida; ya que en el camino se encuentran  mesas, sillas, bancos, etc.

 

Todo lo solicitado se enmarca  en la ordenanza 8.089 que en su artículo 2 dice:

­“ E1 programa tenderá a eliminar en forma continua las barreras que existen en la ciudad y que impiden o dificultan a algunos vecinos, en determinadas circunstancias, una mejor calidad de vida.”, y que en su Artículo 5º dice: ­ “Las medidas que se propongan deberán orientarse a suprimir las barreras para las personas con movilidad y comunicación disminuidas facilitando así, en igualdad de condiciones, el acceso de todos los vecinos a los servicios y bienes comunes, tomándose para ello en cuenta las características propias generalizadas de cada grupo.”

las leyes nacionales  22431 (Sistema de Protección Integral de los Discapacitados), en la ley 24314 y en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que nuestro país adhirió en el año 2008 y que tiene rango constitucional, en su preámbulo, inciso  “E” dice: “Reconociendo / que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”,y en el encabezado de su artículo 9 manifiesta:”

los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.”

Por ello, como autoridad máxima de la ciudad, le volvemos  a reiterar el pedido de solución y eliminación de todas las barreras arquitectónicas, urbanísticas, electrónicas  como sucede en DOSEM (Obra Social de los Trabajadores y Trabajadoras Municipales, en el Banco Provincia, y las empresas tercerizadas como EDES, CAMUZZI, ABSA y otras), las que si bien sabemos que no son de su competencia, sí le pedimos que se ponga al frente de estos reclamos y le pedimos se hagan todos los controles que sean necesarios  ty para eliminar todos los inconvenientes detallados y otros que existen en la ciudad, los que lejos de eliminarse tal cual como se señala en las normativas mencionadas, día a día se ven incrementadas.

Es necesario también dejarle por escrito que, de no haber respuesta favorable y efectiva en lo inmediato, recurriremos a otros estamentos estatales y no estatales e internacionales para que una ciudad inclusiva, sin barreras se haga real y no simplemente declamatoria.

Militantes de la organización barrial La Poderosa convocan a una reunión informativa este sábado a las 15 en Santa Cruz 3431.

Rocío Soto, militante y vecina del barrio Tierras Argentinas, destacó a FM De la Calle que “es una asamblea informativa. No somos los únicos afectados por estar realidad social. Estamos queriendo reformar y poner en condiciones un vagón con la colaboración de vecinos, también queremos hacer una escuelita de fútbol para hacer deportes en la plaza”.

“Estamos queriendo traer el Plan Fines, para la gente que no puede llegar, se dan muy lejos del barrio. Hay gente que está muy interesada, pero al no tener movilidad o al complicarse con los chicos no acceden”.

Rocía comentó que con la llegada del invierno están “preocupados por la calefacción, muchos tienen estufa a leña, la luz no da para poner una estufa eléctrica. Hace rato estamos peleando con EDES para que pongan la luz, pusieron un solo cableado, faltan más, se estancó la obra. Juntamos firmas, dijeron que se iba a empezar a hacer por tramos y que hasta el año que viene no se van a hacer muchas obras”.

Familias usuarias del programa Caballo de Troya viralizaron una serie de videos para “intentar llamar la atención del intendente” y poder tener una audiencia con Héctor Gay.

Quieren que la subsecretaria de Niñez Juliana Cerritelli no rescinda el contrato de una psicopedagoga “sin una explicación lógica”.

Marilina Merrero, mamá de un nene de cuatro años que asiste al programa, señaló a FM De la Calle: “Me sorprende y me indigna que a esta altura y conociendo las experiencias nuestras no le salga del corazón decir las voy a escuchar”.

“Tuvimos una reunión el 5 junio con Cerritelli  y dos abogados. Nos plantearon que el cambio que quieren hacer es ampliar el programa hacia otros programas municipales. Quieren incorporar otra psicopedagoga con más capacidades que Florencia (Chiaravalli) para vincular esos programas. Ella está totalmente capacitada para el cargo, siete años del programa la avalan”.

El contrato finaliza el último día de junio: “Cuando preguntamos por el reemplazo no nos dicen quién es, estamos a días de que se rescinda el de Florencia y no sabemos quién va estar”.

“No es que quieren incorporar otra psicopedagoga, quieren reemplazarla. Es inentendible, lo que te dicen es que Florencia no está capacitada para el cargo. Este trabajo es con chicos con discapacidad, el vínculo con ellos es la base de todo”, comentó Merrero.

El hijo de Marilina padece retraso madurativo: “Él empezó en marzo y realmente los cambios que han logrado en tres meses en Leo son increíbles. Desde que nació está en tratamiento, con fonoaudiólogas y lo que han logrado desde Caballo de Troya no lo logró nadie más”.

“Las familias que tienen un chico con discapacidad saben lo que significa. Desde todo lo que hemos vivido les decimos que no se puede andar probando. Mi hijo no entiende de razones mi hijo entiende con el corazón. Cuando él quiere a una persona se pueden lograr cosas maravillosas”.

Las fábricas de cerámica recuperadas Zanón (hoy Fasinpat), CerSinPat y la Cerámica Neuquén (Cooperativa Confluencia) presentaron un amparo en la justicia neuquina para que Camuzzi no les corte el gas.

Su abogado, Mariano Pedrero, comentó a FM De la Calle que “lo que dice (la empresa) es que tiene que haber un proveedor de gas. A diferencia de un usuario común que paga el consumo y transporte hasta el domicilio, en la fábrica esto se separa, uno paga a Camuzzi el transporte y cada fábrica tiene que conseguir un proveedor”.

