El Concejo Deliberante aprobó la construcción de una torre de 20 pisos ubicada en Sarmiento al 1300, donde se encontraba la fábrica de colchones Fabra Fons. El acuerdo incluye el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos por parte del grupo inversor.

Para ello fue necesaria una excepción al Código de Planeamiento Urbano dada la altura del edificio propuesto. El deliberativo avaló la construcción con una mayor cantidad de pisos y con menos unidades habitacionales.

La empresa contratista Grupo Sur- Desarrollos Inmobiliarios no tendrá que construir obras con fines sociales como contraprestación -como ocurrió con la torre Cronos- pero deberá contar con la factibilidad de las empresas de servicios una vez que presente sus planos en el Municipio.

“Esto es una solución a algo que nos preocupó a todos en su momento, como es la situación de empleados y empleadas de Fabra Fons, es una solución para esas familias. Independientemente de las valoraciones de la ciudad y que va a ser uno de los grandes hitos urbanísticos y vamos a poder decir que gracias a trabajo de estos concejales y concejalas se pudo llevar adelante”, dijo en la última sesión el concejal de Juntos por el Cambio, Federico Tucat.

Desde el Frente de Todos, Gustavo Mandará destacó que “está pendiente la reglamentación de una ordenanza que se trabajó mucho, iniciativa de Paola Ariente, que es la de Hábitat en la que se establecen mecanismos que harían que este tipo de discusiones pudieran zanjarse de manera más rápida y transparente. Hay que decir que acá primó la transparencia y podemos dar cuenta en ese sentido”.

La Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca emitió un comunicado para informar las medidas de investigación llevadas a cabo con el objetivo de dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años, oriundo de Pedro Luro, que se encuentra desaparecido desde el 30 de abril pasado.

Declaraciones testimoniales

El martes 14 de julio se tomó declaración testimonial a una mujer en la sede de la fiscalía. En virtud de la gravedad de la conducta investigada, la magnitud mediática que ha tomado el caso y dado que la testigo solicitó que se preservara su identidad, se ordenó reservar la declaración formulada e incorporar la información aportada.

En función de la información brindada por la testigo, se encomendó a las fuerzas de seguridad que ampliaran las tareas investigativas en la zona de General Cerri, localidad situada 10 kilómetros al oeste de Bahía blanca, con el objetivo de verificar los dichos de la declarante u obtener cualquier otro dato que pueda resultar de interés para el avance de la causa.

En tanto, en el marco de las tareas de colaboración solicitadas por la fiscalía, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), en conjunto con la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina, recibió declaración a distintos testigos durante el curso de la pasada semana.

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Las declaraciones fueron receptadas por vía remota, a través de la plataforma Zoom, y contaron con la participación de integrantes de la fiscalía y representantes de la querella.

Al igual que en el caso de la testigo que declaró el 14 de julio y con el fin de resguardar a las personas que aportaron información, se reservaron las declaraciones y se agregó al expediente la información aportada.

Asimismo, se pusieron en conocimiento de los declarantes las previsiones del Programa Nacional de Protección a Testigos (Ley 25.764) y se le dio intervención a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación, para lo cual se requirió a ese organismo que efectuara las notificaciones y el acompañamiento psicológico, en caso de que lo solicitaran los testigos.

La fiscalía prevé continuar con la recepción de otros testimonios en el transcurso de los próximos días.

Peritajes de vehículos

El miércoles 15 de julio se llevaron a cabo los peritajes ordenados sobre el vehículo Chevrolet Corsa Classic, dominio FYK 677, y el móvil policial Toyota Hilux, orden 22.788, dominio PQH 491, los cuales consistieron en la inspección ocular, el levantamiento de muestras físicas (rastros) y biológicas (ADN, manchas hemáticas, etc.), fotos y filmación.

Luego de recibir el informe junto a las muestras levantadas, se solicitó a la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina que tomara muestras de ADN de la señora Cristina Castro Alaniz. El objeto de la medida es que la División Laboratorio Químico practique el correspondiente cotejo, tendiente a determinar si los rastros detectados pertenecen a Facundo Astudillo Castro. También se requirieron estudios complementarios que permitan precisar las conclusiones preliminares.

Por otro lado, la fiscalía ordenó al Gabinete Científico Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina la realización de un peritaje respecto de los teléfonos secuestrados, utilizando la tecnología UFED -dispositivo forense de extracción de datos-, y posteriormente un análisis del contenido de relevancia para la investigación.

También se solicitó a ese Gabinete Científico que practicara un peritaje sobre el Libro de Guardias secuestrado en la Comisaría de Mayor Buratovich. El objetivo del estudio es determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril pasado existían enmiendas, raspaduras, borrones, faltantes de hojas o cualquier otro tipo de señal que permitiera suponer que existió una alteración de su contenido.

Otras medidas y actividad de la fiscalía

  • Aunque con resultado negativo, durante las jornadas del 14, 15, 16 y 17 de julio se efectuaron rastrillajes. El primero de ellos se efectuó en la zona de Teniente Origone y en dirección a Mayor Buratovich, mientras que el segundo se enfocó mayormente en la zona de Mayor Buratovich en dirección a Pedro Luro. De acuerdo con la solicitud de la querella, se autorizó la participación de los canes entrenados por el señor Marcos Darío Herrero.
  • La Municipalidad de Villarino remitió un listado de la totalidad de vehículos que ingresaron el 30 de abril a ese distrito desde Bahía Blanca, como también los que egresaron del municipio en dirección a esa ciudad y los que ingresaron a Villarino tomados desde la lectora ubicada en Algarrobo.
  • La fiscalía requirió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeco) que efectuara consultas con las compañías telefónicas, que actualizara información oportunamente solicitada y que verificara con las empresas de telefonía móvil si se solicitaron líneas a nombre de Facundo Astudillo Castro.
  • Respecto a los llamados que las distintas fuerzas policiales reciben de la línea 911, relacionados con denuncias y/o informaciones sobre datos de interés para la investigación, se ordenó que las comunicaran vía correo electrónico a la fiscalía interviniente y a la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina.
  • La Dirección Nacional de Operaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria aportó la nómina del personal que se encontraba cumpliendo funciones el 30 de abril pasado en el Puesto de Control denominado Km 714 (Ruta Nacional 3) de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica del Senasa.
  • Prefectura Naval Argentina remitió actuaciones sobre las tareas realizadas en el centro de Salud Municipal “Leonor Natali de Capelli” de Ingeniero White, Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero”, Hospital Regional Español, Hospital Privado “D. Raúl Matera”, Hospital de la Asociación Médica Bahía Blanca “Dr. Felipe Glasman”, Hospital Privado del Sur, Hospital Italiano Regional del Sur, Hospital Militar Bahía Blanca, Morgue de la Policía Científica Bahía Blanca y Hospital Interzonal “Dr. José Penna”, como así también en distintos barrios de Bahía Blanca, a fin de dar con el paradero de Facundo. Todas las tareas arrojaron resultado negativo.
  • Las empresas Facebook y Google LLC remitieron los informes solicitados.
  • A raíz de nuevos testimonios aportados a la causa, la fiscalía solicitó a la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina y a Prefectura de Zona Mar Argentino Norte la realización de tareas de campo en Puerto Madryn, con el fin de determinar si Facundo Astudillo Castro se encuentra o fue visto en ese lugar.
  • La División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina presentó un informe con datos obtenidos de la compulsa efectuada sobre tres DVD que contienen los resultados sobre el equipo celular utilizado por Daiana González (ex pareja de Facundo). Como dato relevante, surgió el usuario y la contraseña de la casilla de Gmail que utilizaba Astudillo Castro, por lo que se requirió a la jueza federal que autorizara el ingreso a la cuenta, a lo cual la magistrada hizo lugar.
  • Asimismo, esa división de la Policía Federal Argentina presentó un informe sobre los móviles policiales 22360 y 22788, efectuado sobre el análisis del material oportunamente aportado donde constan los registros de AVL (de localización) de esos vehículos.
  • Se recibieron informes de las empresas Telecom, IPLAN, Movistar, Claro y Telefónica.
  • La fiscalía solicitó a la Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda que informara si se han efectuado, en cualquiera de sus sucursales del país, compras utilizando el número de asociado perteneciente a Facundo José Astudillo Castro.
  • Se requirió al Sistema Federal Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación que informara si existe la posibilidad de ofrecer una recompensa a quienes aporten datos de relevancia en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro.
  • La Fiscalía dictaminó sobre el pedido formulado a la jueza interviniente por la Dirección de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, sobre la petición de acción urgente y medidas de protección relativas a este caso, dirigida por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • Se continúa con los rastrillajes localizados y con las intensas tareas de campo tendientes a dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro con la colaboración de la totalidad de las fuerzas federales y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

¿Cómo fue la relación entre la pauta publicitaria oficial, la política pública de comunicación y los medios durante los últimos veinte años en Bahía Blanca? Este interrogante fue el disparador de la charla con la periodista y docente, Mariela Dobal, quien además, integra el colectivo de FM De la Calle.

