La Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo (ERFAM) denunció ante Prefectura Naval la muerte de un ejemplar de Lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) como resultado de un disparo de arma de fuego. Es una especie protegida por la ley nacional y provincial.

El Espacio de Trabajo de Soberanía Alimentaria conmemora por tercera vez las Jornada Mundial de Día de la Alimentación. En ese marco se realizarán actividades para “poner en discusión y en reflexión la alimentación, cual es el rol de la soberanía alimentaria en esto, como cada uno puede ejercer sus derechos a decidir qué comer, como pensar la alimentación como algo relacionado a las emociones. Y enfatizar como y donde conseguir alimentos saludables´”, dijo Mariela Iglesias.

El viernes se realizó la Movilización Mundial por el Cambio Climático convocada por Jóvenes por el Clima. La manifestación tuvo su capítulo local con una concentración y marcha alrededor de la Plaza Rivadavia.

Con este escenario de pandemia, emergencia hídrica, urgencias socioambientales, incertidumbre financiera global y crisis en todo el sistema sanitario y de salud, pensar en que se generen más causales de pandemia parece un absurdo o una acción altamente inconsciente. Mismas acciones con efectos colaterales y directos que pueden y deben prevenirse.

Este fin de semana, además de las habituales producciones de la agricultura familiar de nuestra región, el Mercado del Puerto ofrecerá frutas secas y en almíbar, vinos, nueces, especias y condimentos de Crece desde el Pie, un colectivo de emprendimientos autogestivos del Valle de Uco de Mendoza.

La Multisectorial por los Humedales se movilizó este miércoles desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para presentar un petitorio mediante el cual más de 400 organizaciones socioambientales del país exigen el tratamiento del proyecto de Ley de Humedales.

Intelectuales, trabajadores y trabajadoras de la cultura, militantes ambientales y por los derechos humanos, docentes e investigadores y periodistas proponen que una de cada cuatro preguntas que se les hagan a las y los candidatos a ocupar cargos legislativos se refieran a la agenda de transición socioecológica.

El cupo socioambiental surgió por iniciativa del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, NohayCulturasinMundo, Jóvenes por el Clima y Periodistas por el Planeta.

“Los eventos climáticos extremos como consecuencia de un maldesarrollo, avanzan y afectan a la población toda, especialmente a lxs más jóvenes, amenazando concretamente su presente y su futuro, y a lxs más pobres, alejándolxs aún más de un modo de vida justo. Es necesario habilitar la discusión política sobre formas de transición socioecológica a modos de producción y consumo sostenibles; a políticas de adaptación a los cambios ya existentes que garanticen el derecho a tener agua potable, alimentación saludable y techo”, afirmaron.

Destacaron, además, que “la amenaza de colapso global no supone la negación de otras luchas de necesidades inmediatas; lo que urge es articularlas con la crisis climática, si de verdad queremos que lxs niñes, adolescentes y jóvenes tengan un futuro”.

De cara a las próximas elecciones parlamentarias, exigen que cada candidato/a se pronuncie con proyectos estratégicos y propuestas concretas en relación con la protección de los bienes comunes como el agua, los ecosistemas y el territorio; propuestas para reducir la pobreza estructural (tierra y servicios; techo y trabajo), y una agenda de transición ecológica integral -energética, productiva, urbana y rural.

“Preocupa la ausencia de los temas socioambientales y de la crisis climática en el debate político de la Argentina. El planeta está cerca de un punto de no retorno: las alertas climáticas y la pobreza se aceleran juntas y entrelazadas ante una población desinformada por gran parte de los medios y de la dirigencia política. Quienes ejercen la gestión pública o aspiran a ella, y aquellos que ocupan espacios en los medios tienen una enorme responsabilidad. Y las decisiones acerca de qué tenemos que hacer como sociedad ante los impactos que ya estamos viviendo serán determinantes para la Argentina”, manifestaron.

En la convocatoria subrayaron que “no es cierto que este sea un debate que sólo le importa al ‘ambientalismo’ como se ha querido imponer, las pandemias de origen zoonótico o el agotamiento hídrico, llaman a la puerta de todxs. Por eso es urgente pensar una agenda socioambiental con participación ciudadana. Es evidente la relación directa entre pobreza estructural y destrucción de ecosistemas. Lxs representantes políticxs tienen una agenda de desarrollo atada al pasado, caduca, que no contempla ni el presente ni el futuro de lxs niñxs y lxs jóvenes”.

(Tierra Viva Agencia de Noticias) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático, (IPCC) publicó su Sexto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo. El estudio deja en claro que las actividades humanas están contribuyendo al calentamiento global y, en consecuencia, al aumento «sin precedentes» de la probabilidad y de la gravedad del calor extremo, las precipitaciones, las sequías y los ciclones tropicales. El documento destaca que en los próximos 20 años la temperatura global aumentará en 1,5°C, superando el límite propuesto en el Acuerdo de París, si no realizan cambios drásticos en la emisión de gases de efecto invernadero.

