Pablo Becher es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Sur. Además, es coordinador del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO) y miembro del Seminario de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad (SISMOS) de Mar del Plata.

Recientemente presentó en nuestra ciudad el libro “El Movimiento de Trabajadorxs Desocupadxs en Bahía Blanca: formas de organización y experiencias de lucha (1995-2003)”, producto de la labor para su tesis de magister en Sociología de la UNS. En diálogo con FM De la Calle amplió parte de su trabajo:

-¿Con qué características se empieza a conformar el movimiento de trabajadorxs desocupadxs en Bahía Blanca?

La aparición de los desocupados es un tema, desde mi punto de vista, crucial porque nos permite ver que la situación en Bahía Blanca no era de progreso y de alta actividad económica.

Es una situación -en los noventa- donde se percibe: por un lado, la enorme privatización de áreas públicas pero también de áreas privadas que comienzan a expulsar una gran cantidad de trabajadores. (…) Bahía Blanca va a presentar, a diferencia de otras ciudades de Buenos Aires pero también del país, una enorme tasa de desocupación. Estábamos hablando de casi un 36% de la población con problemas de empleo, donde habían fracasado en muchos casos, las llamadas indemnizaciones, las jubilaciones anticipadas, los retiros voluntarios… y toda esa situación que había sido pactada de alguna manera con los sindicatos, en este momento, empezaron a generar problemas que implicaron una gran masa de personas que no podían permanecer en su empleo. (…)

En el 2000/2001 hace su aparición un movimiento de desocupados que ya tenía su raigambre nacional, como el Polo Obrero, el MTL, la CCC. Son esos años donde comienzan a aparecer estas organizaciones que realizaban un trabajo territorial, sindical y político, y esto es importante aclararlo porque muchas veces se ha pensado en los movimientos de desocupados ocupando un espacio específico, el territorio y su relación específica con los planes sociales, pero en realidad no deben ser vistos de esa forma, sino desde la complejidad que implicó amalgamar lo político, la necesidad de las personas y generar lo que ellos llaman conciencia: una pelea permanente por generar conciencia y participación en las luchas colectivas. El 2001 también va a generar un movimiento de trabajadores estatales muy importante donde los docentes van a ser los protagonistas fundamentales. (…)

Con posterioridad al 2001, 2002, 2003 hay una organización importante del movimiento desocupado ya relacionado a nivel nacional que van a intentar realizar luchas colectivas, entre ellas diversos piquetes, vinculadas a empresas como el polo petroquímico para obtener empleo genuino. Fue un movimiento social muy heterogéneo, muy complejo donde vemos en muchos casos no solamente la visión de la alternancia de la militancia política, sino también la visión de la gente común, los sectores populares, de su cultura de organización que en muchos casos estaba vinculada con las luchas vecinales, barriales, y ahí me parece importante visibilizar eso: cómo el movimiento de desocupados y, en este caso distintas organizaciones, van a captar esas demandas para luchar no solamente por el eje transversal, en este caso el derecho del trabajo, sino también por mejoras circunstanciales en las condiciones de vida.

-Mencionas en tu libro la organización del acampe de casi tres meses en la Plaza Rivadavia y la presencia de la UTD, ¿qué características tenía esta organización y qué la diferenciaba de la otras?

La UTD es una organización que va a nacer específicamente en el barrio Maldonado y va a tener como referentes a distintos actores que tenían una militancia previa en el MAS, pero que de alguna forma por diferentes circunstancias, se habían alejado. Estas personas van a empezar a visibilizar esos bolsones de pobreza, las dificultades que tenían para poder obtener empleo y empiezan a organizarse lentamente en un pequeño programa que tenía ejes fundamentales en relación a obtener mejoras en las condiciones de vida y trabajo genuino, esas eran las dos cuestiones fundamentales desplegadas en múltiples puntos.

Van a empezar, por ejemplo, a participar en las bolsas de empleo que daba el municipio llevando volantes, van a ir a hablar con el MTA y le van a proponer poder hacer alguna actividad, se van a acercar a la gente de la CTA, van a ir a las actividades de San Cayetano (…) Aparecen entonces con fuerza y deciden frente a la negativa del gobierno de poder anotarlos en empleos que se estaban otorgando acampar hasta que se les de visibilidad, en ese acampe aparecen distintas organizaciones como el PC, el PCR, aparece la CTA… es decir la izquierda en este sentido va a acompañar, al igual que los medios alternativos a esa lucha, y eso es importante aclararlo, es decir no estaban solos.

Fue una cosa interesante porque amalgamó también la lucha de otros sectores que venían también en una situación de desocupación. Por ejemplo, en ese momento Aerolíneas aparece privatizado, aparecen los jubilados con muchos problemas en el PAMI, médicos que no estaban cobrando, la UTA con una reconversión en los colectivos, los boleteros directamente desaparecen, es decir, veíamos en ese momento una serie de cambios muy grandes que hacían que la inestabilidad fuera permanente. (…) Y la UTD va a tener en un primer momento una enorme cantidad de gente y luego se va a ir disolviendo. (…) Después va a aparecer más adelante en el 2000/2001 dando el espacio para que pudieran de alguna forma empezar a organizarse en Bahía Blanca en Lucha.

-¿Qué vínculos y continuidades podés hacer entre lo que contás en el libro y lo que lees en los diarios hoy?

En primer lugar, a mí me parece que el enfoque sobre la desocupación muchas veces aparece poco problematizado; aparece como un flagelo, como una anormalidad y en realidad es una normalidad del sistema capitalista. El problema es cómo nosotros logramos de alguna forma generar un cambio ante esa situación permanente. La desocupación es algo que de alguna forma se presenta como algo cíclico y en esta mirada tenemos que tener en cuenta que cada vez más la población sobrante va a aumentando, cada vez más los desocupados se van convirtiendo en un elemento que además es sostenido por el propio capital, para bajar salario, poner techo, permitir que no haya un mejor empleo, etc.

Hoy en la Argentina hay un millón y medio de desocupados y en Bahía Blanca las cifras nos están dando un 8 y un 10% de desocupación de tasa abierta, no quiero imaginar la subocupación, es decir, el empleo precarizado que también se sostiene.

Es decir que estamos viviendo un problema de desocupación permanente y estas organizaciones nos invitaron a reflexionar acerca de cómo los sujetos se organizan para poder generar alternativas al capitalismo. No siempre son alternativas socialistas, sino que a veces son alternativas para acomodarse de mejor manera a este sistema. (…)

-Esos movimientos se plantearon también como alternativas a los partidos tradicionales. ¿Cuánto ha favorecido al movimiento piquetero el desarrollo de la conciencia de clase, la necesidad de formación ideológica? ¿Cuánto hay de autocrítica en el movimiento?

Creo que vas a un punto importante… que es de qué forma los sectores populares junto con la militancia de izquierda, contestataria, etcétera, permite construir una contrahegemonía, es decir, de qué forma podemos construir una nueva hegemonía que tenga nuevas prácticas sociales en los sectores populares y eso es una dificultad que las organizaciones de desocupados vivieron permanentemente. (…) Por supuesto que esto es una construcción en permanente estado de discusión y debate.

La reforma de la Ley de Educación Sexual Integral tiene dictamen en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, sectores eclesiásticos evangélicos se oponen a estos cambios bajo la consigna #ConMisHijosNoTeMetas.

Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA  e integrante del equipo que planificó contenidos de la ley actual, comentó a FM De la Calle las modificaciones propuestas.

