Desde hoy queda operativa y en plena vigencia la Prestación Básica Universal y Obligatoria. Es para servicios de telefonía móvil, fija, internet y TV por cable.

Está destinada a personas que ya tienen un dispositivo móvil, un celular, pero que hasta ahora se manejaban con un Plan Prepago por falta de recursos. Esta modalidad de cargar cuando se cuenta con algo de dinero en el bolsillo tiene finalmente un costo mucho más caro.

La misma tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas.

“La Prestación Básica Universal persigue el horizonte de la expansión de derechos establecidos por el Gobierno nacional como lineamiento general para asegurar que todos los argentinos y argentinas gocen de las mismas oportunidades”, indicó el Delegado Regional del Encom, Nicolás
Bartolozzi.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 del Poder Ejecutivo Nacional, determina que la TELEFONIA CELULAR, TELEFONIA FIJA, INTERNET y la TELEVISION POR CABLE (TIC’s-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) son servicios públicos, esenciales, estratégicos y en competencia.

¿Cómo se concreta el Beneficio?

*Se debe completar esta declaración jurada, la cual se envía la misma a las Compañías de Telecomunicaciones.

*Las Empresas tienen la obligación de iniciar el trámite para el otorgamiento de la prestación, la disposición de Enacom es de cumplimiento obligatorio.

*No es necesario cambiar de Compañía, aplica para personas que ya tenían Servicio, o que lo pueden pedir desde cero.

¿Quiénes son los Beneficiarios de la Prestación Básica, Universal y
Obligatoria?

El Padrón de Beneficiarios está construido con anterioridad, es clara su individualización y alcanza los 10.000.000 de Argentinas y Argentinos.

Los Usuarios y Usuarias que podrán optar por adherirse a las Prestaciones Básicas, Universales y Obligatorias son los siguientes:

1) Beneficiarias y Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo. También están incluidos sus hijos e hijas entre los 16 y los 18 años, y los miembros de su Grupo Familiar (Padre, Madre, Cónyuge, Conviviente).

2) JUBILADOS y PENSIONADOS que perciban un Beneficio en Bruto menor o igual a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($41.000). También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

3) Usuarias y Usuarios inscriptos en el REGIMEN DE MONOTRIBUTO SOCIAL. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

4) Beneficiarias y Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

5) Trabajadores y Trabajadoras en RELACIÓN DE DEPENDENCIA que perciban una Remuneración Bruta menor o igual a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

6) Trabajadores y Trabajadoras inscriptas en el REGIMEN DE MONOTRIBUTO, en una Categoría cuyo ingreso mensual no supere los 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

7) Usuarias y Usuarios que perciban SEGURO DE DESEMPLEO, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

8) Trabajadores y Trabajadoras incluidas en el Régimen de PERSONAL DE CASAS PARTICULARES (Ley 26.844), y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

9) Beneficiarias y Beneficiarios de una BECA DEL PROGRAMA PROGRESAR. (Jóvenes entre 18 y 24 años, Estudiantes Argentinos de Nivel Primario, Secundario, Terciario o Universitario, o que estén realizando una Curso de Formación Profesional). Además, todos los Jóvenes pueden navegar por las Páginas Web Educ.ar y Edu.ar sin costo alguno, sin consumir Paquete de Datos.

10) Personas que se encuentren DESOCUPADAS, o que se desempeñen en la ECONOMIA INFORMAL, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

11) Beneficiarias y Beneficiarios de PROGRAMAS SOCIALES, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

12) Entidades de Bien Público tales como Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones, Fundaciones, que no persiguen Fines de Lucro (Ley 27.218); Organizaciones Comunitarias con Reconocimiento Municipal; Clubes de Barrio y de Pueblo (Ley 27.098); Asociaciones de Bomberos Voluntarios (Ley 25.054).

El endeudamiento de los sectores populares es una estrategia de supervivencia racional en un contexto de privaciones sistemáticas que busca la resolución del problema de subsistencia actual, independientemente de las dificultades futuras.