Al referirse a la pauta oficial, Dobal señaló que «hablamos de fondos del Estado destinados a informar sobre políticas públicas o campañas de servicio comunitario, que deben asignarse por ley de forma plural, masiva, pertinente y proporcional a las diversas audiencias. Es plata que se saca de un lugar del presupuesto para poner en otro”.

“Hablamos de una decisión, de un uso y destino de fondos y de un posible o supuesto control en esa asignación. Sin embargo, en las gestiones municipales de gobierno, la pauta se redujo a recursos públicos puestos al servicio de determinados intereses, con una modalidad de uso establecida», agregó.

Destacó, además, que «la transparencia del uso del dinero del Estado para otorgar pauta publicitaria es vital y los criterios de distribución deberían ser transparentes y equitativos para mejorar el acceso a la información plural. Sin dudas, las políticas públicas más democráticas necesitan de una comunicación más democrática».

Una cuestión estratégica

Segunda intendencia de Jaime Linares

«La relación sobre todo con agencias de publicidad, en ese caso prioritariamente con Rex, fue en primera instancia para la creación del contenido. Se tercerizaba esa gestión y era la agencia la que distribuía a los medios esa información. Paralelamente se le pedía un relevamiento de esa publicidad y del contenido de determinados programas periodísticos de la ciudad», comentó Dobal.

Recordó que «había poca gente trabajando en prensa municipal. No existían las redes sociales, e internet era para pocos». Para contextualizar el ámbito comunicacional de entonces aclaró que  «la convergencia tecnológica, que muchas veces terminó alentando a la concentración de agendas y voces, fue mutando la disputa del sentido de la comunicación para incipientes plataformas».

Intendencia de Rodolfo Lopes,

Dobal mencionó que «al equipo de comunicación del que formé parte, se le dio más recursos destinados al área prensa institucional. La agencia (Rex) ofrecía un monitoreo con resúmenes de lo que en los medios masivos se decía del quehacer municipal, ahora con mayor cobertura de programas. Nos preguntamos por qué se pagaba ese tipo de relevamiento ».

«El intendente y funcionarios de las primeras líneas antes de las 9 tenían en su mesa esa información. Esa tarea se hacía, principalmente, con el monitoreo de los programas radiales de primera mañana y una segunda entrega comprendía noticieros y programas informativos de la tarde. Eso se pagaba muy bien a Rex Publicidad», recordó.

La periodista mencionó que en ese período se creó la Dirección de Comunicación «para trabajar insumos de prensa, cooperar con el diseño de la nueva imagen institucional de la gestión y confeccionar un relevamiento propio de medios».

«Se buscó que los funcionarios, con mayor responsabilidad, estuvieran a disposición del requerimiento periodístico. Antes se redactaban gacetillas comunicando las actividades municipales, y en esta etapa se organizó un informe de prensa municipal diario y material audiovisual de las coberturas de hechos de gobierno. Las conferencias con periodistas eran un encuentro casi obligado y cotidiano, pero la pauta (si bien sufrió algunas modificaciones de redistribución) siguió asignándose con criterios de masividad».

Intendencia de Cristian Breintenstein

«Se refuerza el monitoreo de Rex y se discontinúa ese trabajo municipal.  Lo preocupante en esta etapa es que pareciera no importar tanto cómo contar lo que se hace desde el municipio, sino medir qué se dice o se pregunta sobre las medidas de gobierno»,  explicó Dobal.

«La política pública empezaba a achicarse y la pauta se concentraba en pocas manos. Ante la falta de repuesta a las necesidades de la población, el diálogo con la prensa se volvió menos fluido y creció la discrecionalidad con que se asignaban fondos municipales para pautar en medios. Se buscó aleccionar con quita de pauta a aquellos/as más críticos e, incluso, hubo despidos a periodistas cuyo trabajo incomodaba a funcionarios/as de turno. Creció la autocensura en algunos colegas y la agenda preestablecida en muchos medios».

Intendencia de Gustavo Bevilacqua

Durante este gobierno, la periodista mencionó que «no hubo claridad sobre los objetivos comunicacionales ni un equipo conformado para tal fin. Con quienes estaban se intentó hacer lo que se pudo. De hecho se contrataron estudiantes de periodismo (en carácter de becados/as)  para seguir sosteniendo el informe de prensa. La mayoría de las decisiones se tercerizan a agencias, productoras y medios privados, con más poder y más masividad de circulación».

«El uso de la pauta se concentra cada vez en menos medios. Se despersonaliza el mensaje y se discontinúan las conferencias de prensa, para no exponer a funcionarios/as que no pueden responder muchas preguntas de la ciudadanía, trasladadas por el periodismo. Las entrevistas se pactan individualmente y, según qué medio, ellos/as responden o no, una situación muy grave que debilitó el acceso a la información pública».   

« Empezó a ser determinante la convergencia tecnológica, hay más formatos pero responden a la misma bajada editorial. Acá aparece un debate irrenunciable que hay que dar: más no significa que sea distinto, lo masivo no siempre en plural. Se empiezan a abrir dentro de las empresas periodísticas distintas plataformas para recaudar más, así se factura por distintos lados, la misma tarea (empresa y periodista). Se cobra por medio, por programa, por comunicador/a y a eso le llaman distribución», agregó.

Intendencia de Héctor Gay

«En el primer gobierno de un intendente que viene del periodismo, la idea central fue armar un esquema verticalista de comunicación: un vocero definido con el rol de distribuir mensajes de la gestión en distintos formatos. Se refuerzan las herramientas digitales, y se perpetúa el criterio de masividad para asignar la pauta oficial», describió Mariela Dobal.

«En la práctica ese vocero se desempeña más como filtro que como facilitador para acceder a información pública y se eligen a los/las periodistas a quienes responder. Se deriva a páginas de gobierno abierto, donde los datos a veces faltan o se muestran tendenciosamente. Se incrementa, considerablemente en el presupuesto el monto destinado a la pauta publicitaria que se sigue otorgando con las superposiciones ya señaladas. Y se insiste en la idea que la pauta pública es mayor en medios que llegan a más cantidad de gente. Al repasar la lista no es así, y tampoco se conocen mediciones actuales de audiencia local, para respaldar ese criterio», concluyó.

Cristina Castro pidió este fin de semana a la ministra de Seguridad de la Nación que aparte a la Policía Federal y al fiscal Santiago Ulpiano Martínez de la investigación por la desaparición forzada de su hijo Facundo. “Estoy cansada de luchar contra un sistema corrupto”, afirmó.

Su abogado, Leandro Aparicio, dijo luego de la ronda de cinco testigos del viernes: “Estamos en condiciones de sostener jurídicamente, más allá de la creencia que siempre tuvo Cristina, que Facundo Astudillo Castro fue desaparecido por la Policía de la provincia de Buenos Aires. Exigimos al presidente Alberto Fernández la aparición con vida de Facundo”.