Para los científicos es clara la necesidad reducir las emisiones de carbono (CO2) a corto plazo. Destacan, además, que las emisiones de metano son especialmente preocupantes. En el estudio participaron 234 autores y fue aprobado por 195 gobiernos. El informe señala que el nivel de las futuras emisiones determinará los niveles de aumento de la temperatura y del cambio climático, así como los impactos y riesgos asociados. Y marca que hay fenómenos que se acelerarán de forma «sin precedentes», como sequías, inundaciones y olas de calor, aún logrando mantener la temperatura por debajo del límite de +1,5 °C.

No solo han aumentado las concentraciones de CO2 en la atmósfera terrestre, sino que también se ha acelerado el ritmo de aumento. La investigación muestra que las emisiones de gases procedentes de las actividades humanas son responsables de un aumento aproximado de la temperatura de 1,1 °C desde el periodo 1850-1900, o sea, a partir de la era industrial.

El informe es la primera evaluación del IPCC en incluir un capítulo (el sexto), dedicado a los denominados “forzadores climáticos de vida corta”, como los aerosoles, las partículas y otros gases reactivos (como el ozono) que existen en la atmósfera entre unas horas y un par de meses (también incluye al metano, que tiene una vida de unos 12 años). El documento de los expertos concluye que las concentraciones de metano y óxido nitroso son ahora más altas que en cualquier otro momento de los últimos 800.000 años.

Ya en el informe especial del IPCC de 2019 sobre el Cambio Climático y la Tierra se ampliaba el enfoque estricto en los bosques y la agricultura al medir que entre el 21% y el 37% de las emisiones globales provendrían de toda la cadena agroalimentaria mundial, incluidas las emisiones previas y posteriores a la actividad productiva, contabilizando la maquinaria, los fertilizantes, el transporte, almacenamiento, procesamiento y empacado.

Cada vez más lejos de los objetivos del Acuerdo de París

El Acuerdo de París estableció en 2016 el objetivo de que el aumento de la temperatura para finales de siglo no supere los 2°C y preferiblemente no ascienda por encima de 1,5°C. No obstante, el informe del IPCC es contundente: tanto 1,5°C como 2°C se superarán durante el siglo XXI a menos que se reduzca profundamente el dióxido de carbono (CO2), junto con otras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, causantes del cambio climático).

Estos otros GEI son principalmente el metano y el óxido nitroso, cuya producción está asociada tanto a los combustibles fósiles como a actividades agrícola-ganaderas. Las temperaturas de la superficie del planeta han aumentado más rápido desde 1970 que en cualquier otro período de 50 años durante, al menos, los últimos dos mil años.

Este año, las naciones que firmaron el Acuerdo deben presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) nuevas o actualizadas, que recogen los esfuerzos y las acciones de cada país para responder al cambio climático y reducir las emisiones. Argentina ratificó el Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley 27270. En diciembre de 2020, nuestro país se comprometió —en la Cumbre de Acción Climática celebrada a cinco años del Acuerdo de París— a no exceder la emisión neta de 359 toneladas de carbono en el año 2030.

Para cumplir este objetivo, según el estudio del IPCC, será necesario revisar la política energética y productiva nacional. Un estudio de las emisiones de carbono en Argentina durante 2016 reveló que el 9,8 por proveniente del cambio de uso de suelos —el caso de los desmontes para pampeanización y de la silvicultura, un 21,6 por ciento se explica por la actividad ganadera y un 5,8 por ciento por la agricultura realizada en base a transgénicos y agrotóxicos.

Respecto al informe del IPCC, el profesor Miguel Taboada, científico del suelo y del clima de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que «la producción ganadera debería realizarse mediante sistemas de pastoreo integrados, como los silvopastoriles, que ayudan a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero al capturar el dióxido de carbono en los árboles y el suelo».

Nuevo informe del IPCC alerta sobre calentamiento global
Sotiris DIMITROPOULOS / AFP – TELAM

El impacto del calentamiento global

Una actualización crucial del documenro del IPCC es el análisis de los eventos compuestos, como olas de calor y sequías que ocurren cerca o incluso al mismo tiempo. Esto supone un riesgo particular, ya que a menudo dejan a las comunidades con poco o nada de tiempo para recuperarse entre los eventos. El informe concluye que la influencia humana probablemente ha aumentado la posibilidad de que se produzcan fenómenos extremos compuestos desde la década de 1950.

Tuntiak Katan, líder Shuar de la Amazonía ecuatoriana, coordinador General de la Alianza Global de Comunidades Territoriales y vicecoordinador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) advirtió que «las comunidades indígenas y locales son las que protegen los bosques«. «Sin nosotros, el objetivo de 1,5 estará fuera de nuestro alcance. Las políticas climáticas deben hacer valer los derechos sobre nuestros territorios boscosos para que podamos mantenerlos en pie», manifestó.

