El Consejo Local de Niñez y Adolescencia realizó su última asamblea del año y recibió a integrantes del programa Envión que hoy se reúnen con el intendente para plantear sus problemáticas.

Se destacan el pase a planta del personal y la implementación real  del dispositivo.

Alba Picardi balanceó en FM De la Calle el trabajo de 2019  y afirmó que les “preocupa sobremanera el programa Envión” y por eso van a plantear el tema ante la Red Provincial de Consejos Locales.

En  el ámbito bonaerense -comentó- “la realidad no es mejor que la local, de hecho en algunos lugares está peor. Se viene trabajando en la articulación con la gestión, que ha sido bastante similar en respuesta a la de acá. Por eso la expectativa está puesta en en el nuevo gobierno. A ver si logramos otros interlocutores, pero el trabajo viene en función de los recortes, falta de presupuesto, uso del presupuesto”.

“En Bahía necesitamos un lugar de contención para chicos en conflicto con la ley, íbamos a tener un nuevo lugar a partir del incendio del Valentín Vergara y no pasó nada. Es un cuadro donde la emergencia es necesaria, hay que tomar estas medidas por la vulneración de los derechos de niños y adolescentes”, dijo.

Picardi manifestó que “la sensación que nos queda es de poca respuesta del otro lado, estamos apostando a que el año entrante podamos tener una comunicación fluida con la gestión”.

En noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) CREEBBA verificó nuevamente una fuerte aceleración en el ritmo de crecimiento de precios minoristas al aumentar un 5,3% en relación a octubre.

Con este resultado, la inflación acumulada en la ciudad transcurridos once meses de 2019 alcanza el 49,3% mientras que la variación interanual evidencia un incremento general del 52,6% con respecto a noviembre 2018.

El mayor aumento a nivel capítulos tuvo lugar en Educación, con un alza del 8,9%. El mismo se concentró en el rubro servicios educativos, que tuvo una actualización del 11,9% con respecto al mes anterior. Esta suba respondió a un incremento del 12,1% para la educación formal a razón de la nueva autorización oficial para aplicar aumentos arancelarios y a una variación del 10,7% en los servicios educativos complementarios (cursos de idiomas y computación). Adicionalmente, los textos y útiles escolares aportaron un alza del 3,4%.

Transporte y comunicaciones se ubicó en segundo término con una suba del 8,1% influenciada por aumentos del 10,2% en transporte público de pasajeros con la entrada en vigencia de las nuevas tarifas para taxis y remises en la ciudad, 7,9% en funcionamiento y mantenimiento de los vehículos, 5,1% en vehículos de transporte personal y 4% en comunicaciones.

Salud se posicionó en tercer lugar con un incremento del 5,5% debido a alzas del 7,1% en aranceles de medicina prepaga y servicios de medicina auxiliar, 6,2% en medicamentos, 4,3% en elementos para primeros auxilios y 2,2% en servicios médicos y odontológicos.

Esparcimiento, con una variación del 5,3%, fue el restante de los capítulos que finalizaron el mes por encima de la inflación general debido a incrementos del 8,7% en transporte para el turismo, 7,4% en diarios, 6,9% en clubes y espectáculos deportivos, 3,9% en juegos, juguetes y rodados, 3,8% en cines y teatros, 2,5% en revistas y 1,5% en hoteles y excursiones.

Alimentos y Bebidas, el capítulo de mayor ponderación, cerró por debajo de la inflación general del mes con un aumento del 4,2%. Las alzas más destacadas tuvieron lugar en frutas frescas (12,5%), alimentos semipreparados (9,4%), carne vacuna fresca (7,6%), condimentos (6,2%), azúcar, dulces y cacao (5,9%), infusiones (5,6%), leche, productos lácteos y huevos (4,9%), bebidas alcohólicas (4,9%), bebidas sin alcohol (4,5%), aceites y grasas (4,1%), verduras, tubérculos y legumbres frescas (2,3%), cereales y sus derivados (2,1%), alimentos preparados y listos para consumir (1,8%) y alimentos consumidos fuera del hogar (1,8%).

El resto de los capítulos también se ubicaron por debajo de la inflación general del mes del 5,3%.

El intendente Héctor Gay aseguró que pretende “fortalecer dos áreas significativas: la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Gobierno”.

“Tenemos cuatro o cinco objetivos: mejorar los servicios urbanos, ha habido un déficit allí, limpieza, residuos, espacios públicos, lo propio ocurre con el trabajo en red, hemos tenido una buena relación con las entidades pero vamos a intensificar la relación con sociedades de fomento, clubes”, afirmó.

Adrián Jouglard será el secretario de Gobierno; Morena Rosello asumirá como secretaria de Cultura y Educación; Pablo Romera como secretario Privado; Tomas Marisco será el titular de la nueva Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos y José Fernández Ardáiz será director General de Participación Ciudadana y Comunicación.

