Se realizó esta semana la primera reunión del año de la Comisión Asesora Ambiental del Concejo Deliberante coordinada por Leandro Santomassimo. El edil oficialista dijo a FM De la Calle comentó los proyectos que abordarán durante el 2018, entre ellos, la gestión de los residuos, el arbolado urbano y la regulación de las antenas de telefonía.

Respecto a la reciente adjudicación de la administración del relleno sanitario a la empresa Ingeniería y Arquitectura -propiedad del titular de la Unión Industrial local, Fabián Gurrado-  y a la labor de la subcomisión de Residuos en la elaboración del pliego, Santomassimo afirmó que “el año pasado desarrolló una tarea impecable, los integrantes de la misma han trabajado mucho, ardua tarea han tenido sobre todo con el tema de la recolección de residuos sólidos urbanos. Y en cuanto a la opinión con respecto a la participación en el relleno sanitario y su resolución me parece perfecto”.

En relación a cómo trabajará la Comisión Asesora en el control del Polo Petroquímico, el concejal de Cambiemos dijo que “salvo en determinados casos en particular donde ha sido alguna parada de planta, algún ruido molesto que haya ocasionado alguna de las llamas allá; después en líneas generales desde la Comisión no hemos tenido mayores inquietudes”.

“Entiendo, obviamente, que también, como órgano de control, tenemos la institución del CTE, que cuenta con profesionales por demás capacitados y con buena tecnología. Y obviamente, hablando de cada una de las empresas que tienen sus equipos técnicos que lo que menos procuran se supone siempre es la contaminación del medioambiente. Entendamos que cualquier ciudad que tiene algún un polo industrial con una fabrica mínima de lo que sea, siempre va a haber un mínimo de contaminación”, manifestó.

Pablo Rosenfelt, concejal del bloque Cumplir e integrante del directorio de Bahía Transporte SAPEM, habló con FM De la Calle sobre la demorada implementación del sistema de estacionamiento medido y pago a cargo de EXO.

“Había un compromiso de la empresa de hacerlo en tres etapas. En agosto tenía que estar la aplicación lista para que entre en vigencia, mientras iban a convivir los dos sistemas”, dijo.

Ante el incumplimiento, Rosenfelt planteó “intimar a la empresa a través de una carta documento para que a la brevedad se solucionara este inconveniente. Acá hay recursos públicos que el municipio ha dejado de recaudar, un lucro cesante que es importante y que no podemos dejar pasar”.

El concejal explicó que hicieron un pedido de informe y ayer, junto a su par Ezequiel Gimeno, concurrieron al Tribunal de Cuentas.

“Manifestamos nuestra preocupación y nos confirmaron que están actuando de oficio en este tema y lo están auditando. Es una obligación que tiene el tribunal, todo lo que tenga que ver con la administración municipal o con la SAPEM, teniendo en cuenta que el 98% del componente accionario es estatal”.

Agregó que “la SAPEM gerencia un sistema y evidentemente lo gerenció deficitariamente. El que paga ese financiamiento es el municipio y hay que ver si intimó a la empresa para que dé un servicio como corresponde”.

“Sería conveniente que formalmente, y a través de un escrito, den toda la información que todos requieren y que estamos deseosos de conocer. (…) Lo inherente al parquímetro tiene que ver con subsidiar al pasajero frecuente”, concluyó.

Ayer se presentó en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa que legaliza el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación, fue firmada por 71 legisladorxs de distintos bloques.

Vanina Biasi, asesora de la diputada por el FIT Romina Del Plá y redactora del proyecto dijo a FM De la Calle que el nuevo texto se diferencia del presentado en 2017 al elevar el límite de 12 a 14 semanas de gestación, al eliminar referencias a los objetores de conciencia en el ámbito de la salud, “porque no se le puede denegar a nadie un derecho por razones religiosas y nos parece importante avanzar en reflexionar sobre esto”.

Si bien la iniciativa contempla en uno de sus puntos la cobertura de la interrupción del embarazo en todas las obras sociales y prepagas del país ara las mujeres que no las tengan “estamos planteando que tienen que ser atendidas en el hospital público sin ningún tipo de restricción, para lo cual va a haber que modificar algunas resoluciones que en el pasado se han tomado de la comercialización de misoprostol. Tenemos que empezar por decir que el ANMAT, en este momento se maneja con criterios que no pueden seguir existiendo en la medida que avancemos en una legalización del aborto”.

“Lo que pasa es que la comercialización de misoprostol en la Argentina produce una situación de mucha escasez porque solo se provee al Ministerio de Salud para que lo distribuya en los hospitales y en los efectores de salud para los casos que tenga atender abortos no punibles”, afirmó Biasi.

En cuanto  al contraproyecto presentado por los sectores denominados “pro-vida” que cuenta con un total de 15 firmas -entre ellas la del ex intendente bahiense Gustavo Bevilacqua- opinó que “no estamos debatiendo aborto si o aborto no, porque en este país el aborto existe, se practica de forma masiva y lamentablemente en muchos casos, porque las mujeres van a abortar obligadas por las circunstancias y, por lo tanto, tenemos que esforzarnos para ver como eliminamos las circunstancias”.

La secretaria general del Suteba local, Ana Canullo, se refirió a los dichos que la inspectora regional, María Celeste Veiga, pronunció ayer en el acto de inicio del ciclo lectivo.

“Es una funcionaria política de Cambiemos en un discurso político que no es más que lo que ellos son, lo que han hecho todo este tiempo es responsabilizarnos a los docentes de esta situación cuando está muy claro que es el Estado el que se está corriendo de su responsabilidad”.