“En el transcurso del tiempo entre la toma de deuda y los pagos, no puede descartarse un cambio en el escenario laboral o de ingresos extraordinarios que facilite abonar el compromiso. Y en todo caso, ¿cuánto peor se puede estar?”.

Así lo plantea una investigación coordinada por el economista Francisco Cantamutto, de la cual participaron les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez.

El documento fue publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (Conicet-UNS) y es presentado públicamente mediante una cobertura colaborativa entre FM De la Calle y el Boletín Tramas.

El trabajo advierte que no debe considerarse que “las clases populares tomen deuda con la intención de no pagar. De hecho, más bien lo contrario, suele considerarse que entre la población con mayores carencias hay más probabilidades de cobro. Entre otros motivos, porque cuentan con su reputación y sus relaciones sociales como uno de los pocos activos que le permite tomar deuda”.

El informe refleja las opiniones de 17 personas que trabajan en 14 organizaciones con presencia en barrios de la periferia de Bahía Blanca. Algunas son vehículo de políticas públicas (programa Primera Infancia, Envión o el Fondo Solidario Rotativo de Materiales) o equipos oficiales encargados de su puesta en marcha, otras gestionan crédito solidario, tienen merenderos o comedores, emprendimientos productivos, se dedican a dar talleres, apoyo escolar u organizan espacios recreativos y artísticos. Los testimonios fueron recogidos entre el 10 y el 26 de marzo.

Los gastos de supervivencia y los ligados a mejoras marginales en las condiciones de vida fueron los más referidos, aunque también existió un grupo de motivos vinculado a la inversión en el funcionamiento de emprendimientos propios. Respecto de los acreedores, se identificaron 13 agentes, tanto privados como públicos, con diversos requisitos de acceso, montos prestables y tasas de interés.

Foto: Horacio Culaciatti (@horacioculaciatti) Otro parche! Y a por muchos rounds.

Les investigadores evidenciaron “el rol activo del Estado como promotor del endeudamiento popular por diversas vías, tanto directas como indirectas” y que “la responsabilidad en el deterioro de las condiciones sociales se conjugó con el impulso a la financierización de las necesidades”.

Resaltaron que las mujeres de las clases populares fueron “particularmente vulneradas por este proceso, debido a la carga de tareas vinculadas al ámbito de lo doméstico y los cuidados. Las mujeres han sido constituidas en las principales destinatarias del crédito, sin ningún tipo de vínculo con una idea de empoderamiento. Emergen así de la crisis sufriendo mayor precariedad”.

“La toma de deudas con diferentes actores es un recurso disponible, aprovechado de forma generalizada por las clases populares. Existe muy poca planificación del crédito en cuestión, siendo considerada una herramienta para resolver la necesidad actual. Los efectos posteriores del crédito (el pago, más concretamente) son problemas del futuro, que serán resueltos cuando se presenten. Ante la urgencia de la necesidad, que impide solventar el presente, el futuro es una quimera”.

¿Para qué se endeudaron?

La investigación detectó once motivos vinculados al financiamiento de gastos de supervivencia, mejoras en las condiciones de vida o para realizar inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios.

Gastos de supervivencia

  • Gastos cotidianos, especialmente comida.
  • Pago de las facturas de servicios públicos.
  • Pago de alquiler.
  • Gasto extraordinario, mayor al cotidiano, que puede ser estacional -como el inicio de clases, la llegada del invierno y la necesidad de calefaccionarse, o las fiestas de fin de año o para afrontar una eventualidad.
  • Mantenimiento.
  • Pago de otros créditos previos.

Gastos para mejorar las condiciones de vida

  • Para la compra de electrodomésticos, ropa y otros.
  • Para realizar mejoras o reparaciones en la vivienda.
  • Pago de terrenos.

Inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios

  • Compra de máquinas.
  • Compra de mercadería e insumos.

El informe sostiene que “la deuda en las clases populares se consolida como un mecanismo de empobrecimiento de segundo orden, que genera transferencias hacia los acreedores sobre un ingreso ya insuficiente”.