“Viene una etapa distinta, un escenario distinto, es cierto que al día de hoy tenemos muchos interrogantes que no podemos develar en relación con la provincia, en tanto y en cuanto no conocemos los funcionarios. Este viernes vamos a enviar el presupuesto al Concejo Deliberante aún sin tener resoluciones al respecto”, dijo Gay.

Agregó que “la llegada de Amazon, que tanto trabajo nos costó, no puede ser una más. Estamos trabajando, tienen un año como máximo para desarrollar su proyecto. Tenemos otros proyectos que están muy cerca, los planes de YPF, planes de Vaca Muerta”.

“Mismo tema portuario, es posible que hayan visto los enromes inconvenientes del Río Paraná, donde estamos teniendo la mayor bajante. Gran parte de esos buques van a ser derivados a Bahía, tenemos que hacer un proyecto de planificación. Respecto de la capacitación de la gente también, va a haber puestos de trabajo pero no para todo el mundo sino para quienes estén capacitados”, sostuvo.

Uno de los imputados que debía ser juzgado en la demorada causa Triple A falleció este fin de semana. Se trata de Héctor Oscar Chisu, alias Ginebra, ex miembro de la custodia del interventor de la UNS Remus Tetu y, luego, del general Adel Vilas.

Chisu había sido detenido por la Policía Federal en mayo de 2015 en su vivienda del barrio Malvinas Argentinas de Trelew. El juicio por los crímenes de lesa humanidad de la banda paraestatal tiene audiencia programada para el 12 de febrero de 2020 aunque eso no significaría el inicio del debate.

En una etapa procesal anterior de la misma causa está imputado el ex presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti.

Antes de la detención del represor ahora fallecido, fueron necesarios dos pedidos de pronto despacho de la Fiscalía ante el juez subrogante -hoy fiscal federal- Santiago Ulpiano Martínez para que active la acción penal contra algunos de los responsables de más de una veintena de homicidios de militantes políticos.

Héctor Oscar Chisu integró -al igual que su hermano Miguel Ángel- la “seguridad” del interventor de la Universidad Nacional del Sur Remus Tetu, tal como lo indican los testimonios y la documentación entregada por la casa de altos estudios a la justicia federal en abril de 2006.

Durante la dictadura, fue custodio del general Adel Edgardo Vilas, quien fuera segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y jefe de la Subzona 51. Además, fue agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de Chisu, Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero por asociación ilícita.

Los camaristas destacaron la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

La intrusión de la agrupación paraestatal en el ámbito universitario dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de alumnos/as y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones.

Los magistrados señalaron que el diputado Rodolfo “Fito” Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.

“Se trató de una dura ofensiva de clase sobre sectores populares, que logró precarizar nuestras vidas pero que se enfrentó a una resistencia social que le impidió llegar tan lejos como buscaba”.

La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino, realizó un balance de los cuatros años de gestión de Cambiemos.

“El programa de Cambiemos deja grandes ganadores y perdedores, los capitales financieros están en la cúspide, aquí no solo incluyo a bancos sino a la cúpula empresarial productiva, que se dedica a actividades financieras. También empresas de servicios públicos y las fracciones primario exportadoras que nunca pierden en ningún modelo de desarrollo en la Argentina”, afirmó.

Destacó que “en la vereda opuesta están las mayorías populares: las personas que viven de su trabajo, quienes reciben asignaciones, pensionados jubilados, mujeres y personas LGBT y jóvenes fueron particularmente afectados, tanto por los cambios en el mercado como por el desmantelamiento de políticas sociales específicas”.

Política Monetaria

“Elevaron la tasa de interés en niveles muy altos y se desreguló todo el sistema financiero para que los capitales entren y salgan sin costos y sin plazos, lo que se conoce vulgarmente como la bicicleta financiera. Esa iniciativa era una alternativa al dólar y a reducir la circulación monetaria bajo el supuesto de que la inflación era consecuencia de la emisión monetaria. ¿Cuál fue el resultado? La inflación no se resolvió sino que no paró de aumentar todo y hasta octubre acumularon una suba del 260% los precios. La inflación no es solo un problema de emisión sino que en este caso fue resultado de las sucesivas devaluaciones y tarifazos, haciendo que se produzca mayor deterioro en los ingresos sectores populares”.

Política Fiscal

“Estuvo orientada a disminuir el déficit fiscal. Para alcanzar ese objetivo el gobierno llevó adelante un ajuste sistemático del gasto a través despidos y caída de los salarios en sector público, esto con un fuerte impacto en términos de género, una serie de medidas que impactaron más sobre mujeres y personas LGBT. Por ejemplo, con la reforma provisional del 2017, no solo porque dentro de las personas jubiladas hay mayor cantidad de mujeres sino también por la suspensión de las moratorias para amas de casa y recortes presupuestarios que hubo en áreas sensibles al género como educación y salud”.

