La justicia determinó que existió responsabilidad del Estado en la Masacre de Napalpí de 1924 y consideró que se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas. El fiscal de la causa destacó que el fallo reconoce “los homicidios calificados y la reducción a la servidumbre para tener mano de obra barata”.