En la última década, el hielo marino del Ártico alcanzó su nivel más bajo desde 1850. En el informe se evalúan puntos de inflexión de los que no se puede volver, cuya escala podría ser devastadora. Entre ellos se incluye un colapso de la capa de hielo, cambios bruscos en la circulación de los océanos, algunos eventos extremos compuestos y un calentamiento global sustancialmente mayor al evaluado como muy probable a futuro.

La probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos es baja, pero no puede ser descartada. Tampoco se pueden descartar respuestas bruscas y puntos de inflexión del sistema climático, como un fuerte aumento del deshielo en la Antártida y el retroceso total de los bosques. El aumento del nivel medio del mar a nivel mundial ha aumentado más rápido desde 1900 que en cualquier otro momento de los últimos 3000 años.

Por su parte, la embajadora Diann Black-Layne, lidereza de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés) Capital, aseveró que «la industria de los combustibles fósiles es la encarnación de la desigualdad de género y de ingresos». Black-Layne argumentó que «un sector dominado por los hombres recibe cada año subvenciones de más de 600.000 millones de dólares para destruir nuestro planeta. En comparación, los Fondos Climáticos de Naciones Unidas reciben 2400 millones de dólares al año para salvarlo».

Nuevo informe del IPCC alerta sobre calentamiento global
JOHAN ORDONEZ -Telam

Fracasó otra instancia de conciliación entre las empresas del polo petroquímico, la Fiscalía y la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría. Las multinacionales debían responder si aceptaban o no financiar una planta de reuso de líquidos cloacales como reparación al daño ocasionado al estuario.

El encuentro virtual se frustró por problemas de conectividad de la Fiscalía aunque las respuestas llegaron por escrito. El abogado Lucas Beier comentó a FM De la Calle que “dicen que en el estuario no hay daño que reparar, que en el caso de que hubiera no son ellas las responsables de repararlo porque no lo causaron”.

“Lamentablemente las que dirigen todo, fijan política, determinan qué hacer y qué no son las empresas. Tanto funcionarios políticos como judiciales le piden a las empresas por favor hagan algo. Las empresas dicen no vamos a hacer nada y eso me contestan los funcionarios a mí. (…) ABSA es el único que quiere hacer la planta pero dice que no tiene plata. El Consorcio no opina y la Municipalidad tampoco, así estamos”, describió.

Beier manifestó que “desde el momento en el que (Santiago Martínez) hizo convenios particulares con las empresas consideramos que tenían que cerrar esta etapa. Más aun cuando la Cámara revocó esos acuerdos. Creo que esta fue la última carta que se jugó el fiscal. Ahora sí no le va a quedar otra”.

El abogado recordó que la causa avanzó a instancias del fiscal Alejandro Cantaro y el juez Walter López da Silva, quienes habilitaron la toma de muestras y su análisis por parte de la Facultad de Agronomía de la UBA y la Policía Federal.

Martínez y la jueza Gabriela Marrón se encontraron con la prueba y “pese a que la Cámara reconoce que el estuario está contaminado y que algo hay que hacer, ellos dicen que no está probado”.

En 2019, la Cámara Federal ordenó que las partes acuerden un plan de inversiones que “establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente». Fue a partir de la pericia que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

La «constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies», afirmaron los expertos.

La querella presentará nuevamente en las próximas horas un pedido para que se clausure la etapa conciliatoria. “Espero que el fiscal de una vez por todas se aboque a probar el delito. (…) Que vea el expediente, si considera que falta algo por probar que pruebe y si no que cite a indagatoria y la causa avance”, dijo Beier.

El gobierno reglamentó esta semana la Ley de Biocombustibles aprobada en en julio por el Congreso. Regirá en todo el territorio hasta diciembre de 2030 y establece incentivos a la elaboración y comercialización de combustibles de origen vegetal

“Tiene la intención de proveer un marco regulatorito en relación a los combustibles de origen oleaginosos para reemplazar a la nafta y gasoil como combustibles para el transporte. Hasta hoy regía la ley aprobada en 2006 que establecía que entre el 5 y 10% de la nafta que usamos para autos y camiones venía de la soja, trigo o caña de azúcar, procesados en una cuarta etapa de agregado de valor”, dijo a FM De la Calle Alejo Di Risio, ingeniero y maestrando en en ecología política y alternativas al desarrollo.

Advirtió que “los agrocombustibles se plantean como una opción ecológica y sustentable en contraposición de industrias energéticas fósiles, las cuales tienen un alto grado de emisión de gases de efecto invernadero por unidad energética. Los agrocombustibles se dice que emiten menos al momento de su consumo pero no se tiene en cuenta lo que se llama ‘de la cuna a la tumba’, las emisiones asociadas al traer fertilizantes para cargar en el avión que tira en un campo y luego ese campo tiene un uso hídrico alto”.