“En paralelo a todos estos recortes, los intereses de la deuda se duplicaron. Toda esta política de despidos en el sector público, funcionó como señal al capital privado para habilitar este comportamiento a las empresas privadas. Si bien no pudieron aprobar la reforma laboral, sí lograron la reforma a través de convenios colectivos de trabajo específicos”.

El supermercado del mundo

“En el sector externo cambiemos apuntó a una mínima transformación industrial de productos primarios que produce Argentina y a generar una lluvia de inversiones. Acá tampoco hubo resultados esperados, estamos en una economía mundial en crisis, en la que las principales potencias se encuentran en una guerra económica. Aumentó la producción de bienes primarios no industrializados dentro de los bienes aportados por Argentina. Crecieron las importaciones y esto dio lugar a uno de los déficit comerciales más grandes de nuestra historia en el 2017”.

Las ramas artísticas del Consejo Cultural Consultivo expresaron su profunda preocupación respecto al desfinanciamiento observado en el Fondo Municipal de las Artes en el período 2019.

Lo recaudado en períodos anteriores (considerando el piso del FMA establecido por ordenanza, más la recaudación efectuada a través de las tasas a espectáculos afectadas a esta cuenta) fue: año 2017 $1.036.200,00; año 2018 $1.212.800,00; año 2019 $831.000,00″.

“Empezamos a indagar sobre las razones, porque es alarmante, y nos encontramos con compañeros/as que en Bahía Blanca realizan espectáculos que nos contaban que no estaban recibiendo inspecciones del Municipio para cotejar cantidad de espectadores y así poder cobrar la tasa correspondiente”, dijo a FM De la Calle la consejera Cecilia Epherra.

Agregó que “la cuestión de fondo es política y es cómo queremos que esos recursos, que son parte del presupuesto de Cultura porque fueron discutidos en las diferentes ordenanzas que perfeccionaron el Fondo, que además es ejemplar en Argentina respecto a cómo funciona, cómo se fiscaliza y se distribuye, siga teniendo la transparencia con la que fue pensado y creado”.

El FMA es un Fondo concursable destinado a brindar recursos a las producciones artísticas locales y diferentes proyectos de formación y creación a través de subsidios y becas. La cuenta bancaria correspondiente a este Fondo está nutrida por un monto anual establecido por ordenanza municipal, y montos provenientes de tasas que se aplican a los espectáculos que tributan un porcentaje de su recaudación acorde a la cantidad de espectadores.

Desde el organismo reclamaron información a distintas oficinas municipales y tras una larga espera notaron que “es muy escasa la cantidad de Actas cobradas (50), en relación a la gran cantidad de espectáculos realizados en la ciudad en el período indicado”.

“La numeración de dichas Actas no son consecutivas, e indicaría al menos 118 Actas faltantes, de las cuales desconocemos su situación, resolución, estado y/o derivación”.

Informaron que “se observa la ausencia de aportes de producciones y contribuyentes muy conocidos de la ciudad. Al menos tenemos conocimientos de la cantidad de 37 eventos (música, teatro, youtubers, etc.) en salas de la ciudad que no figuran y han tenido amplia convocatoriaS.

“Mientras continuamos por las vías burocráticas y administrativas por las que nos derivan permanentemente, no estamos encontrando aún las respuestas que son urgentes para dar transparencia a la administración de este recurso público”, manifestaron.

Por medio de la presente, los integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano.

Es dable destacar que la delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. La Delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles.

Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que:

1. Marco político y social: golpe de estado y gobierno de facto

1. El Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe, particular con Fernando Camacho.

2. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un “comunicado preliminar” de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho sumado a las irresponsables declaraciones del Señor Luis Almagro nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditoría.

3. Esta Delegación corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después.

4. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas.
Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes.

5. Pese a ello, el Gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine Áñez se autoproclamó presidente del Senado, primero, y presidente del Estado Plurinacional, después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, es elocuente al respecto.

6. A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrase una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad.

2. Violaciones a los Derechos Humanos

Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables.

Esta delegación logró constatar la existencia de las siguientes situaciones:

Masacres perpetradas contra población civil:
Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.

Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas.

Desaparición forzada de personas

Esta delegación logró constatar situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero.

Torturas, violaciones y delitos sexuales

Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población.

Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares

Esta delegación logró constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. Las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista.

Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales

Esta delegación logró constatar la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales.

Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa

Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo quien dijera: “Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”.

Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública. En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas.

Represión de manifestaciones públicas

Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedición y terrorismo.

Restricción manifiesta de la libertad de prensa

La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro.

Promoción del racismo y los discursos de odio

Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala.

Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción

Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país.

Inacción y encubrimiento del poder judicial

El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia.

Para esta Delegación fue imposible reunirse con funcionarios del poder judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados.

Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales

Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo. Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos amenazaron.

