El próximo viernes el intendente Héctor Gay deberá concurrir al Concejo Deliberante para brindar su discurso de apertura de sesiones ordinarias. Por decisión del presidente del cuerpo deliberativo, Nicolás Vitalini, solo podrán ingresar al recinto invitados y prensa previamente acreditada.

El oficialismo ya había prohibido el ingreso al público a la primera sesión extraordinaria de 2019 cuando se aprobó el presupuesto y un nuevo tarifazo del boleto del transporte local.

Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana) dijo a FM De la Calle que “el argumento formal es que el factor de ocupación del Concejo es de 132 personas y, como el cuerpo protocolar excede ese número, resulta imposible abrir la sesión como indican la Ley Orgánica de las Municipalidades, el reglamento, el sentido común y la convicción democrática. Lo de la prensa va en la misma dirección”.

“Se enmarca una vez más en estas posturas de la administración Cambiemos de alejarse de la gente y de generar políticas de aislamiento en el convencimiento de que están haciendo daño a la sociedad”, agregó.

Gustavo Mandará (PJ Cumplir) manifestó que “no compartimos para nada la idea de la presidencia de elaborar un registro de periodistas ni mucho menos las restricciones que se pretende imponer al público general”.

“Es innecesario y, a los fines esgrimidos para prevenir incidentes, tiene un efecto contrario, puede llegar a ser una provocación, ¿por qué negar el acceso a donde siempre fue libre? Ojalá se revea la decisión y sea una nueva marcha atrás”.

Gabriela Schieda, del monobloque Arturo Illia, opinó que “no me parece lo más democrático pero entiendo que no pase lo mismo del año pasado. A mí gustaría que sea abierto a todos”.

“Queremos mostrar la situación de los pequeños productores, el aumento de los costos de la semilla, de los insumos, los bajos precios a los que nos compran la verdura”, señaló Marisol, delegada de la Unión de Trabajadores de la Tierra desde el feriazo que se realizó esta mañana.
La protesta forma parte del Verdurazo convocado a nivel nacional en repudio a la represión de la Policía Metropolitana a productores de la agricultura familiar y en demanda de políticas públicas para el sector.
En la esquina de Bolivia y Entre Ríos se reunieron trabajadores y trabajadoras de Bahía, Pedro Luro y Ascasubi: “En Luro vendemos 5,50 o 6 pesos el kilo de cebolla, el consumidor paga mucha plata y el productor cobra muy poco. Hablamos con el intendente pero no nos supo resolver nada”, comentó Roberto a FM De la Calle.

Ezequiel Gimeno, concejal de PJ Cumplir, dijo que “no existe razonabilidad ni proporcionalidad en el aumento del 39% para las empresas de gas”.

Respecto a los planteos que realizaron en la Audiencia Pública a cargo del Enargas comentó que realizaron tres propuestas: “Declarar a la ciudad como zona fría, la posición en contra del aumento y un aumento de los metros cúbicos de la tarifa social que quedó muy baja. Actualmente no cumple el objetivo ni la finalidad de la tarifa”.

Por último, declaró que “antes las distribuidoras le compraban a las petroleras y fijaban el precio entre partes, a partir de la suba del dólar las empresas distribuidoras ofrecen el valor del gas, esto hizo que baje casi 20 centavos de dólar el valor de lo que venían pagando. A pesar de que el insumo para las distribuidoras bajó sigue habiendo un aumento del 40 %. El año pasado el gas aumentó un 75%. Sus costos no son tal altos para aumentar tanto”.

“Esta situación obliga a pensar los cuidados de manera privada ya que son las mujeres más pobres quienes toman esta decisión. Además que entorpece la posibilidad de que dediquen tiempo a otras cosas”, comentó la economista feminista María Julia Eliosoff.

La columnista del programa En Eso Estamos explicó que “los hogares pertenecientes a diferentes estratos económicos, tienen diferentes grados de libertad porque hay algunos dispositivos privados que son imposibles de acceder. Es imposible que salgan al mercado a buscar cuidado”.

“O tienen que recargar sus jornadas laborales participando del mercado de trabajo y después volver a cuidar a sus hijos o pueden acceder a los dispositivos del Estado. Si el Estado se empieza a correr de estas tareas está imposibilitando a estas mujeres a acceder otro tipo de actividades (estudiar, empleos mejores) que no sea quedarse en la casa cuidando a sus hijes”, argumentó Eliosoff.