“Está muy difícil conseguir a alguien que pueda vender gas a precios razonables. Saltó diez veces la cifra en Zanón, pasó de una factura de 1 millón de pesos a una de más de 10 millones. Es imposible. Lo que decimos es que hay que abonar una tarifa subsidiada para afrontar el pago”.

Pedrero explicó que “de la noche a la mañana sale el Enargas con esta resolución, el brazo ejecutor es Camuzzi, y dicen que como no se ha conseguido un proveedor de gas van a ingresar a las plantas a cortar el suministro. Y en una fábrica de cerámica sin gas no hay producción, sin producción no hay fuentes de trabajo. Estamos hablando de centenares de familias”.

“Estamos dando la pelea. Solicitamos una mesa de diálogo y una reunión para encontrar una solución. Las fábricas no se pueden cerrar, las fuentes de trabajo no se pueden perder. Que nos vendan el gas a un precio razonable. En la provincia donde está la segunda reserva de gas del mundo no puede ser que digan que no hay un proveedor de servicio subsidiado para cooperativas de trabajo. Son empresas que hace muchos años que viene peleando contra la desocupación, que enfrentaron a las patronales y que con muchísimo esfuerzo siguen produciendo”, comentó el abogado.

FaSinPat es gestionada por sus trabajadores/as hace 20 años, Cerámica Neuquén 5 y CerSinPat 10. “Este ejemplo tiene una significación profunda porque es una muestra y una esperanza que se le da a compañeros y compañeras que hoy son los sujetos en los cuales se descarga la crisis”.

“Vemos cómo aumenta la desocupación y la pobreza. Contra eso no hay que resignarse y hay que luchar. Hay que ponerse de pie. Los trabajadores nos organizamos, nos ponemos de acuerdo, podemos impedir los cierres, seguir manteniendo las máquinas prendidas y la esperanza de que se puede llevar el plato de comida trabajando autogestionadamente y sin patrones”.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, Lucas Beier, destacó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó diagramar un plan de inversiones para frenar la contaminación del estuario.

“Compensa el mal golpe del año pasado cuando la jueza (Gabriela) Marrón decía que la pericia no era suficiente para tomar una medida. Nosotros decíamos: ¿qué otra prueba más se puede llegar a necesitar? La Cámara dice lo contrario, que la pericia es suficiente, que tratándose del medio ambiente y que está en juego la salud pública no se necesita tanto ritualismo y hay que tomar una medida”, afirmó en FM De la Calle.

La máxima autoridad judicial bahiense ordenó que el fiscal Santiago Ulpiano Martínez coordine la mesa a integrar con las empresas denunciadas, los pescadores artesanales, la Municipalidad, el Consorcio del Puerto, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad del Agua y los organismos especializados intervienen en la causa.

La Cámara tuvo en cuenta los anuncios de ABSA sobre el avance de la obra de planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Tercera Cuenca y recordó la alternativa de reutilización para uso industrial.

“Es una propuesta que viene de hace años, la hemos planteado y ABSA es bastante reticente. No sé si por cuestiones políticas o económicas. La idea sería la reutilización de esa agua y la no utilización del agua del dique. Con una orden de la justicia que dice que tiene que disminuir los residuos ya no va a ser una decisión únicamente de ABSA”, dijo Beier.


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En cuanto a la tecnología que podría aplicarse para un mejor control, el abogado comentó que lo que los expertos de la UBA sugerían era “poner un caudalímetro que controle de forma constante y no una vez por mes, como se hace ahora”.

Respecto a la continuidad de la causa, más allá del plan de inversiones, la querella considera que no hay nada más para investigar. “Tenemos bien identificado cuáles son las empresas del polo que arrojan los desechos, qué desechos arrojan y con la pericia acreditamos el peligro: el delito es poner en peligro la salud pública”.

Mientras tanto, en el fuero civil, el juez Agustín López Coppola se apresta a abrir la instancia de alegatos. A fines de mayo recibió informes de las defensas. Para Beier, las conclusiones fueron “un papelón”.

“Me causaba indignación leer a los peritos de Bahía, principalmente del IADO, del Conicet local. Que hayan presentado ese tipo de informe donde, por ejemplo (Jorge) Marcovecchio, expresamente pone que es potencialmente imposible que las empresas del polo petroquímico contaminen el estuario, después de toda la prueba que hay, genera una indignación terrible”, afirmó.

El precandidato a intendente por el Frente de Todos, Federico Susbielles, dialogó con FM De la Calle sobre algunas de las medidas que implementará si es electo en octubre. Vaca Muerta, políticas sociales y contaminación del estuario fueron algunos disparadores.

El senador provincial cuestionó “el hecho de seguir pensando que la situación de Bahía se puede solucionar a través inversiones o hecho milagrosos como Vaca Muerta: si seguimos siendo una puerta de salida, que exporte comodities y que no le agregue valor, vamos a continuar con una matriz que va a beneficiar a un pequeño grupo de empresarios y no una matriz productiva”.

“Necesitamos empresas pesadas, no solo de servicios. Venimos trabajando y dialogando con Axel (Kicillof) para generar mayor empleo. Las PyMEs han tenido un comportamiento destacable porque han mantenido las fuentes laborales en este contexto de pérdida de rentabilidad”.

Ante la satisfacción oficial por la política social del Municipio, Susbielles contrastó que “la gente se siente abandonada. Lo primero que hay que hacer es garantizar la alimentación, hay que trabajar en llevar a las familias y comedores alimentos a menor costo. Este modelo de ciudad no le sirve a nadie y la medida que vayamos reactivando el consumo interno, la situación va a mejorar pero ahora hay que asistir”.