Al día siguiente, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: “Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo”. “En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo y sedición, se la verán con los policías. La policía está atenta y tiene la orden para no permitir que se dañe el país, no hay tolerancia con terrorismo, sedición y movimientos armados”.

Por la tarde, un grupo de Delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional, fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte de grupos de choque allí los estaban esperando.

En todo momento, durante nuestra visita a Bolivia, hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos.

Cabe destacar que las fuerzas armadas y policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del General de Brigada Luis Salazar Escobar que permite establecer “zonas militares”. Estos y otros elementos, sumado a declaraciones públicas de altos funcionarios, no deja duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de estado, por lo que esta Delegación considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad.

Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el gobierno de facto.

Frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos ciento veinte días, que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia, solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales quienes refieren hostigamientos y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral.

La Delegación redactará y dará a conocer, en los próximos días, un informe completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de la nuestra visita.

Agustin Lecchi / Agustín Mingorance / Alicia Montoya / Aníbal Rubén Mosquera / Carlos Alfredo Juárez Centeno / Carlos Zaidman / Carolina Palacio / Cristina Vera Livitsanos / Daniel Catalano / Diego Morales / Federico Fagioli / Fernando Rey / Gabriela Carpineti / Gustavo Palmieri / Ignacio Andrés / Ismael Jalil / Iván Wrobel / Juan Grabois / Juan Martín Hissa / Juan Monteverde / Juana Marisa Llanos / Leonardo Pérez Esquivel / Lisandro Ulises Arijon / Luis Arias / Manuel Alejandro Rivero / Marcos Norberto Novo / Marianela Navarro / Mario Andrés López / Martín Miguel Ferrari / Mauricio César Rojas Garrido / Natalia Zaracho / Pablo Garciarena / Pablo Pimentel / Roberto Carlés / Samanta Jimena Delgado / Sandra Carreño / Sergio Job / Sergio Smietniansky / Simeón Darian Casimiro / Victoria Freire

La tasa de inflación para noviembre muestra un aumento de 4,76% respecto a octubre. Según IPC Online, la variación de precios fue mayor al mes pasado y acumula en el corriente año 47,28%. La interanual llega a 49,74%.

El capítulo Alimentos y bebidos se mantuvo especialmente activo todas las semanas totalizando un aumento del 5,47%.

Especial incidencia este mes lo tuvieron Educación con 7,58% y Transporte y comunicaciones con 6,03% de alzas respectivamente.

La primera semana de noviembre reflejó el impacto de estos dos capítulos asociados a ajustes en el precio de cuotas de colegios privados, por un lado, y telefonía celular y combustibles, por el otro.

Todos los capítulos registraron alzas en el siguiente orden Educación (7,58%), Transporte y comunicaciones (6,03%), Alimentos y bebidas (5,47%), Atención médica y gastos para la salud (5,29%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,98%), Otros bienes y servicios (4,08%), Vivienda y servicios básicos (2,91%), Indumentaria (2,28%) y Esparcimiento (1,80%).

“Queda por ver como cerrará el año 2019 siendo que diciembre se anticipa como estacionalmente alto a lo que se unen cambios de política asociados”, destaca el informe.

? Desde las 18:30 convocados por el CCultural La Panaderia y FM De la Calle un conjunto de trabajadorxs de la cultura y comunicadorxs organizamos la jornada :

? ! Latinoamérica despierta! – Resistencia cultural CONTRA EL GOLPE DE ESTADO.

Como un espacio de manifestación y construcción de memoria frente al racismo, el colonialismo y el avance de la cultura autoritaria y golpista como está sucediendo en Bolivia. Como también para reivindicar el derecho a la rebeldía de los pueblos.

? Desde las 18:30 se desarrollara una RADIO ABIERTA . ¡Venite con el termo y mate!

? A partir de las 20:00 cortamos la calle y se suman diversas intervenciones culturales hasta la medianoche.

? Si tenes, tráete un pedazo de tela con algunos de los colores de la Whipala, de la suma de retazos confeccionamos la bandera multicolor de los pueblos originarios.

#LatinoamericaDespierta
#AbajoelGolpeenBolivia

La justicia condenó a integrantes de la patota que intentó tomar violentamente el Frigorífico Recuperado INCOB el 17 de noviembre de 2015.

El grupo estaba encabezado por el entonces presidente de la cooperativa cuestionado por sus compañeras y compañeros por su administración fraudulenta y su enriquecimiento personal.

Enrique Orlando Garaggiola y su hijo Ezequiel Andrés fueron condenados a dos años de prisión condicional por lesiones graves y amenazas agravadas por el uso de armas, respectivamente. Reinaldo Pascual Hernández fue castigado con dos años y medio de cárcel en suspenso por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

El abogado Leandro Aparicio dijo a FM De la Calle que la estrategia de la querella fue acreditar “quién era Garaggiola, qué hacía, dónde estaban, cómo cobraban los trabajadores, cómo trataba a las mujeres y a otras personas a las que consideraba indios. Él era un empresario”.