“Esta distribución de los cuidados es un vector de profundización de la desigualdad de género y pobreza”, concluyó.

El fiscal federal Federico Delgado dijo a FM De la Calle que el poder judicial atraviesa una grave crisis y se esperanzó en que “la cuestión de los cuadernos sea un quiebre que reconcilie a la sociedad respecto a la justicia”.

“Como toda crisis es una gran oportunidad para que decidamos si queremos vivir organizados en base a derechos, con una justicia razonablemente creíble o tomamos la decisión de vivir en esta meseta donde vamos saltando de crisis en crisis, cada paso es uno más profundo en una serie de problemas más grande”.

Para el autor del libro Injusticia, “Argentina tiene un grave problema de corrupción en términos generales y la justicia de Comodoro Py tiene los problemas de la Argentina: crisis de legitimidad, de credibilidad, demasiado tiempo, un país donde se ha robado mucho y hay poco preso”.

“Los D’Alessio son, en la justicia federal, un fenómeno muy viejo. El caso muestra la existencia del mercado parajudicial que está anclado en comportamientos muy antiguos que en tribunales se conocen como la girada. Es un montaje muy complejo que uno lo ve en la comisaría más pobre y en las causas más complejas”, dijo.

Delgado agregó que “hay deformaciones de la ley que privatizaron de hecho la justicia. La Constitución plantea que la resolución de problemas las dejamos en manos de los jueces y que quienes van a mover a los jueces van a ser los fiscales. En Argentina por un tecnicismo, que es casi inédito casi en todo Occidente, cualquier particular puede poner en movimiento la acción penal pública. Es decir, cualquier persona poderosa puede poner en movimiento un aparato que solo puede poner en movimiento el propio Estado”.

La subsecretaria de Educación Morena Rosselló negó en conferencia de prensa el cierre de salas en los jardines maternales municipales. Sin embargo, la funcionaria admitió que en 2019 no ingresarán bebés de entre 45 días y dos años.

Rosselló habló de una “reconfiguración y una normalización de alguna de las salas vinculado con lo que era la demanda de las salitas de dos años” para hacer “más eficiente el funcionamiento” del sistema.

Las preinscripciones realizadas a fines de 2018 fueron para detectar “sectores o grupos etarios de la comunidad que presentaban mayor necesidad”.

La subsecretaria negó recortes presupuestarios aunque reconoció que trabajan “con un recurso fijo, estable, con un recurso igual” que no tuvo en cuenta el impacto de una inflación cercana al 50 por ciento.

En cuánto a los cupos existentes para niñxs de 45 a dos años en Bahía Blanca, Rosselló remitió a la prensa a averiguar el dato en Dirección General de Cultura y Educación.

“Trataremos de atender algunas situaciones particulares”, finalizó.

Un grupo de padres y madres de la Escuela 36 de Villa Nocito denunció la presencia de roedores en las instalaciones además de múltiples deterioros en el edificio.
Gabriela Delfino, secretaria general de SUTEBA, señaló que “hay puertas oxidadas abajo y sin terminaciones y por ahí entran los roedores. El deterioro que padece el edificio fue denunciado todos los años pero nunca fue arreglado, hay vidrios y rejillas rotas. Esto hizo que algunos chicos se lastimaran”.
Por otro lado, advirtieron la situación del Centro de Educación Complementaria que funciona dentro del mismo establecimiento:”Esta institución está acomodada en lo que antes era una biblioteca. Los chicos deberían estar viniendo al período de compensación, les ofrecieron a los docentes un aula en el espacio Nido, los chicos tienen que estar cuatro horas, hace mucho calor. En ese lugar tienen que estar docentes, alumnos y compartir baños y lugar con el resto del personal”.
“Tienen que tomar la decisión política de no poner parches y arreglar la escuela”, finalizó.

Micaela Schmidt es una de las maestras jardineras cuyo contrato como becaria no renovó el municipio. Desde 2016 se desempeñaba en el jardín “Te veo bien” y en junio del año pasado -en mitad del ciclo lectivo- le informaron que no debía concurrir más a su trabajo.

“Estuve ocho días trabajando sin cobertura, sin saber que tenía la baja, me enteré porque llamaron al jardín preguntando por qué estaba yendo a trabajar y ahí nos informaron que desde el 1º estaba de baja”, comentó la docente.

