La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) – Argentina, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, se sumará a la Cobertura Colaborativa de la Cumbre de los Pueblos convocada por la Confluencia Fuera G20 FMI, en articulación con otras redes de medios comunitarios como la Red  Nacional de Medios Alternativos y comunicadorxs populares de un amplio espectro social.

Desde hoy, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, mañana en la Plaza de los Dos Congresos de la Ciudad de Buenos Aires y desde la movilización en el marco de la Jornada Nacional contra el G20 y el FMI del viernes 30 estaremos registrando las voces de se darán cita en rechazo a la Cumbre del G20.

Para brindar la mejor información, contaremos con una plataforma digital en el sitio http://vocesnoalg20.org desde donde compartiremos la cobertura a manera de agencia de noticias, para que, desde cualquier lugar del mundo puedan reproducir los
materiales, traducirlos y replicarlos en sus medios locales citando la fuente, bajo la licencia de Atribución 2.5 Argentina ( CC 2.5 AR).

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Sin medios comunitarios no hay democracia.

#FueraG20 #Móvil Giuli Crucianelli desde Capital Federal

Reporte de la conferencia de prensa de la Confluencia Fuera G20, hablan Beverly Keene y Nora Cortiñas. 

El G20 se formó a instancias del FMI a fines de la década del ’90, en medio de crisis financieras en la periferia asiática y con problemas financieros en Brasil y México. Surge como espacio coordinador entre los ministros de finanzas del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) más otros países “desarrollados y emergentes”.

En 2008, el grupo se auto proclamó como el “principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política”.

La Confluencia Fuera G20 manifestó que “en la actualidad, el G20 aborda no solamente temas financieros sino también cuestiones correspondientes a la transición energética, el cambio climático, empleo y educación, salud, agricultura, ’empoderamiento e incorporación de las mujeres al mercado de trabajo’, la economía digital, comercio e inversiones, corrupción y desarrollo”.

Para el gobierno, la reunión de las principales potencias en Argentina será la ocasión para poner “las necesidades de la gente en primer plano”. Este año el foro tratará tres temas principales: infraestructura para el desarrollo, nuevas formas de trabajo y futuro alimentario sostenible.

La economista Beverly Keene, integrante de la Confluencia, dijo a FM De la Calle que “el G20 es una instancia en donde los países del centro, más poderosos, imperialistas, buscan resolver la incorporación de los países del sur -de algunos de ellos, los más grandes, los más endeudados- para que nadie zafe del control de las políticas neoliberales en el norte. Busca profundizar esas políticas y por eso viene a Argentina, porque el gobierno de Macri se ofrece como un canal idóneo para la imposición de esas políticas de saqueo y ajuste y en todo América del Sur”.

Argentina integra el foro desde 1998, en épocas de transición de los gobiernos de Menem-De La Rúa, cuando el presidente saliente fue invitado a diferentes reuniones en Washington debido a Argentina era un “país modelo” para el FMI. Durante ese período comenzó a diagramarse la primera Cumbre G20, la cual contaba con los siete países originales y con la Unión Europea y otros países “emergentes”.

Las instituciones que forman parte del G20 fueron responsables de las crisis financieras y económicas de los últimos años. El FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico participan activamente. De hecho, “el FMI está en el centro de coordinación, realización y monitoreo de las políticas del G20”.

Como parte del Plan de Acción 2030 del G20, Argentina, México y Brasil se comprometieron a: “implementar un plan de consolidación fiscal que garantiza la estabilidad macroeconómica” y a “introducir un programa nacional de reparación histórica para sus jubilados y pensionados para ajustar (¡!) los beneficios jubilatorios y cancelar la deuda acumulada”.

“Por primera vez Argentina preside el club de países que manejan el mundo”, dijo Infobae. Argentina vuelve a ser un país modelo, terreno fértil para la proliferación de políticas que no ofrecen ninguna solución a los grandes problemas globales sino que acentúan la crisis y las desigualdades.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular denunció este fin de semana que la Policía de Córdoba asesinó a uno de sus integrantes, Marcos Soria, en el barrio Angelelli II. El jueves pasado la Bonaerense fusiló a otro miembro de la CTEP, Rodolfo Orellana, cuando participaba de una toma de tierras en La Matanza.

“Venía a la madrugada a acostarse a su casa, en una cuadra lo para la policía para hacerle el control, él empezó a correr porque vio que era el policía que siempre le pegaba y lo verdugueaba”, dijo a FM De la Calle, Silvia, cuñada de Soria.

Agregó que “los policías lo corrieron, lo alcanzaron, lo mataron a golpes. Se subieron al móvil, de ahí vinieron de un costado al otro del barrio, lo vuelven a bajar, le vuelven a pegar, lo arrodillan a golpes, él intenta escapar de nuevo y ahí cuando corre cinco metros o más, tiran un tiro al aire y otro lo fusiló. Él no corría, se paró, no tenía ni un arma, nada”.

Marcos tenía 32 años, una compañera, un hijo de cuatro años y una hija de once meses. “Vivía con su sonrisa día a día, si podía te ayudaba, es un compañero de la organización, un cartonero o carrera y se ganaba la vida”.

CTEP destacó que su cuerpo fue retirado tres horas después del fusilamiento por parte de policía judicial: “tiempo suficiente como para modificar la escena del crimen”.

La organización exigió en su comunicado del fin de semana información sobre el paradero de Oscar Campos. Según informó Silvia “a ese compañero lo han detenido porque andaba por la calle y ha visto cómo lo mataban a Marcos”. Sin embargo, “está detenido por el homicidio de Marcos”.

El jueves por la madrugda fusilaron en el suelo con bala de plomo a Rodolfo Orellana, militante de OLP de Villa Celina, cuando se manifestaban en defensa de tierras en Puente 13 en La Matanza. Otres cuatro militantes fueron detenidxs.

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la ley de Identidad de Género en el deporte. A partir de ahora, los clubes, ligas, asociaciones y federaciones deportivas que impidan la participación de deportistas o realicen su inscripción en un género distinto al auto percibido serán sancionados”.

“Más que feliz de esta nueva conquista que amplía en derechos consagrados como la ley de identidad de género, garantizando que se respete y que nadie sufra imposibilidades para acceder a los ámbitos deportivos”, manifestó la activista trans y deportista bahiense Saira Millaqueo.

La norma, presentada por el senador Federico Susbielles, establece que “a los fines de la registración, inscripción, participación y competición en el marco de las actividades deportivas, de una liga, federación o confederación en el territorio provincial, sea de carácter amateur o profesional, se entenderá por género a aquel que fuera auto percibido por la persona deportista”.

En su fundamentación, se destaca que “los discursos biológicos sobre las diferencias corporales carecen de toda validez puesto que la ley nacional (…) cancela su pertinencia” y define “al género, por fuera de las construcciones sexuales, como ‘la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo’”.