“Hay que generar un nuevo acuerdo, una nueva mesa de trabajo, generar políticas de acá a 20 o 30 años. No solamente es planificar lo que está sino soñar lo que queremos que esté. Hay un clima anárquico en el crecimiento industrial y urbanístico. Hay que generar un nuevo pacto social incluyendo la participación de todos en serio”.

Una de las consecuencias de la matriz productiva actual es la destrucción de la pesca artesanal y la calidad ambiental del estuario bahiense. Entre las empresas y organismos públicos investigados por la justicia se encuentra la Municipalidad  que Susbielles aspira a conducir.

“Hay que redoblar el compromiso ambiental. Entre los mecanismos de control ciudadana tiene que estar el monitoreo de la calidad de agua y aire, uno debería poder verlo desde su casa. Está claro que hay un daño ambiental, cuando se plantean nuevas radicaciones uno ve estudios de impacto ambiental y dicen que no hay impacto, esto no es real. Que el impacto de inversiones tenga un correlato en un cuidado ambiental. Queremos una ciudad ambientalmente sustentable”, afirmó.

Respecto a las resoluciones que regulan el vertido de efluentes al estuario, el candidato dijo que “es un tema que tiene que abordarse de una manera distinta, estamos ante una situación de daño ambiental que al parecer no infringe la normativa vigente. El compromiso de las empresas debe ser distinto. Hay que correr el velo y que en esta discusión puedan todos ser parte. No es un tema menor y hay que dar el debate y la defensa de la ciudad”.

(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

La causa investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario.

El fallo da “fuerza probatoria” a la pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

El camarista Pablo Candisano Mera advirtió el “peligro de daño grave a la ría” y se apoyó en el derecho humano a un ambiente sano -art. 41 de la Constitución- y en jurisprudencia de la Corte Suprema. Adhirió a su voto Silvia Fariña.

“Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema”, afirmaron.


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La aceptación parcial de la apelación realizada por el abogado Lucas Beier excluye el llamado a indagatoria de directores y gerentes de las empresas denunciadas y la prohibición del vertido de sustancias tóxicas.

Mesa de abordaje

La Fiscalía coordinará la mesa que tendrá 90 días para presentar el plan. Deberá convocar a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible,  a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.

La Cámara requirió “un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable”.

También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense”.

Antecedentes

Luego de un primer rechazo judicial al pedido de medidas cautelares, la Asociación de Pescadores Artesanales denunció como “hecho nuevo” la pericia de la FAUBA que ratificó el perjuicio ambiental y determinó, entre otras cosas, que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental”.

La demanda fue otra vez rechazada por la jueza Gabriela Marrón y el fiscal subrogante Horacio Azzolin, quienes sostuvieron que no había pruebas para determinar si existe delito y quiénes serían sus autores.

El presidente de la Cámara afirmó que la jueza no tuvo en cuenta el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, el cual establece que “cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.

Por otra parte, le reprochó no haberle dado “fuerza probatoria (…) a lo expresado en el informe pericial” de la FAUBA.

Candisano Mera destacó que “si bien en este caso no hay aún procesamiento del responsable penal del delito, la contaminación del estuario evidencia la aludida verosimilitud de un posible daño ambiental, que sumado al peligro en la demora de que dicha situación se perpetúe en el tiempo, acreditan la urgencia del caso y el dictado de la medida cautelar ambiental a fin de evitar que tal situación se prolongue en el tiempo indefinidamente, independientemente de la situación procesal del o los probables autores del ilícito”.

El INDEC informó que durante el primer trimestre de 2019 el desempleo descendió del 9,8% al 8,4. Sin embargo, desde el CREEBA destacaron el aumento de la la informalidad y la precariedad laboral durante el último cuatrimestre de 2018.

El economista del Centro Regional de Estudios Económicos, Gonzálo Semilla, comentó que “es una buena noticia, significa que 2000 personas se han incorporado al mercado de trabajo. Aunque los subocupados aumentaron, es decir, quienes trabajan menos de 40 horas por semana. La gente no le alcanza una changa y está tratando de completar su jornada laboral”.

“El dato que damos de informalidad y precariedad laboral de fines del 2018 y lo que hablamos de la desocupación es del primer trimestre del 2019. Tenemos una informalidad del 31% y una precariedad del 38%”.

“Dentro de la informalidad,  están contempladas aquella personas que trabajan pero no tienen aportes, aguinaldo, seguro de trabajo, obra social, si la despiden no se considera la indemnización. Cuando hablamos de precariedad son trabajos sin salario, vendedores ambulantes, quienes dependen de lo que venden, por ejemplo, y menores de edad. En el primer trimestre teníamos 24% de informalidad y la precariedad subió 9 puntos. Esto demuestra que fue un 2018 muy negro en nuestra economía”, comentó Semilla.

El economista agregó que “subieron los subocupados, hay 3000 personas más que están subocupadas o buscando complementar su trabajo y hay 6000 que son empleados demandantes. No me quiero apresurar a decir lo que va pasar”.

Con mucha alegría, informamos que este lunes 17 de junio de 2019 finalizó una nueva asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Argentina) realizada en Bahía Blanca, donde se encuentra FM De la Calle, emisora que está por festejar su 30° aniversario. Durante tres días, habiendo iniciado el sábado, radios de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Rio Negro, Santa Fe, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy, hemos compartido saberes, prácticas, realidades y participado de intensos debates en torno al derecho a la comunicación y la Argentina actual.