“La ley que está vigente (26.150) es obligatoria.  El artículo 5 fue una negociación política para que saliera en su momento. La ley tiene una línea que dice que las instituciones educativas podrán adaptar los contenidos a su ‘ideario institucional’ y esa parte es la que tomaron algunas instituciones con una interpretación caprichosa y solo enseñan educación sexual respecto a su idearios”, señaló Morgade.

La reforma establece, además, que los contenidos tienen que ser “laicos y científicos” y actualiza los contenidos en relación a otras normas vigentes como la Ley de Trata, Parto Respetado, de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres, Matrimonio Igualitario e Identidad de Género.

Por último, determina que los contenidos podrán brindarse en forma transversal y en espacios curriculares específicos como talleres semanales o materias de ESI.

“La ESI se apoya en un conjunto importante anterior de leyes que establecen con mucha claridad lo que significa que el Estado sea el garante de derechos, lo que dice básicamente la Convención de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos debates de los grupos evangélicos tienden a confundir a la población”, comentó Morgade.

Desde la llegada de Cambiemos al gobierno, el Programa Nacional de ESI está siendo deesmantelado. Para 2018 cuenta con menos del 40% de los recursos que tenía en 2015 según datos de CTERA.  Sin embargo, el Consejo Federal de Educación aprobó que en octubre comiencen nuevamente las capacitaciones a docentes y alumnado.

“Casi el 70% de los casos de abuso infantil se producen dentro de marcos familiares en los que los niños y las niñas están con personas con las que tienen confianza y esas son las personas que abusan. Si nosotros no tuviéramos herramientas para intervenir esos niños y niñas quedarían indefensos y no habría instancia jurídica que estuviera por sobre la familia”, dijo la decana.

“El error más grande es creer que si la familia no tiene el formato que establece esa creencia no es una familia y no hay amor”, concluyó.

Otra institución ve condicionada la continuidad de ayuda municipal por la entrega de datos personales de las familias de las niñas y los niños que la reciben. Se trata de tres cajas de leche que intentan complementar los desayunos y meriendas que envía la provincia.

Gabriela Delfino, dirigente de SUTEBA y asistente social del lugar, explicó a FM De la Calle que la exigencia proviene de la Jefatura de Gabinete a cargo de César Tomassi: “No tiene nada que ver con estudiar cómo podemos mejorar la entrega o distribución de los recursos porque eso lo hace quien está preparado para eso”.

“A partir de ahora para seguir recibiendo esa ayuda debemos cargar, en el caso nuestro como son menores de edad no a los niños, pero sí al responsable adulto con todos los datos de toda la matrícula, o sea, toda la familia de toda la matrícula que pasan a ser beneficiarios de un recurso que en realidad es una copa de leche”, dijo.

Los datos deben ser cargados en una web en la cual cada organización del sector tendrá su usuario y su contraseña. “Lo que se intenta es cruzar los datos para redireccionar los recursos”.

“Las ayudas se dan a las instituciones y no a las personas, entonces, en ese registro web cada persona va a aparecer más de una vez. Obviamente la lectura que se puede llegar a hacer de manera muy peligrosa es que esa persona recibe más de un beneficio, cuando lo que están recibiendo sus hijos es una copa de leche a la mañana en un lugar y tal vez, si va a la escuelita de fútbol, una copa de leche a la tarde”.

En el barrio se abrieron en los últimos años casi una decena de merenderos que son sostenidos solidariamente sin colaboraciones estatales.

“Esto habla de la creciente demanda de alimentos porque la plata no alcanza, porque se han perdido trabajos y, en vez de tratar de ver cómo se sostiene a los sectores más vulnerables en estos momentos tan críticos, es ajustar y achicar más, controlar más los pocos recursos que hay para estos sectores en consonancia con lo que planteaba el presidente de sacar partidas de desarrollo social, de salud y educación para darlas a las fuerzas de seguridad como si eso fuera una necesidad fundamental”, afirmó Delfino.

Agregó que “como trabajadora social siempre planteamos no entregar certificados de pobreza porque bastante terrible es vivir en estas situaciones y mucho más es tener que exponer en cada institución donde se va, cuál es tu tipo de vida no porque vos quieras sino porque te condena un sistema”.

Si la institución acepta otorgar los datos exigidos por Tomassi debería sortear la falta de acceso a internet enviando a alguno/a de sus trabajadores/as a las oficinas comunales para cargar toda la matrícula. “Tenemos un doble o triple trabajo para recibir tres cajas de leche para sostener lo que debería estar haciendo la provincia”.

Mientras se esperan definiciones por parte del oficialismo respecto a la excepción para instalar pistas de motocross y speedway en el Parque Marítimo Almirante Brown, TGS advirtió que el proyecto “impacta” sobre uno de sus poliductos y “puede derivar en situaciones riesgosas”.

La nota de Transportadora de Gas del Sur, operadora de gasoductos de alto presión, fue dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini, el 7 de agosto. Días después se realizó en el recinto una audiencia pública donde la mayoría de las voces destacaron que el lugar propuesto a los clubes no era el adecuado para la actividad.

El concejal Walter Larrea dijo a FM De la Calle que están “esperando algún tipo de respuesta, novedad o definición del oficialismo, a ver qué quieren hacer con esto” y aclaró que “no puede ser una pelea de ambientalistas con asociaciones de pilotos de motos”.

“Garanticemos o busquemos que la pista tenga desarrollo en un lugar donde sea no contaminante, donde no haya riesgos para el ambiente, no se violen compromisos internacionales que ha suscrito el estado municipal y garantice la seguridad a las personas que practican el deporte y a las que asistan al espectáculo”, agregó.

El texto de TGS destaca la “existencia de poliductos” de su propiedad que “corren paralelos al límite norte y sur del proyecto”.

Además, informa que “según nuestros registros existen gasoductos pertenecientes a las firmas Profertil S.A. y Solalban S.A. y un etanoducto de la Dow Chemical S.A.”.

La Resolución de la Secretaría de Energía 1460/2006 impone “una restricción de no efectuar construcciones a 15 metros y plantaciones de árboles a 7,5 metros, todo esto calculado a cada lado del eje del ducto”.

“Cualquier situación que altere este punto de la norma, impacta sobre nuestras instalaciones y puede derivar en situaciones riesgosas de las cuales TGS no será responsable, especialmente si, como interpretamos, en el predio habrá una gran concentración de personas”, manifestó la empresa.

Agregó que “conforme la normativa, concentraciones de más de veinte personas en la unidad de clase de trazado modificarían la actual clasificación. Es dable señalar que todas estas condiciones son de cumplimiento obligatorio y deben ser contempladas antes de emitir una declaración de impacto ambiental”.

El Concejo Deliberante convocará al Comité Técnico Ejecutivo (CTE) y a responsables del Plan Integral de Monitoreo (PIM) del Instituto Argentino de Oceonagrafía luego que se conociera la pericia judicial de la Facultad de Agronomía de la UBA, la cual recomendó la inmediata prohibición de la pesca y consumo de peces de la ría y del vertido de contaminantes.

“Lo peor que podemos hacer es dejar que pase el tiempo, no decir nada, no hacer nada y esperar a que la justicia resuelva. Con las tecnologías que hay, en pleno siglo XXI, no se puede desconocer que hay un impacto real sobre la ría y que ese impacto tiene que empezar a ser mitigado”, dijo a FM De la Calle la concejala Paola Ariente.

La edila del PJ Cumplir agregó que “la pericia demuestra algo que se viene comentando e inclusive por los informes medioambientales hechos por el CONICET y el IADO, que hay presencia de metales y otros contaminantes, lo que hay es una diferenciación en los valores”.