“Si se consideran estas emisiones los agrocombustibles no presentan una alternativa que las reduzcan significativamente. Se habla de una falsa solución al cambio climático, porque para dejar usar combustibles fósiles las opciones no deberían implicar agrocombustibles que acaparan un gran uso de tierras y compiten con el uso de tierras para alimentos”, enfatizó el ingeniero.

Di Risio comentó que hay unas “55 empresas del sector de agrocombustibles que reproducen el modelo sojero de monocultivos asociado al sistema alimentario agrocorporativo que depende de agrotóxicos, que dolariza insumos, todo lo que involucra la expansión del monocultivo. Los agrocombustibles son la etapa más avanzada de ese modelo”.

“Hay distintos sectores representados regionalmente. Según el origen de los agrocombustibles, hay grandes intereses de los ingenios azucareros defendiendo a un sector que serían los principales ganadores, ya que ese porcentaje es el que no va a poder reducirse. El que sale del maíz podría reducirse y los derivados de la soja también”, dijo.

El especialista afirmó que “se habla de que esto es el lobby de las petroleras, que intentan combatir a los agrocombustibles. Obvio que hacen lobby para combatir cualquier otra alternativa, tecnología y formas sociales que podrían ayudarnos a avanzar hacia una soberanía energética, que es lo que proponemos”.

“Es necesario pensar fuera de la dicotomía petroleros-agronegocio para poder pensar la alternativa de soberanía energética. Es un escenario que se viene en las próximas décadas, cómo va a ser esa transición antes de que se acabe el petróleo. Pero antes de eso se va a volver muy caro extraerlo”.

En relación a la transición energética popular detalló que “no es pensar solo en un cambio de fuentes sino que es fundamental que haya fuentes que reduzcan emisiones. Es necesario pensar en democracia energética, la energía es un factor que para los hogares más pobres es parte sustancial de los egresos. Que no solamente haya grandes lugares de generación, sino que podamos tener tecnología para generar a nivel local como en otra época fueron las cooperativas de servicios públicos que generaban su propia energía”.

“No hablamos de descentralizar sino de desconcentrar, en términos de qué cantidad de actores están involucrados en las decisiones respecto a la energía”, finalizó.

Organizaciones ambientalistas y profesionales advierten que la bajante del Río Paraná está ligada a “la expansión de la frontera agrícola bajo un modelo de agroindustria compuesto por la aplicación de millones de litros de agrotóxicos y la expansión de la frontera ganadera que avanza sobre las islas y el delta”.

El cause del río ha visto por estos días su bajante más pronunciada y, si bien se plantea como un riesgo para el transporte de productos a través de la Hidrovía Río Paraná, sobresalen las consecuencias ambientales que genera.

Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, dijo a FM De la Calle que “en que los últimos años circulan miles de embarcaciones que transportan millones de toneladas de mercadería y hay que sumarle las obras de dragado que lleva a cabo la empresa Jan de Nul que lo que hace es triturar y succionar el lecho y fondo del río para que los barcos puedan circular sin encallarse”.

“Hay muchas industrias que vuelcan sus desechos, incendios en humedales y bosques, la deforestación en el gran Chaco y otras provincias que atraviesa el Paraná. Es un fenómeno regional que atraviesan Paraguay y Brasil. Muchas causas ligadas al modelo extractivista que tanto daño le hacen a nuestros ecosistemas”, detalló.

El abogado mencionó que “lo que ocurre es que el régimen hidrológico del río ha sufrido muchísimas alteraciones fruto de este hostigamiento tan intenso de las ultimas décadas. Por el río Paraná salen el 80% de las exportaciones argentinas: aceites, minerales, combustibles, granos y eso genera mucha presión e impacto”.

“Vamos por el tercer año consecutivo de bajante, hemos abordado el fenómeno demasiado tarde, hay contingencias climáticas que exceden la capacidad de previsión o intervención del Estado pero sin lugar a dudas ha existido un cambio estructural en la tierra, paisajes y ríos ligado a este modelo económico productivo”.

Desde la Asociación de Abogades Ambientalistas realizaron presentaciones ante el Ministerio de Transporte “manifestando la preocupación y el acceso a la información pública porque Jan de Nul había firmado que debido a la bajante iban a llevar tareas de sobredragado de 2 pies, 60 cm. Estábamos desconcertados porque creíamos que había que hacer lo contrario, frenar cualquier intervención que genere impacto en el Paraná. El Ministerio de Transporte intervino diciéndole a la concesionaria que frene las tareas de sobredragado porque no estaba prevista en el contrato de concesión”.