“Vengo a hablar en nombre de la educación. Estoy representando esta figura, es que tengo que traerles la gran preocupación de la gobernadora y del ministro de Educación Gabriel Sanchez Zinny , quienes están trabajando para revertir esto, se impone en la provincia de Buenos Aires y en el país todo, un deseo ferviente de que se revierta. Y esto también involucra a las familias y nos compromete a todos los docentes bonaerenses por eso es que vale el agradecimiento especial a aquellos docentes que hacen su lucha desde las aulas. Aplauso por favor a los docentes que van a hacer su lucha desde las aulas”, dijo Veiga en el jardín del barrio Palihue.

Canullo opinó que “es el Estado quien está cerrando los bachilleratos de adultos (…) que funcionan en escuelas secundarias, en horarios adecuados, en los barrios. Es el Estado quien fusiona los cursos, quien deja sin primeros años a tantos chicos y chicas que empiezan su escolaridad secundaria y no saben dónde van a ir porque en sus barrios cierran primeros para abrir cuartos, porque hacen todo sin querer poner dinero”.

Veiga había afirmado además que era un “acto privilegiado” porque “sabemos que tenemos todo el confort, pero sabemos que hay estudiantes que transitan su escolaridad en lugares totalmente inapropiados”. “¿Es acaso un “privilegio” que el lugar físico de la escuela pública donde se enseña y se aprende tenga todo lo necesario para funcionar?”, se preguntaron desde Suteba en un comunicado.

“Pero lo mejor que nos pasó ayer es que la comunidad, por suerte, dio su respuesta antes que la diéramos nosotros. Sabemos que varios padres del jardín donde se estaba desarrollando este acto, rechazaron éste discurso, algunos dijeron sus cosas, otros se fueron, eso es una muestra de que se les está cayendo la careta de que es lo que está pasando” finalizó la secretaria del gremio.

Lo dijo el titular de ATE y la CTA Autónoma bonaerenses en comunicación con FM De la Calle a partir del discurso de la gobernadora María Eugenia Vidal en la apertura de sesiones de la Legislatura. Hoy culmina el paro por 48 horas de docentes y estatales.

De Isasi afirmó que la situación no es nueva pero sí “la virulencia, y se renueva cada vez que hay que discutir el salario. Este gobierno, nacional y provincial, tiene un desprecio manifiesto sobre los trabajadores del Estado, que todos los días les enseñan a miles de pibes, que les dan de comer -en el caso de los auxiliares-, limpian las escuelas”.

El dirigente gremial aseguró que “las afirmaciones de la gobernadora en relación a que no hemos perdido poder adquisitivo, que se toman de rehenes a los chicos y demás, carecen de sentido con un salario tan depreciado como este”.

Finalmente, explicó los motivos por los cuales se movilizaron esta mañana “Repudiamos las declaraciones de la gobernadora y exigimos la apertura de todas las paritarias (la única que está abierta es la de los docentes). Y que en esas paritarias se haga una oferta salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo del salario, no solo discutir un 15% de proyección inflacionaria, que es mentiroso, porque hasta las encuestadoras oficiales hablan de un 20%”.

“Le agregamos la exigencia de reincorporación de lxs trabajadorxs despedidas, el pase a planta permanente de miles de trabajadores precarizados y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires intervenga en el conflicto de Fanazul porque tiene mucho para decir y tiene una de las llaves para que ese conflicto se resuelva”, concluyó.

“El estado no nos da los recursos para garantizar este derecho, entonces nos pone en un lugar en donde o tenemos que salir a buscarlo nosotros o conseguirlo de alguna manera, que alguien nos done, que nos preste” señaló Verónica Herrero, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de nuestra ciudad.

En el marco de la semana del Paro Internacional de Mujeres, se realizó la presentación oficial de este espacio. “Un grupo de profesionales de la salud, médicos, enfermeros, psicólogos, promotores de salud y trabajadores sociales. Somos trabajadores que pertenecemos al sistema público de la salud, trabajamos en el primer nivel de atención y nos venimos reuniendo desde el año pasado para poder trabajar el aborto no punible en bahía blanca” explicó.

Según un informe elaborado por el equipo Latinoamericano de Justicia y Genero, la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina y CEDES, se estiman entre 370.000 y 520.000 abortos por año en nuestro país. Hay más de un aborto cada dos nacimientos. La única información sobre aborto disponible a nivel nacional de los servicios de salud proviene de las internaciones en hospitales públicos. Los abortos se reportan en una sola categoría que comprende desde mujeres que se internan en los hospitales públicos porque perdieron un embarazo espontáneamente hasta mujeres con abortos legales o mujeres que enfrentaron distintos tipos de complicaciones (más o menos graves) derivadas de un aborto realizado en condiciones inseguras. Quedan excluidas las mujeres que recibieron atención ambulatoria y las que accedieron a efectores privados o de obras sociales.

Herrero también destacó que elevaron “un informe en la Secretaria de Salud, que va a ser presentado al municipio en el HCD, donde cuenta y hay evidencia de todo un marco teórico, legislativo, jurídico tanto de Argentina como declaraciones internacionales donde avalan el pedido que nosotros estamos haciendo básicamente de los recursos para poder trabajar en el primer nivel de atención”
Por su parte Viviana Rodriguez, psicóloga, destacó que forma parte de esta red “que viene a abordar esta lucha histórica de muchos grupos feministas, con la intensión de poder visibilizar que también el aborto es un problema de salud y es un problema político, porque en realidad lo que se intenta cuando se coloca a la mujer solamente desde su dimensión biológica o su capacidad reproductiva es borrar la diferencia que hay entre la dimensión biológica y la dimensión política de la mujer”.

El aborto realizado en condiciones inseguras puede afectar la vida y la salud física, emocional y social de las mujeres y de su entorno cercano. Las muertes por abortos inseguros en Argentina representan el 17% del total de las muertes maternas entre 2014-2016. Contabilizan 47 las mujeres muertas por año por complicaciones relacionadas al aborto clandestino. “No parece cruel dejar a un grupo poblacional, la mayoría son mujeres menores de 25 años, a que vean cómo les sale un aborto inseguro, porque las mujeres abortan. Lo que está (en discusión) es el acceso al aborto no punible en un sistema de salud publico donde el aborto es seguro y no te compromete la vida” aclaró Herrero.