“Esto supone también un mecanismo de control social, que sirve para disciplinar a los sujetos endeudados: se toleran condiciones de vida y trabajo que de otro modo no serían aceptables, en aras de pagar sus deudas”.

¿Con quiénes se endeudaron?

Respecto a los acreedores, las personas entrevistadas coincidieron en que la ANSES es el organismo más reconocido. Un 80% de la población de los barrios populares tomó créditos para cubrir gastos de superviviencia o mejorar sus condiciones de vida. Casi la totalidad son mujeres beneficiarias de la AUH a quienes se les descuenta el pago mensualmente.

Foto: Horacio Culaciatti (@horacioculaciatti) os hilos de Cloto, Láquesis y Átropos.

Los bancos no tienen llegada, a diferencia de las casas de electrodomésticos que ofrecen compras en varias cuotas con pocos requisitos. Si bien estas son a largo plazo tienen un alto costo de financiamiento.

La falta de alternativas lleva al endeudamiento en casas de crédito, las cuales ofrecen dinero a sola firma aunque con altas tasas de interés. “Mayormente las mujeres son titulares de estos créditos con acuerdo o presión de sus parejas ya que muchas se emplean formalmente como trabajadoras domésticas o manejan la economía del hogar.

Otras fuentes son las familiares: permiten préstamos ágiles, sin formalidades, y son generalmente de montos bajos destinados a las compras cotidianas o, excepcionalmente, por ventas intrafamiliares de terrenos. El mediador político también suele ser requerido para financiar la compra de terrenos o materiales para la construcción.

La presencia del Municipio es limitada y fue mencionada en casos de créditos para microemprendimientos o para mejoras habitacionales mediante fondos rotativos de materiales. Estos últimos son gestionados por organizaciones no gubernamentales y tienen un espíritu solidario que necesita de su pago para ser recibidos por otras familias. La presencia provincial también es muy escasa e involucra préstamos blandos pero de muy difícil acceso.

En el caso de los negocios barriales se registra el “fiado” para deudas a corto plazo que suelen cubrirse con el cobro de asignaciones o cuya falta de pago deteriora las relaciones vecinales.

Los jóvenes varones suelen requerir adelantos salariales de sus patrones y empleadores para afrontar gastos que serán cubiertos con trabajo futuro.

Los prestamistas informales, usureros o mesas de dinero, suelen ser accesibles y entregan diversos montos. En caso de incumplimiento los acreedores tienen capacidad de vulnerar la reputación del deudor por pertenecer a su misma red de relaciones sociales.

Finalmente, las ayudas económicas entre vecinos/as se da mediante contratos verbales y en caso de incumplimientos permiten la comprensión o pueden derivar en situaciones de violencia.

El endeudamiento de los sectores populares estuvo directamente motivado por la degradación de la realidad social que se vive en los barrios bahienses y la ausencia de políticas sociales por parte del Estado.

Así lo demuestra la investigación realizada por el economista Francisco Cantamutto y les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez, quienes manifestaron que “si bien la situación social era mala, en 2018 se agudizó a partir de la salida de capitales y el acuerdo del gobierno de Cambiemos con el FMI”.

Las deficiencias en infraestructura tuvieron un gran impacto en las condiciones de vida y obligaron a multiplicar los gastos asociados a la precariedad a casi un tercio de la población de nuestra ciudad que vive bajo la línea de la pobreza.

El deterioro del mercado laboral fue “muy significativo, con carácter generalizado y profundo”. La desocupación creció y los salarios perdieron la carrera con la inflación. Los tarifazos significaron una carga incompatible con los ingresos de las clases populares. El corte de servicios aumentó los riesgos, por ejemplo por el reemplazo del gas por la leña, y el encarecimiento del boleto de transporte dificultó la llegada al centro para conseguir trabajo o acceder a políticas sociales.

La caída generalizada del consumo provocó el cierre de más de dos mil pymes y golpeó también a los comercios barriales. Se dificultaron los cobros y se rompió la cadena de pagos, lo cual generó que más personas salieran a buscar un empleo y usaran la deuda para suplir el ingreso faltante.