Cada vez falta menos para la cumbre del G20 en la cual 19 países y la Unión Europea se reunirán para definir el rumbo de la política económica y financiera del resto de mundo. Buenos Aires será el epicentro del encuentro. La Capital estará severamente controlada por las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich y efectivos que traerá cada presidente.

La Confluencia Fuera G20-FMI propone desarmar mitos acerca del foro y proponer una alternativa. Desarrollarán la Semana de Acción contra el G20 con actividades a cargo de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y feministas que culminarán con una marcha el 30 de noviembre.

Beverly Keene, integrante de la Confluencia, conversó con FM De la Calle, acerca de uno de los ejes de la cumbre: la “infraestructura para el desarrollo”.

“Cuando el G20 habla de infraestructura para el desarrollo habla de privatizar la obra pública y ahí viene también el acuerdo con el FMI que apunta en la misma dirección y busca asegurar que las inversiones privadas de infraestructura sean rentables. Esto es un peligro para todos los países porque tradicionalmente las grandes obras públicas no son rentables o son rentables a muy largo plazo e incumben riesgos para quienes invierten en ello. Están  buscando mecanismos para que el Estado, el público, nosotros también, asumamos los riesgos y el desafío. Eso significa más riesgo y más endeudamiento para Argentina”, aseguró Keene.

Respecto al modelo energético de Vaca Muerta, planteado desde el gobierno como solución a grandes problemas energéticos, de empleo y desarrollo, comentó que “es el ejemplo claro del modelo agroexportador que el G20 discute en este momento y busca condiciones para tornarlo aún más rentable. Es el incremento del modelo extractivista, los pueblos sufren costos y daños”.

Agregó que “el Estado se endeuda para mantener ese modelo y permite las inversiones de las empresas ofreciendo, por ejemplo, la exoneración de impuestos. Los beneficios se van para afuera y las deudas se quedan adentro”.

“Vemos  que las políticas del G20 y FMI coinciden con las políticas del gobierno de Macri, buscando profundizar ese modelo y expandirlo”, concluyó.

Ya son ocho los jóvenes muertos tras el incendio de la Comisaría 3º de Esteban Echeverría ocurrido el jueves. Se trata de la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas. El edificio estaba clausurado como lugar de detención, sin embargo, había 27 personas.

La Comisión Provincial por la Memoria afirmó que “es el resultado directo del hacinamiento y la sobrepoblación, entre otros factores de violación de derechos en contexto de encierro, de una política criminal que persigue y encierra a los pobres”.

Sandra Raggio dijo a FM De la Calle que “en 2015 ya presentamos una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio lugar, por la situación de las comisarías”.

“Lamentablemente, después de esa presentación, ocurrió la masacre de Pergamino y ahora ocurre la masacre de Esteban Echeverría. Y además, cada vez peor. La verdad que es bastante -no sé cuál sería la palabra- decepcionante es demasiado poco, desolador, pensar que frente a estos acontecimientos tan aberrantes no haya decisiones políticas que se correspondan con la gravedad de los hechos”.

-Ustedes hablaron con sobrevivientes y descartan cualquier versión referida a un motín o fuga. ¿Qué testimonios recogieron?

No, No, ni motín ni fuga ni nada. Había una situación de sobrepoblación en el lugar, eso está claro. Esa comisaría estaba clausurada como lugar de detención por una resolución del año 2012 del Ministerio de Seguridad que después hizo oídos sordos a su propia resolución y empezó a mandar detenidos ahí. En marzo de este año por un habeas corpus que presentó el Juzgado de Garantías de Esteban Echeverría, el juez de garantía ratificó la clausura y ordenó que de manera inmediata se desalojara la comisaría, se lo ordenó hasta a la gobernadora María Eugenia Vidal. Dio la orden el juez porque peligraba la vida de las personas. También elevó por desobediencia la causa a la fiscalía y tampoco hubo avances en ese tema.

Acá las responsabilidades funcionales son claras, más allá de lo que ocurrió. Porque la cuestión del fuego es una forma de protesta muchas veces de los propios reclusos. Pasó en Pergamino, pasó acá, pasó en Magdalena. El tema es cómo responde el Estado que tiene a esas personas en custodia. Era un lugar que realmente era una ratonera porque no tenía ningún tipo de ventilación, estaban hacinados y creemos que la justicia, que fue quien ordenó que desalojaran el lugar, ahora debería abocarse a la investigación de las responsabilidades funcionales que expliquen la muerte de estas ocho personas y dos que están en extrema gravedad.

Raggio manifestó que “hay testimonios de las personas detenidas de la celda 2, que sobrevivieron todos, que en un momento cuando empieza el incendio ellos se despiertan por el fuego y entonces van a intentar mojar las toallas, que es como una medida de protección por el tema del humo, y cuando van a abrir las canillas no salía agua. Hay que investigar por qué no sale agua. Según las personas que estaban allí siempre había agua, en ese momento no había agua”.

Por otra parte, destacó que “hay una política de persecución penal, de encarcelamiento, orientada a estos eslabones más débiles del delito y de delitos no graves que no hay distinción. La policía capta para el sistema penal, las fiscalías convalidan, los jueces terminan convalidando las privaciones de la libertad. Ahí tenemos un montón de gente procesada en comisarías, por delitos menores que serían excarcelables. Algunos también eran por tenencia simple de estupefacientes”.

“La única forma de resolverlo es repensando la política criminal. No vamos a resolver el problema del narcotráfico persiguiendo al consumo, no vamos a resolver el robo de autos y el mercado ilegal de autopartes persiguiendo solo a los que roban el auto. Si no nos avocamos a la investigación de delito complejo, de las redes delictivas, de los mercados ilegales y todavía estamos esperando que haya una política de seguridad”.

“Hay también una sensación de inseguridad ligada con lo que pasa en la calles, con el hurto que a la gente pareciera que le parece bien que todo eso que le puede causar un daño a uno de manera directa esté preso. Pero en un mapa de la inseguridad no es lo prioritario. Para que haya mayor seguridad lo que hay que tratar de resolver son las cadenas delictivas que organizan el delito”, dijo.

La integrante de la CPM comentó que el organismo aborda el debate de la seguridad “porque pareciera que a los que defendemos los derechos humanos no nos importan las políticas de seguridad”.

“Estas políticas de seguridad ligadas con la mano dura, con el aumento de la crisis de inflación, etcétera, no dan ningún resultado. Si se sigue invirtiendo y gastando plata en políticas de seguridad, se desatienden las otras áreas del Estado que deberían estar. Se desatiende la promoción y protección de niños, niñas y adolescentes que tiene 0,37% del presupuesto del año pasado del año pasado, 38% que tiene seguridad y capaz están subejecutados esos presupuestos”.