Y Viviana Rodríguez finalizó destacando que “la criminalización es selectiva porque las mujeres que han sido procesadas son mujeres pobres. La práctica del aborto es común en mujeres y en personas con capacidad para gestar, lo que pasa es que hay un sector que se encuentra en una inequidad y en una vulneración de derechos”.

Ante los anuncios económicos que hizo el presidente durante la apertura de sesiones parlamentarias el día de ayer, el economista Julio Gambina dijo a FM De la Calle en relación al supuesto “crecimiento invisible” que “el INDEC acaba de dar a conocer los datos del 2017 hablando de que el crecimiento de la economía argentina es de un 2%. Apenas la economía argentina está como en el 2015”.

Asimismo, explicó que dicho documento habla de un 30% de pobreza. “Ya no alcanza con tener trabajo para no ser pobre, vos podes tener trabajo y ser pobre. Hay un 20 o 30% que está por encima de la línea de pobreza y que no alcanza satisfacer las necesidades básicas”.
Respecto de la matriz de política económica, el Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA sostuvo que “la economía puede crecer en aquellos sectores que están ligados al endeudamiento. A los sectores especulativos de la economía les está yendo muy bien (…), porque si la propia política oficial que vos tenés es una recurrente devaluación de la moneda local donde te conviene importar, directamente te conviene convertirte en importador que arriesgar y producir”.

(Por Ángel Dantagnan/ La Máquina) Desde temprano se veía una actividad diferente en la Plaza. La camioneta, el engache, el escenario, las luces para ir a retirar, todo se veía lejano y el inicio había sido publicitado por las redes y por cartelería que empapeló la ciudad. Por momentos parecía que sería imposible tamaño objetivo: celebrar los Corsos Céntricos, arrebatados por una decisión unilateral, inconsulta, que desconoce el trabajo que se viene realizando por l@s murguer@s desde hace tantos años.

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Para repasar rápidamente, los feriados de carnaval fueron eliminados mediante decreto por la dictadura cívico-militar consecuente con su proyecto de “disciplinar” a la sociedad: no había lugar para una celebración en la que el amo juega a ser esclavo y éste a mandar, en la que se permite festejar, danzar, expresarse.

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En 2010 se presentó el proyecto de ley para restituir los feriados que se efectivizó en 2011 con los llamados “Carnavales de la alegría” que funcionaron hasta 2016 con la participación del Estado como co-organizador entendiendo, no sólo la expresión artística, sino también la función social que cumple el trabajo de las murgas durante todo el año.

Volviendo al denominado “Carnaval en Desguace” (que se enmarca en una serie de reclamos del sector de los hacedores culturales de la ciudad) se dispusieron dos escenarios en la Plaza Rivadavia que permitieron una dinámica de circulación de público distinta, pudiendo disfrutar todos de todo.

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Para las 18 estaban armados los mencionados escenarios, sus correspondientes sonidos, decorada la Plaza, instalados los baños químicos y había ya un interesante número de gente circulando. Como es de suponer en eventos de esta magnitud, comenzó con un poco de atraso, pero los tiempos de presentación de artistas se fueron acomodando a lo largo del evento.

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La lectura del comunicado dio inicio a la fiesta. Luego, el ritmo de los tambores del Rejunte de candombe trazaron la línea de lo que sería un festejo pocas veces visto en la ciudad: artistas de diferentes ámbitos (no sólo desde las murgas) que se juntaron a compartir. Por nombrar sólo algunos; Alberto D`Alessandro, La Banda Lavanda (Desbandadas), La Nave Circo, Triskel, La otra parte, Iconoclastas (teatro), Motor Colectivo (danza) y muchos más que quisieron decir presente.

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Fueron muchas, también, las agrupaciones y colectivos que apoyaron y adhirieron haciendo realidad el festival con aportes desde sus posibilidades; algunas con dinero otras poniendo el hombro y la fuerza de trabajo, a las que se les agradeció en el micrófono abierto.

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La jornada del lunes terminó con una gran concentración de murgas de la ciudad acompañada con similar apoyo desde el público. Se estima que alrededor de 4500 personas asistieron, bailaron, se abrazaron y entendieron que el carnaval es de tod@s. Para tod@s.

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Pero no culminó allí: al día siguiente se concentró nuevamente en el centro de la Plaza Rivadavia para “cortar con lo amargo” en un desfile de carnaval. La caravana recorrió parte de la ciudad, deteniéndose en el Teatro Municipal para continuar bailando al ritmo de los tamboriles hasta retornar a la Municipalidad, dónde se realizó la última “Matanza murguera” en la que los cuerpos bailaron libres, y tod@s fueron invitados a sumarse al gran final, sabiendo que se había logrado mantener vivo un derecho. El derecho a la alegría.

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Quedará en la historia de la ciudad como un hecho que pone en relevancia la gran capacidad creativa y de gestión de unos y la lejanía y el poco entendimiento de la realidad cultural de otros a los que (según cierra el documento leído) “debe dar tristeza y frío” verlo a solas desde una oscura oficina.

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 El “Carnaval en Desguace” fue un ejemplo de la organización colectiva en su máxima expresión  y demostró que cuando se dejan de lado apetencias personales y se aúnan objetivos  es posible lograr el bienestar para tod@s.

Fotos: FM De la Calle.

(Por Comisión de Apoyo a los Juicios) El ex camarista Néstor Luis Montezanti será indagado el próximo viernes 16 de febrero a las 10 por el juez federal Walter López da Silva, en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad. Será la primera vez que no pueda escudarse en sus fueros.