En el caso de las políticas sociales, muchos programas fueron dados de baja o sufrieron recortes presupuestarios. También se registraron diversos problemas que restringieron su acceso: las condiciones laborales variables generaron complicaciones administrativas, los trámites eran engorrosos, hubo falta de unidades de atención del Estado en los barrios y se sobrecargaron los servicios sociales. La mayor cantidad de necesidades y los escasos recursos para distribuir tensionaron la red de relaciones barriales.

“Esto no solo crea desconfianzas y rencores, no es un efecto colateral sino un objetivo de las políticas. Se trató de una búsqueda por evitar la organización colectiva en los barrios, algo que dificulta organizar las demandas populares”, sostiene el informe.

Por otra parte, les investigadores destacaron que quedó en evidencia la invisibilización de las tareas de cuidado, lo cual afecta mucho más a la población sin recursos para contratar a terceros que realicen esos trabajos.

“Al encarecimiento de los consumos básicos para la vida y la pérdida de fuentes de ingreso, se sumó la falta de respuesta del Estado. La deuda apareció como una vía para solventar parte de este abandono”, concluyeron.

Salidas colectivas

Los testimonios de integrantes de 14 organizaciones consultades para la investigación, relataron que ante este panorama surgieron propuestas solidarias con “un fuerte reconocimiento mutuo frente a la adversidad y la necesidad de consolidar redes de protección en el tiempo”.

“No se trata del favor persona a persona sino de entramados de relaciones que involucran a terceras personas en diversos formatos de organización colectiva”.

La cooperación se impuso sobre la caridad y permitió resolver urgencias alimentarias mediante ollas populares, el compartir mercadería o conformar efímeras “cooperativas” de compras o “vaquitas”. De la misma manera se atendieron necesidades habitacionales o se sostuvo el comercio barrial.

Todos los caminos conducen a la deuda

Entre los efectos que produjo esta realidad social, les investigadores mencionaron el incremento de los pedidos de comida, con comedores populares que pasaron de cocinar para niñas y niños a hacerlo para toda la familia. Esto no implicó “solo malestar económico o fisiológico sino un deterioro en la autoestima con efectos secundarios difíciles de determinar”.

Los problemas fueron y son mayores en la segunda quincena del mes cuando se agotan los recursos de la Asignación por Hijo y se debe recortar cualquier gasto no esencial dejando la sensación de que “tanto esfuerzo no sirvió para nada”.

Al deterioro del mercado laboral se le suma el empobrecimiento de las clases populares mediante la falta de empleo y la caída de los ingresos. Se produce una mayor competencia por los mismos trabajos, “nuevos pobres” compiten con más recursos y más integrantes de las familias deben salir para elevar los recursos. Esto último en ocasiones involucra a menores o les expone a riesgos cuando deben quedarse en casa a su propio cuidado para que les adultes busquen trabajo.

Por último, se registran más afecciones psicológicas ligadas a la impotencia ante la situación y la falta de empleo. Los más afectados son los hombres que no pueden cumplir el rol de “proveedores” que les impone la lógica patriarcal. Aumentan el alcoholismo y la violencia machista, la cual muchas veces obliga a las madres a retirarse del hogar con sus hijes empeorando las condiciones de vivienda y de trabajo.

21 entidades que integran la Comisión de Usuarios Residenciales de Gas Natural rechazaron la compensación económica otorgada por el ENARGAS a las distribuidoras del servicio producto de la devaluación del peso. Por otro lado, solicitaron a Alberto Fernández que luego de asumir como presidente anule la medida y el aumento tarifario previsto para enero.

“Son las famosas 24 cuotas del 2018 que no se aplicaron. Como se pospuso para este año, ahora pretenden hacerlo y compensarlas por la devaluación del año pasado” señaló desde Consumidores Argentinos, Sergio Procelli.

El dirigente afirmó que “no tiene por qué trasladarse al usuario, menos a los consumos futuros. Quedó pendiente y recién ahora sale esta medida como compensación del dólar. Acá hay dos opciones: que lo pague el usuario o el Estado, que somos los mismos. Las distribuidoras siempre estarían ganando”.