En relación a las consecuencias afirmó que “estamos atravesando un ecocidio. Hay muchos problemas estructurales hace muchos años, la bajante histórica es una expresión. En relación a los humedales señaló que 500 mil hectáreas fueron arrasadas por el fuego en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Misiones. Si se le suma las más de 10 millones de hectáreas deforestadas, si le sumamos los litros de agrotóxicos que se aplican en los suelos, si le sumamos la matriz extractivista energética basada en la producción de combustibles fósiles, estamos atravesando la tormenta perfecta”.

“Es probable que ese tipo de eventos continúen. Vamos a un escenario donde los ecosistema van a atravesar un período de desertificación, sin agua, sin bosque y tierra fértil va a llegar un momento donde no vamos a poder ni navegar para transportar mercadería ni producir alimentos. Estamos en una situación crítica”, argumentó.

Colombo puso énfasis en la importancia de reclamar soluciones políticas. “La cuestión ambiental tiene una centralidad trasversal a las agencias e instituciones del Estado y tiene que formar pare de las propuestas de los candidatos”.

“Las audiencias públicas se garantizan por leyes ambientales. Cuando cumplen lo hacen para generar un procedimiento debidamente cumplido en papeles y formas pero que después, en sustancia, a la democracia ambiental le aporta muy poco porque en la mayoría se encontraron opiniones en contra y las autoridades deciden lo contrario o incluso van a la audiencia con la decisión tomada”.

Un caso que podría marcar un rumbo diferente es el rechazo planteado en la audiencia por la exploración petrolera en plataformas marinas. Para Colombo “existe la posibilidad de que el Ministerio de Ambiente haya escuchado a la ciudadanía y que rechace los permisos de exploración petrolera frente a las costas argentinas”.

El municipio anunció que pretende instalar una estación de separación de residuos sólidos en terrenos del ferrocarril sobre avenida Parchappe. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por la comunidad del sector, comprometida en el mantenimiento de espacios verdes, quienes se reunieron con funcionarios y manifestaron el descontento.

“Ellos quieren instalar una planta separadora de residuos sólidos frente a la concesionaria R1, detrás de la estación. Consideramos que es un demérito, una pérdida de valor desde todo punto de vista. Hicimos una consulta entre los vecinos, solicitamos una reunión y asistieron el director de Obras Públicas, de Saneamiento Ambiental y la gente que hizo el proyecto”, dijo a FM De la Calle, Jorge Herrera, presidente de la “Asociación Amigos Avenida Parchappe.

Agregó: “Tenemos como objetivo aunar el esfuerzo de los vecinos en el mejoramiento de la avenida, estamos hace 15 años haciendo un parque lineal de 300 metros sobre le Puente Negro, estamos luchando por revalorizar la zona ferroviaria de la avenida y la comuna parece que tiene otros proyectos”.

Dijo que el objeto de la reunión “era que explicaran qué es lo que querían hacer. No estamos en contra de una planta de separación de residuos, estamos en contra de la localización. Estamos en macro centro, es un lugar que venía repuntando bastante bien y con eso vamos a tener serios problemas en el futuro.”

La explicación que brindaron desde el Municipio es que “es una planta con personal permanente que va a estar cerrada cuando no opere, con dos portones, uno de entrada y otro de salida, para que la gente que quiera deshacerse de elementos voluminosos como una heladera, un calefón, ramas de poda, latas, botellas, pueda descartar. Venimos lidiando con la SAPEM Ambiental que no solo es un problema ecológico sino de circulación de vehículos de gran porte, tenemos el asfalto en delicada condición, saturación vehicular”.

“Los vecinos están sensibilizados porque tenemos el entubado a una cuadra de ese lugar, que es un lugar poco atendido”, dijo Herrera.

En relación al diálogo, mencionó que “la gente de la comuna venía dispuesta a explicar, en un plan de te explico y mañana empiezo a ponerla. Se encontró con una oposición bastante férrea, no se quedó en nada. Vamos a levantar firmar para presentar en la comuna y ver si podemos torcer el destino de ese terreno”.

Herrera manifestó que “los terrenos son administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la comuna consiguió que se le cediera un terreno en Spurr y otro en Pellegrini y Parchappe con la presentación de proyectos”.

“En la asociación estamos hace 15 años empujando por el parque y la avenida. Hemos visto transcurrir variados proyectos ecológicos de ese tipo y todos han terminado de la misma forma, no entendemos cómo este puede ser diferente. En el punto limpio de Aguado cuando está cerrado la gente satura la vereda con cosas que llevaba para tirar y no pudo”, dijo.

(Por Yica Guardia) El proyecto de etiquetado frontal de productos alimenticios, con media sanción del Senado, obtuvo dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el 13 de julio y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión.

La iniciativa prevé la promoción de una alimentación saludable, mediante un etiquetado informativo, claro y visible que advierta sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en los productos alimenticios.

Una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y de Industria avanzó con la propuesta de colocación de sellos frontales en los envases de alimentos. En total, en el extenso debate, se firmaron cuatro dictámenes: uno de mayoría, dos de minoría y uno de rechazo.