“Los informes que se vienen haciendo por parte del CTE tienen que ver con una toma sistemática de muestras y la pericia son tomas puntuales que se hicieron en un día y a una hora determinada. Para disipar cualquier duda, tendríamos que poner en la misma condición una serie de muestras sostenidas en el tiempo para poder evaluar si lo que está diciendo uno u otro es verdad o mentira para llevar certezas a la sociedad y ver cómo hacemos para empezar a mitigar los efectos que está teniendo la actividad propia del ser humano en la ría”, dijo.

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La integrante de las comisiones de Medio Ambiente y Asesora Ambiental propuso “sacar a licitación pública el nuevo estudio del estuario con alguien que no esté involucrado ni en una causa judicial ni en un informe medioambiental para ver si es real”.

“Más allá de la recomendación de no comer el pescado (la pericia) hace otras que pueden ser susceptibles de que se tomen en cuenta, que es la incorporación de caudalímetros las 24 horas para que con la tecnología que hay la recolección y la toma de la muestra sea totalmente objetiva. (…) Eso se podría implementar y el CTE cuenta con los fondos”.

Ante la intención de ampliar el polo petroquímico, Ariente aseguró que es un debate urgente: “¿Cuánto está capacitada ambientalmente Bahía Blanca para recibir más impacto del que tiene?”.

Por el momento

El integrante del IADO Jorge Marcovecchio dijo en relación a la presencia de metales pesados que la ría “es un sistema impactado pero que no pone en crisis la salud humana, por el momento”. Apuntó a ABSA y afirmó que “un problema muy concreto que sí hay que atender rápidamente” es el “bacteriológico”.

“Respecto al teórico alto contenido de algunos metales en peces de la zona podría decir que en estas últimas décadas hemos analizado ocho o nueve mil ejemplares de peces, entre los cuales sin duda hemos encontrado diez, doce, quince, que han tenido valores altos. Ahora, desde el punto de vista estadístico esto no es una cosa para alarmar a la población”, agregó.

Marcovecchio manifestó sobre la pericia judicial que “es un análisis que hicieron sobre un poco más de una docena de muestras pero no dicen concretamente ni dónde se tomaron, ni cómo se tomaron, ni en qué condiciones, etcétera”.

El Enacom adeuda cientos de millones a los medios comunitarios.

El Ente Nacional de Comunicaciones ENACOM sigue quedándose los fondos de fomento para medios comunitarios y de pueblos originarios que establece la ley 26.522. En lo inmediato son casi 160 millones para proyectos ya presentados en concursos de 2017, que se encuentran cajoneados en el organismo. A lo que deben sumarse 300 millones que corresponderían a los concursos 2018, ni siquiera abiertos a poco más de tres meses de finalizar el año, cerca de 25 millones más en deudas que persisten de proyectos ganadores en 2015, y otros varios cientos entre la sub ejecución de 2016 y las diferencias que se acumulan todos los años entre lo asignado y lo establecido por la ley.

Nos preguntamos, ¿en qué se la gastan?

En un contexto inflacionario, con tarifazos que golpean duramente el sostenimiento de los medios, el Enacom que preside Silvana Guidici ahoga financieramente a los medios de comunicación populares. Así impide que se desarrollen proyectos de realización de contenidos radiales y audiovisuales, de gestión, equipamiento e infraestructura, y excluye del ecosistema mediático las voces comunitarias y alternativas, atacando la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y la pluralidad de voces que la ley busca resguardar con este mecanismo.

No se trata de “subsidios” que un gobierno pueda otorgar o no según su humor y predisposición, sino de fondos que provienen de un impuesto de asignación específica, proveniente del mismo gravamen a la comunicación audiovisual que financia los institutos del Cine, el Teatro, la Música y al propio ENACOM. No pueden no utilizarlo, y utilizarlo para otros fines es un delito.

Reclamamos:
-Anuncio de los ganadores y el desembolso de los concursos vigentes en el mes en curso
-Actualización de los montos concursados por inflación
-Apertura de las líneas correspondientes a 2018.
-Saldo de todas las deudas anteriores
-Participación en la elección de jurados a través de propuestas y análisis de sus CV

Basta de dilaciones.

Sin medios comunitarios no hay democracia.

#enqueselagastan
#sinmedioscomunitariosnohaydemocracia 

Representantes del Consejo Cultural Consultivo y del Consejo Local de Niñez expusieron en la Banca 25 exigiéndole a lxs concejalxs que declaren la Emergencia en Niñez y que contemplen las necesidades expresadas en un informe sobre el impacto del recorte de políticas públicas en sectores vulnerables.

El diagnóstico fue elaborado en base a los datos que aportaron, en asambleas abiertas, diversos actores de la educación, la salud y la cultura. El documento tiene como puntos en común la precarización laboral de profesionales que integran las distintas áreas y la subejecución del presupuesto municipal.

“Venimos hoy a traerles la mirada de una comunidad que empezó a convocarse en asambleas multisectoriales, con sectores que atravesaban la misma problemática. Barrios y familias enteras privados de sus talleres municipales, falta de insumos y  personal en las salitas médicas, merenderos que reciben cada vez más demandas con cada vez menos recursos”, afirmó Cecilia Epherra, integrante del Consejo Cultural Consultivo.

El decreto de austeridad elaborado por el gobierno nacional afectó fuertemente a los barrios más desprotegidos. El 12 de abril el Consejo Local de Niñez presentó en el HCD el pedido de declaración de Emergencia en Niñez y hasta la fecha continúa sin respuesta.

“Con el cierre de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio Miramar y con el desmantelamiento de casi 100 talleres, no solo se despidió a docentes que ya estaban trabajando en condiciones  precarias y por monedas, sino que se dejó a 2500 familias sin talleres, sin su música”, continuó Epherra.

Por último, pidieron que el cuerpo exija para el Presupuesto 2019, el incremento de las partidas presupuestarias que respondan a  la necesidades de la comunidad, y que, para ello, contemplen la información relevada por los Consejos.

Instaron a que lxs funcionarixs asuman el compromiso en la evaluación de cada balance y rendición de cuentas presentado por el Ejecutivo porque “este uso discrecional de los recursos además de no realizarse con ningún criterio ordenador de prioridades, impactó en las áreas más vulnerables de la ciudad de manera devastadora, mientras se sobre ejecutaban partidas  de seguridad y tránsito”.

El sábado a las 10 se realizará la tercera asamblea de ambos Consejos, abierta a la comunidad, en la Escuela Nº1, ubicada en Chiclana 851.

El SUTEBA denunció que la docente de Moreno Corina De Bonis fue interceptada ayer al salir del Centro de Educación Complementaria Nº 801, mientras se dirigía a su casa. “Le pusieron una bolsa en la cabeza y la metieron en un auto a la fuerza. Ahí, la golpearon y le escribieron con un punzón en el abdomen ‘OLLAS NO'”, dijo el secretario general, Roberto Baradel.

Las amenazas empezaron hace una semana: las escuelas y las paredes del distrito amanecieron con volantes y pintadas que intimaban a lxs docentes y a toda la comunidad educativa de Moreno. Ante las terribles muertes de Sandra y Rubén, causadas por la desidia del Estado, la comunidad de Moreno comenzó una larga lucha exigiendo justicia y escuelas seguras.

Asimismo, muchxs maestrxs y familias se organizaron para seguir garantizando la comida a lxs chicxs que, al estar suspendidas las clases, no cuentan con el Servicio Alimentario Escolar necesario. El CEC Nº 801 le daba de comer a más de 200 personas por día, producto de la organización de la comunidad educativa que recibía donaciones, etc.

A raíz de eso, comenzaron las amenazas: “Basta de hacer política, den clases” y “La próxima olla es en Guemes y Roldán”, haciendo referencia al cementerio del distrito. Hoy esas amenazas se hicieron carne de la manera más cruenta.

