Unidad de acción contra la emergencia administrativa

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Numerosos gremios estatales se manifestarán este jueves en La Plata, frente a la legislatura provincial y la gobernación, para frenar la aprobación de leyes de ajuste estructural y en defensa del salario y el empleo.

Participarán trabajadoras y trabajadores organizados en ATE, SOEME y AEMOPBA, docentes afiliados a SUTEBA, FEB, AMEB, AMET, SADOP, UDOCBA y la FND, profesionales de la Salud enrolados en CICOP y AMRA, judiciales de la AJB, legislativos de APL, policías de SIPOBA, la comisión interna del Banco Provincia, estudiantes de la FULP y cooperativistas de la CCC, entre otros.

Mañana la Cámara de Diputados bonaerense podría convertir en ley el proyecto de emergencia administrativa y tecnológica. La iniciativa pretende declarar el estado de excepción por un año para “agilizar” los procesos de licitación y compra a través de una flexibilización en los mecanismos de control y del establecimiento de plazos más cortos para que los organismos del Estado se expidan sobre este tipo de trámites.

Además, en los artículos 25 y 26, plantea una mayor laxitud en los contratos laborales planteando, por ejemplo, que “la celebración del contrato no generará una expectativa o derecho a prorroga, ni creará una relación de dependencia” con el Estado provincial.

Para el secretario general de ATE y la CTA Autónoma bonaerenses, Oscar de Isasi, este último punto “significa lisa y llanamente pasar a la semi esclavitud porque se niega los derechos que la OIT, las leyes laborales y demás que se dan aún en los contratos más elementales, y por otra parte te dice que ni pienses pasar a planta permanente alguna vez, expresamente lo dice la ley”.

Por otra parte, De Isasi explicó a FM De la Calle que la ley de emergencia administrativa “es una herramienta para diluir, para minimizar los organismos de control ante las contrataciones del sector privado, esto es para limitar a la Asesoría General de Gobierno, a la Contaduría General de la provincia y a la misma Fiscalía de Estado porque para evaluar si una contratación está bien hecha, si no hay estafa, dolo o esas cuestiones, se le da diez días corridos a los organismos para que puedan expedirse”.

“No está mal si se les dan las herramientas para que lo haga. Lo que sí está mal es que si no se expiden se da como positiva y válida la contratación”, se quejó. El dirigente también criticó que el proyecto pretenda habilitar la contratación de proveedores que no estén inscriptos en el listado oficial que garantiza sus antecedentes para participar en licitaciones públicas.

En Bahía Blanca el acto central de la jornada de protesta será a las diez frente al Hospital Interzonal José Penna. Allí confluirán la Asociación de Profesionales del Hospital, ATE y docentes de SUTEBA que se concentrarán 9:30 en la Escuela 60 de Humboldt y Fournier.