“Estoy conforme con el fallo aunque tardó cuatro años. La prueba era un video y los testigos. Imaginate para probar las estafas. Este señor no comía solo, le pagaba a otra gente más, pero va a llegar. También estoy conforme porque las víctimas están contenidas. Es una cooperativa que se la bancó, el símbolo es Willy Guenemil que trató de frenar el ataque con la mano, le pegaron un palazo, le rompieron el dedo y le dejaron la mano inutilizable”, detalló.

La jueza María Mercedes Rico tuvo por probado que “existía un conflicto previo, generado a partir de los reclamos de los socios que conformaban la cooperativa del frigorífico INCOB, quienes desde hacía un tiempo venían advirtiendo un irregular manejo por parte de quien, para esa época, era el presidente”.

Las y los testigos “mencionaron que exigían mayor transparencia, exhibición de balances y cambio de autoridades y que, con ese fin, ya en el mes de septiembre de 2015, habían convocado a una asamblea”.

“Es en ese marco, con un conflicto ya instalado y con gestiones iniciadas ante el INAES por algunos de sus compañeros que habían viajado a Buenos Aires, que ese 17 de noviembre de 2015, se encontraban en su lugar de trabajo, manifestándose en forma pacífica -con bombos y banderas-, a la espera de novedades”.

La magistrada destacó que el ataque de los imputados y otros hombres fue una conducta “a partir de una irrupción abrupta, violenta y absolutamente injustificada”.

“La prueba recibida ha sido abundante y absolutamente coincidente. Todos los testigos han relatado lo ocurrido en forma clara, precisa y simple y he podido advertir, a partir de sus palabras y expresiones, los sentimientos que en ellos ha provocado la lamentable situación vivida. Cada uno explicó lo ocurrido ese día con absoluta espontaneidad y, -entiendo- en forma sincera. Todos ellos me han impresionado veraces y sus relatos han sido, en lo sustancial, coincidentes, no solo entre sí sino también con las imágenes que he visto en los videos acompañados”, escribió en el fallo.

La periodista Jesica Ripodas relató algunos de los episodios de violencia que sufrió en el ejercicio de su profesión en diferentes medios y etapas de su carrera.

Lo hizo rodeada de sus compañeras de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, en el marco de la presentación de los resultados de la encuesta sobre violencias realizada a más de un centenar de trabajadoras de medios locales.

“A mí me pasa algo particular que tiene que ver con el amor a la profesión -aseguró-. La primera vez que se me pasó por la cabeza trabajar de esto me encantó y le puse toda la garra. En el camino me encontré con situaciones poco felices pero nunca, nunca, ni cuando tenía 23 años, me permitieron que bajara los brazos. Por momentos me sentí mal por eso pero siempre decidí seguir adelante con la decisión de laburar pese a todas”.

“Sí hoy, de la mano de todas ellas, puedo ver que un montón de cosas no fueron gratis. Cuando tenía veinti tantos años, estaba trabajando en un medio de comunicación y, en un momento determinado, cuando el dueño decide echarme y yo respondo con la demanda desde el punto de vista laboral y legal, me cruza en la Municipalidad de Bahía Blanca -yo estaba trabajando con otro medio- y me pega una trompada”.

Recordó que “con mis veinti tantos años y con un micrófono en la mano. Tenía un par de compañeras al lado mío. Fuimos a la fiscalía a hacer la denuncia -con esa edad y con el miedo pertinente- y no sabíamos cómo iba a terminar esa situación. Yo no sabía si iba a poder conseguir otro trabajo y la seguí remando”.

“Pasaron más de diez años y cuando estaba embarazada, no hace mucho tiempo, el gerente de un canal decidió hacer lo suyo: hostigarme, maltratarme, intentar cambiar mi horario porque no era servil a algunas cuestiones que no debía serlo, honestamente creía que no. Tenía temor de perder mi trabajo y denuncié porque no corresponde. Veía el sufrimiento, primero mío cuando estaba embarazada, y cuando no me permitió amamantar porque quería hacer lo que se le antojaba conmigo, me iba llorando y él me disfrutaba. Así y todo junté las ganas que tenía o lo poco que me quedaba y me fui a hacer la denuncia”, dijo.

Ripodas destacó que “en todos los casos hice la denuncia. No sé si mañana voy a seguir teniendo trabajo, pero sí sé que me fui siempre con la frente bien alta. Y otra cosa sé: que no quiero que a ellas les pase lo mismo. Yo no lo voy a permitir”.

Se proyectará el documental Ni Un Pibe Menos, dirigido por Antonio Manco. La actividad, organizada por La Garganta Poderosa, será este sábado a las 14:30 en el espacio cultural “Casa del Pueblo” de Saavedra 282.