Raggio concluyó: “La justicia se lo advirtió a la gobernadora, al ministro Ritondo, no sólo nosotros como organismo de derechos humanos, la propia justicia, y desoyen las órdenes de las justicia. Entonces, cómo vamos a tener una ciudadanía responsable, una ciudadanía que esté ligada con la ley y respeto a las instituciones si el propio Poder Ejecutivo no respeta las órdenes de los jueces”.

Un proyecto de ordenanza para proteger los datos personales de los que dispone el municipio presentó en el Concejo Deliberante, Martín Moyano, quien gestiona el sitio Bahía Segura.

La regulación propuesta alcanza a las plataformas digitales, las aplicaciones móviles y las imágenes audiovisuales del Centro Único de Monitoreo y a todas aquellas que generen bases de datos con información de vecinas y vecinos.

Como ejemplos, Moyano mencionó la aplicación del sistema de parquímetros o VotAPP. “No tenemos responsables individualizados de esas bases de datos ni conocemos con certeza el destino de las mismas, tampoco contamos con canales de acceso que nos permitan conocer la información que el municipio tiene de nosotros, ni para solicitar que se rectifiquen en caso de que contenga errores”.

Moyano comentó que “las características sociales y políticas de las últimas décadas hacen que los municipios avancen cada vez más en el desarrollo de estas herramientas a nivel local para promover la participación y el acceso sencillo a las herramientas de gestión municipal”.

“Estos avances son tan vertiginosos que muchos de ellos se producen y desarrollan antes de que existan regulaciones pertinentes y efectivas para el correcto uso o prevención respecto de un mal uso de la información que a través de estas aplicaciones se recolecta”.

La iniciativa pretende “ordenar y reglamentar el uso de datos brindados u obtenidos por otros medios en todas sus etapas de recolección, alojamiento, utilización, cesión y eliminación de datos personales de los ciudadanos”.

Son considerados “datos personales” todos aquellos que permitan la individualización de personas como: DNI, dirección, teléfono, situación crediticia, imágenes personales, fotográficas o de video filmaciones, estados de deuda, claves personales, cuentas de correo, números telefónicos.

El proyecto establece que “toda persona que intervenga en cualquier instancia del tratamiento de datos personales recolectados por el ámbito público del Municipio de Bahía Blanca estarán sujetas a guardar secreto y garantizar la confidencialidad con carácter indefinido sobre los mismos y serán responsables por cualquier mala utilización”.

Respecto al Centro Único de Monitoreo, Moyano propone la elaboración de “un protocolo oficial para reglamentar el uso y difusión de las imágenes digitales obtenidas mediante el sistema de cámaras de vigilancia, como así también de los procedimientos administrativos que deberán cumplirse para acceder a esa información por parte de los vecinos en el uso de legítimo sus derechos cuidando siempre de garantizar el acceso efectivo a la información”.

Durante la cumbre del G20 que se realizará a fines de noviembre en Buenos Aires, los presidentes de los países mas influyentes del mundo debatirán acuerdos para “revitalizar el sistema actual de comercio”.

Desde la web oficial aseguran que “la presidencia argentina propuso continuar las discusiones hacia un sistema de comercio inclusivo que contribuya al desarrollo justo y sostenible, para que los beneficios del comercio y las inversiones lleguen a todos y para que las personas puedan afrontar los desafíos y las oportunidades de la globalización y de los avances e innovación tecnológica”.

Javier Echaide, abogado y doctor en Derecho Internacional en la UBA, aseguró que en términos de comercio e inversiones, las intensiones de Argentina como sede del foro son ni más ni menos que “meterse en estas cadenas globales de valor que favorecen a los sectores más pudientes de la sociedad, el trabajador termina pagando con la degradación de sus derechos, aumento de los costos sociales, mayor desempleo”.

¿De quiénes son mis datos?

Uno de los ejes del área de negocios de la cumbre es lo que denominan “Nueva Revolución Industrial” y que, según Echaide, “se hace a partir de la comercialización de las plataformas de internet como, por ejemplo, pedir algo por una app y allí viene involucrada la generación de datos. Si yo pido una pizza a cualquier lado y me lo trae un muchacho en una bicicleta que ya no es el delivery de la pizzería sino que es un chico que está contratado por una empresa trasnacional por una aplicación del celular que se dedica a eso, eso crea un perfil de negocios, que es distinto y que no se conocía hasta ahora”.

Esta información sobre perfiles de consumidores según preferencias se denomina “Big Data” y el conflicto se presenta a la hora de decidir a quiénes le pertenecen esos datos y, por consiguiente, quién puede comercializarlos, venderlos o intercambiarlos por otro tipo de información. “Los bancos viven comprando y vendiendo estos datos sobre nuestras cuentas personales en términos financieros, desde hace ya muchos años”, aseguró Echaide.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea está en negociaciones desde hace varios años. La Unión Europea tiene reparos sobre la colocación de producciones que vienen de países que denominan “subdesarrollados”  por el riesgo que eso conlleva.

“Paradójicamente Argentina es uno de los países en este momento que más le llega la apertura comercial. Digo paradójicamente porque Argentina tiene una crisis en la balanza de pagos, una crisis en la fuga de capitales, abrir las importaciones implica tener que pagar eso con fuga de divisas. El gobierno argentino tiene fe en el libre comercio y desea firmar este acuerdo  con la UE”, comentó Echaide.

(Por Facundo Muñoz) Silvia Piceda y Sebastián Cuattromo hablan con un lenguaje claro y simple. Se presentan contando sus historias y relatan con crudeza -pero sin morbo- cómo fueron abusadxs. Sus historias no son sólo la carta de presentación que utilizan en las charlas que dan a lo largo y ancho del país sino que también son una puerta para visibilizar una problemática latente en nuestra sociedad.

Ayer se conmemoró el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.

Cuando se les pregunta cómo deciden formar la ONG Adultxs por los derechos de la infancia y cómo trabajan, Silvia responde: “Los dos veníamos de nuestros caminos de lucha. Yo venía como madre protectora, Sebastián venía de su juicio y habiendo podido poner en la cárcel al que fue su agresor. Y los dos teníamos la visión de que este delito no tiene que ver con la vida privada de las personas, no tiene nada que ver con la intimidad, tiene que ver con un comportamiento social”.

“Había que hacer público esto, porque esto es un problema de toda la sociedad y es la sociedad adulta la que lo va a resolver. Entonces, por un lado tenemos el grupo de ayuda de pares, que era lo que yo venía haciendo con otro grupo de madres, que es, evidenciar el poder sanador de la palabra. Y por otro lado la visibilización que es esto, ir a todos los lados en los que nos llaman para contar esto, en base a nuestros testimonios, nosotros no hablamos como científicos sino desde nuestros testimonios”, asegura.