En este sentido, la aguda situación económica a la que llevan las políticas impulsadas por el gobierno de Macri se ve reflejada en las realidades diarias de nuestro quehacer: nuestras radios son de las comunidades en las que nos desenvolvemos y cada una de ellas se ve afectada por tarifazos, pérdida de capacidad adquisitiva, niveles inflacionarios que sacan del juego a amplias mayorías, déficit de vivienda, crisis general de los sistemas públicos de educación, salud y cultura.

Por ello y contemplando la rica diversidad que expresan las radios que componen AMARC (Argentina) ratificamos nuestro férreo compromiso para redoblar todos los esfuerzos, en el marco de esta situación económica, para garantizar el derecho a la comunicación. Somos radios comunitarias que bregamos por ello a diario. Hacemos en distintos aires pero con el mismo aliento.

A 10 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el estado argentino aún no cumple con sus propias normas y mandatos constitucionales. Sin medios comunitarios no hay democracia y aún el gobierno no articuló los recursos necesarios para otorgar las licencias correspondientes a nuestros medios, es decir, a los medios de las comunidades del territorio argentino. Asimismo, ratificamos el reclamo del debido financiamiento público a través de fondos concursables, que son derechos establecidos, a fin de que ese derecho a la comunicación tenga posibilidades materiales de desarrollo concreto.

Por otra parte, para la sociedad civil en cada rincón argentino, es importante el funcionamiento de los organismos que nacieron con el fin de velar por los derechos comunes del público, las audiencias y lxs hacedorxs de la comunicación comunitaria. En este sentido, expresamos nuestra profunda preocupación por el progresivo desfinanciamiento de la Defensoría el Público. Reclamamos al gobierno su inmediata normalización presupuestaria a fin de que disponga de los recursos necesarios para cumplir las tareas para la que fue creada.

Esta asamblea también decidió ratificar su posición respecto de la necesidad de profundizar nuestros aires y nuestras prácticas a través de un enfoque de perspectiva de género. Creemos que debe ser un aspecto transversal que atraviese nuestros cuerpos y nuestras voces, nuestros vínculos y nuestras propuestas, y es ahí en donde las disidencias en todas sus caracteristicas vienen aportando un aire renovado a AMARC y las radios que la nuclean generando dicha transversabilidad que nos moviliza y nos permite repensarnos hacia adentro de cada radio.

Hemos, además, consolidado debates acerca de nuestra manera de ser, de existir, es decir, de cómo nos organizamos para hacer. Celebramos los pasos dados hacia mayor trabajo regional, en un país que se declama plurinacional, heterogéneo, multicultural y diverso, pero al que aún le cuesta asignar la misma importancia a cualquier lugar de su territorio. Vamos hacia mayor trabajo de base en cada región, a fortalecer los vínculos y a afrontar los problemas de carácter nacional desde las ópticas de cada región.

Esto es, además, una invitación abierta a cada proyecto comunicacional comunitario y popular de cualquier lugar: en AMARC hay lugar para cada expresión que nazca de esta necesidad de bregar por el derecho a la comunicación y cada expresión a su vez es parte constitutiva de un colectivo que es el todo en cada una de sus partes.

En un contexto hostil desde el punto de vista macro político, en el que oficialismos y oposiciones consideran que la comunicación no es un derecho sino un negocio y proponen que debe estar en manos de grupos concentrados de la economía, hacemos también un llamado a la unidad de acción y todas las redes de nuestro sector. Vemos con profunda preocupación que, en vísperas electorales, el debate en torno a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, antes, el mismo concepto de que la sociedad tiene derecho a la comunicación y a la información no esté en agenda de las declaraciones públicas hasta el momento. Creemos que es suficiente motivo para que lo que nos une a todas las redes, nuestra visión de la comunicación como un derecho humano fundamental, nos lleve a unirnos y accionar en conjunto.

Parte de nuestra inmensa alegría se debe a la incorporación de nuevos colectivos y radios. ¡Bienvenidas FM Sudaca de la ciudad de Trelew y FM Indie Rock de Tres Arroyos! ¡Bienvenidas también a las personas que se asociaron de manera individual desde la provincia de Jujuy! Crecemos en ustedes y con ustedes.

En esta oportunidad, la sede de la asamblea fue Bahía Blanca. En esta ciudad, preocupa que la concentración de medios se vea abiertamente acompañada por el gobierno municipal, que ha negado el acceso a la pauta publicitaria a los proyectos populares y, en coincidencia, favorecido abiertamente a los sectores de la comunicación que sirven de herramienta de poder a los factores económicos de mayor concentración. Esos mismos medios a los que el sector público financia a través de los recursos económicos de la comunidad mediante la pauta oficial han despedido a más de 70 trabajadores y trabajadoras en los últimos cinco meses. Observamos también la necesidad de discutir horizontalmente el modelo sindical que requiere este contexto.

Agradecemos a las organizaciones populares sindicales, de la economía social y solidaria, y culturales que apoyaron la realización de esta asamblea de AMARC, quienes se acercaron a compartir un momento de reflexión en torno a la comunicación.

AMARC Argentina agradece a todas las personas, celebra este encuentro y ratifica el convite a ser parte de esta lucha fundamental de nuestros pueblos. Porque sin medios comunitarios no hay democracia, AMARC sube el volumen y reafirma que sin medios comunitarios no hay democracia.