Está acusado de haber integrado la Alianza Anticomunista Argentina -conjuntamente con miembros de la CGT local e integrantes de las fuerzas de seguridad- de activa participación en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y de haber sido cómplice del plan criminal desplegado posteriormente durante la última dictadura.

El ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el genocidio y se salvó de ser destituido por la rápida aceptación de su renuncia por parte del presidente Mauricio Macri.

Invitamos a todas las organizaciones y a la comunidad a encontrarnos este viernes a las 9 en Alsina y Lamadrid para seguir exigiendo Juicio y Castigo a Montezanti.

Adonde vayan los iremos a buscar!

COMISIÓN DE APOYO A LOS JUICIOS

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Este lunes y martes, a pesar del boicot oficial, se realizaron los festejos del Carnaval en el centro de Bahía Blanca. Los escenarios montados en la Plaza Rivadavia recibieron a decenas de murguerxs y artistas que aprovecharon los micrófonos para denunciar el desguace cultural que ejecuta el gobierno municipal de Cambiemos (PRO-CC-UCR).

“No se puede desguazar una práctica que es popular. Ustedes no lo saben, porque no huelen a pueblo. Jeden a country y club de golf. Pretender ahogar con falta de recursos esta experiencia hecha de amor y abrazos se explica únicamente porque solo conocen el lenguaje del billete”, leyeron Belén López, Alberto Rodríguez, Sasha Quindimil y Ángel Dantagnan en representación de las agrupaciones de la comunidad artística y cultural que organizaron el festival.

Compartimos el documento completo.

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El Estado argentino reconoció el Feriado de Carnaval en el año 2011, tras una larga pelea del movimiento murguero. En 1976 la dictadura había decretado la muerte de los farolitos, los banderines y el encuentro popular a través de esta expresión de larga raigambre en nuestro país.

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En 2017, el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó la ordenanza que creó el Fondo Municipal de Financiación de Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo, cuya letra prevé la financiación de eventos como el Corso Céntrico.

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En cambio, el gobierno municipal de Bahía Blanca, por decisión del intendente Héctor Gay y su referente en cartera de cultura, Ricardo Margo, deciden gobernar abiertamente en contra de la legislación del propio Estado, cuyas normas son los primeros llamados a cumplir.

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Como si esto fuera poco, el funcionario público que oficia de Director del Instituto Cultural se refirió, en una conferencia de prensa memorable por el destrato hacia los/as trabajadores/as de prensa, a las murgas como “contestatarias” y “en contra del estado”. Lo primero que hay que decir es que se trata de una provocación de baja estofa. Las murgas son un movimiento diverso que no puede reflejarse (salvo en estos términos de provocación) como una suerte de movimiento anarco-cultural que se propone destruir al Estado. Mucho menos suprimir las miles de miradas que cada barrio propone a una sola ideología.

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En segundo término, es preciso desmentir abiertamente tal afirmación: las murgas, agrupaciones murgueras, asociaciones civiles, gremiales y espacios culturales bregamos por un Estado grande y presente, que tome en sus objetivos prioritarios los derechos culturales, tal como ha suscripto este país en su reforma última constitucional. Queremos que cada carnaval sea organizado con las entidades de base de casa territorio en articulación con un Estado que nos tome en serio. Estamos seguros/as de que lo que no queremos son funcionarios que se mofen de nosotros/as y le mientan a la comunidad.

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Más allá de la opinión personal de cada servidor/a público/a con respecto a esta expresión popular de la cultura bahiense, reclamamos que cumplan con sus obligaciones con la comunidad o que den un paso al costado.

Ha sido expresado públicamente que el retiro de fondos producido este año hacia el Carnaval es resultado de la orden del intendente de recortar gastos públicos. Somos conscientes de que este ajuste afecta a otros/as trabajadores/as de diferentes área vitales e indelegables del estado (salud, educación, cultura, etc.) y nos solidarizamos con todos/as y cada uno/a que se vea afectado/a por decisiones de política económica cuyo resultado conocemos: marginación cultural y pobreza económica.

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Por eso este lunes vamos a carnavalear en el Plaza Rivadavia y les invitamos. Queremos comunicar a nuestros/as vecinos/as lo que está ocurriendo. Queremos que sepan que el gobierno decide atacar a los/as pibes/as que en el barrio trabajan todo el año para tener su traje y cantar en carnaval, en lugar de buscar a los responsables de los déficits contables en las contrataciones abusivas, en los sueldos onerosos de funcionarios de dudosa labor o en los sobreprecios de las empresas amigas.

Queremos que sepan que, por decisión política, hoy en Bahía Blanca han puesto al “Carnaval en desguace”.

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Intentan desmantelar los recursos que deberían garantizar, pero desconocen que no podrán contra la energía de la fantasía, del/la bombista o del/la barilarín/a. Cuando hay mucho por decir se canta más fuerte. Y el letrista no se olvida.

 No se puede decretar la muerte de los festejos populares. No sé pueden ajustar los pasos y la crítica. No se puede desguazar una práctica que es popular. Ustedes no lo saben, porque no huelen a pueblo. Jeden a country y club de golf. Pretender ahogar con falta de recursos esta experiencia hecha de amor y abrazos se explica únicamente porque solo conocen el lenguaje del billete.

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Si quieren transparentar y achicar gastos, expliquen por qué siempre hay fondos para el sector privado (que no juega al libre mercado sino a la patria contratista). El carnaval no tiene nada que esconder. Por el contrario, tiene todo por mostrar. A ustedes la mascarita se les cayó hace rato y su política de ajuste es pura espuma: gastan para los que no necesitan.

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Este lunes bailaremos y cantaremos en este Carnaval en Desguace. Y el martes desfilaremos abrazados/as a este amor con brillantina.

“Debe dar tristeza y frío” verlo a solas desde una oscura oficina.