Castro se dirigió a la ministra Sabina Frederic desde sus redes sociales y denunció que “desde el día lunes estoy sufriendo noticias falsas que salen del expediente que supuestamente está reservado”.

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Destacó que “si quiere cumplir con lo que le exige la ONU traiga a Bahía Blanca gente de su confianza y desplace a la Policía Federal y al fiscal Ulpiano Martínez, quienes deberían estar investigando y no lo están haciendo señores. Por favor, basta ya, basta!”.

“Investigan hipótesis contrarias a las que sostenemos nosotros y, en realidad, informan a ciertos medios que se enteran de todas las pericias antes que nosotros, la familia, la querella, no tiene que ser así. Estoy cansada de decir que esos medios tiene la información antes que la madre”.

“A los fiscales, acá en el sur, se les ha olvidado lo que es el secreto de sumario. Se filtra la información. Esto no puede seguir, estoy cansada de luchar contra un sistema corrupto”, afirmó.

Por su parte, en una nota a Página/12, el presidente Alberto Fernández afirmó que le “preocupa” el caso de Facundo y que “le han encomendado a la Policía Federal la investigación y he hablado con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic para que ponga todo el empeño en tratar de descubrir lo que pasó. Quiero que se esclarezca. Además estamos trabajando desde la Secretaría de Derechos Humanos para hacer una ley contra la Violencia Institucional, en la que se tipifique claramente el delito de violencia institucional”.

Continúan las audiencias testimoniales en el marco de la búsqueda de Facundo Castro Astudillo. Ayer se presentaron tres testigos de identidad reservada que ratificaron ante el fiscal y las querellas haber visto cómo dos efectivos de la Bonaerense subían al joven a un patrullero.

Si bien la familia tiene identificados a dos policías, esperan acceder en los próximos días a la copia del libro de guardia de la Subestación Policial de Mayor Buratovich para confirmarlo y pedir su captura.

Ni el fiscal Santiago Ulpiano Martínez ni la jueza federal Gabriela Marrón brindan información oficial desde el lunes.

Margarita Jarque participa en la causa como directora del equipo de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. En diálogo con FM De la Calle afirmó: “No creemos que contribuya una exagerada sobreinterpretación de la información que manejan los medios, esto no tiene que ver con la libertad de expresión ni con el deber de informar”.

¿Qué se puede conocer de las declaraciones?

En principio siempre aclarar que se trata probablemente del delito más sensible del Código Penal que es la desaparición forzada de personas. Así lo han entendido la justicia provincial y la federal y así se está investigando. Por eso adherimos a la necesidad de cierta reserva.

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Son muy contundentes los dichos respecto de lo que ya ha circulado sobre la presencia de ese móvil (Ndr: un patrullero en el cuál se habrían encontrados manchas de sangre). Expectantes con el cúmulo de prueba que se ha requerido para seguir avanzando en la investigación.

¿Son testimonios que tienen que ver con la presencia del patrullero al cual habrían subido a Facundo entre Buratovich y Origone?

Es la constatación de la última vez que ha sido visto Facundo, al menos, en términos seriamente constatados en la causa.

¿Son solo esos o alguno como la mujer que apareció diciendo que lo trajo hasta Bahía Blanca?

Son testimonios de identidad reservada y no nos explayamos.

¿La CPM va en línea con la hipótesis que maneja la querella de la familia?

Sí, manejamos la hipótesis de que hasta ahora lo último que hay en la causa son estas declaraciones, que son muy contundentes y, por otra parte, lo que anteriormente está constatado en la causa: el traslado por parte de una policía en su auto particular en un tramo, el retén en la salida de Luro. Todo eso que habla de una presencia policial. De allí en adelante entendemos que tiene que continuar la investigación, se han disparado una cantidad de alertas y pedidos de prueba y entendemos que en lo que se tiene que concentrar la investigación, y un poco el rastrillaje tiene que ver con eso, es qué sucede después con Facundo. Lo que importa es una investigación rápida y profunda.

¿De los rastrillajes algo que puedan destacar?

No, no que tengamos conocimiento.

¿Qué hay de las versiones mediáticas que dan cuenta que el AVL del patrullero donde estaba el policía González coincide con su testimonio?

No hemos examinado profundamente eso, si eso se constata sí. Por eso insisto en que es desde allí en adelante donde hay que centrar la investigación. Es una prueba muy importante.

Otro punto que trascendió es el de las antenas de telefonía, que se habrían activado algunas aquí en Bahía Blanca. ¿Qué quiere decir?

Es un análisis que tienen que hacer especialistas, para eso hay que conocer cuál es el alcance de las antenas. No creemos que contribuya una exagerada sobreinterpretación de la información que manejan los medios, esto no tiene que ver con la libertad de expresión ni con el deber de informar. Hay responsabilidades seguramente, se está tratando de establecer qué pasó con Facundo y, en ese sentido, muchas de esas conclusiones son apresuradas. Son cuestiones que requieren conocimiento científico.

Una versión de Infobae habla de algunas pruebas que se habían encontraron en el registro del segundo patrullero y el Corsa de la policía Flores. ¿Tienen información?

Tampoco hemos visto eso en la causa todavía. La jornada recién está empezando, tenemos audiencias y no lo puedo ampliar. Sí tengo el conocimiento mediático y ahora estaba ingresando a tomar conocimiento.

¿La causa está en secreto de sumario?

La causa tiene un trámite reservado por el tipo de delito que se trata, entendemos que es algo importante porque las trascendencias mediáticas lo que hacen es generar confusión, porque de constatarse determinadas circunstancias u otras hipótesis que pudieran surgir siempre es necesario pensar las responsabilidades.

¿No hay un relajo de parte de la Fiscalía o es habitual ver esta filtración?

Hay muchas personas que intervienen, muchas fuerzas auxiliares, es muy difícil establecer de dónde se emana la información tan rápidamente. Sí hemos planteado la preocupación desde la querella particular como nosotros ante la Fiscalía. Entendemos que hay que tomar recaudos pero quizás sea difícil determinar.

¿Marcos Herrero participa de los rastrillajes?

Sí, está habilitado formalmente. Tengo entendido que hoy continúan los rastrillajes y entiendo que sería en este tramo.

¿Cómo evaluás el funcionamiento de otros organismos del Estado en al investigación?

En este momento la PROCUVIN, entendemos que está haciendo un aporte importante. Los primeros informes de telefonía y los que habrían sido agregados ayer en la causa son cuestiones que nos hablan de cierto compromiso. Todo esto está atravesado por el contexto de pandemia y eso retrasa la actividad.

Lo importante es que se vaya avanzando en la investigación y en caso de que no sea así lo vamos a estar exponiendo. Esperando para hoy y este fin de semana contar con un cuadro más completo. Todo eso está en elaboración, la prueba que señalamos como importante, que es la prueba científica. Las especulaciones tienen que ser constatadas. Cuando preguntabas por esta testigo siempre lo importante es constatar la veracidad de esos dichos y cruzar con otros datos y eso es lo que estamos impulsando.

(Por CTA Bahía Blanca) El gobierno de la Alianza Juntos por el Cambio conducido por Héctor Gay está aprovechando la situación de pandemia para sentarse sobre los recursos públicos que deberían estar destinados a la comunidad e impedir su acceso para todas las necesidades que son cada vez más urgentes.

En medio de una difícil situación que están atravesando los sectores populares, apuestan a abarrotar los hospitales y a “ver qué pasa” en lugar de destinar los recursos que tienen a su mano para adoptar una estrategia que busque asegurar el cuidado de la población.

Para que quede claro, los recursos totales que el Municipio de Bahía Blanca destinó a la emergencia sanitaria representan –según datos oficiales- apenas el 0,47 por ciento del presupuesto municipal.

Tal como han expresado trabajadorxs de la salud, Gay (o Tomassi, el efectivo intendente entre las sombras) y toda la línea, no están actuando como lo sugiere la política sanitaria general, habilitando el uso de los establecimientos necesarios para aislar pacientes con cuadros leves de Covid a través de la implementación de las unidades de cuidados mínimos ambulatorios (UCMAs).