“Las muertes de Sandra y Rubén son un hecho insoportable, culpa de la desidia del Estado. Pedimos Justicia. En el medio de una medida de fuerza pacífica, sucede esto. Hay que decir basta, hay que pararlos. Están haciendo de la Argentina un Estado de excepción. Las autoridades son responsables de la integridad de toda la comunidad educativa. Lo primero que hice fue comunicarme con Ritondo y Sánchez Zinny, tienen que esclarecer este hecho de forma urgente. Cuando se tiene responsabilidad política, hay que ser equilibrado”, sentenció Baradel.

En medio de la conferencia, a las 21, las madres que acompañan a la Docente en las ollas, fueron amenazadas nuevamente.

Mariana Cattáneo, secretaria general de SUTEBA Moreno, manifestó: “Estos no son hechos aislados, la situación es muy grave. Moreno es una zona liberada, no vamos a permitir que esto siga sucediendo. Les molesta que se visibilice que no está resuelto el problema del SAE y de Infraestructura, a casi 40 días de la muerte de nuestrxs compañerxs”.

Para finalizar, la secretaria general de la CTERA, Sonia Alesso, enfatizó la convocatoria al paro nacional y movilización docente de este jueves: “Nos vamos a movilizar para decir claramente NUNCA MÁS. No vamos a permitir que esto se repita, lxs maestrxs no vamos a dejar pasar la violencia que quieren instalar contra lxs que no se arrodillan, lxs que se siguen movilizando y lxs que no se resignan a ver cómo nuestrxs pibxs se mueren de hambre en las escuelas”.

A días de otro aniversario por la Noche de los Lápices, los y las estudiantes de las Escuelas Técnicas entregarán mañana un petitorio a la Jefatura Distrital de la Región en rechazo al nuevo Proyecto de Reformas que pretende recortar 1500 horas cátedra por especialidad.

FM De la Calle conversó con Nahuel Marlia, integrante de la Escuela Técnica N°2 y de la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) de Bahía Blanca.


El petitorio estará acompañado de las firmas de distintos estudiantes y docentes que buscan manifestar su rechazo al Proyecto de Reformas por “inconsulto, antidemocrático y por ser parte del plan de ajuste que está siendo desplegado en todo lo Estatal”, según expresa el documento.

Marlia aseguró que “la reforma va a reducir la carga horaria de las materias humanitarias que están en el ciclo básico, lo cual tiene un problema muy serio: que es que le quita al alumno la capacidad de ese razonamiento que puede llegar a tener con respecto a sus materias humanitarias. Creo que se está buscando quitar al alumno la capacidad de razonar por sí solo”.

Varias Escuelas Técnicas de nuestra ciudad se han sumado a debatir en los días previos cómo afectaría la reducción horaria o la eliminación de materias a partir del Proyecto de Reformas bajo la consigna “Asambleas para debatir, democracia para decidir”.

Marlia expresó su preocupación por las y los estudiantes más jóvenes: “Yo estoy en el último trayecto y todos los conocimientos que adquirí ya los tengo. Me interesa más cómo se mueve el mundo, como me han mostrado en Geografía; mis derechos como persona que se me mostraron en Construcción de la Ciudadanía; ya conozco mi cuerpo, conozco todo lo que respecta a la parte biológica… pero estos son los conocimientos que se van a ver reducidos. No me parece correcto que los pibes atrás mío, que están recién viendo el mundo, sean aislados”.

La entrega del petitorio se realizará en el marco del paro que llevarán adelante los estatales de la provincia de Buenos Aires y que en nuestra ciudad se nutrirá de un conjunto más amplio de organizaciones politicas, sociales, culturales, convocadas por la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, en rechazo al acuerdo con el FMI y sus políticas de ajuste y en defensa de la educación, la salud, la alimentación, el trabajo genuino y la cultura.

Sergio Zaninelli, secretario general de ADUNS y dirigente de CONADUH, dijo a FM De la Calle que lo aceptado por cuatro de las seis federaciones gremiales es, desde la creación de la mesa de negociación paritaria, “el peor acuerdo, es realmente una condena para los salarios de los 190 mil docentes que hay en las universidades nacionales”.

Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur advirtieron que con una proyección inflacionaria anual, calculada por el propio gobierno, cercana al 42% el acuerdo salarial les condenará a una pérdida del poder adquisitivo del 15%.

En líneas generales el acta compromete un incremento promedio total del 25% a terminar de cobrar en noviembre de este año, la introducción (luego de 13 años) de cifras remunerativas no bonificables en nuestro recibo de sueldo que distorsionan la escala salarial y dos cláusulas de revisión de nula aplicación por no contener un mecanismo automático de compensación salarial.

El Ministerio de Educación de la Nación insiste en aplicar (a pesar de reconocer su error inicial) una serie de montos remunerativos bonificables sobre el nomenclador preuniversitario que no se traduce con el porcentaje final de incremento para ese sector de docentes calculado en 25% para todo el escalafón.

Es por eso que Conadu Histórica rechazó el acuerdo, no suscribió el acta y continúa con el cese total de actividades docentes hasta el sábado 15 de septiembre inclusive. El viernes 14 habrá un nuevo Congreso que definirá cómo continúa el plan de lucha nacional.

En Bahía Blanca, ADUNS participará mañana miércoles de la Movilización Multisectorial acompañando el paro del Frente de Unidad Docente Bonaerense y el paro nacional de CTERA del jueves 13. Ese día a las 15:30 realizarán una asamblea para definir un mandato de continuidad del Plan de Lucha Nacional que se llevará al Congreso de CONADUH del viernes 14.

El miércoles se realizará una concentración y movilización hacia la Escuela Primaria Nº2 donde confluirán las protestas de los gremios estatales en el marco del paro que realizarán tanto en el ámbito provincial como en el de la educación universitaria.

La Multisectorial contra el ajuste económico y el acuerdo con el FMI convocó a la protesta esta mañana y destacó el apoyo a las movilizaciones estudiantiles en defensa de la escuela pública.

La manifestación partirá a las 10 desde el municipio y se dirigirá hacia el emblemático edificio de Vieytes 51.

“Esta es una convocatoria, una marcha, en defensa de la educación pública, del trabajo genuino, del derecho a la alimentación, a la salud y a la cultura y expresa lo que nos parece que está por encima de esta quita de derechos que es que las políticas de acuerdo con el FMI llevan de la mano el ajuste económico con esta secuela de consecuencias para las mayorías populares”, dijo a FM De la Calle Enrique Gandolfo.

La Multisectorial está conformada por: CTA, ATE, SUTEBA, ADUNS, Asociación Judicial Bonaerense, UMSur, Federación de Estudiantes Secundarios, Coordinadora de estudiantes de Artísticas Terciarias, Consejeres y asesores del Consejo Cultural Consultivo, Cooperativa Incob, Astramyc, Movimiento Territorial René Salamanca, lista Bordó nodocentes UNS, Coordinadora Sindical Clasista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, MST, movimiento sin trabajo Teresa vive.

 

Para agendar:

*Miércoles 12/09 – 10:00 Concentración Plaza Rivadavia- Movilización multisectorial a EP2.

*Sábado 15/09 – 10:00 (lugar a confirmar) Asamblea Abierta convocada por Consejo Cultural Consultivo y Consejo Local de Niñez.

*Domingo 16/09 – 15:00 Urquiza al 800, Festival de las Escuelas de Arte.

*Lunes 17/09 – 9:00 a 17:00 – Paro estudiantil. Consejo Escolar, cortada y clases públicas. 18:00 Instituto Avanza, Asamblea.