Comunicado de la familia de Santiago Maldonado. Ascienden a los gendarmes implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago.

En el Boletín Oficial del día de hoy se publica la Resolución 1473-E/2017 del Ministerio de Seguridad, por la cual se dispone el ascenso de varios gendarmes(entre otros) del gendarme Emmanuel Echazu.

Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago.

El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas.

Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos.

VERDAD y JUSTICIA x SANTIAGO.

#JusticiaParaSantiago

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La diputada nacional del FIT Romina del Plá presentó un proyecto de ley que plantea la “suspensión de la transferencia de Cablevisión a Telecom y el control societario de la empresa Telecom por parte de Caablevisión Holding SA”.

El proyecto sostiene que la fusión atenta contra derechos elementales como la libertad de expresión y el acceso a la información y defensa de la “competencia” al favorecer una concentración monopólica tanto en materia de contenidos como de infraestructura, interconexión, transporte, comercialización y exhibición final de flujos de la comunicación, a través de la cual el grupo Clarín consolida una posición dominante.

A su vez, agrega que la fusión no tiene nada que ver con un avance tecnológico, sino que golpea a los sectores y regiones más vulnerables de la población y pone en riesgo la prestación de los servicios en amplias zonas, en particular en las regiones centro y norte del país donde se impone el peso de un monopolio exclusivo de las telecomunicaciones que afecta directamente a los trabajadores, usuarios y consumidores.

La iniciativa propone que previo a cualquier fusión Telecom debe cumplir primero con los Pliegos de la privatización de ENTEL que consiste en el pago del 10% de los Bonos de participación en las ganancias adeudados a todos los empleados vinculados a dicha empresa, y para quienes hayan perdido su relación laboral y/o sus descendientes.

Por último, el proyecto plantea la suspensión de la Fusión de Cablevisión SA con Telecom Argentina SA hasta que se garanticen los puestos y condiciones de trabajo, en un convenio único de la actividad de todos los trabajadores de Cablevisión, Telecom, Personal, Arnet, Fibertel y Nextel.

(Por Coalición por una Comunicación Democrática) Nuevamente el gobierno de Mauricio Macri está aprovechando las Navidades, los Días de los Inocentes y el filo del almanaque para traspasar las competencias constitucionales y normativas en la regulación las comunicaciones. Con repudiable creatividad, sin antecedentes internacionales en la materia, concentran en unos pocos grandes grupos el control de un sector estratégico para la economía, la cultura y la democracia.

Así lo hicieron entre gallos y medianoche por sucesivos decretos de necesidad y urgencia a fines de 2015, y van por más en estos días. En nombre de la modernización y la competencia congelaron el ingreso de las empresas de telecomunicaciones (ya autorizadas en 2014 por la Ley 27.078) que amenazaban la hegemonía del operador dominante y así permitieron la creación de Cablevisión Holding (Telecom, Cablevisión, Nextel, Personal, Fibertel, Arnet): el gran jugador del Cuádruple Play, sin rivales a la vista y con mercados asegurados en televisión por cable, telefonía celular, internet y telefonía fija en todo el país. A partir de acá habrá una convergencia en cuentagotas.

La criatura que alumbra la gestión del macrismo está apañada por el ENACOM, un ente regulador de comando automático a las órdenes del gobierno y bajo el ala del ministerio de Modernización. También analizan nuevos decretazos para “compensar” a Telefónica, DirecTV, y Claro. Y en paralelo desmantelan todo vestigio de política pública de acceso gratuito como la Televisión Digital Abierta (TDA) y sus señales de contenidos, cuyos trabajadores están despidiendo en medio de un gran ajuste.

Lo hacen en clara violación de las obligaciones legislativas que la Constitución impone al Congreso en su artículo 75, inciso 19) en cuanto a la promoción y protección del patrimonio audiovisual y cuando aún la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del Decreto 267/15 ante un recurso extraordinario que prosperó, promovido por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social.

Al suprimir en las leyes 26.522 y 27.078 los límites a la acumulación local y/o nacional de medios y plataformas en un mismo propietario, el gobierno actual ha ignorado tanto la jurisprudencia argentina (CSJN, 2013) como la de Estados Unidos (C.Columbia 2011) y la europea. Todas ellas, mediante diversos pronunciamientos, han sentado con claridad el principio de que la regulación de la concentración mediática constituye “una vía constitucional razonable para garantizar la libertad de expresión” y que el “mercado de las ideas” no puede regularse bajo los principios de libre mercado y defensa de la competencia.

Este fin de año nos encuentra denunciando la mayor concentración de medios audiovisuales y de infraestructuras de comunicación de América Latina. El Gobierno consagra posiciones cuasi-monopólicas mientras precariza el esquema regulatorio legal argentino con decretos o resoluciones que violentan leyes para satisfacer los negocios de un puñado de grandes empresas locales y transnacionales del mercado del entretenimiento, la información y la conectividad. Más aún, dispone con discrecionalidad de un recurso natural finito, escaso y estratégico, como el espectro radioeléctrico, para direccionarlo a la satisfacción del modelo de negocios de un sistema cartelizado de cable, telefonía celular y conectividad de internet al mismo tiempo en que se niegan llamados a concurso para nuevos operadores que aportarían diversidad y pluralismo.

Cualquier nueva voz que nazca en estas condiciones estará en clara desventaja para ser escuchada.

Clausuraron el debate público: no mostraron en estos dos años ningún proyecto que mejore o sustituya a las leyes 26.522 y 27.078, ambas modificadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15. Se habían comprometido a hacerlo en Washington, en abril de 2016, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras haber sido emplazados por presión de numerosos organismos reunidos en la Coalición por una Comunicación Democrática.