Es un proyecto integral que busca la protección de nuestros derechos y pone el foco en las infancias y adolescencias. Existen antecedentes de este marco regulatorio en otros países, trae una normativa muy completa similar a la experiencia mexicana, considerada la mejor a nivel mundial.

Se establece que de manera obligatoria se implementen en el frente de los alimentos y bebidas que se comercializan envasados un sello, octógono de color negro, que nos advierte cuando un producto tiene una cantidad excesiva de calorías o nutrientes críticos, grasas, azúcares, sodio, y también está contemplado previsto que se incluyan leyendas cuando contengan edulcorantes o cafeína. El objetivo de este último punto es desalentar el consumo de este tipo de productos en las infancias. 

También establece que los envases que tengan más de uno de estos sellos no podrán incluir información nutricional complementaria para inducir a su venta. Tampoco logos de entidades científicas con el mismo fin o crear una ilusión acerca del contenido y calidad del alimento que pretende venderse. Los que incluyan publicidad engañosa como personajes o caricaturas que generen una manipulación en el consumidor, promesa de regalos, sorteos, premios, falsa atracción para los más chicos quedarán fuera de lo permitido.

Todo estaría regulado en esta ley que prohibiría toda publicidad, patrocinio, sorteo, dirigidos a niñas, niños y adolescentes cuando tengan más de un sello. Además, prevé una regulación para mejorar los entornos escolares al respecto. Se establece que se incorpore educación alimentaria en la currícula escolar. También la oferta de alimentos en las escuelas, no sólo lo que se comercializa sino también qué alimentos se ofrecen por parte de los comedores escolares. Se intenta proveer información acerca de una sana y completa alimentación, brindar claridad ante las estrategias de marketing de venta y publicidad de la industria alimentaria que terminan incidiendo en nuestra intención de compra.

Brindar opciones más justas, verdaderas, reguladas, sanas y seguras, donde el Estado brinde herramientas adecuadas y de fácil acceso y disponibilidad para toda la población de consumidores. Nos referimos a un acceso fácil e instantáneo, omitiendo la letra chica que existe hoy en los paquetes que puede resultar confusa y poco clara. El lenguaje es de suma importancia ya que tanto las infancias como los grupos sociales de menor nivel educativo son los más vulnerables, donde la capacidad de distinción entre estrategia de venta y publicidad es difícil de distinguir. Así, tienen menos elementos para hacer lecturas críticas desde lo simbólico y el lenguaje poco legible que se brinda.

Son objetos comestibles que están autorizados para su venta desde el Código Alimentario Argentino pero esto no quiere decir que sean aptos para una sana nutrición. Define la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Son formulaciones listas para comer o beber. Se basan en sustancias refinadas, con una cuidadosa combinación de azúcar, sal y grasa y varios aditivos. Incluyen bebidas azucaradas, snacks y comidas rápidas”. Tal es así que impactan negativamente en la salud y son los principales causantes de la malnutrición por obesidad en adolescentes y adultos, exceso de peso en niñas y niños, enfermedades no transmisibles, etcétera.

Una de las principales causas en aumento de enfermedades y muerte es el consumo de estos productos. Listos para consumir, productos- servicio, productos de consumo instantáneo.

Entonces, apoyar y conocer este tipo de proyectos de ley nos hace más conscientes y responsables de nuestra salud y de nuestro rol político como consumidores interpelando nuestra decisión de compra desde qué queremos consumir, cómo, dónde, de quién, por qué, etcétera.

Volver a una alimentación casera, sencilla y saludable es la propuesta que deriva no sólo de esta ley sino también de este tiempo que vivimos donde la soberanía alimentaria, la agroecología para productores y consumidores, el derecho a la alimentación, a la salud y a la información son prioridad conocer y defender. Por ende, la seguridad alimentaria -la disponibilidad, accesibilidad cultural, de calidad y cantidad- deben ser prioritarias en un Estado Democrático, Plurinacional y de Territorio Biodiverso que brega por el bien común y la salud de su comunidad.

Les invitamos a escuchar los podcasts de Conexión Socioambiental con las entrevistas a Miryam Gorban y a Marcos Filardi.

Cristina Pitsch, directora de Ordenamiento Forestar Urbano, dialogó con FM De la Calle tras la aprobación en el Concejo Deliberante del Plan Regulador y el Plan Director de Arbolado Urbano.

“El Plan Director pasa a formar parte de lo que es el Plan Regulador de la provincia. El primero establece las especies por calle, dando marco de distinta floración y follaje, se tienen en cuenta el Código de Edificación y las veredas. El Plan Regulador se refiere al mantenimiento, al manejo del arbolado”, señaló.