Paradigmas y retóricas

Una revolución se produce cuando se encuentran anomalías que no pueden ser expresadas por el paradigma universalmente establecido y aceptado. El paradigma no es simplemente la teoría vigente sino la cosmovisión dentro de la cual existe y sus implicancias. En todos hay anomalías que se descartan como niveles de error aceptables o simplemente se ignoran.

Vivimos bajo un paradigma sobre el cual Silvia sostiene que “desde la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, la Ley de ESI (Educación Sexual Integral) y demás, todo habla de que el niño es reconocido como sujeto de derecho. Eso antes no existía porque la infancia, en verdad, no era reconocida como una instancia particular de la vida del humano. En algún momento se empieza a reconocer a la niñez, ese es el paradigma. El tema es que cuesta muchísimo que ese paradigma pase del papel donde están puestos y acordados los derechos, que pasen a la vida cotidiana cuando tenés que defenderlos”.

Existen retóricas hipócritas de las cuales nos sostenemos para poder seguir avalando el paradigma de los derechos de lxs niñxs. Silvia comenta que tienen que ver con que “Occidente es el defensor de los derechos de infancia o es el defensor de los derechos humanos y eso es una retórica que no es real. Porque vemos que en Estados Unidos, Europa, acá y demás, la infancia no es defendida”.

“Esta sociedad además de patriarcal y machista es adultocéntrica. Todo gira alrededor de las necesidades, tranquilidades y objetivos de los adultos. No es real que el niño en la infancia sea tenido en cuenta, ni siquiera para generar políticas. Porque vos pensá cuando vas a votar a las múltiples personas que se presentan: ¿alguno de nosotros le preguntamos cuál es su programa de infancia? A nadie le importa”.

El Estado que siempre falla

El sistema de 0800 del programa “Las víctimas contra las violencias”, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2016 se registró que las niñas mayores de 5 años son las principales víctimas.

El 53% de los casos ocurre en los hogares de las víctimas y el 18% en el hogar del agresor. Este dato se condice con la estadística que demuestra que el 75% de los agresores son familiares: el 40% de ellos son padres de las víctimas.

La estadística se registró entre el 19 de noviembre de 2017 y el 19 de diciembre de 2016. Vale destacar que estas cifras existen porque hubo denuncias. ¿Qué pasa con aquellos casos que no son denunciados? ¿Y con aquellos que tienen como víctimas a niñxs institucionalizados? ¿Dónde está el Estado protector en ese momento?

Silvia Piceda comenta: “El Estado no es protector de la infancia. Una figura del Estado es el Poder Judicial. Y si vos tenés un Poder Judicial que en lugar de reconocer que el abuso existe, que es muy frecuente, que los abusadores en la mayoría de los casos son adultos y que en verdad tenés que buscar al responsable y lo que hacen es todo lo contrario, tratando de demostrar que todas las denuncias son falsas, en verdad el Estado esta faltando en la protección de los derechos de la infancia”.

A eso hay que sumarle que “falta capacitación en todos los niveles. En el Poder Judicial, en Salud, en trabajadores sociales, en psicólogos, a todos los que trabajamos en lo que tiene que ver con el trato con seres humanos, nos falta formación en temas específicos graves, por ejemplo, el abuso sexual contra la infancia”.

Cambiar la realidad de lxs niñxs y salvaguardar sus derechos debe ser un compromiso que la sociedad debe asumir para acabar con los abusos sexuales contra la infancia.

Pensar en nuevas formas de comunicarnos con lxs más chicxs y hacer de la igualdad una realidad. Entender que existen otras realidades posibles en las cuales primen los derechos de todos los sectores sociales debe ser nuestra forma de evolucionar hacia una sociedad que se haga cargo de sus problemas.

El sábado a las 19 se proyectará la película “Toda esta sangre en el monte” con presencia de su director Martín Céspedes. La actividad es organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego   en el salón de la AJB (Ing. Luiggi 63).

La película relata la situación actual del movimiento campesino, específicamente la situación que ha atravesado el MOCASE de Santiago del Estero a lo largo de los últimos años, y repasa sus estrategias de organización política-social.

“Es también sobre la violencia. Una violencia económica de un capital que llega a los territorios campesinos con una lógica de acumulación y que lo que hace es destruir comunidad, territorios y cuerpos;  una violencia política de gobiernos que hacen la vista gorda permitiendo que ese capital entre e irrumpa y con una violencia institucional-judicial que lo legitima, lo avala a través de la impunidad”, contó Céspedes a FM De la Calle.

Parte del largometraje cuenta el asesinato de Cristian Ferreyra, hecho ocurrido en 2011 mientras defendía su territorio de sicarios que trabajaban para un empresario agropecuario de la zona. Se “toma de excusa el juicio de los asesinos de Cristian para dar puntapié a lo que es este conflicto y poder conocer un poco la realidad que se está viviendo en Santiago del Estero, tanto lo que es la organización política como a los modos de vida”.

“Porque al fin y al cabo la lucha por la tierra en realidad es una lucha por un modo de vida que quizás quienes habitamos las ciudades esos modos de repensar nuestras vidas están más relegados, quizás estamos más centrados en cuánto más de esa renta del capital podemos acaparar para poder vivir mejor”, afirmó.

Toda esta sangre en el Monte tardó varios años en poder terminarse y, según el director, es “una película que se explica así misma, esos modos de vida, esos conflictos, los vemos a través de la observación y me parece que es lo más interesante que tiene. Es como estar ahí viviendo las situaciones y me parece que la película en ese sentido se muestra bastante bien sola”.

“La construcción del documental es también una construcción colectiva con la organización campesina, yo no quería caer con la película del porteño que va a mostrar cómo viven los campesinos (…) y para eso no hubo un guión previo marcado al cual ir a filmar, sino que fue ir y devenir en el lugar lo que surgiera. Fue algo muy interesante, muy enriquecedor y que también termina de alguna forma aportando a toda esa riqueza y a lo multifacético que es la organización campesina. El MOCASE es realmente muy potente, imaginemos que están luchando contra un poder gigantesco que es el agronegocio y al día de hoy no han perdido ni un metro de tierra”, finalizó.

El interbloque Cambiemos logró superar la parada más importante del año legislativo que termina. Con apoyo de una porción del peronismo de Miguel Pichetto y de partidos provinciales, el oficialismo consiguió sancionar en el Senado el Presupuesto 2019, que recibió 45 votos afirmativos, 24 negativos y una abstención.

El proyecto, que es el tercero de la gestión de Mauricio Macri, fue aprobado al cabo de un debate de alrededor de doce horas, donde quedó al desnudo la división en el interbloque Argentina Federal. Nueve senadores de ese espacio votaron en contra, con el formoseño José Mayans a la cabeza, mientras que otros doce lo hicieron a favor y uno se abstuvo: el correntino Carlos “Camau” Espínola.