Se estima que garantizar las camas necesarias para el debido aislamiento ante el creciente número de casos costaría unos diez millones de pesos. Este monto, que ya fue superado por lo que gastaron en publicidad oficial, representa un monto nimio para los recursos del Municipio, con un presupuesto total de nueve mil millones de pesos, en un contexto de pandemia, además, que le permite al Ejecutivo disponer de otras partidas para ser reasignadas de acuerdo a la necesidad.

Sin embargo, el intendente y su gente se niegan a hacer lo que hay que hacer para cuidar a su población. ¿Por qué? ¿Para quiénes gobiernan?

Tampoco están contratando el personal necesario para llevar adelante los testeos requeridos que permitan conocer la realidad en relación a las personas que están efectivamente cursando la enfermedad, poder efectuar los aislamientos necesarios y contener la infección, que es lo que han hecho en todos los lugares donde se obtuvieron buenos resultados y lo que recomiendan hacer todxs lxs profesionales a nivel internacional.

Para esto, se requieren más recursos humanos de las especialidades médicas, bioquímicas y de enfermería que no se están intentando siquiera contratar, máxime con la situación que ya está en la Unidad 4 de Floresta, implicando enormes riesgos para toda la población carcelaria y también para la comunidad, ante un posible colapso del sistema de salud. En este cuadro muy preocupante es llamativa la pasividad de la oposición.

Por otra parte, si recorremos los distintos barrios de la ciudad, nos daremos cuenta que la llamada “ayuda social” llega en cuentagotas, cuando llega. Esto no favorece la necesidad de distanciamiento, ya que miles de familias se ven obligadas a romper el aislamiento para salir a buscar los recursos para subsistir, o sea, la falta de políticas sociales directamente les pone en riesgo de contagiarse y llevar la infección a sus hogares. Hoy, las redes de solidaridad que armaron de manera autónoma todo tipo de organizaciones, están suplantando a un gobierno prácticamente ausente.

Al intendente, en cambio, se lo vio muy ocupado en proteger los intereses económicos de empresas como Pampa Energía, sin controlar lo que pudo ser algunos de los principales focos de propagación de la enfermedad con los casos del Parque Eólico.

El accionar municipal nos llena de interrogantes. ¿Por qué no se achica la inversión en pauta publicitaria?, ¿Porqué no se implementa tal como se hace en otros lugares de la provincia impuestos o tasas a mayores contribuyentes y a las grandes empresas cerealeras y del Polo Petroquímico? ¿Será para garantizar las complicidades que lo protegen de su accionar irresponsable? ¿Cuánto se recibió de fondos provinciales y cuánto se gastó concretamente? ¿Qué volúmen de ayuda alimentaria es necesaria y cuánto efectivamente se hizo llegar? ¿Por qué el intendente no presta atención a lo que los especialistas señalan como medidas urgentes para implementar?

Está claro que este gobierno está atento a las necesidades de las grandes empresas, en desmedro de las urgencias que podría resolver si tomara la decisión política de utilizar fondos presupuestados para lo que debería hacer.

El gobierno de la Alianza Juntos por el Cambio no está protegiendo a la ciudadanía que representa: está representando a la minoría que financió su campaña. El intendente es responsable de la salud de la población y sus malas decisiones podrán costar muchas vidas en los próximos días si se le permite continuar de esta manera.

La jueza Gabriela Marrón aceptó al Municipio como amicus curiae en la causa federal que investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario. El próximo lunes habrá una audiencia virtual para analizar un posible convenio ambiental que prevea el tratamiento de aguas cloacales para uso industrial.

El intendente Héctor Gay sostuvo que “se trata de decidir sobre una cuestión que excede el mero interés de las partes”. Cabe destacar que si bien la Municipalidad integra el grupo de organismos y empresas denunciadas como responsables de la contaminación, formalmente las acusaciones recaen sobre los funcionarios. En este caso, en 2011 se apuntó al subsecretario de Gestión Ambiental, Eduardo Conghos.

Una pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

La Cámara de Apelaciones dispuso hace un año la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».

Palenque donde rascarse

El pedido para intervenir como amicus curiae lo hizo el intendente junto a la asesora letrada Karina Mahon el 24 de junio. Al otro día, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez dictaminó a su favor y dio paso a la resolución de Marrón.

La jueza destacó que “no puede desconocerse el interés que el Municipio —en su carácter de organismo ejecutivo máximo del partido de Bahía Blanca— posee en la resolución de las presentes actuaciones, ni la especificidad de las tareas desarrolladas por el Comité Técnico Ejecutivo que se desempaña bajo su órbita”.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

“En especial, teniendo en cuenta las particularidades de la metodología adoptada en el marco de este incidente de medida cautelar para intentar arribar a una solución sustentable con las distintas empresas involucradas, que estimo debiera tener un impacto relevante para el resguardo del derecho constitucional colectivo a gozar de un medio ambiente sano”.

De esta manera, la comuna y el CTE pondrán “a disposición su expertisse con el propósito de participar de manera activa en los diferentes aspectos y etapas de toma de decisión que conllevará el plan de gestión ambiental oportunamente ordenado por la Cámara Federal”.

“Daño ambiental grave e irreversible”

«Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema», afirmó la Cámara en 2019.

En aquel fallo de junio del año pasado se ordenó a la Fiscalía coordinar una mesa de abordaje que debía presentar un plan en un plazo de 90 días. La convocatoria debía incluir a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.

La Cámara requirió «un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable».

También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense».

El viernes pasado la Defensoría Departamental General interpuso un habeas corpus colectivo para reclamar la morigeración de prisión de algunos internos de la UP4 que forman parte de grupos de riesgo y/o fueron diagnosticados con Covid positivo.

En las últimas horas, detenidos de la cárcel de Floresta iniciaron una huelga de hambre y difundieron videos mostrando las condiciones insalubres en las que se encuentran aislados.

“Iniciamos una serie de presentaciones para la revisión de la situación de estas personas. Hemos tenido solo rechazos, en algunos casos con más fundamentos, en otros casi sin fundamentos, y desconociendo o negando lo novedoso de que el virus ya ingresó al penal. Eso no se puede negar, ni tampoco que es algo novedoso”, dijo a FM De la Calle la defensora oficial, Fabiana Vannini.

Destacó que previamente “la Cámara de Apelaciones y Garantías resolvió que las cuestiones que tenían que ver con hacinamiento, contagios y salubridad tenía que resolverlas un juez de primera instancia. La Corte dice que atento a a gravedad de la situación que denuncia el defensor manda copia de la resolución a cada juez penal, para que revise la situación de cada detenido incluido en los grupos de riesgo frente al Covid”.

“La cárcel no es un hotel de cinco estrellas ni de una, están en condiciones absolutamente indignas, hacinados, no pueden mantener el distanciamiento, no están bien alimentados, no tienen calefacción, no tienen agua caliente, están llenos de cucarachas”, esgrimió Vannini.

La letrada argumentó que “toda la sociedad reclama por sus derechos constitucionales, pero la Constitución también establece el derecho de los penados y procesados de que las cárceles sean sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. Toda medida que conduzca a mortificar a los presos más allá de la pena hará responsable al juez que la autorice”.

“El juez Rojas resolvió ayer que se aseguren mínimas condiciones de dignidad: agua caliente, calefacción, dispenser con alcohol en gel, elementos higiene como lavandina, dietas proteicas que ordenan de acuerdo al protocolo médico para los casos de Covid”, agregó la abogada.

“Hay una situación estructural previa y la pandemia nos agarra en el medio. Es producto de querer combatir la seguridad con el aumento de penas y que esa política no vaya acompañada de políticas de inclusión social o de construcción de cárceles. Si vamos a meter más gente en las cárceles, por lo menos cumplamos con los estándares mínimos de los tratados que Argentina ha ratificado en materia de derechos humanos y de la dignidad. No hay que ser tan instruido para darse cuenta que estos internos no viven en condiciones dignas”.