Sr. Presidente: usted está a cargo de uno de los poderes de la República. Ni más ni menos. No se extralimite. Respete la Constitución Nacional. Todos tenemos derechos constitucionales. La libertad de expresión es un pilar de la democracia que no puede quedar a merced del mercado, ni silenciada por la represión policial como sucedió con periodistas y fotógrafos que cumplían su labor informativa en recientes manifestaciones públicas.

Permítanos disentir. No nos mande a las fuerzas de seguridad si nos reunimos en la vía pública, ni nos haga investigar, ni eche a los trabajadores que defendemos, ni acalle las voces que pueden dar cuenta de otros puntos de vista.

Permítanos debatir. No esconda su Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que por Decreto se comprometió a elaborar hace DOS AÑOS, y viene demorando sistemáticamente su envío al Congreso”.

Recordamos que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y sólo lo habilita, “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…” (CN art. 99. Inc. 3).

Por la vigencia de los mandatos de la Constitución Nacional sobre Libertad de Expresión, Derechos Humanos y el equilibrio de los poderes de la República.
Reclamamos reglas democráticas que fomenten la diversidad y pluralidad necesarias para fortalecer la democracia hoy amenazada.

Coalición por una Comunicación Democrática
www.coalicion.org.ar

Foto: FM La Tribu

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó ayer una audiencia con el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, para manifestarle su preocupación frente a los cambios producidos en el último tiempo en el equipo de relevamiento y análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas argentinas, que obran en poder del Ministerio, y que ponen en riesgo la continuidad de esta política de estado.

Estos cambios implicaron, entre otras acciones, el despido de trabajadores de vasta trayectoria, muy valiosos para las tareas de preservación. Con estas decisiones se afecta el funcionamiento de los equipos, y esto podría provocar el deterioro de una política pública crucial para nuestra democracia.

El trabajo que estos equipos vienen realizando desde el Ministerio de Defensa es indispensable para el fortalecimiento de las políticas de verdad, justicia y memoria, ya que no sólo da cuenta de la historia reciente de nuestro país sino que constituye una prueba fundamental para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de estado.

En la presentación realizada, la CPM manifestó su preocupación por el rumbo que puede tomar la gestión y preservación de estos archivos, solicitándole que revea estas decisiones y garantice la continuidad en sus tareas de las trabajadoras y los trabajadores. Además, expone su consideración sobre la importancia del trabajo que se viene realizando y la necesidad de sostenerlo como política de estado.

Esta preocupación se basa en el reconocimiento de la importancia que tiene el trabajo con los archivos del terrorismo de estado a la hora de conseguir justicia y conocer la verdad sobre lo sucedido. Desde el año 2001, CPM custodia y gestiona el acervo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, parte del acervo del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina. Todo esto ha marcado, desde nuestros orígenes, una de nuestras misiones fundamentales y redunda en una preocupación constante por la preservación y desclasificación de todos los fondos documentales vinculados al terrorismo de estado.

La semana pasada la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la modificación del sistema jubilatorio del Banco Provincia y la quita de jubilaciones de privilegio para lxs funcionarixs con altos cargos de gobierno.

El legislador provincial por el FIT Guillermo Kane explicó que “ya en el discurso e Macri en el Centro Cultural Kirchner puede haber negado que iban por una reforma jubilatoria, y bueno tuvimos esta crisis que terminó con el repudio popular”.

“En el discurso de Macri, se unió el problema jubilaciones de privilegio a regímenes especiales de distintos sectores de trabajadores que son conquista de muchos años y que ellos pagan con sus propios aportes. Entonces, esta operación que fue reproducida después en medios de comunicación ligados al gobierno, trata de mezclar el gobernador o el juez, que no está incluido en la ley de Vidal, con la docente que puede jubilarse a los 55 años, luego de 30 años de servicio al frente de un curso con el desgaste que eso implica, entonces me parece que estamos escondiendo las cosas”.

Kane se manifestó a favor “de que no tengan jubilaciones de privilegio ni los gobernadores, ni los legisladores, ni los jueces, que no están incluidos en este proyecto. Pero sobre todo creo que este es un mascarón de proa para avanzar sobre los trabajadores”.

Régimen impositivo para cooperativas

También fue aprobada la modificación del capítulo del Código Fiscal que alcanza a las cooperativas. La ley 10.397 y modificatorias pretenden lograr mayor equidad y reforzar la finalidad de esxs asociadxs.

Al respecto, el diputado Kane sostuvo que “justamente en una provincia donde se ha eximido a cientos y cientos de empresas de ingresos brutos y de otros impuestos de la provincia, se ha quitado, por ejemplo, la tasa especial para vender en la provincia de Buenos Aires a empresas que no están radicadas en ella; ha habido eximiciones de todo tipo para grandes empresas, se aumenta la carga impositiva sobre las cooperativas”.

“Lógicamente que nos interesaría diferenciar entre cooperativas impulsadas por sus trabajadores, las fábricas recuperadas (…), con cooperativas que existen como subsidiarias del Estado o de grandes empresas, que también las conocemos”.

“El puerto de Mar del Plata, por dar un ejemplo, está lleno de tercerizadas de las grandes empresas que figuran y tributan como cooperativas. Me parece que acá hay que diferenciar el fraude fiscal y laboral de la defensa de los trabajadores, y bueno esta ley lo que hace es golpear sobre la voz más débil, mientras le regalan en la votación reciente del presupuesto de Vidal, extensiones millonarias a las grandes empresas, los grandes bancos de la provincia de Buenos Aires”, finalizó.

