Transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina

Facundo López Crespo, Gustavo García Zanotti y Marco Kofman presentaron un informe económico acerca de las transferencias de recursos al sector hidrocarburífero en Argentina. Fue el 7 de diciembre en el CEIL-CONICET en conjunto con especialistas de la materia. La publicación -de descarga gratuita- está impulsado por Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES), el Observatorio Petrolero Sur y el Taller Ecologista.

“Los resultados obtenidos muestran flujos cuantiosos y en franco crecimiento:

• Más de 21 mil millones de dólareshan sido transferidos a las empresas del sector;
• Los montos se incrementaron en los últimos años, llegando a superar los 3 mil millones de dólares por añoen 2013, 2014 y 2015;
• Del total, el Estado nacional transfirió 14 mil millones de dólarespor diversas vías, siendo el restante originado por los consumidores;
• Entre 2009 y 2015, el aporte estatal representa 1,5 veces la masa salarial del sector, casi el 30% de lo ejecutado por el Ministerio de Educación, el 74% del Ministerio de Salud y más de dos veces de lo gastado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología;
• A partir del aumento tarifariodel gobierno de Cambiemos en 2016, hasta mediados de año losconsumidores transfirieron el 81% del total, frente a un 2% entre 2008 y 2014;
• En cuanto a los beneficiarios, YPF y Pan American Energy(Bulgheroni, Cnooc y BP) captaron el 72%, siendo otros actores destacados Sinopec, Pluspetrol y Total;
• Además de ir en aumento, las transferencias representaron una porción cada vez mayor de la facturación total del sector, alcanzando el 48% para 2015”.

El trabajo señala que “en todo el período analizado las transferencias de la política hidrocarburífera apuntaron a la producción, donde se estimuló a las empresas con señales de precios para que incrementen sus niveles de extracción y exploración, especialmente en su fase no convencional y en la cuenca Golfo San Jorge. La prioridad de este aspecto fue en detrimento de abordar el impacto socioambiental de la actividad. Con el gobierno actual a esta tendencia se le sumó el aumento de tarifas, donde se plasmó el abandono de la idea de acceso popular a la energía en tanto derecho. A largo plazo, las políticas de estímulo dan continuidad a un esquema de consumo energético ineficiente e injusto desde el punto de vista económico y ambiental”.

“Las transferencias son una herramienta que permite reflejar aportes que van más allá del subsidio directo. Las definimos como el resultado de las presiones que se ejercen sobre la estructura de precios relativos en beneficio de una determinada rama de actividad o sector empresarial. Esto permite englobar subvenciones directas y políticas indirectas, como la devaluación”.

Los autores señalan que “el reconocimiento y la evaluación de las transferencias es un problema estratégico” y que “las mismas comprometen distintas dimensiones: los territorios, infraestructura y capital involucrados; la captura y transferencia de fondos públicos hacia uno de los sectores más ricos, concentrados y de mayor nivel de daño sanitario y degradación ambiental”

Al mismo tiempo, “los fondos públicos engrosan una industria que necesariamente debe tender a un achicamiento drástico si se desea mantener el clima planetario bajo cierta estabilidad. El esfuerzo de dejar los fósiles también implica re-direccionar el accionar estatal para apuntar hacia una transición justa”.

En otras conclusiones, el documento señala que “la importancia de este sector implica la necesidad de establecer políticas profundas y de largo alcance que contemplen, entre otras cuestiones:

• Recuperar la capacidad de conducción del sector por medio de una fortalecida empresa estatal con participación ciudadana en las decisiones.

• Desconcentrar el segmento privado del mercado.

• Proteger el medio ambiente y fomentar la diversidad y transición productiva de las zonas de extracción de hidrocarburos.

• Fomentar la diversificación de la oferta primaria de energía.

• Bajo la premisa de que la energía es un derecho, garantizar el acceso de toda la sociedad a los recursos energéticos.

• Estimular un uso racional y eficiente de la energía, primordialmente en el transporte y en la industria”.