“Este caso es con lo que empezó La Garganta Poderosa. Se visibiliza la historia de Kevin, un nene de 9 años de Zavaleta que en una zona liberada y, tras una balacera, muere debajo de la mesa de su casa”, dijo Rocío Soto a FM De la Calle.

Agregó que a partir del hecho, “la asamblea de vecinos dijo ‘acá no tiene que morir ningún Kevin más’ y activó el control popular de la policía. Se encargan de vigilar a quienes debería cuidarnos. Se generó este espacio que hace lo que el Estado debería hacer. Hasta hoy se están recibiendo denuncias de abuso policía. Ese crimen todavía está impune, se sigue luchando, se siguen haciendo marchas para terminar con esta impunidad”.

Respecto a la militancia barrial en la ciudad, Rocío señaló que están intentando “terminar de cerrar el vagón, que está restaurado en la calle Santa Cruz al 3300 y estamos trabajando en los barrios Tierras Argentinas y Puertas del Sur”.

“Estamos trabajando la educación popular con ESI y también se están activando las escuelitas de fútbol para contención de los chicos. Estamos pensando en hacer ollas populares. En enero cierra el merendero que está dentro del barrio y los comedores, se toman un mes pero por más que se vayan de vacaciones los chicos tienen que seguir comiendo”.

El Juzgado Federal N° 1 amplió las imputaciones contra 25 acusados por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Uno de los tres fallos refiere a la violencia sexual ejercida sobre las mujeres en los lugares de cautiverio por parte de 15 militares.

En la causa se investigan crímenes cometidos por el Comando V Cuerpo de Ejército y/o las unidades militares, policiales y de seguridad bajo su control. La Fiscalía apeló parcialmente las sentencias por no haberse aceptado el pedido de prisión preventiva para los represores.

Los procesamientos se suman a los del oficial médico del Hospital Militar de Evacuaciones 181 Humberto Luis Fortunato Adalberti, por el secuestro agravado y los tormentos agravados en perjuicio de Mario Orlando Dalhoff, la ampiación del procesamiento del enfermero militar Adalberto Osvaldo Bonini por el secuestro agravado y los tormentos agravados de los que fue víctima Alicia Mabel Partnoy.

En el marco de la misma investigación se espera que el tribunal oral fije fecha de inicio a un nuevo debate oral. Será el juicio más grande que se haya realizado en Bahía Blanca con 46 imputados (15 de los cuales serán juzgados por primera vez), 231 víctimas (77 de las cuales llegan por primera vez a juicio) y –por el momento– más de doscientos nuevos testigos.

Los fallos

El 4 de noviembre el Juzgado amplió el procesamiento de Osvaldo Bernardino
Páez, Guillermo Julio González Chipont, Walter Bartolomé Tejada, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Osvaldo Lucio Sierra, Víctor Raúl Aguirre, Alejandro Osvaldo Marjanov, Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Raúl Esteban Andrés, Vicente Alfredo Flores, Enrique Stel y Eduardo Carlos Videla en relación a los abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos mujeres mantenidas en cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181, una de ellas víctima de violación.

La Fiscalía informó que la acusación por el secuestro y los tormentos de ambas víctimas será analizada en el próximo juicio de la causa Ejército.

El 11 de noviembre un nuevo fallo amplió el procesamiento de 18 imputados en relación a hechos sufridos por tres víctimas. Por el homicidio bajo modalidad de desaparición forzada de Manuel Alberto Ruzo fue procesado Ricardo Claudio Gandolfo. Y respecto al homicidio agravado de Pedro Benigno Gutiérrez resultaron procesados Jorge Aníbal Masson, Mario Alberto Casela, Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre y Enrique José Del Pino.

Igual medida se dictó en relación al secuestro agravado y las torturas agravadas sufridas por María Eugenia Flores Riquelme respecto a Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala, Raúl Artemio Domínguez, Desiderio Andrés González, Arsenio Lavayén, Gabriel Cañicul y Héctor Luis Selaya.

Por el último, el miércoles pasado, el Juzgado dispuso ampliar el procesamiento de Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel y Víctor Raúl Aguirre por los secuestros agravados y las torturas agravadas cometidas en perjuicio de Carlos Gustavo Domínguez y Marina Marcela Herrero; así como el procesamiento de Jorge Horacio Granada y Guillermo Julio González Chipont por el caso de Herrero.

Concejales de Cambiemos de Coronel Suárez pretenden aprobar este jueves, en la última sesión antes del cambio de gobierno, una normativa que habilita a fumigar a 50 metros de las viviendas y a 30 metros de cursos de agua. Otro proyecto presentado por integrantes de la comunidad buscaba legislar hace más de un año en resguardo de la salud de la población.

Lucia Borsella, integrante de la ONG Evolución Ambiental señaló a FM De la Calle: “El martes presentó un proyecto un funcionario de Cambiemos, dueño de una de las agronomías dentro del pueblo, con pretensiones que se apruebe mañana (por hoy). Quieren tratarlo sobre tablas y que en la última sesión se apruebe que nos fumiguen en la vereda de enfrente a las casas”.