El consejero escolar Atilio Giannoni (PJ Cumplir) dijo a FM De la Calle que el club Bahiense del Norte ofreció “mejorar las instalaciones” del Centro de Educación Física Nº47 “con un costo”. “A cambio propone utilizar el gimnasio en el turno vespertino”, lo cual implicaría “que cambien los horarios de CEF o que se muden a otra institución”.

Ayer, la dirigente de SUTEBA Fernanda Negrín advirtió que el acuerdo significa “tercerizar” el financiamiento y desarrollo de las obras que corresponden a la provincia a manos de un club privado.

Giannoni explicó que ante el mal estado del gimnasio de la Escuela Secundaria Nº3, donde funciona el CEF, “Bahiense del Norte ofrecía reparar el piso, las luminarias, las ventanas y la cubierta del techo. No sabemos cuántos años pedía de utilización a cambio de esto y ofrecía poner una carpeta de plástico sobre el piso que, al finalizar el tiempo de permanencia, el club se llevaría”.

Hubo una reunión entre las autoridades del CEF y el Consejo: “Estaba la presidenta que participó activamente de esto. En la primera reunión quedó pendiente que revean los horarios y que se lo comunicara al club”.

50 millones de personas quedaron a oscuras el domingo producto de una falla en el sistema conexión internacional. El columnista de En Eso Estamos, Francisco Cantamutto, aporta una mirada desde la economía a la discusión energética.

“Desde que se privatizaron las empresas del Estado en el sector energético se consolidó un mercado oligopólico muy conectado entre sí. Hay empresas que están en distintos lugares de la cadena y se venden entre si. La generación de energía depende muy fuertemente del gas, en general de los combustibles fósiles. Dos tercios de la energía del país se hace con gas. Los movimientos de gas afectan a al energía eléctrica y en el medio tenernos actores que se ubican en todos estos tramos”, dijo por FM De la Calle.

Agregó que “en el apagón energético hubo responsabilidad de pocos actores que están en el poder, que han aumentado sus ganancias. Discutir el apagón tiene que llevar a discutir quiénes son los dueños de la energía”.

La cadena empresarial de la energía

El Grupo Pampa, propiedad de Marcelo Midlin, está a cargo de la refinación de petróleo y el transporte de gas así como interviene en generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

“Este grupo es el que, junto con una participación minoritaria del Estado, controla la empresa Transener que mueve a través de los cables de alta tensión la energía de todo el país. Es una única empresa que se encarga de hacer este movimiento, Luego hay ocho distribuidoras regionales. Una de ellas en Transba, que hace el transporte de media tensión en la provincia de Buenos Aires, también es del grupo Pampa. Y luego están las que hacen la distribución de la energía a los domicilios que son Edenor y Edesur. Edenor también es del Grupo Pampa”, señaló Cantamutto.

Responsables del apagón

La falla del apagón del otro día “no fue un problema de Yacyretá sino que tuvo que ver con la línea que transportaba la energía desde la represa hasta sistema interconectado, que hace que toda la energía se suba a la misma red y se distribuya”, comentó el economista.

Cantamutto agregó: “Las empresas responsables por la llegada y transporte son Transener y Yacylec. Esta última es del grupo Macri y no paga impuestos hace 15 años, debe 46 millones de pesos al Estado.  Esta firma tiene en reparación una de las tres líneas que conecta Yacyretá a través de la cuenca del litoral con el sistema nacional”.

“Son tres líneas las que reparten la carga. Una de esas debería estar terminada hace cuatro meses y no está. Siguen dando vueltas y no resuelven. Como ahora hay una alta demanda energética, aprovechando que hay lluvia, es un buen momento para pedirle energía de Yacyretá porque está cargado el embalse y generar energía eléctrica es barato. Por ende, se le pidió más carga a  dos de las líneas y, al no existir una tercera línea, se terminó generando la caída de las líneas completas y por transmisión se desconectó todo el resto”.

¿Por qué hay fallas si la factura de luz se fue a las nubes?

“Las tarifas han aumentado entre 1000 y 2400% desde que llegó Cambiemos, es un golpe durísimo que a las empresas le ha venido bárbaro. Los ingresos de la energía eléctrica, las ganancias de las generadoras subieron 155% y el transporte subió un 491%. Las empresas del transporte -que es lo  que falló ahora- tuvieron ganancias del 500% del 2015 a esta parte. En el caso de Transener las ganancias subieron mas del 4000%”.

“Son muy pocos actores interconectados entre si con capacidad de lobby en el Estado o directamente dentro del Estado. Ganan más, distribuyen más dividendos pero no reinvierten.  El Grupo Pampa es tercer grupo más grande después de Shell e YPF. Es el que más ganó”.

Pablo Bertinat, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la UTN Rosario apuntó algunas claves para pensar la distribución de energía como política pública tras el apagón nacional del fin de semana.

“Es una buena oportunidad para discutir el sistema energético, que es concentrado, centralizado con grandes centrales que operan sobre el sistema. Discutir las características de lo que hoy funciona como sistema de mercado, más allá de que la falla del domingo haya estado vinculada a fallas de equipos o fallas humanas o fallas de procedimiento”, dijo a FM De la Calle.

Bertinat editó el informe “Apuntes sobre pobreza energética, estimaciones para la Argentina (2003 – 2018)” del dr. Rodrigo Durán. Leelo acá.

“Hay una emergencia por el crecimiento que ha tenido la pobreza energética en los últimos años. Hogares pobres energéticos son los que gastan más del 10 % de sus ingresos en bienes energéticos, no solo electricidad sino también gas. En ese marco vemos que en los últimos dos o tres años se ha incrementado producto del aumento de las tarifas y la pérdida de poder adquisitivo”, comentó Bertinat.