Procelli comentó que “el mes que viene pagaríamos el 22% de lo que se prorrogó. Se debió aplicar ese aumento en octubre pero no se hizo por las elecciones, el gobierno que asuma va a tener 15 días para convocar a audiencias, si es que va a continuar con estos dos aumentos anuales. De aplicarse esto estaríamos hablando de una suba del 50% solamente con el aumento del valor del dólar”.

“Esa tarifa dolarizada no tiene que ver con el costo real del gas sino con subsidios que cobran como incentivo por Vaca Muerta. El Estado le paga la diferencia, serían 3,50 dólares más. No podemos estar pagando los usuarios subsidios a las petroleras”.

“Hay cantidad de gente que se queda sin servicio, se habla de un 10% permanente, es un servicio que inmediatamente que se lo cortan trata de establecerlo, vemos gente que se endeuda para pagarlo o para pagar la reconexión”, finalizó.

La gobernadora María Eugenia Vidal autorizó un aumento en la tarifa de luz del 25%, la cual se ejecutará desde el primer día del 2020.

La Defensoría del Pueblo hizo una presentación formal ante el OCEBA para que impedirlo.

Jorge Ruesga, integrante del área de Infraestructura del organismo, señaló a FM De la Calle que “en el primer semestre se habían comprometido a no aumentar el servicio eléctrico. Demuestra esto que había sido una medida de corte electoralista, producen este aumento que se va a empezar a aplicar cuando ya no sea gobernadora”.

“Como el servicio eléctrico tiene distintas categorías, haciendo un promedio va a rondar entre un 25% o un poco más el aumento desde enero. A todas luces creemos que no es justo y sobretodo teniendo en cuenta que hay un cambio de autoridades y de gestión en pocas semanas”, dijo.

Ruesga destacó que “el problema que venimos planteando es que el esquema que se estableció de dolarizar los servicios públicos era sumamente peligroso, sobretodo en esta Argentina donde los vaivenes del dólar son muy comunes. En un país en el que la gente cobra en pesos este grupo de empresas tiene rentabilidad en dólares. Creemos que la política de servicios públicos ha sido desastrosa en cuanto al gobierno nacional y provincial”.

Las fábricas de cerámica recuperadas Zanón (hoy Fasinpat), CerSinPat y la Cerámica Neuquén (Cooperativa Confluencia) presentaron un amparo en la justicia neuquina para que Camuzzi no les corte el gas.

Su abogado, Mariano Pedrero, comentó a FM De la Calle que “lo que dice (la empresa) es que tiene que haber un proveedor de gas. A diferencia de un usuario común que paga el consumo y transporte hasta el domicilio, en la fábrica esto se separa, uno paga a Camuzzi el transporte y cada fábrica tiene que conseguir un proveedor”.

“Está muy difícil conseguir a alguien que pueda vender gas a precios razonables. Saltó diez veces la cifra en Zanón, pasó de una factura de 1 millón de pesos a una de más de 10 millones. Es imposible. Lo que decimos es que hay que abonar una tarifa subsidiada para afrontar el pago”.

Pedrero explicó que “de la noche a la mañana sale el Enargas con esta resolución, el brazo ejecutor es Camuzzi, y dicen que como no se ha conseguido un proveedor de gas van a ingresar a las plantas a cortar el suministro. Y en una fábrica de cerámica sin gas no hay producción, sin producción no hay fuentes de trabajo. Estamos hablando de centenares de familias”.

“Estamos dando la pelea. Solicitamos una mesa de diálogo y una reunión para encontrar una solución. Las fábricas no se pueden cerrar, las fuentes de trabajo no se pueden perder. Que nos vendan el gas a un precio razonable. En la provincia donde está la segunda reserva de gas del mundo no puede ser que digan que no hay un proveedor de servicio subsidiado para cooperativas de trabajo. Son empresas que hace muchos años que viene peleando contra la desocupación, que enfrentaron a las patronales y que con muchísimo esfuerzo siguen produciendo”, comentó el abogado.