En los meses que siguieron a la desaparición de Santiago Maldonado se cometieron apelando a la supuesta búsqueda de pruebas atropellos y abusos de violencia institucional en distintas comunidades aledañas a la zona de Esquel.

Moira Millán respondiendo a su rol de weichafe mapuche (guardiana, defensora) perteneciente al lof (comunidad) Pillán Mahuiza (Chubut), acompañó a integrantes de la comunidad Vuelta del Río al Juzgado Federal de Esquel para exigir el cese de tal burdo hostigamiento y la renuncia inmediata del juez a cargo de los allanamientos Guido Otranto.

Estos reclamos se realizaron de manera pacífica durante toda la jornada tal como registraron los medios de comunicación allí presentes.

A días de este evento Moira Millán recibió violentas amenazas de muerte por teléfono y un permanente hostigamiento por parte de las fuerzas policiales.

Moira Millán, madre y sostén de sus cuatro hijos, desde los 21 años ha recorrido el país conociendo las comunidades de 36 naciones originarias que habitan nuestro territorio, sus realidades y problemáticas. Su lucha abarca desde la defensa de los territorios, los derechos de las mujeres indígenas y el equilibrio y reciprocidad con la naturaleza. Este camino la ha llevado junto con otras ha conformar el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

El 26 de junio Millán fue notificada que por orden del juez Guido Otranto ella era la única imputada bajo la figura de “coacción agravada” por los hechos sucedidos el 20 de septiembre de 2017 en el Tribunal de Esquel anteriormente detallados.

“Nuestra lamngen (hermana) deberá presentarse a declaración indagatoria por un delito inventado que está penado de entre dos y cuatro años de prisión el miércoles 19 de septiembre de 2018 en el Juzgado Federal de Esquel”, informaron desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

#ReclamarJusticiaNoEsDelito

Contacto para prensa: Evis Millán +5492915745857

Mail: [email protected]

FB: Movimiento de Mujeres Indígenas por el buen vivir

“Yo comería los peces”, dijo la subsecretaria de Gestión Ambiental, Adriana Chanampa, a Canal 7 ante la recomendación de prohibir la pesca y el consumo que realizaron expertos de la UBA. El dr. Horacio Romano advirtió que “un vaso de agua te puede quitar la sed y mil litros de agua te pueden ahogar, es una cuestión de proporciones”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico clínico a FM De la Calle.

El resultado de la pericia solicitada en el marco de las causas judiciales que pescadores artesanales impulsan contra las empresas del polo petroquímico, el Municipio, la Provincia de Buenos Aires, ABSA y el Consorcio de gestión del Puerto concluyó que la presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

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Romano explicó que “el saturnismo es una enfermedad que da la acumulación de plomo en el organismo. Tiene varias características, las puede haber agudas, alguien que se intoxica en la época cuando las pinturas tenían plomo o los linotipistas que trabajaban en las imprentas se intoxicaban con esto de manera aguda o crónica”.

“Y están aquellos problemas para la salud, fundamentalmente en niños, que da la acumulación de pequeñas cantidades de plomo a lo lago del tiempo. Lo que da es retardo mental, dificultades para el aprendizaje, una serie de cuestiones neurológicas severísimas, muchas veces no detectadas, la mayor parte de las veces sin un cuadro claro y sin cifras adecuadas”.

Agregó que “la intoxicación por plomo de todos los habitantes que rodean al Riachuelo, de todos los chicos, es altísima. Por lo cual, trastornos neurológicos y de aprendizaje pero también trastornos óseos, en el crecimiento, etcétera”.

En cuanto al impacto en la ría local, Romano destacó que “no solamente está impactada sino que tiene efectos sobre la biota, sobre los seres vivos, muy importantes. El párrafo este nombra lo bioacumulable. Una cosa es medir como se mide hasta ahora, cuánto plomo o metales pesados -cadmio, cobre y demás- hay en el agua, cuánto puede haber en el barro, pero también cuánto hay en los organismos vivos”.

“Son metales pesados, por lo tanto, en general van al fondo. Estos son comidos por bichitos chiquititos, después por pecesitos más grandes y, por último, en la cadena trófica, el pez más grande y después el hombre. En cada caso se acumula. Multiplicadas por 10, empezás con 1 y terminás con 1000”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico.

Romano destacó que el problema no es solamente en la ría: “Para mí el tema que incluso trasciende es el aire, porque este plomo y este cadmio también está en la tierra hasta 30 kilómetros de Bahía Blanca. Esto dicho por informes del CONICET y del propio CTE. Hay tierra contaminada en distintos lugares de Bahía hasta 40 kilómetros, a la altura de Cabildo, donde uno puede encontrar plomo y cadmio. Con lo cual, una de las cuestiones es la capacidad que tiene, por ejemplo el cadmio, de ir por el aire, no solamente por el agua”.

La semana pasada se realizó una audiencia pública para avalar un nuevo tarifazo del gas. El concejal del PJ-Cumplir Ezequiel Gimeno, el ex director de la OMIC  Matías Italiano y el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino analizaron la propuesta de incremento en FM De la Calle.

 “Se están solicitando dos incrementos: uno es la tarifa, que ya fue revisada en abril, sufrió un incremento del 40, y que ahora se pidió un incremento del 30%; por lo tanto, la tarifa en este año va a subir un 70%, contra un 25% que subieron los salarios en el mejor de los casos. Y la otra cosa que se está reclamando es una readecuación de los precios de la tarifa de gas cobrada en valor pesos a los usuarios pero que se paga a los proveedores en dólares”.

“En abril se determinó que el valor del dólar por cada peso era de $20,35 en virtud de la salvaje devaluación, el dólar hoy está en $40, por lo tanto, esa diferencia de casi $20 Camuzzi nos las va a cobrar a los usuarios.  Acá va a haber un doble impacto: uno por el solo hecho de la devaluación y otro por el incremento de la tarifa que se revisa semestralmente”, aseveró el concejal del PJ-Cumplir, Ezequiel Gimeno.

El Director del Instituto Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados y expositor en la audiencia en carácter de usuario, Matías Italiano, afirmó que “las mismas distribuidoras en esta audiencia pública plantearon que ellos pretenden un incremento que rozaría un 200%, pese a  que está circulando que el gobierno no autorizaría un incremento mayor al 30%, igual sigue siendo un porcentaje alto”.

Italiano además aseguró que en lo que va de la gestión de Cambiemos el aumento total del servicio se ha acumulado un aumento del 1500%. “Tenemos que aclarar que el gobierno apunta para el 2019 terminar con todos los subsidios en materia de servicio de gas. Lamentablemente todo esto se traslada a los usuarios. Es un gobierno que ha generado nuevos pobres”.

Héctor Polino, fundador y representante de Consumidores Libres, se refirió al impacto que puede tener el aumento de las tarifas en el sector productivo planteando que  esto modifica las estructuras de costos a las industrias que producen artículos, a los comercios que los venden y se trasladándose a los precios. “Si los salarios no aumentan en la misma proporción, lo que va a continuar es el deterioro de la calidad de vida y del poder de compra de millones de argentinos. Todas estas son exigencias del fondo”.

“Esta política del acuerdo con el Fondo Monetario ya fue ensayada en otras oportunidades y todas terminaron muy mal, porque el Fondo exige a cambio de una ‘ayuda’  mayor reducción del gasto público y eso significa menores recursos destinados a la producción y al crédito a la pequeña y mediana empresa, menor ayuda social  y mayores  impuestos. Todas estas son medidas que tienden a acentuar el proceso recesivo que ya está viviendo el país. Hoy no se sabe cuál es el precio del dólar, el gobierno está destinando recursos genuinos del Estado Nacional para frenar las escaladas que se produjeron en las últimas horas y aún así  el dólar ya alcanzado los $40, de modo que estamos en una situación muy complicada”, enfatizó Polino.