Un caso testigo: Díaz Cortés

El Tribunal Criminal Nº2 resolvió por mayoría no otorgar la prisión domiciliaria para Claudio Damián Diaz Cortés, uno de los internos que pertenece al grupo de riesgo.

Fue porque “no existe ningún motivo novedoso a considerar, por cuanto la sola circunstancia que existan internos con Covid 19 positivo, no implica de por sí, que el interno se encuentre en una situación de mayor riesgo de contraer la enfermedad en su sede actual de alojamiento, que si lo estuviese en arresto domiciliario”.

En este caso, dijo Vannini, “la misma Dirección de Salud Penitenciaria informó hace un mes y medio que en el contexto de encierro del Servicio Penitenciario tal y como está hoy, contribuye a aumentar las posibilidades de mortalidad en los pacientes que se encuentran dentro del grupo de riesgo, uno de ellos es Díaz Cortés”.

El médico Horacio Romano comentó en su columna de FM De la Calle cómo es el funcionamiento de la central telefónica 147 y la puesta en marcha de un triage para la atención de pacientes con Covid 19.  Atiende de lunes a viernes de 9 a 15.

“Ha sido un trabajo muy intenso desde fines de febrero, es un programa informático que se diseñó entre profesionales médicos y licenciados en informática. Es una historia clínica electrónica que está a disposición en distintos lugares de Bahía Blanca, adoptado por el Hospital Penna y también por la parte privada, la información va a fluir mejor”, explicó.

Romano coordina el sistema de triage y seguimiento con telemedicina. Es Jefe de la Unidad de Informática en Salud del Hospital Municipal y profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNS.

“Triage es la manera rápida de decidir qué paciente se trata de manera rápida o puede esperar. El triage es de las batallas y catástrofes, se ha adoptado en el mundo como una manera de regular el trabajo en Covid, todo esto uniendo la universidad pública, al Departamento de Ciencias de la Salud. Hay cerca de 100 personas trabajando en el tema, muchos supervisando, un servicio de tecnología atrás y alumnos recibiendo llamadas o llamando”, agregó.

Respecto del dispositivo telefónico del 147, Romano comentó que “recibimos la llamada, de ahí distribuimos hacia dónde van los pacientes y a las 48 horas se los empieza a llamar a ver cómo están. Es para tratar de que los pacientes no anden deambulando por la ciudad, que no se saturen las guardias, que las consultas se pueden solucionar con una videollamada o con una llamada telefónica y se seleccione los que por sus antecedentes deben ser evaluados en presencia”.

Se solicita un detalle de síntomas, edad y si hay enfermedades previas. “El consejo es que si tiene falta de aire, mucha tos y fiebre directamente llame al 107 o que vaya al hospital. Si es fiebre, dolor de cuerpo es el llamado a nosotros”.

“Si tenés síntomas y podés quedarte aislado, te mando por whatsapp o mail los consejos que hemos hecho de los recaudos a tener, quedate en casa y mañana te llamamos nuevamente. A las 24 o 48 horas alguien te está llamando para ver cómo estás. Si no te podés aislar en casa y hay síntomas: hay que dirigirse a la guardia o a los centros respiratorios. Para tratar de contener la pandemia hay que aislar a esa persona en un centro donde esté cómodo y reciba las condiciones mínimas. Está muy claro pero en Bahía está difícil”, comentó.

Agregó que las personas que viven solas y no tienen quien las asista “es factible que vayan a UCMAs. Podés tener obra social pero nadie que te eche una mano y sabemos que las descompensaciones suelen ser rápidas”.

La atención del 147 es de lunes a viernes de 9 a 15. “Estamos esperando un pico muy fuerte dentro de 15 días. El 107 es limitado y no hay tantas ambulancias que puedan deambular por Bahía y el que se sienta afectado que vaya a la guardia. Ante la duda es preferible que vaya a la guardia, sobretodo si tuvo contacto con alguien positivo”.

Mientras el adiestrador de perros de la Policía de Río Negro, Marcos Herrero, esperaba el aval de la Fiscalía para sumarse a la búsqueda de Facundo Castro a pedido de la familia, explicó a FM De la Calle cómo será el procedimiento para la identificación de rastros del joven.

“Tengo que tener una ropa de él para que los perros trabajen, tengo que hacerle un tratamiento especial a esa ropa para que los perros tomen información en su olfato y cerebro”, comentó.

Herrero agregó que “la clave está en trabajar sobre los vehículos porque hay un informe de la Policía Bonaerense de que Facundo nunca estuvo dentro de un móvil policial. Ya está el requerimiento de los vehículos para que el perro pueda trabajar en un ámbito cerrado donde estén precintados y adecuadamente resguardados estos vehículos y que yo pueda darle la toma de olor, con total autonomía”.

“El perro va a tener que pasar vehículo por vehículo y va detectar mínimos umbrales de olor de Facundo, si estuvo o no en un vehículo. A partir de ahí se puede abrir el precinto y el perro ingresará dentro del vehículo y tendrá una marcación más activa. En este caso el perro ladra, gime o rasca si hay la mínima esencia de Facundo”.

El adiestrador argumentó que trabaja en una técnica que “puede abrir la puerta para saber el tiempo o el estado en cuanto presente o pasado, de dónde está la persona”.

Si bien se sostiene que “la esencia de los olores de un humano no dura en el tiempo, estamos hablando que cada uno de nosotros estamos formados por células. Se estima que escamamos por segundo algo de 250 mil células, hablamos de 30 mil bacterias que tienen la información de nuestro cuerpo, nuestro medioambiente, cómo nos alimentamos y cómo están nuestras emociones”.

“Las bacterias son inmortales y se adaptan al sistema biológico donde viven. Las bacterias de Facundo van a quedar en el medioambiente. Primero en el vehículo. Después, mas difícilmente en el medio rural, pero va a quedar otra información en todos los seres vivos, plantas, árboles, hierbas y acá hay que actuar con los perros”.

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“Van a trabajar sobre manchas de sangre, flujos o secreciones de personas. Como así también en la identificación de rastros de una persona”. Se trata de Duke, una de las hijas del fallecido Alcón y otro perro nuevo.

Para el rastrillaje comenzado ayer fue convocada también la Brigada K9 de Bomberos Voluntarios de Punta Alta. “Mi metodología es diferente y es acá donde puedo marcar una diferencia y poder enhebrar la última puntada de un ovillo de hilo de dónde está Facundo”.

“Si bien están haciendo un excelente trabajo, estamos jugando a gato y ratón porque no tenemos punto de partida. El último retén sería el punto para salir, lo otro es como que estamos discriminado diferentes puntos”, finalizó.

Más de veinte organizaciones de mujeres, feministas, gremiales y políticas expresaron su “preocupación en relación a los intentos de cerrar la causa sobre la desaparición de Andrea Esnaola, trabajadora de la educación de Pehuen Co, quien salió de la escuela en horario laboral el 15 de julio de 2015 y nunca más se supo de ella”.

“Pedimos que la fiscala Leila Scavarda sea removida del caso, ya que demuestra su ineficiencia en la búsqueda de respuestas (pasaron 5 años, ya no cabe hablar de probabilidades) y su falta de perspectiva de género para poder llegar a saber que pasó con Andrea”, afirmaron.

La Fiscalía difundió ayer el informe que se publica más abajo. En tanto, la dra. Scavarda agregó a La Nueva Provincia: “No puede haber desaparición con fines criminales porque era una mujer de bajo perfil, no tenía dinero ni podía ser objeto de alguna situación sexual porque sus características físicas no daban para eso. Tampoco el lugar donde vivía ni el trabajo que tenía”.

Las organizaciones repudiaron las expresiones de la fiscala por “prejuiciosas en lo que a desapariciones se refiere, e inaceptablemente sexistas en relación a este caso”.