FaSinPat es gestionada por sus trabajadores/as hace 20 años, Cerámica Neuquén 5 y CerSinPat 10. “Este ejemplo tiene una significación profunda porque es una muestra y una esperanza que se le da a compañeros y compañeras que hoy son los sujetos en los cuales se descarga la crisis”.

“Vemos cómo aumenta la desocupación y la pobreza. Contra eso no hay que resignarse y hay que luchar. Hay que ponerse de pie. Los trabajadores nos organizamos, nos ponemos de acuerdo, podemos impedir los cierres, seguir manteniendo las máquinas prendidas y la esperanza de que se puede llevar el plato de comida trabajando autogestionadamente y sin patrones”.

50 millones de personas quedaron a oscuras el domingo producto de una falla en el sistema conexión internacional. El columnista de En Eso Estamos, Francisco Cantamutto, aporta una mirada desde la economía a la discusión energética.

“Desde que se privatizaron las empresas del Estado en el sector energético se consolidó un mercado oligopólico muy conectado entre sí. Hay empresas que están en distintos lugares de la cadena y se venden entre si. La generación de energía depende muy fuertemente del gas, en general de los combustibles fósiles. Dos tercios de la energía del país se hace con gas. Los movimientos de gas afectan a al energía eléctrica y en el medio tenernos actores que se ubican en todos estos tramos”, dijo por FM De la Calle.

Agregó que “en el apagón energético hubo responsabilidad de pocos actores que están en el poder, que han aumentado sus ganancias. Discutir el apagón tiene que llevar a discutir quiénes son los dueños de la energía”.

La cadena empresarial de la energía

El Grupo Pampa, propiedad de Marcelo Midlin, está a cargo de la refinación de petróleo y el transporte de gas así como interviene en generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

“Este grupo es el que, junto con una participación minoritaria del Estado, controla la empresa Transener que mueve a través de los cables de alta tensión la energía de todo el país. Es una única empresa que se encarga de hacer este movimiento, Luego hay ocho distribuidoras regionales. Una de ellas en Transba, que hace el transporte de media tensión en la provincia de Buenos Aires, también es del grupo Pampa. Y luego están las que hacen la distribución de la energía a los domicilios que son Edenor y Edesur. Edenor también es del Grupo Pampa”, señaló Cantamutto.

Responsables del apagón

La falla del apagón del otro día “no fue un problema de Yacyretá sino que tuvo que ver con la línea que transportaba la energía desde la represa hasta sistema interconectado, que hace que toda la energía se suba a la misma red y se distribuya”, comentó el economista.

Cantamutto agregó: “Las empresas responsables por la llegada y transporte son Transener y Yacylec. Esta última es del grupo Macri y no paga impuestos hace 15 años, debe 46 millones de pesos al Estado.  Esta firma tiene en reparación una de las tres líneas que conecta Yacyretá a través de la cuenca del litoral con el sistema nacional”.

“Son tres líneas las que reparten la carga. Una de esas debería estar terminada hace cuatro meses y no está. Siguen dando vueltas y no resuelven. Como ahora hay una alta demanda energética, aprovechando que hay lluvia, es un buen momento para pedirle energía de Yacyretá porque está cargado el embalse y generar energía eléctrica es barato. Por ende, se le pidió más carga a  dos de las líneas y, al no existir una tercera línea, se terminó generando la caída de las líneas completas y por transmisión se desconectó todo el resto”.

¿Por qué hay fallas si la factura de luz se fue a las nubes?

“Las tarifas han aumentado entre 1000 y 2400% desde que llegó Cambiemos, es un golpe durísimo que a las empresas le ha venido bárbaro. Los ingresos de la energía eléctrica, las ganancias de las generadoras subieron 155% y el transporte subió un 491%. Las empresas del transporte -que es lo  que falló ahora- tuvieron ganancias del 500% del 2015 a esta parte. En el caso de Transener las ganancias subieron mas del 4000%”.