Acompañaron a Cambiemos los integrantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Guillermo Pereyra y Lucila Crexell; los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana; y Ada Itúrrez de Capellini y Blanca Porcel de Riccobelli, del Frente Cívico Santiagueño referenciado en el gobernador Gerardo Zamora. Los otros senadores que se inclinaron por el “sí” fueron los salteños Juan Carlos Romero y Cristina Fiore, y el santafesino Carlos Reutemann.

Por el contrario, fueron por el rechazo el Frente para la Victoria-PJ de Cristina Kirchner; los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo; el porteño Fernando “Pino” Solanas; y la rionegrina Magdalena Odarda.

Hubo solo dos ausencias y una de ellas fue la del radical Eduardo Costa, quien en las horas previas a la sesión se había rebelado sorpresivamente contra el Presupuesto, reclamando obras para Santa Cruz. El otro que no participó de la votación fue el santiagueño Gerardo Montenegro.

La sanción del Presupuesto le permitirá al Gobierno dar una doble señal: por un lado, al Fondo Monetario Internacional (FMI), en virtud del polémico acuerdo firmado este año; y por otro, a los países que integran el G20 en la previa de la cumbre que tendrá lugar entre el 30 y el 1ro. de diciembre en Capital Federal.

Entre sus principales variables, la “ley de leyes” prevé para 2019 una inflación interanual del 23% al mes de diciembre; un dólar promedio a 40,10 pesos; y una caída del 0,5% del PBI. Además, el 77% del gasto primario se destinará a servicios sociales, y se estima una caída del consumo privado del 1,6%.

Al cierre del debate, cerca de las 2 de la madrugada del jueves, Cristina Kirchner sostuvo que “no se sale de la recesión ajustando el gasto público” y alertó: “Lo que vamos a hacer con este Presupuesto es profundizar el sufrimiento de la sociedad argentina, y además va a ser un sacrificio inútil. Todos sabemos que la recesión se va a profundizar”.

Por su parte, Pichetto reiteró que “no votar el Presupuesto no cambia el rumbo económico” y que es necesario aprobarlo para evitar discrecionalidad en la ejecución de fondos. Pero además, se refirió a las movilizaciones contra la ley: “Tenemos autonomía de lo que pasa en la calle. Nunca la votación de un Presupuesto fue un hecho insurreccional. Son estimaciones, que se pueden cumplir o no”.

En tanto, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, explicó: “Tenemos un Presupuesto de emergencia producto de factores externos -la crisis internacional-, e internos -la sequía-; pero también el factor económico de la causa de los cuadernos, que ha paralizado las obras públicas”.

El radical también defendió el acuerdo con el FMI, al señalar que “la historia de la Argentina” con este organismo de crédito “no es nueva”, ya que “se suscribieron 26 acuerdos con ese organismo durante gobiernos radicales, justicialistas, militares y desarrollistas”. “No es bueno ni malo, se recurrió cuando hubo situaciones de crisis”, sintetizó.

La apertura del debate estuvo en manos del presidente de la Comisión de Presupuesto, Esteban Bullrich (Pro), quien casi como un dogma precisó: “Es falso que consumir es mejor que ahorrar, es falso que ordenar el Estado es ajustar oportunidades y es falso que los recursos del Estado son infinitos”.

El macrista sostuvo que la inflación “no es gratis” y que está vinculada a “un pasado que los argentinos no quieren volver”. “El déficit es el desahorro. Esto no es una herencia recibida, no es culpa de un gobierno o de un partido. Esto viene de más atrás y la única forma de dejarlo atrás es si lo hacemos juntos”, dijo Bullrich.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Marcelo Fuentes, sentenció que “el gobierno de Cambiemos solo ofrece a los argentinos más ajuste, precarización, endeudamiento y recesión”.

Sentado a la derecha de la expresidenta Cristina Kirchner, Fuentes denunció que “es cínico presentar como una virtud los programas de emergencia que crean para paliar la crisis que ellos generaron”.

El neuquino remarcó que “es la primera vez en la historia argentina donde un Presupuesto viene a declarar que el país va a involucionar, y lo presentan como una virtud”, cuando “normalmente un gobierno, ante un panorama como el que describen, busca medidas para evitar esa debacle”.

Por su parte, Mayans denunció que el Gobierno “ha hecho un endeudamiento brutal” que de acuerdo a este Presupuesto será de “casi 400 mil millones de dólares”. Además, indicó que “este gobierno ha tenido una de las inflaciones más altas de la historia argentina” y pronosticó que “este año va a ser de casi el 50%”.

Desde el bloque del Frente para la Victoria hubo discursos tan duros como el de Mayans. El jefe de esa bancada, Marcelo Fuentes, alertó que “el gobierno de Cambiemos solo ofrece a los argentinos más ajuste, precarización, endeudamiento y recesión”.

“Es cínico presentar como una virtud los programas de emergencia que crean para paliar la crisis que ellos generaron”, subrayó el neuquino, que abrió la lluvia de críticas que siguió después con Ana Almirón, Silvina García Larraburu, Anabel Fernández Sagasti, Nancy González, María de los Ángeles Sacnun, María Inés Pilatti Vergara, Ana María Ianni y la propia Cristina Kirchner.

Por el MPN, Crexell anticipó su voto a favor “desde la convicción de la importancia de dar señales que acompañen la gobernabilidad”. “A pesar de nuestras observaciones, entendemos que debemos dar signos de madurez política”, dijo la neuquina, alineada esta vez con su par Pereyra.

En cambio, la puntana Catalfamo advirtió que este Presupuesto “de argentino y popular no tiene absolutamente nada”, y lo consideró “desfasado de la realidad que viven los argentinos todos los días”, al poner como ejemplo que se proyecta un dólar a 40 pesos, valor superado por las bandas cambiarias.

En nombre del radicalismo, Ángel Rozas reconoció que “no es el Presupuesto ideal, pero que es el Presupuesto posible, al que llegamos después de un entendimiento con un grupo importante de gobernadores y de opositores”.

Fuente: Parlamentario.com

Este jueves se realizará la cuarta audiencia del Juicio Armada II. Por primera vez en el marco de las causas por crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Oral sesionará en su sede de Chiclana y Lavalle.

Desde las 10:30 tendrán oportunidad de ampliar sus indagatorias algunos represores que no fueron convocados durante las audiencias de principios de mes y luego se escuchará a la primera testigo del debate.

Son juzgados 18 imputados por hechos cometidos contra 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias son orales y públicas, mayores de 18 años deben concurrir con DNI.

Durante la audiencia del 1 de noviembre, las defensas argumentaron contra el pedido de la Fiscalía para ampliar la acusación e incluir a los delitos sexuales de manera autónoma a las torturas. El reclamo fue finalmente descartado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.