“Nosotros tenemos un contrato de dos años y ahí recién podemos pasar a planta. El 18 de abril cumplí los dos años, como la fecha pasó pensé que me iban a pasar a planta. Fue un caos en el jardín, tenía una sala de dos años a cargo. No son paquetes los nenes, sufren, se adaptan a una docente a sus rutinas, a su forma de trabajar”.

En cuanto a sus condiciones laborales, Schimidt detalló que “no tenía obra social, me pagaban en negro un sueldo mínimo de siete mil pesos y hacía el mismo laburo que una maestra en planta”.

El cierre de salas de los jardines maternales motivó el pedido de informes por parte de la oposición del HCD. Gisela Ghigliani (UC) comentó que intentaron hablar con Romina Ayala, responsable de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, pero no los atendió.

“Es una irresponsabilidad absoluta, que una funcionaria te diga haceme las preguntas por escrito, es vergonzoso”, comentó la concejala.

“También vemos que hay un montón de becarias que se les renovó el contrato desde enero hasta junio de este año, es increíble que se manejen de esta manera, esto habla de la calidad de gestión”.

Ximena Clementi anotó a su hija en el maternal del Jardín Pacífico el año pasado pero el lunes le avisaron que cerraron las salas de bebés de 45 días hasta dos años.

“A partir de mi posteo en Facebook otras mamás, que también habían anotado a sus hijos en jardines municipales, empezaron a decirme que no les daban respuestas”, señaló.

“En noviembre me proyectaba trabajando tranquila, teniendo tiempo de estudiar. No tengo un trabajo estable y los jardines maternales están arriba de tres mil, cuatro mil pesos”.

Si bien la información fue confirmada por las instituciones educativas, las autoridades municipales se negaron a hacer declaraciones al respecto.

La medida fue informada por la directora de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica Municipal, Romina Elizabeth Ayala. El gobierno municipal no está renovando los contratos de las maestras que se desempeñaban como becarias.


El juez de Menores de Misiones, César Raúl Jiménez, quien preside la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia opinó acerca del anteproyecto presentado por Cambiemos para bajar la edad de punibilidad a 15 años.

“Estamos buscando la forma de meter presos a los pibes, no buscamos una forma de dignificar la niñez, ni de darles vivienda digna ni escolaridad. Pensar en agravar la pena por delitos graves en base a ideas falsas es construir una reforma punitiva, regresiva y represiva”, señaló.

¿Qué pasaría si se aprueba esta reforma? “Lo que establece el anteproyecto es el encierro como medida inmediata. Irían a a una cárcel común porque en muchos lugares del país no hay centros especializados”.

 

María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora contra a Represión Policial e Institucional, se refirió a las demandas de la Red de Mujeres Policías con Perspectiva de Género para actualizar los protocolos contra la violencia machista dentro de la fuerza.

“Es fantástico que estas mujeres, como cualquier otra, intenten despatriarcalizar sus relaciones cotidianas, en lo personal y en los ámbitos colectivos. Tiene que ver con entender que vivimos en una sociedad patriarcal. Otra cosa es entender la función que han asumido las mujeres que se han incorporado a la fuerza”.

“No podemos suponer que su rol como miembros del aparato represivo del Estado va a cambiar porque se nieguen a reprimir mujeres. La semana pasada reprimieron el feriazo donde había hombres, mujeres, etc. Ahí no tuvieron problema”, dijo Verdú.

El defensor oficial general Pablo Radivoy opinó acerca del debate entorno a los hechos de inseguridad,  las reincidencias y las falencias del sistema penal.

“Hay un doble discurso desde el Ministerio de Seguridad, les dicen a los jueces que no detengan gente porque no tienen lugar dónde ponerlos. Pero mediáticamente se dice otra cosa y la culpa es de los jueces. No se construyeron más cárceles y cada vez hay más detenidos, la ecuación no da”, señaló.

Destacó, además, que “las cárceles están atestadas, la Unidad de Villa Floresta tiene 200 detenidos más de los que puede albergar. El Patronato de Liberados funciona con menos gente de la que debería. La policía le pide nafta a la Municipalidad cuando son recursos de la Provincia. Faltan recursos humanos y económicos”.

El nuevo rector de la UNS, Daniel Vega, explicó cuáles serán las modificaciones de la nueva gestión que encabeza.