“Teniendo en cuenta que el lugar donde desapareció Andrea es una comunidad muy pequeña y donde es imposible que nadie sepa o haya visto nada, así también como las pericias hechas en el momento de su desaparición establecieron la improbabilidad del suicidio en el mar ya que de ser así su cuerpo hubiese aparecido no vamos a aceptar que dicha causa pueda quedar en el olvido, mucho menos usando argumentos que responsabilicen a la propia víctima de su desaparición”, sostuvieron.

Por otro lado, advirtieron: “No vamos a permitir que sigan culpando a las mujeres y niñas por las violencias recibidas, femicidios o desapariciones, en ninguna de sus formas, tampoco tratándolas de ‘enfermas’ o con ‘desórdenes’ psíquicos, en este caso desde el informe pericial de profesionales del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación, intentando de esta formar deslindar responsabilidades ante la ineficacia judicial para dar respuestas sobre una desaparición”.

Por último, pidieron la intervención de una unidad fiscal especializada en violencia de género y la urgente aplicación de la Ley 27499 “Ley Micaela” con su correspondiente capacitación para todo el personal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio Público Fiscal.

Comunicado oficial

⚖ Causa por Averiguarción de Paradero de María Andrea Esnaola

Desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N ° 12 a cargo de la Fiscal Leila Scavarda se informa que en el marco de la causa en el transcurso del año 2019, se dispuso que por intermedio de la Secretaria de Cooperación con los Poderes Constitucionales, Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación se proceda a realizar la autopsia psicológica de María Andrea Esnaola y ese informe fue recibido el 26 de Mayo de 2020.

La Autopsia Psicológica tiene como función ayudar a esclarecer los casos de muerte cuya etiología médico legal es dudosa (suicidio, homicidio o accidente), en los cuales ni el médico legista ni el investigador policial-judicial tienen suficientes elementos para decidir.

El procedimiento consiste en un proceso de recolección de datos del sujeto en análisis que permite reconstruir su perfil psicológico y el estado mental antes del evento investigado. Se realiza un trabajo interdisciplinario entre médicos, autoridades judiciales, psiquiatras y psicólogos forenses. En el presente caso la autopsia psicológica se efectuó sobre la categoría de “persona desaparecida”, por ello se abocaron a construir el perfil psicológico de María Andrea Esnaola y establecieron su estado mental y condiciones de vida antes de su desaparición.

Se organizó la información obtenida a lo largo del proceso, ello en diferentes categorías. Dicha información consistió en siete cuerpos de expediente y anexos, donde se encuentra la información proveniente de declaraciones de testigos y allegados a la desaparecida, informes de resultados de rastillajes de la zona, pericias realizadas sobre lugares de allanamiento, análisis de material de celulares, etc.

Se consideraron varias hipótesis explicativas de la desaparición:

1️⃣.- DESAPARICION POR SUICIDIO
2️⃣.- DESAPARICION CON FINES CRIMINALES
3️⃣.- DESAPARICION VOLUNTARIA
4️⃣- DESAPARICION CON ACCIDENTE EVENTUAL

Del material analizado en los cuerpos del expediente, se pudo arribar a las siguientes conclusiones:

?️- MARIA ANDREA ESNAOLA, reunía una serie de condiciones de vulnerabilidad psíquica, tanto personales como sociales (trastorno de personalidad, enfermedad psiquiátrica, aislamiento social), por lo cual no contaba con los recursos necesarios para afrontar un conflicto percibido por ella como altamente estresante. En consecuencia la hipótesis de un suicidio impulsivo como fuga o escape es la que reúne mayor cantidad de elementos objetivables (declaraciones e información médica), volviéndose así de mayor probabilidad.

?️- Las restantes hipótesis carecen de elementos de peso al presente, es decir, con la información recabada por la investigación de las autoridades competentes.

No surgen datos positivos de las distintas pesquisas llevadas a cabo por el personal a cargo de la investigación que sustenten la hipótesis de una desaparición con fines criminales, como así tampoco se pudo localizar a la víctima o sus restos.

La investigación en torno a amigos y conocidos del matrimonio, de personas sospechosas de cometer un crimen contra la desparecida no condujo a resultados útiles a la causa. Tampoco dieron fruto los allanamientos realizados en distintos inmuebles ni se obtuvo información útil del registro de llamadas de su teléfono. Arrojaron resultado negativo los los rastrillajes efectuados en varios lugares.

Se hicieron recomendaciones de distintas diligencias a realizar para poder arribar a conclusiones más ajustadas, las que serán realizadas a la mayor brevedad posible en la medida de los recursos humanos y tecnológicos con los que contamos.

Foto: Canal Siete.

“Desde el primer día que puse un pie en Buratovich supe que mi hijo no estaba más con vida. Estoy buscando el cuerpo de mi hijo y que me lo devuelvan, lo he gritado desde el día uno, necesito que la Bonaerense me lo devuelva”, dijo la madre de Facundo, Cristina Castro.

Adelantó que por la tarde se conocerán los nombre de “los dos masculinos que subieron a un auto a mi hijo el 30 de abril, que no se han presentado a declarar. A mi hijo no lo han presentado en la comisaría, son dos personas que se han llevado a Facundo que pertenecen a la Bonaerense en un auto de la Bonaerense”.

Para ello, esperan el resultado de los BITE (GPS) de los patrulleros: “Ubicando el vehículo vamos a saber quiénes son esas dos personas, dos masculinos. Los quiero presos”.

La mujer reclamó además “la detención de todos los encubridores porque son tan desaparecedores como los dos que se lo llevaron. Necesito que venga ese señor (el adiestrador Marcos Herrero) porque estoy segura que va a poder encontrar el cuerpo de mi hijo. Confío más en los perros que en las personas”.

Hostigamiento policial en Villarino

“Yo creo que lo han confundido, o no les ha gustado la cara. Facu estuvo en Jóvenes y Memoria, hicieron con los chicos la primera revista de los desaparecidos de Villarino, fue a Chapadmalal para que estas cosas no pasen. Facu leía mucho sobre la violencia institucional, desapariciones”, recordó Castro.

“Entiendo hoy que Facu me quería decir auxilio cuando me decía ‘mamá no tenés una idea dónde estoy'”, dijo Cristina en referencia al último contacto telefónico con su hijo después del mediodía del 30 de abril.

¿Relacionas esa militancia o compromiso con un recelo de parte de la policía?

-Sí, sí. En su momento los chicos de Jóvenes y Memoria tuvieron mucho hostigamiento de policías, que los han trasladado de Villarino. Los chicos siendo menores los han golpeado, era un deleite de la Bonaerense parar el patrullero en la canchita, pegarle dos sopapos, pegarle dos patadas en el culo, decirle ‘ustedes son todos chorros, todos drogones’. Cada una de las mamás que estaban en El Semillero y en el grupo lo saben, así mismo como los chicos de la batucada.

Respecto al ministro de Seguridad Sergio Berni, Cristina apuntó: “El primer día que llegó me dijo ‘su hijo está con vida, se lo vamos a devolver’. Cuando Berni me llamó al otro día me dijo ‘si usted quiere que retire a la Bonaerense la retiro, si quiere que yo interfiera las comisarías voy a interferir’ pero no me volvió a repetir nunca más que mi hijo está con vida”.

Filtración de pruebas

“Hay dos medios de Bahía que tuvieron acceso a las pruebas antes que nosotros. En La Nueva y La Brújula está en color la foto (de su hijo detenido junto a un patrullero), cuando los abogados tenían todo en blanco y negro y en fotocopia, ¿cómo tuvieron acceso a la causa de mi hijo? ¿Cómo pueden tener inclusive hasta el carnet de conducir de mi hijo cuando yo no podía acceder?”, se preguntó.

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“Alguien de la Ayudantía se los dio, llevaba mucho tiempo pidiendo esa foto, a mí me la mostraron el día que hice la denuncia y después me dijeron que esta foto había desaparecido”, concluyó.

El abogado Leandro Aparicio dijo a FM De la Calle que “los desaparecedores por ahora son los dos que lo subieron (a Facundo) a la camioneta, la policía que viene de otro planeta y lo levanta y el otro policía. Esos cuatro, por ahora”.