En el Plan Regulador se prevé la proyección de una serie de actividades. “Una de las más importantes es conocer la situación del arbolado urbano a través de un censo. Luego, el análisis de los datos, de las distintas especies, cómo están, qué problemas sanitarios tienen, qué dificultad de desarrollo radicular, si hubo o no podas, si fueron mutiladas por las podas agresivas”.

“Este Plan Regulador se presenta en la provincia por un período de 5 años en el cual uno anualmente tiene que demostrar avances con lo que se presentó”, explicó la ingeniera.

En referencia al censo de arbolado, mencionó que “se hizo el convenio con la UNS, había un parte censada y seguimos censando, la idea es seguir cubriendo toda la ciudad. Por año se va a hacer un 20% de la superficie de la ciudad. Es dinámico el arbolado urbano, es un trabajo constante de supervisión”.

De lo ya censado aseguró que en la Delegación Centro “hay faltante de árboles, están faltando casi 15 mil, esto es de recintos que los vecinos han cerrado o que están sin plantas”.

En relación a los vecinos y las vecinas que sacaron plantas señaló que “desde principio de año estuvimos trabajando en las intimaciones para la apertura del recinto, tenemos algunos ejemplares para reponer. 14 mil plantas no es poco, es importante trabajar con la gente que capaz quieren reponer ellos mismos los árboles. Eso nos va a permitir saber qué especies tengo, cómo están distribuidas, qué tengo que hacer”.

“Más adelante nos va a permitir saber qué especies hay, cómo están distribuidas, qué tipo de trabajo hay que hacer. Esto lleva a que en un futuro sepamos qué problemas podemos tener y para saber si se trabaja desde el piso, desde altura”, mencionó Pitsch.

En el diseño de las nuevas normativas trabajaron de manera coordinada con el Observatorio de Discapacidad. “Los recintos elevados no están permitidos. No es solamente por el daño que se puede producir a la planta, muy pocas personas riegan los árboles y con la pendiente mínima de la vereda el agua de lluvia entra en un recinto que no es elevado. Con el Observatorio de Discapacidad trabajamos porque es una barrera para una persona discapacitada que se baja de un vehículo o para una persona con disminución visual son un problema los canteros elevados”.

En relación a la poda señaló que “lo mejor es no podar (…) Lo que se hace es el diagnóstico. Existe un registro de podadores que pueden podar en la vía pública, cobran como un jardinero y es un alternativa en cuanto al apuro que tenga la persona. Si es que no hay cables o es un trabajo de altura”.

Por último, destacó que “ellos hacen la poda pero tanto el frentista como la persona que ejecuta la poda tiene un diagnóstico en papel desde la Dirección de Ordenamiento Forestal. Si el podador hace bien el trabajo queda registrado, si hace una mutilación, pasa un inspector, multa a frentista y el frentista puede decir qué podador hizo ese trabajo y se lo saca del registro para que después no tengamos riesgo en el rebrote”.

En una audiencia prevista para el 5 de agosto las empresas responsables de la contaminación del estuario deberán responder si aceptan o rechazan una oferta económica para reparar el daño que hicieron. 

Los pescadores artesanales propusieron a la justicia que se hagan cargo del costo de la planta de tratamiento para el reúso de líquidos cloacales, la cual no solo mejoraría la calidad ambiental de la ría sino que aliviaría el abastecimiento de agua potable de la ciudad.

“Hace tres años que está acreditada la contaminación y la cruel realidad es que no hay ninguna resolución sobre este tema”, dijo a FM De la Calle el abogado Lucas Beier. Los trabajadores realizaron cortes y protestas en Ing. White y las empresas respondieron con denuncias penales.

La Cámara Federal dictó la nulidad de una serie de convenios que el fiscal Santiago Martínez y las empresas firmaron sin participación de la querella ni la fiscalía especializada. Siguieron días de protestas y negociaciones frustradas dentro y fuera de los ámbitos judiciales.

Uno de los intentos involucró a la Unión Industrial, entidad integrada por varias de las empresas imputadas, ante cuyas autoridades se ofreció a mediar. “Respondieron que no quieren hacer ningún arreglo, que van a dejar que siga la vía judicial. El Consorcio (de Gestión del Puerto) dijo que si las empresas no participan ellos tampoco”.

Las multinacionales apuestan a llegar a la última instancia judicial, trámite que les podría garantizar una década más de impunidad y avanzar con la ampliación de algunas plantas.

“Queremos que el Poder Judicial tome esto seriamente y dicte de una vez por todas una cautelar más seria, no tratar que se llegue a un arreglo sino tomar decisiones e imponer obligaciones. Así como la jueza de Garantías en menos de 48 horas obligó a los trabajadores a levantar las manifestaciones también podrían obligar a las empresas a intentar ir mejorando el tema ambiental”, afirmó Beier.

Las investigadas son Unipar (Solvay Indupa), TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, Dow (PBB Polisur), Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.

Hace dos años, la Cámara Federal le impuso al fiscal Martínez un plazo de 90 días para que disponga la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».