“Sabemos que lo necesario es la prohibición de la aplicación de agrotóxicos. Presentamos un proyecto de ordenanza que estuvo cajoneado y, meses antes de las PASO, nos dijeron que si no lo presentábamos por un bloque no iba a salir. Fuimos a ver concejales, hubo reuniones, negociamos metros, era hasta 600 metros con la promesa de año a año ir extendiendo. Llamamos a pediatras, médicos, ingenieros, venimos haciendo un trabajo profundo”, dijo.

La suarence comentó que están “rodeados de campos, los barrios que se expandieron lindan con las fumigaciones, recibimos constantemente fotos, denuncias, no hay nada que lo prohíba. Quienes están en agroindustria no tienen la voluntad de tomarnos la denuncia. Plantean que el vecino tiene que pagarles el combustible para que se acerquen a corroborar las denuncias. Quienes nos representan son los dueños de las agronomías y quienes nos fumigan. En estas cuestiones no hay grieta”.

El proyecto plantea una “zona de amortiguamiento” de mil metros, sectores donde no se puede aplicar otros productos que no estén bajo la denominación “Banda Verde”. “Uno de los productos banda verde es el glifosato”, comentó Borsella.

“En Suárez tenemos mas de 30 depósitos de expendio de agroquímicos, chicos que asisten a escuelas rurales, docentes que tienen cuestiones que les hacen ruido pero por una cuestión de dependencia laboral no se denuncia. A las docentes nos sucede que muchos de los dueños de campos donan el chancho para la rifa, sostienen algunas cuestiones que hacen que tampoco se animen y puedan cortar con este juego bastante macabro”, finalizó.

Un plenario de comisiones del Concejo Deliberante reunió a concejales, integrantes de la Comisión de Arbolado Urbano, representantes del grupo inversor y funcionarios municipales. Una vez más el tema de análisis fue la propuesta para eliminar la Plaza Lavalle para construir cocheras subterráneas y una plaza seca.

Desde la Comisión destacó la ausencia de la jefa del Departamento de Parques Municipales, Erica Gutiérrez.

“Es un proyecto bastante ambiguo, en modo de boceto de como llevar a cabo la modificación de la plaza. El gran ausente fue la pata del Estado municipal que lo propone y lo impulsa. Ahí sale a la luz que no todo es tan sencillo de llevar a cabo y algunas cosas son totalmente inaplicables como sacar el arbolado y trasladado a otro lugar”, dijo a FM De la Calle Mercedes Insausti.

Según la ex concejala, la propuesta “no es sólida en concepto, no tienen en claro cómo van a trasladar el arbolado, ellos dicen que en vez de perder verde van a ganar porque van a extender la peatonal a las calles aledañas donde se va a tratar de hacer una especie de polo gastronómico, donde se harán canteros con arbustos. Esto no garantiza la presencia de árboles y sí condicionan a una plaza seca. Para llevar a cota cero la plaza que está a un metro veinte si o si se habla de sacar árboles”, destacó.

Insausti afirmó que se pidió información concreta: “No la tenían a mano, dijeron que lo de las cochearas era un medio para poder financiar la propuesta, no lo discutimos como tal. El tema es que necesitamos mayores precisiones, no se puede perder más verde en la ciudad”.

El oficialismo busca declarar el proyecto de interés público para realizar su diagramación. “Como es algo que atañe a concejales, se pusieron a discutir y la oposición quiso saber qué alcance tenía esa declaración porque si era una carta blanca para avanzar no estaban dispuestos a hacerlo. Va a haber más reuniones, se va a avanzar sobre la idea que de existir una declaración de interés va a estar sujeta a modificaciones”.

Esta tarde se realizará un acto y una movilización desde las 18 en Plaza Rivadavia en apoyo a los pueblos den la región que son reprimidos por sus gobiernos. La propuesta surge del Comité de Solidaridad con Chile, Bolivia y Pueblos Latinoamericanos, como un espacio abierto a la participación de todos los sectores.

La feroz represión desatada contra los manifestantes con su saldo de muertes, torturas, violaciones y secuestros, exige el pronunciamiento y la movilización de quienes se sientan comprometidos con la democracia.

¡Abajo el golpe de Estado en Bolivia! Viva la rebelión popular en Chile. ¡Fuera Piñera! “La idea es la participación lo más amplia posible alrededor de esta consigna clara”, dijo a FM De la Calle el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Dante Patrignani.

El dirigente destacó que a los casos de Bolivia y Chile ahora “se suma Colombia y algo que no tenemos muy presente que es lo que pasa en Haití donde desde hace un tiempo se viene reprimiendo ferozmente las protestas populares. Hay que multiplicar estas iniciativas de organización y difusión e incluso ver la solidaridad concreta para con estos pueblos”.