Como cuestión preliminar el defensor Guillermo Fanego se despachó contra un informe sobre “condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos”, al cual calificó como “una cuestión tendenciosa e ideológica para condicionar al tribunal”.

Además, mostró su “asombro” ante la participación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante y a la vez representante de H.I.J.O.S. y solicitó que el tribunal se haga cargo de la citación de testigos y “no el Poder Ejecutivo a través de los esbirros que tiene en la Secretaría de Derechos Humanos”.

“El programa Verdad y Justicia se creó a partir de la desaparición del testigo (Jorge Julio) López, tiene en vista todos los estándares internacionales para la protección de los y las testigos y se ha dado traslado a todas las partes de qué manera se va a citar a los testigos y los índices de peligrosidad de cada juicio”, respondió Mónica Fernández Avello.

Agregó que “la participación de la Secretaría fue decidida por un decreto del Poder Ejecutivo donde el Estado pasó de ser en la dictadura opresor y asesino a un Estado en representación de las víctimas. Yo estoy acá en representación del Estado y de todas las víctimas”.

Las defensas particulares se refirieron a la “ilegalidad del proceso” por considerar que se encuentra afectada la independencia del tribunal, la “falta de constitución debida” y la “prescripción y afectación a la garantía de defensa en juicio”.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani manifestó que fueron “refritos tediosos de lo que estamos escuchando hace bastante tiempo por algunas defensas y que ya están absolutamente definidos por la Corte Suprema”.

“A lo largo y ancho del país hay más de 180 sentencias dictadas por tribunales orales, confirmadas hasta un 30% por la Corte y obviamente pasadas por la Casación. Para Palazzani “son temas definidos” que componen “una conquista del pueblo argentino”.

Al día siguiente los jueces rechazaron los pedidos de los defensores y comenzaron a llamar a los imputados para que brinden sus datos personales y tengan oportunidad para ampliar sus indagatorias. La mayoría se negó a hacerlo o se acogió a su derecho de hacerlo en otra etapa del debate.

La Cámara de Diputados tratara el próximo miércoles una reforma a la Ley de Semillas la cual obligaría a agricultores a pagar regalías por las semillas y permitiría la persecución judicial en caso de no hacerlo.

Desde la Asociación por la Justicia Ambiental alertaron que la ley “Monsanto-Bayer” busca cercenar el derecho de uso propio. “Este derecho implica la posibilidad del agricultor de reservar semillas de su cosecha para resembrarlas en el siguiente ciclo, un derecho milenario de los agricultores que han desarrollado y perfeccionado sus técnicas que hoy pretende ser privatizadas por las corporaciones, quienes intentan adueñarse de nuestra semillas y por ende de nuestra alimentación”.


El dictamen firmado ayer fue impulsado por Atilio Benedetti, diputado de Cambiemos y presidente de la Comisión de Agricultura.

“La regulación sobre la propiedad intelectual de las semillas implica un debate directo sobre la posibilidad de apropiación y de mercantilización de nuestros bienes comunes y, siendo la semilla para el productor el primer eslabón del proceso productivo, deviene elemental su resguardo para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos”, afirmaron.

A los fines de verificar la legalidad de la semilla que le dio origen, “el Instituto Nacional de Semillas tendrá acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre y podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier otro parámetro que resulte de interés a los fines de esta ley”, estipula uno de los párrafos del dictamen.

La AJAM señaló que a través de esta normativa “el Poder Ejecutivo Nacional podría violar los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación adecuada reconocidos en la Constitución Nacional, al restringir el derecho ancestral de los agricultores a reservar e intercambiar libremente las semillas, base de la reproducción de la vida misma y presupuesto esencial del ejercicio de dichos derechos”.

El boleto de colectivo en Bahía Blanca aumentó casi el doble que el salario mínimo, vital y móvil entre 2015 y 2018. El dato surge de un estudio realizado por el Centro de Economía Política de Argentina.

Para un usuario o una usuaria que sube al transporte público de lunes a viernes con pasaje de la primera sección, el impacto proporcional a su ingreso pasó del 3,5% en enero 2015 al 6,8% en junio 2018.

En enero, el nuevo cuadro tarifario estableció subas cercanas al 40% sobre el régimen vigente durante 2017. Así, la tarifa plana (1ra sección) de 12,55 subió a 17,30 pesos. En junio se reajustó el boleto en un 10%, llevando la tarifa plana (1ra sección) de 17,30 a 18,95 pesos.

“Al comparar la evolución de la tarifa plana desde el año 2015, es posible observar un aumento sustancial, que acumula un incremento del 192% si se compara con el último registro disponible en el año 2018. En el mismo período el SMVM aumentó 101%”, advirtieron desde el CEPA.

El informe agrega que en un segundo escenario, contemplando la utilización de lunes a sábado a la misma sección, se pasó del 4,2% al 8,1% en el mismo período.

En el tercer escenario, de lunes a viernes, la participación sobre el SMVM pasó del 6,6% en enero 2015 al 9,3% en junio de 2018. La tarifa utilizada responde al régimen de 80 pasajes mensuales utilizados.

El cuarto caso, utilizando este servicio de lunes a sábado, pasó del 8% al 11,2% en el mismo período. En este caso también, la tarifa utilizada responde al régimen de 80 pasajes mensuales utilizados.

Por último, en el quinto caso, de utilización más espaciada (utilización del colectivo 3 veces por semana, 3 semanas en el mes a la segunda sección) sin tener ningún descuento es decir, utilizando la tarifa plana. Entre enero 2015 y junio de 2018 el peso sobre el SMVM pasó de 2,8% a 4%.

Mañana el Senado tratará el proyecto del Presupuesto 2019 y afuera del Congreso habrá nuevamente manifestaciones de centrales gremiales y organizaciones sociales y políticas.

En Bahía Blanca la CTA, ADUNS, SUTEBA, CeHum, Científicos y universitarios convocan a un paro y una movilización que partirá a las 10 desde la Plaza Rivadavia.

“Ese día se intenta consumar lo que no es un presupuesto sino una sentencia, no una sentencia judicial pero sí una sentencia política sobre el conjunto de la clase trabajadora, por la vulneración que representa sobre los derechos sociales más básicos de las mayorías”, comentó Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA Bahía Blanca- Dorrego.

La dirigente de la CTA Autónoma dijo a FM De la Calle que “es un presupuesto diseñado por el FMI, que sigue teniendo políticas que van en contra del derecho a la salud, educación, seguridad social. Sigue ajustando a los bolsillos de los trabajadores. Por eso estamos planteándole a los senadores que entiendan que la protesta social está muy vinculada a la defensa de los derechos. Darle media sanción significa atacar a los bolsillos nuestros, significas más tarifazos, despidos, desfinanciación”.

El titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, comentó que para la comunidad universitaria “es la condena que nos han puesto las federaciones docentes que hace 60 días firmaron una paritaria por el 25%. Estamos pidiendo la apertura de las negociaciones salariales porque para nada nos vamos a conformar con un bono de cinco mil pesos, que ni siquiera sabemos si nos va a corresponder, en negro, a pagar en no se sabe cuántas cuotas y que queda al arbitrio de los sectores patronales”.

“Pensaba en Sandra y Rubén, dos compañeros que perdieron la vida, y toda esta situación nos remite a eso. Vamos a estar el año que viene en peores condiciones, el ajuste va a ser más brutal y no sería extraño que se repitan estas situaciones y que para nada fue una accidente sino producto del ajuste”, dijo Ana Canullo, dirigente de SUTEBA.

“Nos parece que aquella dirigencia sindical que se baje de la decisión de llevar adelante una medida de fuerza por un bonito de 5 mil pesos en dos cuotas, está defendiendo intereses que no son los de la clase trabajadora sino que simplemente están conformando un ejército de salvación de los patrones y del gobierno. Es indignante la conducta de este sector de la dirigencia sindical”, manifestó Gandolfo.

Escuchá la entrevista con Enrique Gandolfo:

Días después de la victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, Julia Giménez, licenciada en Historia, doctoranda en la Universidad Estadual de Campinas y colaboradora de FM De la Calle pasó por los estudios de la radio para analizar la situación actual del país más grande de Latinoamérica.

Brasil se encuentra convulsionado luego del triunfo del candidato de la derecha. Desde la campaña se registraron manifestaciones de violencia en aumento y se profundizaron la militarización y la persecución directa a sectores organizados.

Giménez participará de una charla-debate mañana martes 13 a las 19 en la Sala de Conferencias del 8º piso del Departamento de Humanidades de la UNS, 12 de octubre y San Juan.

“Es preocupante pero, al mismo tiempo, lo que se vio desde el primer turno, quizás tarde, hasta hoy, es un proceso de resistencia que de alguna forma nos tiene a todos unidos. Esa frase que circula ‘nadie suelta la mano de nadie, todos juntos y unidos’, es lo que se espera que se mantenga; tanto de los sectores organizados, de las izquierdas, como también de aquellos que pos primera vuelta salieron a las calles auto convocándose para intentar dialogar con esas personas que estaban confundidas, que estaban engañadas por el uso de determinadas empresas que circulan información falsa y cómo eso interfirió en el final de las elecciones. Se requiere de un trabajo que va a ser cotidiano, tanto de resistir, de protegernos, porque sabemos que eso también va a ser un elemento importante para continuar la lucha en Brasil”.

Para la historiadora de la Universidad de Sur residente en Brasil, la figura de Paulo Guedes es fundamental para entender lo que sucedió el 28 de octubre. “Pablo Guedes es un aliado, un Chicago Boy, que se enlaza directamente con el proyecto de Pinochet en Chile, que sigue vigente hoy, y que lo que promete es traer ese paquete neoliberal que circula en la región desde los años ‘70 para acá e implementarlo finalmente en Brasil. No es un proyecto novedoso, más allá de las figuras, pero cuando se empieza a escarbar un poco de dónde viene este proyecto que intentan implementar estos sectores y cuáles son los intereses que hay detrás… vemos el juego que estaban preparando”.

Giménez aseguró que “con el nombramiento de Moro como ministro de Justicia se termina de evidenciar la catástrofe en la que está el Brasil y pone en evidencia todo el juego que se hizo, motivado por sectores que son de la élite brasilera que estaban ansiosos por dar vuelta esta situación de Brasil y por intereses internacionales. (…) Ya a principios del siglo XXI, adelante de esta marea rosa, adelante de estos gobiernos progresistas, se pusieron en marcha para intentar activar el proceso de recuperar completamente el poder. Porque, claro, tampoco lo habían perdido, los banqueros ganaron mucho, por ejemplo, y muchas de las críticas que se le hacen al PT es en relación a esto: no desmantelaron el sistema político”.

Brasil sigue acumulando experiencia en las bases organizadas, sin embargo, no pudieron frenar la victoria de Bolsonaro. Para Giménez “de por sí no hay una cultura política como en Argentina de ocupar las calles masivamente, pero tampoco lo generó el PT estos años. Algunas de las críticas es haberse quedado dentro de los gabinetes y no haber potenciado eso y en el 2013, cuando sí sale mucha gente a la calle, haber reculado y haber dejado eso a mano de las derechas”.

“Todo el proceso de organización del MST como del MTC donde se lucha por una Reforma Agraria y Urbana que apunta contra la concentración, sea de tierras o de viviendas, son dos sectores fundamentales para entender las formas de organización. Quizás la cultura política no conseguimos verla en las calles y quizás ese es un gran problema que tuvo el PT: que durante los años de gobierno no mudó esa cultura política de manifestarse en las calles, de salir al repudio”, afirmó Giménez.

Sobre el proceso de organización del cual es parte, la historiadora contó que “el MST  tiene tres pilares básicos. Uno es la lucha por la tierra, entender que la concentración de la tierra es parte del eje del conflicto en América Latina y que se apoya en un pilar que fue construido a partir de la última Constitución del ‘88 que es la Reforma Agraria. Es decir que ningún tipo de tierra puede quedar ociosa sino que tiene que estar dirigida a una función social. Esto también va para las propiedades inmuebles. El segundo eje es la Reforma Agraria apoyándose en la ley. Y el tercero tiene que ver con una sociedad diferente, fraterna y socialista y que una la podría entender en una forma diferente de producir”.

Giménez analizó el impacto del Movimiento Feminista y sus estrategias como el Elle Nao: “Aquello que surgió previo a la primera vuelta que tenía que ver con denunciar cuáles eran las prácticas cotidianas de Bolsonaro y sus manifestaciones públicas, donde él entendía a la mujer como algo inferior al hombre. Lo que no sé es si ahora hay una estrategia específica porque junto con Bolsonaro lo que se tiene es un Poder Legislativo excesivamente conservador. Las bancadas evangélicas ya eran fuertes”.

“Quizás el Movimiento Feminista con el Elle Nao fue el primero que salió a las calles a denunciar lo que estaba pasando y lo que se espera es si esa fuerza que se viene en toda Latinoamérica pueda traer una nueva energía, que no es nueva porque ya hace muchos años que se está luchando, pero que sí pueda renovar un poco ante el desgaste que ahora tienen otros sectores. (..) El movimiento de mujeres negras carga con un elemento que es fundamental que es denunciar el racismo estructural en Brasil, una esclavitud que nunca fue abolida, sí en los términos liberales, pero que denuncia cómo eso se siente más profundamente en el cuerpo de las mujeres negras. Acá la figura de Marielle es fundamental para entender todo eso”, finalizó.