Opinó que “el próximo gobierno debería atender a los hogares pobres energéticos porque los cambios de la configuración de la tarifa social hicieron que la mitad de los hogares pobres no estén amparados por este índice. En las grandes ciudades hay acceso más dificultoso porque quienes están enganchados están vinculados a accidentes con el uso de la energía, mala calidad en la energía que disponen, etcétera”.

Por último, el ingeniero comentó que “hay que pensar en la política tarifaria, posiblemente haya que tener un sistema de tarifas mucho más flexible para algunos sectores que deberían tener garantizado el acceso. Hace falta pensar en la energía como herramienta para un proceso de redistribución de la riqueza”.

El intendente Héctor Gay mantuvo una reunión con actores del transporte público y técnicos de las universidades locales para pensar alternativas de financiamiento y mejoramiento del servicio de cara a la renovación de concesiones de 2020.

El ingeniero de la UTN Horacio Varela propuso, como complemento al financiamiento directo por parte de las y los usuarios, implementar una tasa fija que tribute universalmente como parte del impuesto de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.

“Es un servicio que si bien no todos los utilizamos, todos los tenemos disponible. La diferencia con la actual tasa de Salud para el Hospital Municipal es que al servicio de transporte público me puedo subir voluntariamente, puedo aprovechar que lo tengo pago”.

“En Bahía ya existe la experiencia que nos permite financiar un servicio de excelencia. Si no, la carga de mantener el servicio recae sobre los usuarios. Parecería como una falta de equidad que recaiga sobre cierto porcentaje de la población”.

Por su parte, la docente Valentina Viego recordó que durante 2017 desde el Departamento de Economía de la UNS realizaron un relevamiento acerca de las conductas de usuarios y usuarias del transporte público.

“Aquel estudio estuvo afectado por la coyuntura, recibió el 20% de los fondos que habíamos planificado, por eso la muestra fue menor. En total, se recolectaron unas 380 entrevistas a hogares, y en cada hogar unas dos personas. Hay una 700 observaciones pero para decir algo con cierta rigurosidad se necesitan más casos. Estamos viendo de que forma, sin dinero porque no tenemos más presupuesto de provincia, se puede aumentar el número de casos para que sean más confiables”.

Viego dijo que propuesta de Varela es “un proyecto interesante” y señaló que “hay que calcular cuál sería el monto a recaudar que aportara significativamente al sistema de transporte y que, al mismo tiempo, sea factible para el ciudadano. Habría que constituir un organismo de agencia público privado porque si no va a tener un problema de transparencia que como ciudadano aportes a la caja de empresas privadas”.

La economista comentó que “lo que pueda aportar la UNS será según la información que aporte el municipio. Los últimos datos de Sapem son del 2014, desde ese entonces no informó. Tenemos un costo teórico para cada línea y para cada empresa pero tenemos que cotejarlo con los de las empresas”.

Varela destacó que “el sistema está diseñado para una ciudad de los años ’70, una cuidad de tres mi hectáreas con 160 mil habitantes. Bahía ahora triplicó la superficie y la población se multiplico al 100%. Esta cuestión del índice pasajero-km se hace mucho más difícil porque tenés que recorrer mayor cantidad de kilómetros para sumar más pasajeros, esto complejiza la rentabilidad de esa línea”.

Además, señaló, “las líneas son radiales, todas convergen en el centro. En la medida que te alejás del centro se alejan las líneas y te cuesta más cubrir la ciudad, es muy difícil poder llegar a todos lados. Hay que repensar las líneas y la gestión. Es más factible empezar por repensar la gestión y poder independizarnos del indice pasajero-km y después con tranquilidad modificar el recorrido”.

“Es un desafió interesante para hacer de esto un tema de estado”, concluyó.

“Matías fue nombrando a cada persona que trabajó concienzuda y cariñosamente para conocer su identidad. La figura del tío se robó el momento porque su expresión corporal contenía y expresaba el dolor de esta historia, al mismo tiempo es testimonial de muchas otras historias”, dijo Leticia Batista sobre el anuncio de las Abuelas sobre la restitución del Nieto 130.

Javier Matías Darroux Mijalchuk es hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977. Hoy quiere saber que fue del hermano o hermana que Elena gestaba al momento de su secuestro.

Batista, integrante del grupo bahiense “Hay que seguir andando”, participó ayer de la conferencia de prensa y comentó sus sensaciones a FM De la Calle.

“El horror implica que las víctimas no solo fueron sus padres sino toda la familia. Dejó muy patente lo que ha causado el terrorismo de Estado en estos años pero, al mismo tiempo, la valentía de estas personas. El tío empezó a buscar al sobrino cuando tenía 19 años”, señaló.

“Es muy fuerte el trabajo de los organismos de derechos humanos, nos acordábamos que la mamá de (Enrique) Angelelli que desde el principio decía que había sido asesinado. También rescatar el trabajo científico de esta búsqueda que implicó exhumar cadáveres, cotejar muestras, muestras de ADN pese a que toda esta conjunción de los organismos y de los científicos es atacada en este momento político del país”.

En Puertas del Sur un grupo de vecinas y vecinos necesita materiales para finalizar la construcción de un merendero y alimentos no perecederos para el acompañamiento de más de cien familias.