“Son muy pocos actores interconectados entre si con capacidad de lobby en el Estado o directamente dentro del Estado. Ganan más, distribuyen más dividendos pero no reinvierten.  El Grupo Pampa es tercer grupo más grande después de Shell e YPF. Es el que más ganó”.

Pablo Bertinat, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la UTN Rosario apuntó algunas claves para pensar la distribución de energía como política pública tras el apagón nacional del fin de semana.

“Es una buena oportunidad para discutir el sistema energético, que es concentrado, centralizado con grandes centrales que operan sobre el sistema. Discutir las características de lo que hoy funciona como sistema de mercado, más allá de que la falla del domingo haya estado vinculada a fallas de equipos o fallas humanas o fallas de procedimiento”, dijo a FM De la Calle.

Bertinat editó el informe “Apuntes sobre pobreza energética, estimaciones para la Argentina (2003 – 2018)” del dr. Rodrigo Durán. Leelo acá.

“Hay una emergencia por el crecimiento que ha tenido la pobreza energética en los últimos años. Hogares pobres energéticos son los que gastan más del 10 % de sus ingresos en bienes energéticos, no solo electricidad sino también gas. En ese marco vemos que en los últimos dos o tres años se ha incrementado producto del aumento de las tarifas y la pérdida de poder adquisitivo”, comentó Bertinat.

Opinó que “el próximo gobierno debería atender a los hogares pobres energéticos porque los cambios de la configuración de la tarifa social hicieron que la mitad de los hogares pobres no estén amparados por este índice. En las grandes ciudades hay acceso más dificultoso porque quienes están enganchados están vinculados a accidentes con el uso de la energía, mala calidad en la energía que disponen, etcétera”.

Por último, el ingeniero comentó que “hay que pensar en la política tarifaria, posiblemente haya que tener un sistema de tarifas mucho más flexible para algunos sectores que deberían tener garantizado el acceso. Hace falta pensar en la energía como herramienta para un proceso de redistribución de la riqueza”.

El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad advirtió que los anuncios de Vidal sobre el congelamiento del tarifazo de la energía eléctrica es falso.

Su titular, Mariano Lovelli, comentó a FM De la Calle que “es un congelamiento falso porque ya se aplicó el 80 % del tarifazo restando solo el 4 % de marzo y el 4 de agosto. Solo para los usuarios residenciales se hará cargo el Estado por única vez. La diferencia es que se va a pagar de forma indirecta”.

Respecto al ítem que figura en las boletas de luz como “Incremento de Costos Tarifarios”, Lovelli señaló que “en el caso de EDES figura un porcentaje de los consumos mensuales que está destinado exclusivamente para compensar a las empresas del 2018 y la inflación que le generaban mayores costos”.

“En este contexto, mantener ese privilegio a las empresas nos parece desatinado, nosotros nos preguntamos cuándo será el momento que la gobernadora nos compense por la inflación que está generando su propio gobierno”.

Respecto al tarifazo del gas recordó que “sigue vigente la resolución cautelar del juez de Dolores Alejo  Ramos Padilla: “Camuzzi no puede cortar el gas por falta de pago, si no es pasible de ser denunciado penalmente porque es una resolución vigente”.

 

“El problema más serio que tiene la economía es cómo hacemos un programa que reduzca la inflación y no impacte el consumo y el empleo”, destacó el senador provincial de Cambiemos Andrés De Leo en diálogo con FM De la Calle.

El legislador opinó acerca de los anuncios del presidente Mauricio Macri para “revitalizar el consumo”. El paquete va desde créditos de ANSES y descuentos para AHU hasta congelamiento de precios y tarifas.

Inflación

En todos los países del mundo hay dos formas de contener el proceso inflacionario: o es un golpe de shock que la Argentina no está en condiciones de hacer, porque eso se traduciría en una dolarización de las carteras y sería un caos. En otros lugares las políticas que se generan tardan un promedio de tres a cinco años, hay que tener paciencia. Tenemos que sostener el equilibrio fiscal porque si no caemos en más endeudamiento o la emisión monetaria.