Luego de que la semana pasada se conformaran las distintas comisiones dentro del Concejo Deliberante, FM De la Calle habló con el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Carlos Quiroga, quien está al frente de la Comisión de Educación Cultura y Acción Social.
Ante la intención del oficialismo de derogar la Comisión de seguimiento del Fondo Educativo, Quiroga manifestó que su bloque quería “modificar la ordenanza existente porque si bien era un avance tampoco tenía mucha eficacia (ya que) el Consejo Escolar no tenía voto, los del sindicato tampoco”.
Además, “se sustrajeron recursos del Fondo Educativo para otros fines cuya justificación estaba muy difusa, y se subejecutaron partidas”, comentó. La última reunión del año de la comisión de seguimiento del fondo educativo “debió haber sido convocada el viernes pasado por Morena Roselló. No solo no la convocó sino que no la pude ubicar por teléfono”.
Quiroga explicó que se destinaron 123 millones de pesos del presupuesto 2018 para el Fondo Educativo, pero aseguró que el oficialismo tiene “la pretensión de manejar a su antojo sin que nadie se meta, nadie que controle ni que sugiera nada”.


También aseguró que hay que poner el ojo en la infraestructura de las escuelas, “donde hay una deuda extraordinaria. Fijate que en el presupuesto participativo que banca la empresa Dow, los tres proyectos más ambiciosos, de un millón de pesos, eran de problemas de infraestructura escolar, (…) en White se mataban por tres millones de pesos entre tres escuelas públicas, que te obligan a una situación enojosa dentro de la comunidad”.
En cuanto a la situación cultural del próximo año, el presidente del bloque Unidad Ciudadana expresó: “veo muy bien lo que quieren porque en realidad, es muy cómico, el proyecto de presupuesto que nos llegó es copiado y pegado del del año pasado, ni siquiera le corrigieron el número”.
“El Consejo Consultivo debe ser jerarquizado en sus decisiones. Que la ordenanza de Espacios Culturales Independientes debe tener plan vigencia”.
“Este año, paradójicamente, una de las propuestas es ampliar el horario de atención de los museos y sucedió todo lo contrario”. Van a esperar a reunirse con el Director de Cultura, Ricardo Margo, para profundizar sobre esas cuestiones.
Al consultarle respecto a la ordenanza fiscal impositiva, aseguró que se va “30% para arriba todo. Salvo algunas excepciones a las que se les reduce la tasa, como los que tiran fibra óptica, o alguna promoción para instalar parques eólicos (energías renovables). El resto, aun cuando dicen que la inflación va a ser de 16% (…) no va a ser un buen año desde el punto de vista de los contribuyentes; desde el ABL hasta el resto de los tributos, 30% para arriba”.
Una vez que el Secretario de Hacienda, Esandi, se presente para defender la ordenanza fiscal impositiva, tendrán “que empezar a desfilar los miembros del gabinete para explicar cómo van a gastar los 4.305 millones de pesos que componen el presupuesto 2018”, explicó Quiroga.
Si bien confirmó que se aprobaría todo junto, tanto el presupuesto como la ordenanza fiscal impositiva, advirtió que “lo vamos a tomar con calma, no vamos a permitir que vayan tres o cuatro funcionarios en un solo día, que se queman la cabeza y terminas no entendiendo nada. Hay que hacerlo con serenidad”.
Sobre el supuesto recorte de gabinete que se había anunciado para ‘ajustar’ comentó que “quedó en nada. Lo que dice un poco el prólogo del presupuesto es que estos cambios tienen que ver con optimización de la gestión. El valor es el mismo, así que ahorro ninguno, le cambian los nombres pero nada que signifique ahorro”.
Finalmente, Quiroga se refirió a su bloque: “Tenemos minoría en todas las comisiones, tenemos minoría en el Concejo; procuraremos algunas negociaciones que faciliten, que ayuden, pero es complicado. (…) Por lo menos vamos a estar ahí, observando con mucha minuciosidad todo para contárselo a los vecinos y las vecinas”.

La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley de modifica el régimen previsional de lxs empleadxs del Banco Provincia que pretende elevar escalonadamente la edad jubilatoria de 57 a 65 años con 35 años de servicios como mínimo. La Asociación Bancaria resolvió extender el paro hasta el viernes pero el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

“Desde el año ’92 nos jubilamos a los 60 años de edad, con 35 años de aporte y además nuestros jubilados siguen haciendo el aporte del 10,82% una vez de haber accedido a la jubilación. Hay una intención de extender la edad jubilatoria en cinco años, con la posibilidad de extenderlo en cinco más, es decir que estaríamos con posibilidades de jubilarnos a los 70 años, eso sería de forma voluntaria”, contó Marcos Helbert delegado de lxs trabajadores del Bapro a FM De la Calle.

Comentó que con este proyecto “va a haber una disminución del haber inicial; el haber nuestro actualmente surge del promedio de los último cinco años y pretenden llevarlo a un cálculo de los haberes percibidos de los últimos diez años, esto es sin actualizar los haberes por función sino que, al haber percibido no se le tiene en cuenta ni siquiera el impacto de la inflación”.

Paralelamente, se reduce en un 5% el haber de las pensiones y se modifica, además, la forma de actualización de las jubilaciones que está unida con la actualización paritaria de los activos,  que a partir de la nueva ley “se desengancharía para ajustarse tal cual ocurre con el sistema nacional, es decir que se pierde el anclaje de la jubilación en la ciudad en relación a los sueldos”.

En relación a la situación de la caja del jubiladxs del Banco Provincia, Helbert sostuvo que “desde el año 2007 estamos incorporados en el régimen previsional de la provincia de Buenos Aires como un subsistema, tenemos una caja autónoma como es la caja de la policía, por ejemplo, pero es un sistema dentro de la provincia de Buenos Aires. Esto implica que las erogaciones quedan contempladas dentro de lo que es el presupuesto provincial. De todas maneras, nosotros tenemos un desfasaje entre activos y pasivos, hace años que no entra gente a trabajar en relación a la cantidad que se están jubilando, razón por la cual la jubilación se va desfavoreciendo”.