“Tenemos un merendero que funciona en un container de chapa de diez por diez. En verano hace muchísimo calor y ahora en invierno el frío pasa por todos lados, sumado a que está roto y se nos llueve, se nos estropean las cosas. Si queremos hacer un ropero para juntar ropa no podemos por que se nos moja”, comentó Roxana a FM De la Calle.

“Puertas” surgió como un asentamiento en la década del 90 cuando se instalaron las primeras viviendas de chapas. “Al lado del container estamos haciendo un merendero, llegamos hasta la capa aisladora. Nuestra única entrada de dinero es por venta de empanadas y pizzas”, dijo la vecina.

“Llevamos cartas, planos y el proyecto al Municipio y nos dicen que en este momento tienen prioridad las viviendas. Nos están dando la copa de leche para 60 familias pero tenemos anotadas 102 familias. Cuando no tenemos colaboración se da lo que se tiene por orden de llegada. Nos duele pero es lo que podemos”.

En el barrio continúan los problemas con la acumulación de basura. La situación se agravó ahora por el estado de abandono de las calles que impide que los camiones de Sapem Ambiental entren a retirar los contenedores.

En cuanto a la ayuda municipal, Roxana comentó que “si tenés casa de material te dicen que hay otros que viven en un rancho de chapa y que tienen prioridad. Si  justo tu marido consiguió trabajo en blanco te dicen que hay otra gente que está peor. Hay gente que tenía la tarjeta celeste del Plan Vida y se la sacaron. A varias familias ahora le dan la tarjeta azul que son 195 pesos por mes y no te alcanza para nada”.

En Tierras Argentinas, lindante a Puertas de Sur, “sufren con el tema de la luz, han hecho cartas pidiéndola  y nada. Edes no llegaba porque tenían los cables bajos, subieron las palmeras, y ahora Edes no va por el mal estado de las calles”.

Cualquier donación de materiales para la construcción del un nuevo merendero puede acercarse hasta Pacífico 4300. 

Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la restitución de Javier Matías Darroux Mijalchuk, hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977.

Él nieto 130 participó de la conferencia de prensa y relató su búsqueda y el interés por conocer datos sobre el destino de sus padres. Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y más tarde por la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños no pudieron arribar a ninguna información concluyente.

Gracias al trabajo conjunto de Abuelas, la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Matías pudo encontrarse con su familia, saber su origen biológico e iniciar otra búsqueda –la de su hermano o hermana–, ya que al momento de la desaparición, Elena estaba embarazada de dos meses.

El papá y la mamá

Juan Manuel Darroux trabajó en la Prefectura Naval Argentina de diciembre de 1961 hasta junio de 1966. De septiembre de 1969 a mayo de 1975 se desempeñó en la Universidad de Morón, en tareas administrativas, y allí conoció a Elena Mijalchuk, que estudiaba la carrera de Contadora Pública en ese establecimiento. Elena y Juan Manuel formaron pareja y aunque la familia de ella en un principio se opuso por la diferencia de edad –él era mayor que ella–, finalmente aceptaron la relación. Elena se mudó con Juan Manuel, quien ya vivía solo, a Capital. La familia de él era de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.

Según consta en el legajo de la Universidad de Morón, Elena rindió su primera materia en 1969 y la última en diciembre de 1976. El 5 de agosto de 1977, en el Hospital Alemán de Capital Federal, nació su primer hijo. Lo llamaron Javier Matías, y si bien a Elena el nombre que más le gustaba era Matías, agregó Javier para que el niño llevara las mismas iniciales que su padre. Con el tiempo las tensiones con los Mijalchuk quedaron atrás, al punto que la pareja se mudó a Caseros con ellos. Al poco tiempo, Elena volvió a quedar embarazada. Ella misma se lo contó a su madre y a su hermano Roberto, así como Juan Manuel también se lo había mencionado a su medio hermano Raúl Venturelli.

Las desapariciones

Al momento del secuestro, Juan Manuel, Elena y el pequeño Javier Matías, ya vivían en Caseros. Lo último que la familia supo sobre Juan Manuel fue a través de sus primos Luis Molina y Domingo Carmelo Graziadio, a principios de diciembre de 1977. Se habían encontrado con él en un bodegón en la localidad de Valentín Alsina, ubicado en Rucci y Viamonte, donde se solían reunir. Luego Juan Manuel le pidió a su primo Domingo que lo acercara hasta Paraná y Panamericana, zona norte del conurbano. Domingo lo dejó allí pero como lo notaba preocupado volvió a pasar y vio cómo su primo discutía acaloradamente con cuatro hombres que lo subieron a una Chevy azul metalizada. Fue la última vez que lo vio.

Elena se enteró de la situación. Juan Manuel no aparecía y ella no sabía dónde buscarlo. Hacia fines de diciembre de 1977, recibió una llamada y después una carta en la que su marido le indicaba que el 26 de diciembre debía encontrarse con unos compañeros en Capital Federal. En la víspera, Día de Navidad, Elena mostró la carta a sus padres y les pidió que la acercaran con su bebé al lugar. Al día siguiente, tal cual lo convenido, llevaron a Elena y al pequeño Javier Matías a la cita, en Pampa entre Lugones y Avenida Figueroa Alcorta, en Núñez. Esa fue la última vez que los vieron.

Las búsquedas

La familia Mijalchuk no conocía a nadie que les pudiera brindar información. A finales de los 80, tanto ellos como los Darroux pidieron a la justicia la presunción de fallecimiento. Pero en mayo de 1999 Roberto Mijalchuk se decidió y denunció la desaparición de su hermana embarazada, su cuñado y su sobrino. Así se abrió un nuevo legajo de una mujer embarazada desaparecida en la CONADI y otros en la CONADEP.