Algunos de los ejes principales serán la duración de las carreras y la modificación en el estatuto respecto de la conformación del Consejo Superior Universitario.

“Queremos generar planes de estudios transversales a todas las materias. Tenemos que pensar en carreras cortas con rápida inserción laboral. Deberíamos tratar de atender esa nueva realidad con carreras más modernas”, declaró Vega.

Agregó que “tenemos un fallo en contra que nos obliga a incorporar a todos los decanos al Consejo Superior Universitario, la mayor preocupación es que se transforme en un Consejo  muy grande y que se vuelva poco ejecutivo”.

Desde la Red de Mujeres Policías con Perspectiva de Género advierten que el reglamento de la fuerza no se actualiza desde 1971.

“Hay que denunciar a nuestro jefe directo que es el mismo que nos acosa o nos viola”, comentó Gabriela Macías, oficial principal de la Policía de Santa Cruz.

“Hay un protocolo que establece una licencia por violencia de género y pase a disponibilidad del varón. Esto no se aplica en ninguna provincia”, dijo Macías.

Finalmente, señaló que las demandas fueron recibidas por el Ministerio de Seguridad.

(Por Mauro Llaneza) El juez Agustín López Coppola se comprometió a dictar sentencia sobre la contaminación de la ría en julio. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 aceptó, además, el pedido de las empresas del polo para sumar pericias sobre sus procesos productivos.

El miércoles 13 se realizó una nueva audiencia en la causa civil que investiga las responsabilidades sobre la presencia de metales pesados en el estuario y la destrucción de la pesca artesanal.

“Siguen contaminando, nos sacaron el trabajo, nos arruinaron a todos los pescadores. Queremos que esto se termine”, dijo a FM De la Calle Rubén Córdoba, whitense, 27 años dedicados a la pesca.

El abogado Lucas Beier afirmó que “hoy las empresas están más preocupadas en echarle la culpa al otro que en si el estuario está o no contaminado. Lo siguen negando pero la prueba lo acredita. Hoy su mayor preocupación es decir el culpable es el otro”.

Las demandadas son: Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur, Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.

Una pericia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

Sin embargo, la Cátedra de Alimentación Química de la casa de estudios porteña había advertido que no respondería aspectos vinculados al proceso industrial que excedían su especialidad.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

Beier, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, explicó que “la pericia principalmente hace el estudio del estado del estuario, del agua, sedimentos y especies. Las demandadas pedían una nueva pericia y eso fue lo central de la discusión”.

“El juez dejó en claro que quiere terminar el proceso lo más rápido posible, no quiere perder dos o tres años designando un perito. Entonces les dio un plazo a las empresas de diez días para que designen perito y antes de fin de julio quiere tener la sentencia dictada”, agregó.

Las empresas tendrán cuarenta días para ofrecer un perito que informe sobre el proceso interno de cada firma, los insumos que utilizan y los residuos que arrojan al estuario. Si no lo consiguen en ese lapso, perderán la prueba.

Las multinacionales pretenden calcular por qué porción de la torta de la contaminación tendrán que responder económicamente. Todas apuntan a que la mayor parte recaiga sobre ABSA. “Al colega de ABSA lo mataron”, comentó Beier: “En gran medida es cierto pero no quita que los otros también contribuyan”.

“La Ley General de Ambiente dice que cuando no se puede determinar en qué grado participa cada una de las demandadas la responsabilidad es solidaria, todos responden en el mismo grado. Como parte actora no estamos tan preocupados en poder determinar qué empresa contribuyó en mayor medida a que el estuario esté como está”, afirmó.

Luis Arellano, también abogado de los pescadores, dijo a FM De la Calle que “ya hay prueba suficiente, no solamente la pericia de la FAUBA sino todos los informes del CTE, información que está en el IADO, en estudios científicos y técnicos de la UNS, tesis doctorales y un montón de material acumulado por décadas que nos dice cuál es el estado de contaminación de la ría y quiénes son los responsables. Creemos que el expediente se puede clausurar para que nos den la posibilidad de hacer nuestro alegato y pasar a la sentencia”.

Integrantes de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego acompañaron la demanda de los pescadores artesanales y destacaron la importancia de la pericia que probó “lo que todo el mundo sospechaba”.

El secretario general, Enrique Gandolfo, destacó que “luego de conocerse el informe de la UBA los factores del poder económico, las empresas del polo, los factores políticos, la misma Municipalidad han salido a desprestigiar la evidencia científica de la Facultad de Agronomía”.