Finalmente aseguró que “lo que estamos diciéndole a la Gobernadora es que, para encontrarle una solución a esto lo que hay que hacer es retirar temporalmente el proyecto este de la Cámara de Diputados, armar una mesa de trabajo y en el plazo de 2 o 3 meses encontrar la mejor salida. Nos estamos oponiendo, fundamentalmente, a la prepotencia demostrada en los hechos; sin diálogo, sin consulta y avasallando todo tipo de derechos, incluso diciendo barbaridades; marcando fundamentalmente el desconocimiento sobre cómo se rige el sistema jubilatorio nuestro”.

El Ministerio de Trabajo citó a las autoridades provinciales y las del gremio a sentarse a dialogar el martes a las 15 en el marco de la conciliación indagatoria.

(Por Astor Vitali) No a todo el mundo le va mal. Hay gente que sabe moverse y sobre todo hay gentes que saben con claridad hacia dónde van. ¿No es así? Por ejemplo, los dueños y las dueñas de la mayor parte de las cosas tienen la cultura del espiral: nunca vuelven al mismo lugar luego de cumplir la planificación del ciclo que les toque ejecutar. Nunca vuelven al mismo lugar.

Para ponerlo en términos históricos, cuando se les pudría todo adentro de las fábricas porque los obreros y las obreras se contaban por miles y constituían un contrapoder con capacidad fáctica de disputar, decidieron triturar su propio modelo industrial y poner a un chino a producir la materia prima que un solitario campesino peruano cosechó. Separaron las grandes concentraciones. A otra cosa.

La burguesía no hizo inamovible ningún esquema y no sostuvo ningún statu quo a rajatabla: buscó formas concretas de mutar, adaptarse y sobrevivir. Esa mutación tuvo además carácter ofensivo. Los que tienen el poder en serio no buscaron defender su modelo mirando para atrás sino que redoblaron esfuerzos para avanzar en esa defensa con la estrategia de despliegue ideológico. “Vamos a convecerles de que les conviene ser como nosotros. Nunca serán como nosotros. Pero vivirán de la ilusión de que todos somos capitalistas en potencia con capacidad de éxito”.

Y no volvieron al mismo lugar: amplias capas de trabajadores y trabajadoras tienen como objetivo  obtener un nivel individual de vida confortable a través del consumo. El progresismo mucho tuvo que ver con esto. En términos clásicos: ya no nos interesa socializar los medios de producción sino obtener una paga para disfrutar de los productos y, si es posible, hacernos de los medios pero como  empresarios.

No podemos en un editorial revisar todo para atrás pero si te ponés a analizar cada momento de la historia desde que el capitalismo manda, vas a ver que siempre hubo recomposición de las crisis “fugando hacia adelante”. Siempre es más cómodo ver los procesos duros y violentos como la única cara del capitalismo. En cambio, hay una cara más inteligente y, tal vez, más peligrosa.

Como contrapartida, los que estamos abajo -en términos de poder social- a diferencia de los que tienen la manija, parecemos más propensos a movernos en círculos. Frente a las permanentes presiones de los poderosos sobre los débiles, estos últimos se ven obligados a trazar tácticas defensivas y no pueden encontrar lugares para acordar estrategias que permitan salir del círculo.

¿Cuál es el círculo? Por ejemplo, en Argentina no hubo un solo proyecto emanado de las organizaciones populares (gremios, organizaciones social, culturales, etc.). Para mayor claridad: hubo participación de organizaciones populares en diferentes gobiernos, por caso, el gobierno anterior, durante el alfonsinismo y el primer peronismo. Pero esas organizaciones se sumaron a proyectos políticos trazados por otros, con quienes circunstancialmente hubo puntos de acuerdo (muchas veces incumplidos) y oportunidad de alianzas coyunturales. En esos proyectos se está siempre de prestado: no se es redactor del programa.

En este contexto, cuando ocurre el natural cambio pendular en democracias como las nuestras, que oscilan entre gobiernos conservadores-liberales y capitalistas pseudo-distributivos, las organizaciones populares, vos yo y aquel, caemos en la misma situación de incapacidad de acción política. Podremos encontrar mejores herramientas de resistencia, o peores. Pero en cuanto a la capacidad de disputa de poder real, volvemos casi al mismo lugar. Esperando que venga el próximo ciclo a ver qué se puede rascar.

Uno cree que hay que dejar de rascar y buscar la forma de arrancarle lo que hay que arrancarle a quienes nos robaron todo.

Mientras la OMC discute sus proyectos para los próximos 50 años, en Argentina la representación política opositora se encuentra vacante (cuando no protectora del orden macrista) y el conjunto de las organizaciones y gentes del pueblo discute apenas en el plano de si seremos capaces de lograr unidad de acción para resistir.

Tal vez, tomar nota de esta situación sirva para atender la cuestión del qué queremos. ¿Qué queremos realmente? ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué queremos aprender? ¿Con qué hacemos le puchero? ¿Qué música tocamos? ¿Cómo querés vivir realmente? Si le consultás al zurdo que late tu pecho ¿qué te dice? ¿Para dónde vamos?

Con claridad digamos que las acciones de resistencia son imprescindibles ante la violencia capitalista que encarna el plan de gobierno presidido por Macri. Pero con claridad también hay que decir que si no se para la pelota para discutir un rumbo, acciones ofensivas de construcción concreta, daremos otra vuelta a la calesita de la misma historia.

Hoy se sabe que, al margen de las fotos del jueves y ayer en el Congreso, el modelo de endeudamiento macrista-menemista-martinezdehozista tiene como destino su implosión y es sabido que eso puede llevar a una crisis social. No será copia de 2001. Pero habrá mayor crisis social y represión. Ya matan pibes por la espalda y miramos para otro lado. Quienes buscan un modelo diferente al que hemos transitado hasta ahora: ¿qué harán para no volver al mismo lugar del círculo?

Ojalá no sea el Duhalde del momento el que tome la decisión por nosotros.