Roberto dejó como contacto un teléfono de línea que, en estos años, nunca dio de baja, esperando recibir alguna vez una noticia. Las familias Mijalchuk y Darroux fueron incorporando sus muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos. Abuelas, por su parte, solicitó a la justicia que se realizaran exhumaciones de familiares fallecidos para completar la información genética. La última muestra que se sumó, la de su abuela paterna, Natividad Arelano Venturelli, junto a la ampliación de los marcadores analizados por el Banco, permitió la identificación de Matías. A todo esto, los equipos de la CONADI investigaban infructuosamente las causas de desaparición de la pareja.

Mientras tanto, un joven con dudas sobre su identidad se acercó a la filial de Abuelas Córdoba. Él siempre supo que no era hijo de quienes lo criaron y su expediente de adopción consignaba que había sido encontrado por una mujer la noche del 27 de diciembre de 1977. Fue en la intersección de Ramallo y Grecia, a tres cuadras de la ESMA, cerca de donde esa misma madrugada Elena Mijalchuk fue vista con su bebé por última vez. Por disposición de la justicia, el bebé fue entregado en guarda para adopción a un matrimonio, con quienes se crió en la Ciudad de Buenos Aires. El muchacho se mudó a Córdoba en 1999 y allí inició su búsqueda. Paralelamente, en Abuelas Capital se habían recibido denuncias sobre un joven presuntamente hijo de desaparecidos, que fueron incorporadas al caso para su investigación.

El encuentro

Como en todos los casos de personas con dudas sobre su identidad, Abuelas dio intervención a la CONADI, que ordenó los estudios genéticos. En octubre de 2016, el Banco informó que el perfil del hombre coincidía con el de la familia Darroux Mijalchuk, pero las causas de desaparición de sus padres aún continuaban indeterminadas. CONADI derivó el caso a la Unidad Fiscal que profundizó la investigación y luego la presentó ante la justicia federal, donde hasta hoy se siguen recabando datos y testimonios.

El tío Roberto Mijalchuk recibió el llamado tan esperado a ese teléfono fijo que nunca había dado de baja. La CONADI le comunicó que había encontrado a su sobrino y que podían reunirse. Matías Javier Darroux Mijalchuk conoció su origen y hoy las Abuelas le dieron la bienvenida a la familia para restituirle su derecho a la identidad y contribuir a la reconstrucción de su historia.

Fuente: Abuelas.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció penalmente a las autoridades del Ministerio de Seguridad por “la existencia de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches, conflicto que desde diciembre del año 2015 tuvo un salto cualitativo de violencia y muerte”.

“Es la creación de un plan de hostigamiento como si fuera un enemigo interno, son las riendas a la represión de una manera organizada, modificando normas de convivencia pacífica de las reglas de seguridad que están sujetas a supervisión de carácter internacional por respeto a la vida. Todo esto se dejó de lado para tratar de ser un brazo armado de algunos intereses económicos de grandes poseedores extranjeros de territorios nacionales, del despojo de la tierra, y hacer añicos lo que la Constitución manda que es el respeto por los pueblos originarios”, comentó Ernesto Moreau.

El referente de la APDH dijo a FM De la Calle que “se ha destruido el tríptico que cuando cayera la dictadura se estableciera en el gobierno de Alfonsín que eran las leyes de Inteligencia, la de Seguridad Interior y la de Defensa a la Democracia. Esto está hecho añicos por el Ministerio de Seguridad”.

La cartera de Bullrich actúa amparada en la reforma del Código Procesal, vinculada con la utilización de la flagrancia para resolver “cualquier situación que resulte conflictiva en términos políticos y en este caso demográfico”.

“En este camino, el asesinato de miembros de la comunidad utilizando el poder represivo, armas de fuego y tiros por la espalda, es un ensañamiento sobre estos pueblos, haciéndolos pasar como si tuvieran la idea de constituir una república autónoma dentro de Argentina y haciéndolos pasar por subversivos. Cosa que no es verdad, estos pueblos lo que persiguen es que se cumpla la Constitución”, comentó Moreau.

La concejala de Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani solicitó informes al Ejecutivo para conocer la situación de trabajadores municipales que dependen de la Subsecretaría de Gestión Ambiental.

“Recibimos algunas comunicaciones de trabajadores del área de Saneamiento Ambiental que les habían comunicado de manera verbal que algunas de sus horas extras no van a ser percibidas, cobrarán un plus para desempeñar tareas en otro sector. Se puede ver afectado el CTE, el control de maquinarias y mantenimiento de equipos”, comentó la edil.

Los sectores que se verían afectados por el recorte de horas extras son: Guardia Ambiental de Saneamiento; Ecocanje; Mantenimiento de equipos en el CTE; Mantenimiento de las máquinas fumigadoras y Guardia CTE.

Agregó que “ha habido dificultades concretas, a veces surgen inconvenientes fuera del horario de los trabajadores y claramente se necesita que reciban contribución por hacer horas extras. Tampoco se le puede decir a los trabajadores que se los va a compensar con un franco. Ellos no los tienen por escrito este acuerdo”.

Por otra parte, desde el bloque insistirán esta tarde en reclamar que el Municipio de respuesta a los pedidos de informes aprobados en el Concejo. “Tenemos muchas dificultades para las respuestas. Cuando hablamos de inmediatez del cuerpo es días pero acá estamos hablando de años. Los informes tardan más de un año, trabajar así es muy complejo. Pretenden que el Consejo  se convierta en un espacio para levantar la mano”.