Me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno de no caer en la tentación de ganar una elección con emisión monetaria y que el que venga después pague los platos rotos. Son medidas paliativas para tratar de reactivar el consumo dentro del orden fiscal que han puesto.

Tarifas

Va a haber que revisar el cuadro tarifario. Hay un dato que quiero mencionar porque he escuchado muchas críticas del kirchnerismo de que el gobierno beneficia a las prestatarias y a las distribuidoras. Las prestatarias, en dólares, ganaron más en el gobierno de Cristina que en el de Macri, solo que la gente creía que no lo pagaba pero después lo pagamos a través de los subsidios y con el déficit fiscal.

Porque el déficit fiscal que heredó el gobierno de Macri era ni más ni menos que el monto que se llevaban las empresas.

Créditos UVA

Me reuní con el concejal Vitalini y Pignatelli, hemos estado reunidos con la gente de Bahía, coincidimos en la necesidad de buscar medidas paliativas,  ir buscando una solución más profunda que incluya a todos los deudores y no a algunos.

En este sentido habría otro proyecto que ver. Siempre hemos dicho que íbamos a buscar la solución en la cual prime la razonabilidad y donde no tengamos que desvestir a un santo para vestir a otro. Estamos en condiciones de decir que el Banco Provincia sí está avanzando, la suspensión de hipotecas, la posibilidad de que cambien a una línea ordinaria, no línea UVA, y avanzar hacia otras alternativas.

Desde el Consejo Local de las Mujeres acompañaron el reclamo por la declaración en Emergencia Tarifaría en materia de servicios públicos esenciales.

“Esto es una cuestión de voluntad política, el intendente es el principal responsable. No puede hacerse el distraído. Él tendría que articular las medidas que correspondan. Así como el Concejo Deliberante y la OMIC”, dijo a FM De la Calle Paola Martínez. 

El grupo de vecinas y vecinos que impulsa el petitorio manifestó que “la energía tiene una relación desigual referida al género, ya que tiene diferente impacto en hombres y en mujeres. Pues somos las principales usuarias de servicios, ya sean por distintas tareas productivas, trabajo doméstico no remunerado, pero estamos ausentes de los sectores donde se toman las decisiones sobre los recursos energéticos”, destacaron. 

Martínez agregó que “el acceso a una vivienda digna no puede ser sin servicios. Queremos que se retrotraigan las tarifas a diciembre del 2017, que no se aumente por este año, que se hagan las inversiones y que no haya cortes por falta de pago”.

Ezequiel Gimeno, concejal de PJ Cumplir, dijo que “no existe razonabilidad ni proporcionalidad en el aumento del 39% para las empresas de gas”.

Respecto a los planteos que realizaron en la Audiencia Pública a cargo del Enargas comentó que realizaron tres propuestas: “Declarar a la ciudad como zona fría, la posición en contra del aumento y un aumento de los metros cúbicos de la tarifa social que quedó muy baja. Actualmente no cumple el objetivo ni la finalidad de la tarifa”.

Por último, declaró que “antes las distribuidoras le compraban a las petroleras y fijaban el precio entre partes, a partir de la suba del dólar las empresas distribuidoras ofrecen el valor del gas, esto hizo que baje casi 20 centavos de dólar el valor de lo que venían pagando. A pesar de que el insumo para las distribuidoras bajó sigue habiendo un aumento del 40 %. El año pasado el gas aumentó un 75%. Sus costos no son tal altos para aumentar tanto”.

La Defensoría del Pueblo rechazó el decreto que reglamenta un nuevo aumento de tarifas como compensación de pérdidas para las empresas eléctricas.”No decimos que las empresas no tienen que ganar sino que las personas tienen que poder pagarlo”, dijo  Jorge Ruesga, secretario de Servicios Público del organismo.

Respecto de la tarifa social declaró que “le han dado un golpe de gracia, si bien existe en el título, hoy en agua y gas es muy poco el beneficio que se otorga, lo que hace que la tarifa social sea solo una formalidad”.

Por último, Ruesga señaló que la Defensoría tiene constantes reclamos no solo de la calidad del servicio sino porque los usuarios no pueden pagar las tarifas.