“Estamos respaldando el reclamo y llamando a la comunidad a conocer que este estado de contaminación, de seguir así, es incompatible con la vida del estuario y está afectando no solamente a los pescadores artesanales sino al conjunto de la comunidad de la ciudad y el puerto”.

Canal Siete de Bahía Blanca, perteneciente a la empresa Artear del Grupo Clarín oficializó ayer otros cuatro despidos. Meses atrás había desvinculado a Sandra Crucianelli y a Carlos Quiroga.

La semana pasada se conoció además el despido Jesica Rípodas, conductora del informativo del canal Cablevisión Somos Bahía, propiedad de la misma firma.

La Red de Comunicadoras Bahía Blanca repudió “los despidos injustificados de Mónica Tilotti, Mario Etchegorry, Ángel Juan, Claudio Hernández”.

“Una vez más, quienes concentran el poder mediático y se apropian de las interpretaciones de los hechos para salvaguardar sus intereses corporativos, han dejado sin trabajo a profesionales de reconocida trayectoria, responsables, capaces y empáticos con su labor cotidiana”, afirmaron.

Agregaron que “llegó el momento de compartir y debatir sobre los preocupantes contextos laborales en los medios de comunicación locales y de todo el país, para dejar de naturalizar conductas autoritarias, patriarcales, violentas y déspotas”.

“Por eso nos unimos, nos organizamos e interpelaremos a ‘lo establecido’ como bien común. Nos solidarizamos con lxs compañerxs, renovando nuestro compromiso colectivo de no callarnos más ante las injusticias y los perversos métodos de disciplinamiento, que representan sucesivos condicionamientos a la vida y a la comunicación en democracia”, finalizaron.

Más de un/a trabajador/a murió por día en su puesto entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 según el primer informe sobre asesinatos laborales en Argentina. Quitando domingos y feriados la recurrencia se traduce en una trabajadora o trabajador cada 20 horas.

El estudio fue realizado por el espacio Basta de Asesinatos Laborales, compuesto por familiares y compañeros/as de las víctimas, y otra/os compañera/os de distintos sectores y lugares de trabajo cansados de ver morir trabajadores/as por la negligencia patronal.

La amplia mayoría de los/as trabajadores/as muertos/as eran personas jóvenes (entre 30 y 40 años). También se conocen casos de personas mucho más jóvenes que fueron enviadas por las jefaturas a realizar tareas muy peligrosas, sin la capacitación y los elementos necesarios. En ciertos casos, su primer día de trabajo en una empresa fue el día de su muerte.

Las formas y/o las causas de los accidentes no son registradas claramente, cuando no son directamente ocultadas o tergiversadas por las patronales y las ART, y en los medios sólo se describen en forma muy general o ambigua lo que dificulta un análisis claro de dichas causas.

La causa más numerosa es el choque de vehículos. Esto se da especialmente en transporte de cargas pero afecta también a otros/as trabajadores/as que desarrollan sus tareas en la vía pública. El no respeto al descanso semanal y entre jornadas, la falta de personal, el apremio por lo tiempos y la falta de mantenimiento de los vehículos son una combinatoria que lleva a la muerte a decenas de compañeras y compañeros.

También aparece una vez más la caída desde altura y/o a pozos, como otra de las causas frecuentes de muertes en el trabajo. A esto se suma el derrumbe de edificios o instalaciones.

Los golpes, atrapamientos, explosión de calderas, etcétera, en especial en la industria, son otras de las causas frecuentes de muertes. Esto se explica por la falta de medidas de seguridad, el no mantenimiento de maquinarias y equipos, y la ausencia de dispositivos de seguridad en el equipamiento.

“Este primer anuario tiene como objetivo visibilizar que en nuestro país muere más de un trabajador o trabajadora por día en su puesto de trabajo. Y que estas muertes que se presentan como ‘accidentes’, no lo son. El concepto de accidente implica la idea de un hecho que sucede eventualmente, de manera involuntaria o fortuita, repentinamente y sin que se pueda prever. Por eso, si estas muertes son evitables, no son accidentes: son asesinatos laborales. No sólo son completamente invisibilizados, sino que además quedan completamente impunes: nadie asume nunca la culpa o la responsabilidad por ellos”, afirmaron.