Consumidores Libres y otros 23 organismos de defensa al consumidor decidieron el viernes 31 de agosto, días previos a la audiencia, presentar una nota en el ENARGAS solicitando la suspensión de la misma. Según contó Polino a FM De la Calle fue por dos razones, “una  porque hasta el viernes al mediodía no estaban las propuestas de las empresas entonces, ¿qué íbamos a discutir? Y otra porque ¿vamos a discutir un nuevo aumento en medio de este desbarajuste económico que vive el país sin saber dónde va a anclar el dólar?”. Consumidores Libres decidió no asistir “para no avalar esa audiencia y tener posibilidades luego de hacer un cuestionamiento al Poder Judicial”.

“De acuerdo a la matriz energética argentina el 65% de generación de energía eléctrica se realiza en usinas térmicas cuyo principal insumo es el gas natural, de modo que si aumentamos las tarifas del gas natural estamos aumentando el costo de la energía eléctrica también, no sólo por la quita parcial del subsidio, no sólo por la devaluación del peso, sino también por el aumento en las tarifas del gas natural. Las empresas pueden pedir lo que se les antoje, porque en definitiva son empresas capitalistas. Ahora cuando el Estado privatiza y las coloca en manos del sector lucrativo el Estado tiene que regular y las ganancias tienen que ser razonables”.

Sacar crédito para pagar las tarifas

Polino comentó que “la empresa Fenosa, que es la que distribuye la energía eléctrica en determinados partidos del Gran Buenos Aires, hace dos meses cuando envió los sobres a los usuarios con la facturación correspondiente estaba la publicidad de una empresa financiera Credifácil que le ofrecía a los usuarios créditos de hasta $20.000 para pagar esa factura de gas. Además, decía que si iban a la oficina de la financiera a sacar el crédito en esa misma oficina podían pagar la factura de gas. A raíz de la denuncia que hice el ENARGAS prohibió que se vuelva a repetir esa modalidad. Es la primera vez que se ha visto en toda la historia de nuestro país”.

Consulta popular

Polino es referente de Unidad Popular, organización que va a llevar adelante en los próximos días una consulta popular para que el Congreso de la Nación debate el acuerdo con el FMI.

Se colocarán mesas para juntar firmas y luego habrá concentraciones en distintos puntos del país, ya que según el dirigente político “estamos en un mal camino y las políticas tanto de Martínez De Hoz, las de Cavallo y las que se están llevando actualmente, siempre terminaron mal”.

“Están provocando un daño social enorme, de modo que espero que el gobierno reaccione, porque si mantiene su política a rajatabla los sectores populares en algún momento no van a poder tener dinero suficiente para comprar las cuestiones más elementales para tener una vida digna y cuando se inicie la protesta social, que ya ha comenzado en algunos lugares, se sabe como comienza pero nadie sabe cómo termina”, finalizó.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría comentó en FM De la Calle el resultado de la pericia sobre la contaminación del estuario y afirmó que “lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso ahora se comprueba”.

Advirtió además que las conclusiones con la indicación de prohibir inmediatamente la pesca y consumo de peces y, en mediano plazo, el vertidos de metales pesados a las industrias no solo lo tiene la justicia sino también el Municipio y las autoridades provinciales.

“Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, todos tenemos la causa, tanto actores como demandados. Yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada”, dijo Beier.

Hay resultados que no son sorpresivos porque lo vienen planteando ante la justicia desde el comienzo de la causa.

Lamentablemente no nos sorprende, lo que sí nos sorprende es lo contundente de las conclusiones y los niveles que dio, los resultados. Sabíamos que existía contaminación. Ésta causa ambiental lo que trata de proteger es el medio ambiente y nosotros lo que denunciamos era que existía contaminación que afectaba a la biología, pero por lo visto era mucho más grave. Y además de afectar a la biología del estuario, también está poniendo en riesgo la salud pública lo que genera que exista un peligro de enfermarse o hasta de morir en caso de consumir peces del estuario.

-Destacan los profesionales que las especies evaluadas no son aptas para consumo humano. Incluso hablan de los riesgos en algunas enfermedades puntuales, algunos tipos de cáncer, y de niveles que superan entre 10 y 40 veces lo permitido. Hay toda una discusión en torno a lo permitido en cuanto a valores vertidos a la ría y lo que realmente afecta a la salud, ¿no?

Sí, hay una discusión en tanto en lo que es lo permitido en los vertidos y qué es lo permitido en lo que uno consume. Voy primero por los vertidos: lo que se aplica en Bahía es la Resolución 366 de la Autoridad del Agua del 2006, que se aplica a toda la provincia de Buenos Aires. Es tanto según si fuera mar abierto, si arroja al sistema cloacal o a agua superficial. Acá se aplica a agua superficial, el tema es que no se ha hecho un estudio del impacto que se ha producido en el estuario y si esa reglamentación es aplicable al estuario.

Nosotros dirigimos que no. La ley provincial de Pesca directamente en el artículo 13 prohíbe arrojar sustancias nocivas al ambiente acuático donde se explota las actividades de la pesca. Una ley tiene mayor jerarquía que una reglamentación. La ley lo prohíbe y la reglamentación lo permite hasta cierto punto, ese siempre fue un motivo de discusión. Evidentemente se demuestra con estos resultados que pese al cumplimiento, más allá de que según los informes del CTE hay un porcentaje bastante elevado de incumplimiento a esa reglamentación, pero aunque estuviesen cumpliendo, la bioacumulación de los peces ha sido de tal magnitud que torna peligroso consumir cualquier tipo de especie. Y además del peligro para la salud lo que hay que destacar es cómo ha afectado a la biología, que es lo que vienen denunciando los pescadores. Ellos lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso que fue denunciado ahora se comprueba.

-Existen metales pesados que provienen de las empresas del polo y de ABSA que tiene un capítulo aparte.

No negamos que de parte de ABSA hubo un gran aporte de los metales pesados o sustancias nocivas que también vienen por la cloaca. Ahora se está haciendo la planta de tratamiento y es sobre lo orgánico, o sea que todo lo que es inorgánico va a seguir cayendo crudo al estuario, lo cual va a seguir siendo un problema pese a que se va a solucionar otro problema que es un gran aporte de nutrientes que generan una contaminación por la demanda biológica del oxígeno. Un pequeño problemita estaría solucionado cuando la planta empiece a trabajar pero vamos a seguir teniendo una gran cantidad de aportes de materia inorgánica que con la bioacumulación se transforman en tóxicos, tanto tóxicos para los peces o para las personas que consumen esos peces y crustáceos.

-Hay un punto de las conclusiones de los integrantes de la Facultad de Agronomía de la UBA que habla específicamente de proximidades al Sitio 18-19, a la salida del colector de ABSA, que detecta algunos nivel de DQO -que para traducirlo sería la demanda química de oxígeno- y sugiere evaluar globalmente a las empresas que tienen autorización para arrojar vertidos en ese lugar y la posibilidad de que otras lo hagan de manera clandestina. ¿Qué quiere decir?