Se refería así a la teniente Siomara Ayelén Flores, al teniente primero Alberto González y a otros dos que se encontraban en el patrullero y que podrían ser identificados con el resultado del seguimiento satelital del vehículo.

“Con lo que le pasó a Katherine Moscoso, que fueron 300 policías y plantaron un cuerpo, tengo todo el derecho de pensar que no sé qué es lo que está haciendo esta gente, no lo puedo controlar”, sostuvo en relación a los rastrillajes que realiza la Policía Federal.

Antes de ingresar a la sede de la Fiscalía: “Cristina quiere un perito que todavía no nos han otorgado. Venimos a ver qué hipótesis tienen porque nosotros tenemos una y queremos confirmarla con los medios de prueba que tiene la Fiscalía y no nos la dan en la medida en que queremos”.

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La querella pretende que el rastreo con canes esté a cargo del adiestrador Marcos Herrero, de destacada intervención en otras búsquedas. “Herrero se quiere sumar ayer”, afirmó Aparicio. Minutos antes, Cristina Castro aseguró que confía “más en los perros que en las personas”.

Fuerzas federales comienzan este martes rastrillajes en la zona de Teniente Origone hacia Bahía Blanca para buscar pruebas en el marco de la búsqueda de Facundo Castro Astudillo.

Participan canes del K9 y efectivos Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina. Las actividades tienen inicio en horas de la mañana y, en caso de no poderse concluir con ellas, continuarán el miércoles.

La fiscalización está a cargo del director de la Agencia Regional Federal Mar del Plata, secundado por el Jefe de Área II Mar del Plata, a cargo del oficial Jefe de la Delegación Bahía Blanca.

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La Superintendencia de Agencias y Delegaciones Federales – Agencia Regional Federal Mar del Plata – Área II Mar del Plata, envió personal y medios de las delegaciones de Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, Dolores, Chascomús, Pinamar, Tandil, Olavarría y Necochea.

Profesionales de la Dirección general Fuerzas de Operaciones Especiales evaluaron “la cobertura necesaria para el correcto y efectivo cumplimiento del servicio”.

La Fiscalía federal difundió anoche un comunicado con un listado de medidas tomadas en los últimos días en el marco de la causa por la desaparición de Facundo Castro Astudillo y en respuesta a la incompetencia declarada en sede provincial.

Santiago Martínez afirmó que “la declinatoria dispuesta por la jueza provincial resultaba prematura a criterio del Ministerio Público Fiscal -pues el objeto procesal de aquella causa difiere con la que tramita en el fuero federal-“, sin embargo, difirió “la resolución definitiva para su oportunidad”.

En ese sentido, detalló las nuevas medidas ordenadas, las cuales “se encuentran en plena ejecución”.

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Respecto a la foto en la cual se ve al policía Mario Gabriel Sosa posando con un patrullero y un joven detenido de espaldas, la Prefectura Navala “efectuó un minucioso análisis, en el que concluyó que acorde a la calidad de las imágenes aportadas, resultaba posible establecer que la persona captada en la fotografía aportada para análisis presentaba una altura aproximada de 1,60 metros +/- 2 centímetro, coincidente con la atribuida a José Facundo Astudillo Castro y que resultaba posible establecer que la prenda que vestía la persona referenciada como ‘n.n masculino’ y las prendas que vestía en las fotografías aportadas presentaban similitud en cuanto a su coloración y conformación de diseño, por lo que se podría inferir que se trataría de la misma vestimenta”.

En cuanto a los vehículos: se secuestró “el rodado Chevrolet Corsa Classic, dominio FYK 677 y del móvil policial Toyota Hilux Orden 22.788, dominio PQH 491. En el vehículo Corsa, la Teniente Siomara Ayelén Flores habría trasladado a Facundo el 30 de abril pasado, en horas del mediodía, desde la localidad de Mayor Buratovich hasta Teniente Origone. La camioneta Toyota Hilux fue utilizada en la misma fecha por el Teniente Primero Alberto González, quien se desempeña como numerario del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone. Según su relato, se habría entrevistado con Facundo poco después de haber recibido un llamado alrededor de las 15:00, indicando que un ciudadano se encontraba caminando a la vera de la Ruta N° 3, en dirección a Bahía Blanca”.

Se encomendó al Gabinete Científico de la Policía Federal Argentina que practicara una minuciosa inspección a los mismos fines a los oportunamente ordenados en relación al móvil policial incautado en primer término.

Se solicitó a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) de la Procuración General de la Nación que prestara colaboración en la recepción y/o ampliación de las declaraciones testimoniales.

Habiéndose remitido vía mail a la Policía Federal Argentina los informes de localización vehicular automatizada (AVL) recibidos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se solicitó a la prevención un informe preliminar de localización y movimiento de los móviles que se encontraban el día 30 de abril del corriente año entre las 15 y 15:30, a la altura de la entrada de Mayor Buratovich, e individualizara al personal policial que prestó tareas ese mismo día desde las 10.00 hs. en adelante en las localidades de Mayor Buratovich, Teniente Origone, Juan Costé Algarrobo, Médanos, Hilario Ascasubi y Pedro Luro.

Se encomendó a la fuerza de seguridad que verificara si Facundo percibía el IFE, y en caso afirmativo, constatara si la prestación ha sido cobrada desde el 30 de abril en adelante.

Por otro lado, “teniendo en cuenta que de la investigación efectuada por la UFIJ N° 20 de este Departamento Judicial surgen profusas declaraciones testimoniales que alegan haber visto a Facundo entre los días 1/07 al 06/07 del corriente año circulando en esta ciudad, a fin de intensificar su búsqueda, se requirió a las fuerzas de seguridad la elaboración de un croquis o mapeo de los lugares señalados por los declarantes y la realización de tareas de campo diarias y a toda hora por esas zonas, entrevistándose con los vecinos para que aporten con cualquier dato que permita avanzar con la averiguación”.

Se encomendó a las fuerzas intervinientes que realizaran un relevamiento de videocámaras, tanto públicas como privadas, que puedan encontrarse en los distintos lugares en los que, se presume, de acuerdo a los elementos relevados en la investigación, Facundo Astudillo Castro pudo haber transitado.

A la Prefectura Naval Argentina se le solicitó que constatara con los servicios de emergencia, hospitales y morgues del país, si existen registros de haber ingresado una persona que responda a las características de Facundo Astudillo Castro.

A la Comisión Nacional de Regulación de Transporte se le solicitó que informara si registra la compra de algún pasaje a nombre de Facundo Astudillo Castro y al Ministerio de Transporte de la Nación, que informara si el sindicado ha tramitado una tarjeta de viaje SUBE y, en tal caso, si se advirtieron movimientos o recargas desde el 30/04/2020 a la fecha.

Se ordenó girar los autos al Juzgado Federal de intervención, solicitando libre oficio a WhatsApp para que aporte los datos básicos de suscriptor de la cuenta asociada al teléfono de Facundo, que se encuentra preservada en el marco de la presente causa, nombre de usuario, foto asociada y última conexión de la que la compañía tenga registro, a Facebook para que aporte la información de suscriptor de la cuenta asociada a números de teléfono que a tal fin se aportaron, a la empresa MICROSOFT CORP., y a la compañía GOOGLE INC., solicitando la entrega voluntaria de los datos básicos de suscriptor de las cuentas de Astudillo Castro.

En virtud de las presentaciones efectuadas por las querellas, respecto a la solicitud de constitución “in situ” de fuerzas federales que puedan acudir prontamente a la zona de Pedro Luro, Mayor Buratovich y Teniente Origone y proveer a la seguridad de víctimas, personas que forman parte de la investigación y rastros, se requirió al Delegado de la Policía Federal Argentina que dispusiera lo necesario para implementar la medida requerida.

Familiares, amigos y amigas de Facundo Castro Astudillo se movilizaron el sábado en Pedro Luro para pedir la aparición con vida del joven de 22 años. Su hermano, el abuelo y amigos conversaron con FM De la Calle.