El 6 de noviembre de 1924 se fundó la Asociación Bancaria ante la necesidad de organizar sindicalmente a los trabajadores y las trabajadoras que luchaban por reducir su jornada laboral de 12 horas.  Por eso, se conmemora cada año el Día del Trabajador Bancario.

El martes pasado, visitaron el estudio de FM De la Calle José Lualdi y Néstor Conte, jubilados del Banco Credicoop y del Provincia, respectivamente. Telefónicamente participaron la ex trabajadora del Credicoop Hilda Abad y el delegado del Provincia Marcos Helbert.

“El Día del Bancario se lo tenemos que dedicar a los 200 trabajadores y trabajadoras bancarios detenidos desaparecidos. El gremio enfrentó la Fusiladora del ‘58 y tuvo 50 días de huelga, enfrentó el achique del país de Frondizi y tuvieron casi 70 días de huelga con casi 6000 trabajadores despedidos. Si no fuera por sus trabajadores no sé si tendríamos Banco Nación y Banco Provincia. (…) Es un gremio de lucha que va camino a los 100 años y que tendrá que, en esa historia, exigir la reconstrucción histórica del sindicato, enfrentando los patrones más poderosos, los ganadores históricos de la Argentina”, aseguró  José Lualdi.

Néstor Conte coincidió en que las conquistas fueron producto de las luchas de los trabajadores y trabajadoras, sin embargo, agregó que “el derecho a las vacaciones, a los días hábiles, indudablemente están sobre la picota permanentemente, porque hoy lo que se está viendo en el caso nuestro como jubilados del Banco Provincia es un ataque a nuestra caja de jubilaciones, una liquidación de una serie de años de aportes al sistema previsional que este gobierno ha violentado con una maniobra de tipo parlamentaria, para lo cual tuvo el concurso del PJ y del kirchnerismo. Volvemos a poner sobre la mesa de negociaciones el ataque a las condiciones de los trabajadores por eso las movilizaciones que se vieron durante todo este año”.

Marcos Helbert comentó que su base gremial está “en un largo conflicto que lleva más de 11 meses y el eje central es el desfinanciamiento y vaciamiento del Banco Provincia. La excusa ha sido la modificación de la Ley Previsional donde la provincia se saca de encima una responsabilidad y se la transfiere al banco. Este es un claro ataque a la banca pública en su conjunto, a los dos bancos más grandes del país: al Banco Nación y al  Provincia, dos bancos públicos de excelencia, donde indudablemente la apetencia del capital financiero se cierne sobre neutros destinos. (…) Hay una estrategia muy clara que es quebrarnos en la voluntad de lucha a lo largo del tiempo”.

“Desde Menem, sobre todo a partir de las crisis financieras de los 90’, (…) las condiciones objetivas de trabajo se modifican y ya aquello que era más tranquilo, por decir así, empieza a ser un trabajo que comienza a generar enfermedades en los trabajadores producto de esa presión que hoy se manifiesta con muchísima más energía. Tenemos muchísimos trabajadores bancarios con carpeta médica producto de esas presiones. Los patrones, los bancos, son los auténticos ganadores de los últimos años, de la dictadura militar para acá fundamentalmente hay perdedores y son las condiciones objetivas de los trabajadores y trabajadoras bancarias”, opinó Lualdi.

Consultado sobre el funcionamiento de los bancos, Conte explicó que “funciona como cualquier prestamista nada más que ya tiene un título, que es una institución. Toman plata y te pagan en un plazo fijo al 20%, se la prestan a alguien que la necesita a una tasa superior y en el caso del Banco Provincia se la prestan fundamentalmente al Estado. Pero los bancos también quiebran, no es que los bancos salen indemnes de las crisis financieras. Acá hay un problema político que es de fondo: los que salvan a los bancos son los propios Estados desparramándoles esa quiebra a la propia población. Cuando a un banco le va mal, le va mal al conjunto de los trabajadores. Y cuando les va bien, a la población no le va bien, le sigue yendo bien a los banqueros”.

“El sistema financiero en la Argentina es usurario y es bastante más parecido al prestamista del barrio, a la vieja financiera que te canjeaba los cheques, que a la necesidad de un sistema financiero que pueda construir un círculo virtuoso. Porque a los ganadores del modelo lo único que les interesa es ganar plata”, sentenció Lualdi.

Darío Pignotti, corresponsal en Brasil de la agencia ANSA y Página/12, brindó una charla en Bahía Blanca sobre la situación política del país tras la victoria electoral de Jail Bolsonaro.

En diálogo con FM De la Calle comentó que “Brasil ingresa en un proceso histórico inaugural, el Brasil de antes de las elecciones será distinto en grado profundo al que viene”.

“Brasil en 1954, con el golpe que derrocó al presidente electo João Goulart inauguró la era de las dictaduras en América del sur. Si la de Brasil no hubiera sido dictadura y de la magnitud que fue, tal vez las otras dictaduras no hubieran surgido -o tal vez sí pero es una duda que cabe- la argentina, la chilena y la uruguaya. Fundamentalmente la chilena y la uruguaya son dos hijas directas de la brasileña”, afirmó.

El dr. en Comunicación por la Universidad de San Pablo subrayó que “el proceso que inaugura Bolsonaro es de un gobierno electo que tiende a ser dictatorial. Esto sujeto a las promesas y a la composición, a la base del poder que lleva a Bolsonaro al Palacio del Planalto”.

“No es una base político partidaria convencional, no es hija de un proceso electoral nacido de relaciones de poder democráticas, el principal respaldo de Bolsonaro son las fuerzas armadas y el brazo político son las policías provinciales y los grupos paramilitares, de eso se puede esperar un destino preocupante”.

En cuanto al proyecto económico del próximo gobierno, Pignotti destacó la elección del “futuro superministro de Economía” Paulo Guedes, “un pinochetista clásico, tributario de la dictadura de Pinochet y de los Chicago Boys”.

“Bolsonaro gusta de ser considerado una suerte de Donald Trump del trópico y, en rigor, cuando se le acerca la lupa se advierte que no es tanto el Trump de esta región porque la política económica de Trump es expansiva, ha apuntado a una dinámica de aumento de la demanda interna y de reducción de la desocupación, difícilmente eso ocurra en Brasil donde al contrario de hacer una política en términos de comercio exterior proteccionista prometen abrir la economía más aún de lo que está -es cierto que no es muy abierta- y privatizar cuanto tenga a mano”.

“Esto ha suscitado algunos roces entre aquel factor fundamental que son los militares con el propio Guedes porque prometió hasta privatizar Petrobras. En Brasil la privatización de Petrobras está sólo después de la privatización de la bandera”, manifestó.