El que antes era el sistema cloacal del Consorcio, que es donde se arrojaba todas las cloacas de Ing. White, ahora no funciona más porque lo que es la cloaca de Ing. White está conectado a la cuenca mayor y ahí está arrojando Cargill.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

El caudal de agua que sale es muy grande y mucho más grande del que arroja Cargill donde el CTE toma las muestras. Vendría a ser el último puesto de vuelco  de Cargill y tanto el olor como el color cuando uno se acerca se da cuenta que está saliendo cualquier cosa. Imagino que se refiere a eso porque por supuesto que puede haber conexiones clandestinas, es casi imposible descubrirlas porque estamos hablando de superficies muy grandes, pero recomienda eso el perito, alguna forma de meter un robot con cámaras por el sistema cloacal y ver de dónde sale el agua.

Ha dado mal y después una discusión que hay con Cargill, ellos dicen que lo arrojan… como te explicaba recién, la reglamentación tiene tres parámetros, una para mar abierto, otra para sistema cloacal y otra para aguas superficiales. El sistema cloacal es el que tiene permitido arrojar mayor cantidad de sustancias porque, supuestamente, después tiene un tratamiento. Como acá no tiene ningún tratamiento no se debería aplicar eso y es una discusión de Cargill con el CTE, qué reglamentación se aplica. Por eso muchas veces Cargill no cumple con los parámetros.

-Ahí es la sugerencia de que lo tomen como agua superficial.

Exactamente porque caño cloacal o desagote cloacal sería cuando después hay un tratamiento posterior, entonces lo pueden arrojar ahí pensando que después se va a tratar pero acá en Bahía no hay ningún tratamiento entonces no se puede tomar ese parámetro.

-Ustedes de fondo están pidiendo la reparación ambiental del estuario. Hay una serie de sugerencias con la incorporación de nuevas tecnologías, ¿qué opinión tienen? ¿les parecen alternativas viables?

Evidentemente lo que se está haciendo hasta ahora no sirve para nada, lo único que se hacen es controles, llevan numeritos, hacer gráficos, subirlos a internet y con eso parece que nos quedamos tranquilos.

Lo que están proponiendo no es solamente analizar los efluentes, que es una toma que hace el CTE esporádicamente, sino analizar el caudalímentro, cuánto arroja esa empresa y también analizar constantemente las sustancias que está arrojando, no una sola toma de muestra.  Así nos daría una noción más acertada de que la cantidad que están arrojando a lo largo de un mes o año, qué cantidad de mercurio, por ejemplo, estaría arrojando Solvay a lo largo de un año.

Sabemos cuántos miligramos por litro arroja pero no sabemos cuántos litros arrojó por consiguiente no sabemos cuánta cantidad de mercurio arrojó.

-En algún momento hay menciones respecto de resultados a los que no se pudo llegar debido a la condición de las muestras. ¿Hay alguna falla al momento de tomar las muestras o surgen interrogantes que no estaban previstos?

Lo que pasó es que estas muestras se tomaron en el allanamiento de la justicia federal y se hizo en conjunto la Facultad de Agronomía con la Policía Federal. Entonces la Policía Federal tomó las muestras, las recolectó y las envío a Buenos Aires. Y los biólogos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, de las ostras le dieron el bichito, entonces hubo algunos elementos que no pudo analizar de las ostras, pero fue eso nada más. Todo lo otro lo pudieron analizar bien.

-¿Qué pasa partir de ahora? El juez tiene éste informe, ¿cómo sigue la causa?

Lo tiene el juez y también la Municipalidad y la provincia. Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, porque todos tenemos la causa, tanto actores como demandados, y yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, porque está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada.

Me parece que debería haber dado a conocer para que la gente tenga conocimiento, después que tome la decisión que quiera. Así como uno en los paquetes de cigarrillo encuentra ese cartelito que advierte que es perjudicial para la salud, me parece que tendríamos que ponerlo en conocimiento.

 Con respecto al juez… la ley le autoriza a tomar medidas en el transcurso del proceso hasta de oficio, sin que nadie se lo pida, cuando ve que la situación es grave o cuando ve que puede empeorar, él como funcionario tiene la obligación de velar por el cuidado del medioambiente, eso lo dice la Constitución Nacional y la Ley General de Medio Ambiente. El juez podría hacerlo de oficio o a petición de parte tomar alguna medida para al menos evitar que esto empeore, será eso lo que tiene que hacer y prontamente dictar sentencia.

-La prueba es la misma para la causa en el ámbito federal, ¿cómo se utiliza?

Los dos expedientes están en el mismo trámite, ya se ha terminado la recolección de prueba y lo que es la parte de investigación termina con la decisión del juez de llamar a indagatoria o no. Si considera que hay prueba suficiente que acredite que se cometió el delito y acredite la responsabilidad de los denunciados llama a indagatoria.

El delito es poner en riesgo la salud pública a través de los efluentes contaminantes. El peligro a la salud pública interpretó que ya está acreditado con el informe este y que las empresas arrojan efluentes ya está acreditado por los informes de CTE. Pero será cuestión que lo analice la jueza y llamará a indagatoria para que los directores de las empresas se presenten a ejercer su derecho a  defensa.

-Por último, cuando se habla de prohibir el vertido de este tipo de metales por parte de las industrias ¿qué significa? ¿parar el proceso productivo?

La verdad que eso lo saben mejor los de las empresas que yo. Pero tengo entendido que las empresas no pueden producir sin arrojar residuos. Es lo que recomienda el perito en vistas al cumplimento de la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes que dicen que tenemos que proteger el medio ambiente. Si tenemos que proteger el medio ambiente y sabemos que están esas empresas que son las que arrojaron las sustancias, que son las que contaminaron, bueno, como mínimo empecemos parando de contaminar. Después vemos la recomposición del estuario, pero primero dejemos de contaminar.

Cecilia Miconi, directora en uso de licencia de los museos de Bellas Artes y Arte Contemporáneo, difundió una carta en las redes sociales advirtiendo a las autoridades del Instituto Cultural sobre el riesgo que corre el patrimonio de la institución y exigiendo medidas de seguridad.

“Parezco una loca que denuncia pero nadie responde, nadie toma responsabilidad ni se hacen cargo”, dijo en diálogo con FM De la Calle.

Miconi recordó que desde 2007 se trabajó se localizó, catalogó y resguardó centenares de obras. “Por primera vez se logró reunir la totalidad de piezas de la colección de los museos de arte y el préstamo del Museo Nacional de Bellas Artes instalándolas provisoriamente en el SUM del Museo de Arte Contemporáneo”.

“A los tres años trasladamos todas las obras a un espacio seguro y protegido dentro del edificio del Museo de Bellas Artes. Este depósito que habíamos armado nos permitía mantener la temperatura adecuada para la conservación de las obras (colocamos un aire acondicionado que mantenía el lugar a 18 grados, cortamos la calefacción de ese espacio, cerramos y sellamos ventanas), darle estabilidad y protección de posibles amenazas de bacterias, polillas, larvas, etc (se realizaron trabajos de limpieza y desinfección en la madera de las aberturas, pisos y paredes) y, no menos importante fue concentrar, resguardar y proteger las piezas de robos, daños, accidentes o hurtos posibles”, aseguró.

Según advirtió, ahora “todo el Patrimonio está distribuido en diferentes partes del Museo de Bellas Artes”.

“Entiendo que es una muestra que pretende visibilizar toda la colección y el estado en qué se encuentra… pero ¿es necesario exponer y arriesgar las 900 obras que tienen hoy los 2 Museos a semejante barbaridad? ¿Los caprichos del director interino Christian Díaz valen todo el trabajo y esfuerzo que realizaron cientos de artistas y trabajadorxs durante años por preservar el patrimonio en buenas condiciones? ¿Se hace cargo del daño que está provocando a piezas invaluables, tanto conceptual como económicamente? ¿Entiende la importancia cultural que tiene a su cargo?”, se preguntó.