“Basta de testigos falsos que dicen haberlo visto en otro lado, la policía es la última que vio a Facundo con vida, no puede ser que esto siga pasando en democracia, este es un pueblo que está gritando por la aparición de un joven. Queremos la verdad, queremos que nos entreguen a mi hermano”, dijo al concluir la marcha Alejandro Castro.

El hermano de Facundo se preguntó “cómo el oficial González puede decir que lo vio subiendo a la camioneta Oroch color plata y a los cuatro días se desmiente y dice que lo vio alejarse caminando, cómo va a recordar el modelo 70 días después”.

“Al igual que la oficial Flores dice que lo llevó, sabiendo las normas y el pibe tenía domicilio en Luro no lo hizo volver para atrás. Teniendo 40 días todo Villarino empapelado no se presentó antes, el día que mi madre fue al rastrillaje apareció con un comisario al lado diciendo que ella lo había llevado. No puede ser que Flores siga laburando, ayer estaba trabajando en el banco de Mayor Buratovich, los tienen que apartar a todos. No queremos que los sigan moviendo a otros lados”, exigió.

Alejandro recordó que “con el oficial Berrido de Origone ha tenido hostigamiento varias veces. ¿Cómo puede ser que sean las últimas personas que lo hayan visto? ¿Tuvieron que esperar tantos días para la ver las cámaras? Algo están encubriendo”.

César, el abuelo de Facundo, dijo a FM De la Calle que “hay un abuso tremendo de las autoridades policiales en Villarino, si somos nosotros detrás de la vía no les interesa. Ahora es Facundo y mañana le puede tocar a a cualquiera, a los jóvenes que trabajan les sacan multa por andar en la noche. Le meten a los chicos que son drogadictos para pegarles en la comisaría”.

“Facundo era pura alegría, no tenía maldad. Yo lo mandé a Bahía para que estudie, para que no trabaje en los galpones de cebolla. Y cuando se vino para acá le dije que se venga a vivir conmigo. Era todo corazón, todo humildad, un pibe muy bueno, por eso quiero se haga justicia, que paguen estos delincuentes que matan gente”.

César relató una situación anterior: “Le habían pegado porque lo habían hallado en la calle siendo menor, tenía 17 años. Le secuestraron la moto porque no tenía la VTV dentro del pueblo. Pagó la multa y no le entregaban el carnet. Usted no hable porque es empleado municipal me dijeron. Acá hay mucha injusticia con las autoridades”.

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“Supieron juzgarlo, que seguramente andaba en cosas malas y que por eso desapareció. Insisto que a Facundo le hicieron algo, no quiero pensar lo peor pero es inevitable. La policía miente mucho, ellos mismos se contradijeron”, comentó Virginia Góngora, madre de uno de los amigos del joven.

Sus amigos

Mauro, Diego y Agostina fueron compañeros de trabajo de Facundo y el sábado salieron a la calle a pedir su aparición con vida.

“Facundo es un pibe gauchito, siempre predispuesto, con el interés de aprender continuamente, estuvo trabajando con nosotros. Esperemos que aparezca pronto. Ojalá que escuche esto, que sea todo una hipótesis falsa, que esté bien, que esté calentito, que no pase frío”, comentó Mauro.

Diego pidió “que se termine con la hipótesis del ‘algo habrá hecho’, nada justifica la desaparición de una persona”.

“Lo queremos con nosotros trabajando como todos los días, no jodía a nadie, como fue él podría haber sido cualquiera de nosotros. Siempre muy predispuesto, muy curioso, muy agradecido, si hubiera sido otro pibe el desaparecido él estaría acá marchando. Lo queremos con nosotros ya”, sentenció Agostina.

Reporte y fotos: Giuliana Crucianelli y Emiliano Randazzo desde Pedro Luro.

“No es un problema nuevo el comportamiento de la Policía Bonaerense, en sus orígenes fueron fuerzas de prevención y seguridad social, con el tiempo se transformaron en fuerzas de represión y esto quedó dentro de los efectivos”, dijo a FM De la Calle el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel.

Afirmó que “estas no son políticas de Estado, son mañas y cosas que quedaron dentro de las instituciones y que es necesario cambiar. El Comité contra la Tortura viene pidiendo hace tiempo una reunión con el gobernador Kicillof que hasta ahora no hemos conseguido”.

“Venimos insistiendo en la formación de los efectivos como también en políticas internas de la institución. No puede ser que en democracia desaparezca Facundo y que haya delitos cometidos por la policía”, argumentó.

La Comisión registró en junio 18 crímenes en manos de efectivos de la Bonaerense: un asesinato cada 40 horas. La mayoría de las víctimas fueron varones, jóvenes y pobres.

“Hay cosas que venimos señalando como el ministro de Seguridad que aparece en un operativo con una ametralladora, esto es preocupante porque va generando tensiones, temores, actitudes que no condicen con la función que tiene que desempeñar. Hay una serie de actitudes que esperemos que la gobernación lo considere”, sostuvo Pérez Esquivel.

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La Comisión Provincial por la Memoria es querellante en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro y, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interpuso una acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en la que denunció lo sucedido y reclamó su intervención.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como la ONU pidieron “informes al gobierno para que den explicaciones de la situación y ver si se puede resolver o no. En última instancia llegamos a un pedido de juicio ante la Corte Interamericana si no hay una respuesta desde las instituciones del Estado, lógicamente, pedimos una acción judicial internacional”, explicó.

El Premio Nobel de la Paz se dirigió a la familia de Facundo Castro: “Quiero llevarles toda la solidaridad y que se esclarezca el paradero de Facundo. Que cuenten con la Comisión para cualquier acción legal que corresponda”.

La madre de Facundo Castro reclamó que la justicia federal convoque al instructor canino Marcos Herrero para colaborar en un nuevo rastrillaje con canes en la zona donde desapareció su hijo el 30 de abril.

Herrero y su perro Duke fueron quienes encontraron en mayo de 2016 el cuerpo de Micaela Ortega quien fuera víctima de grooming seguido de femicidio.

Entre otros casos, participó en el rastreo de Araceli Fulles, del oficial Lucas Muñoz en Bariloche y el de Santiago Maldonado, donde Duke encontró en las aguas del río Chubut un collar negro con un colmillo de jabalí que tenía el nombre de Santiago.

“¿Esperaran que la madre salga a buscarlo como lo tuve que hacer yo? Queremos a Facundo ya! No se olviden que Duke y su entrenador fueron quienes encontraron el cuerpo de Mica y pruebas que a la Científica se les pasó por alto. No puedo respirar de solo pensar lo que está sufriendo esa madre, por favor, repliquen esta publicación hasta que Marcos y sus canes estén trabajando en el lugar correcto”, afirmó Mónica Cid.

Cristina Castro requirió la nueva prueba la semana pasada a la jueza federal Gabriela Marrón aunque aun no tuvo respuesta. Herrero es master trainer canino, especialista en rastro criminal y búsqueda de personas, restos humanos y animales mediante rastrillaje con canes – trabajo y técnica propia que permite resultados positivos en búsqueda sin límites temporales desde la desaparición.

La medida reclamada por la querella implica un rastrillaje con canes que “deberá realizarse en el Partido de Villarino, especialmente en los accesos a Mayor Buratovich, Teniente Origone, las dependencias policiales de ambas localidades, sobre automotores, accesorios, equipos, vestimentas y demás objetos y lugares que la propia dinámica de la prueba imponga dada la gravedad e inmediatez del caso que nos ocupa”.

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“Desde casa y casi sin voz les pido me ayuden con esto: necesito que en el rastrillaje esté presente Marcos Darío Herrero con sus perros. Yo lo pedí a la justicia y está dando vueltas y vueltas, quizás si todos pedimos a Marcos me escuchen. Yo confío en él y en sus perros, por favor me ayudan, llenemos las redes pidiendo a Marcos”, solicitó Cristina este mediodía desde su cuenta de Facebook.