“Conscientes de que en los tiempos que vienen nuestro país va a estar rodeado por dictaduras, gobiernos neoliberales o surgidos de las urnas pero de corte netamente fascistas, misóginos y racistas como el de Bolsonaro. Esto no va a ser fácil para el gobierno ni para los ciudadanos que van a sufrir apretadas muy serias de estos sectores envalentonados”, afirmó.

Por otra parte, el próximo sábado desde las 18:30, el Centro Cultural La Panadería y FM De la Calle junto a trabajadoras/es de la cultura convocan a la jornada de resistencia Contra el Golpe de Estado !Latinoamerica despierta!

Será un espacio de manifestación y construcción de memoria frente al racismo, el colonialismo y el avance de la cultura autoritaria y golpista como esta sucediendo en Bolivia. Como también para reivindicar el derecho a la rebeldía de los pueblos.

“Las desigualdades que existen entre las comunicadoras son funcionales a que la rueda de la economía siga girando. El deterioro de las condiciones laborales y los salarios es general pero particularmente el sector de las y los periodistas es uno de los que más sufrieron las consecuencias, el que más perdió en términos reales su salario en los últimos cuatro años”, dijo la economista Agostina Costantino.

La columnista de FM De la Calle colaboró en el análisis de los datos obtenidos en la encuesta que presentó este lunes la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca. Uno de los aspectos relevados refiere a las condiciones laborales y las violencias que padecen las mujeres en los medios locales.

“Una de las violencias que es importante y muchas veces no se llega a visualizar es la económica. Me impresionaron mucho los resultados, casi la mitad de las comunicadoras trabaja en situaciones de algún grado de precariedad. Es decir, no trabajan en relación de dependencia, con una obra social, con un aporte jubilatorio, sin ningún registro, pasando por todo un abanico de distintas formas de precariedad, contratos de tiempos parciales, monotributo”, afirmó.

Costantino comentó que se evidenció que los ingresos de las comunicadoras “eran iguales o menores al salario mínimo de cuando se realizó la encuesta que era de 12 mil pesos, lo cual obliga a buscar un segundo trabajo, cuando muchas de ellas son sostén de familia. Es una información muy importante la que consiguieron para empezar a mejorar esas condiciones, más allá de eliminar todo tipo de violencia”.

“No es una excepcionalidad, sigue la tendencia que están teniendo muchos de los sectores de la economía pero más acentuado en el sector de las comunicaciones. Los altos niveles de concentración de medios, la injerencia de las nuevas tecnologías y de acceso a la información generan un caldo de cultivo para facilitar la mayor precarización de las y los comunicadores”.

Respecto de la concentración mediática, la economista mencionó que “el presupuesto de pauta publicitaria si lo ves por cantidad de medios por dueño son uno o dos los que reciben la mayor parte”.

“Parte de eso tiene que ver con el abandono por parte del Estado de los medios como una herramienta de comunicación de las propias políticas. Se ve un desinterés por parte de los estados en los distintos niveles de brindar por sí misma la información, por eso la falta de medios públicos. Ha habido un vaciamiento y desfinanciamiento casi total y ni hablar de los medios comunitarios que siempre terminan siendo los mas perjudicados”, afirmó.

El economista Francisco Cantamutto afirmó que “en el próximo mandato van a estar venciendo pagos de deuda de alrededor de 200 mil millones de dólares. Esto equivale a alrededor de un 40% de PBI. Una parte de los vencimientos, son muy veloces, muy a corto plazo”.

“De diciembre a junio vencen 15 mil millones de dólares, sumado a otros 13 mil millones más en pesos. En la caja del Central hay 12. La cuenta da negativa, la reestructuración no es un fenómeno que se puede dilatar”, dijo a FM De la Calle.

“Se está manejando la idea de patear para adelante los pagos de capital e interés, hasta dos, tres y cuatro años. La insostenibilidad que provocaron en la deuda en menos de 4 años es tal que si se hace una negociación con quita lo hace más peligroso que extender los pagos. Es un juego de tensiones que no está resuelto: reforma laboral, alguna privatización, no creo que sea viable pero las demandas y presiones vendrían por ahí”.

Uno de los candidatos a ministro de Hacienda es Daniel Marx. Al respecto, Cantamutto señaló que “no sería una buena noticia, es responsable del negociado turbio del megacanje, no sería buen antecedente que estuviera a cargo de la reestructuración”.

En referencia al Plan contra el Hambre del gobierno próximo, el economista señaló que “necesitan hacer que parte del capital productivo agropecuario permita regular el precio y volcarlo al consumo interno. No está del todo claro que esto sea algo que les de mucho placer. Frente a esto la propuesta del gobierno es estructurar un plan de la mano de la economía popular que va a llevar tiempo y los tiempos van a ser muy acelerados a partir de diciembre. Vamos a tener que seguir a coyuntura desde cerca”.