El patrimonio de los museos de Arte Contemporáneo y Bellas Artes contiene obras de León Ferrari, Tulio de Sagastizábal, Adrián Villar Rojas, Graciela Sacco, Marcos López, Elba Bairon, Marcia Schvartz, Ad Monoliti, Chap Ati, Yuyo Noé y de artístas de la región como Graciela San Román, Alicia Antich, Claudio Redolfi, Rafael Martín, Séptimo Ferrabone, Hugo Pizani, Vanesa Bojart, Sandra Biondi, Elena Van Hess, entre otrxs.

“No tener ningún conocimiento sobre el Patrimonio nos lleva a este desastre. No querer facilitar el diálogo con sus trabajadores y la comunidad artística y profesional, también. Esto es vaciamiento cultural”, afirmó Miconi.

(Por Mauro Llaneza) Profesionales de la Universidad de Buenos Aires recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

“Estos metales pesados sobrepasaron ampliamente los niveles de concentración permitido por el Código Alimentario Argentino”. Así lo advierte una pericia recibida por el juez Contencioso Administrativo, Agustín López Coppola, en el marco de la causa “Schroeder”.

La investigación impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.

Según el estudio, “al menos en un grado de probabilidad muy elevado”, la concentración de metales pesados en los peces analizados se debe a la actividad de las empresas del polo petroquímico.

La “constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies”.

La pericia fue realizada a pedido de la Fiscalía Federal por las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica y por el ing. agrónomo Gustavo Mozeris de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Utilizaron las muestras producidas durante los allanamientos a las empresas del polo, 28 informes preexistentes “de fuerte relación y relevancia” y, principalmente, el producido en el marco de la causa ‘Meninato, Rolando, PBB Polisur y otros s/inf. Ley 24.051′” que tramita en el fuero federal.

Peces tóxicos

La presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

Especies como la corvina rubia, langostinos, mejillones, camarones y ostras evidenciaron la presencia de ambos metales “en valores que superan 10 y 40 veces respectivamente lo permitido por normativa nacional e internacional para el consumo humano”.

“La gravedad de esta situación determina que sea necesario abordar un monitoreo permanente de la fauna marina del estuario, con un diseño muestral que permita entender la dinámica de la contaminación con metales pesados en el estuario de Bahía Blanca”.

El documento manifiesta la alteración del ecosistema marino local destacando “las altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

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Esto afecta el desarrollo y crecimiento normal de las especies presentes en la ría y en la totalidad de la cadena trófica, desbalanceando el nicho que ocupa cada especie en este ecosistema.

“Debería asimismo encontrarse una relación directa entre esta pérdida de biodiversidad por bioacumulación de metales pesados y los parásitos que forman parte de esta cadena en comparación con sistemas por fuera de los límites de la ía de Bahía Blanca”, afirma.

Los pocos ejemplares enteros evaluados impidieron estudiar otros indicadores de la contaminación y que estarían asociadas a la presencia de metales pesados e hidrocarburos.

ABSA “está provocando un daño casi irreversible”

Respecto a ABSA, la pericia advierte que “los valores DBO (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), fenoles y sólidos sedimentales del sistema cloacal” exceden los límites permitidos, por lo cual, deben tomarse medidas urgentes de saneamiento “ya que el vuelco de 84 millones de litros por día está provocando un daño casi irreversible”.

“La permanente transformación operada en el área del puerto de Ingeniero White en los último treinta años ha dado lugar a un cambio morfológico del paisaje y, consecuentemente, a la transformación de mecanismos y procesos naturales que tienen en su sistema hidrológico”.

La dificultad para descontaminar la ría se evidencia en la “imposibilidad” de “realizar una actividad productivo-comercial como la pesca artesanal”, por “la salida de actividad de gran cantidad de pescadores”, “la baja de la actividad económica de agentes relacionados” con la pesca y “la baja disponibilidad de especies de calidad comercial y su imposibilidad de consumo”.

Por otra parte, ante los niveles de DQO que superan “ampliamente” lo permitido para agua de mar abierto, el análisis sugiere evaluar globalmente a “las empresas que tienen autorización” para arrojar vertidos en proximidades del Sitio 18-19 a la salida del colector de ABSA y la posible existencia de otras que lo hagan de manera clandestina.

Controles en la mira

La prueba que tiene en sus manos el juez López Cóppola y su par federal, plantea una “duda razonable” sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos provinciales.

Llama la atención la presencia de metales pesados en vertidos de las industrias en las márgenes de la ría –“aunque todos ellos dentro de los niveles guía permitidos”- frente al nivel de metales pesados hallados en todas las especies analizadas.

“Se plantea el concepto de la ‘duda razonable’ ya que si evaluamos el conjunto de vertidos a la ría de empresas del Polo Petroquímico este sistema aporta un total de entre 11 y 18 millones de litros de efluentes por día, sumándose a esto lo volcado por el sistema cloacal que suma 84 millones de litros por día”.

Contra las leyes

El documento de la FAUBA explica que existen tres factores que deben asegurarse como mínimo para el logro de “una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable de una región”.

  • Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas.
  • Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos.
  • Y asegurar la conservación de la diversidad biológica.

Todos los ítems están contemplados por la Ley General del Ambiente Nº25.675.

El dictamen es lapidario: “Ninguno de estos puntos está siendo asegurado con la intervención antrópica que existe en la actualidad en la Ría de Bahía Blanca”.

Por otra parte, existe “incompatibilidad” con la Ley provincial de Pesca Nº11.477 (prohíbe arrojar al agua sustancias nocivas para la biología marina- y mediante los vuelcos se viola la Ley de Residuos Peligrosos Nº24.051.

Por un estuario vivible

Los profesionales de UBA proponen generar un “marco de  convivencia con visión sistémica del problema” ante la “complejidad que significa mantener un equilibrio entre las actividades económicas, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente que apuntan a generar situaciones viables, vivibles y equitativas”.

Para ello y frente la “gravedad de los resultados obtenidos”, proponen:

  • Utilizar nuevas tecnologías como los caudalímetros con dosificación dinámica de efluentes líquidos sin la intervención de la mano del hombre, ya utilizados en otras industrias.
  • El monitoreo constante de contenido de metales pesados en peces con una metodología validada por los organismos de control y aplicada al ecosistema marítimo de la ría.
  • Y la evaluación permanente de sedimentos del estuario.

Ante la llegada de facturas de luz de entre $2000 y $8000, vecinos y vecinas de Villa Talleres Sur exigieron a la Municipalidad que efectúe las negociaciones necesarias con la empresa proveedora del servicio (EDES S.A.) para garantizar su abastecimiento a un costo razonable, teniendo en cuenta que viven en uno de los barrios más postergados de la ciudad.

La comunidad del barrio gestionó y consiguió el tendido eléctrico desde enero, siendo este el único servicio disponible. La mayoría de las familias utiliza medios eléctricos de calefacción por lo cual suelen requerir mayor consumo de kW que el resto de los ciudadanos, que pueden acceden a la red de gas.

Ante la imposibilidad de pagar las primeras facturas recibidas, alrededor de 40 familias realizaron un reclamo a EDES y difundieron su problemática. Si bien la empresa aplicó la denominada ‘tarifa social’, la situación no se regularizó para algunos vecinos, quienes continúan sin poder afrontar los excesivos costos.

Una de las razones principales es que esta tarifa no contempla el elevado consumo que requiere una familia para subsistir con aparatos eléctricos como único medio de calefacción.

Al realizar un nuevo reclamo, el mismo encargado de la oficina de atención al cliente sugirió que es el Municipio quien tendría que aplicar las medidas necesarias para asegurar el servicio a un costo adecuado para este barrio.