En los próximos días, la vía del “consenso” tendrá una última oportunidad. “Las empresas tienen que manifestar si, además de lo que propusieron que era mejorar el sistema de tratamiento -que ellas dicen que es óptimo- en un plazo de 18 meses, aportan dinero para sanear el ambiente cumpliendo con los parámetros de la Cámara”.

La querella considera “suficiente” que se hagan cargo del financiamiento de una planta para la reutilización de líquidos cloacales. “El fiscal consideró que correspondía, les dio traslado y el 5 de agosto tienen que decir si están de acuerdo. Si no están de acuerdo definitivamente se cierra la etapa de conciliación y si dicen que sí habrá que empezar a trabajar en eso”, afirmó el abogado.

El estancamiento de la causa impuesto por Martínez y la jueza Marrón es funcional a la prescripción de la acusación contra los empresarios y funcionarios denunciados. “La causa no prescribiría nunca porque es un delito de ejecución continua -en este momento están arrojando desechos industriales-, a no ser que dejen de arrojarlos y empezaría a correr el plazo. Pero sí corre sobre la persona que deja de ser director. Denunciamos a diez empresas, cada directorio estaba formado por veinte personas, son 200 personas”.

Por último, Beier se refirió a la reciente captura  de peces ulcerados. “No es lo cotidiano que salgan tan visibles pero recordemos que todos los peces analizados en la pericia salieron con úlceras cancerígenas que, según el Departamento de Delitos Ambientales de la Federal, es consecuencia directa del alto grado de contaminación del estuario, no es normal”.

“Dijeron claramente que consumirlos es peligroso para la salud, no es posible el desarrollo de la biodiversidad dentro el estuario. Ninguna de las pericias fue impugnada ni declarada nula pero pasaron tres años y todo sigue como si nada”.

“Las empresas en vez de hacer tantas cuestiones de responsabilidad social empresarial, donando plata o construyendo placitas, se tendrían que hacer cargo del saneamiento del estuario y dejar de contaminar. Es principalmente un reclamo a los funcionarios del Poder Judicial, Legislativo, administrativo, al Concejo Deliberante, al intendente. Cuando salió la pericia hubo un poco de revuelo y después nadie más habló de este tema”, dijo el abogado.

“Efectos de los agrotóxicos en la salud infantil” es el nombre del informe que busca concientizar a la comunidad médica para abordar las enfermedades que se asocian a los herbicidas y funguicidas que se utilizan en los cultivos agropecuarios e impactan en la salud de los pueblos, en particular en una de las poblaciones más vulnerables como son los niños y las niñas.

Se trata de un trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatría elaborado por su Comité de Salud Ambiental, a través de un equipo que reunió a doce profesionales.

“Es un hito porque hay varias cosas que suceden cuando se labura en territorito con poblaciones expuestas que vienen denunciando o pidiendo ayuda. Una de las que más se escucha es que no encuentran médicos que digan esto que te pasa puede ser por los agrotóxicos, se encuentran muy desamparados”, dijo a FM De la Calle Ignacio Bocles, médico y docente de la Cátedra de Embriología de la Facultad de Medicina de la UBA.

El coautor de uno de los capítulos del documento, agregó que “hace tiempo que Argentina se debía que una sociedad médica se plantara de esta manera y pusiera una posición respecto a una necesidad efectiva que es la de formar, capacitar y dar herramientas a los médicos que están en territorio para hacer una evaluación que involucre el carácter ambiental. Es algo que se tomó muchísimo tiempo”.

“Desde el 96 que tenemos este modelo en el agro pero la historia de extractivismo y de contaminación viene desde mucho antes. Es algo bienvenido, es necesario y se tiene que tomar en cada territorito para evaluar la situación de cada lugar, para ver qué medidas se necesitan”, dijo el investigador.

¿Qué son los agrotóxicos?

La palabra agrotóxico se acuña desde las comunidades, hace referencia a los químicos y compuestos sintéticos que se utilizan en la producción agrícola. El uso del químico implica un riesgo y ese riesgo es tóxico y no debería llegar nunca a estar en contacto con el cuerpo de nadie. Cuando nos ponemos a hablar de lo socioambiental no debería destruir los ecosistemas.

Son químicos que tienen un poder biocida importante sea cual sea el objetivo que vayan a matar. Al mismo tiempo, mientras más se usa más resistencia se genera, con lo cual se tiene que usar más. Este modelo en los últimos años ha generado un crecimiento exponencial del uso que ha generado que incluso población urbana alejada de los campos tenga en su cuerpo estos venenos.

¿Cómo nos afectan?

De muchísimas maneras, el pensamiento de la salud está formateado y se piensa como antes se pensaban a las infecciones, tal microbio genera neumonía y es eso lo único que puede generar.

Acá estamos hablando de químicos y con la contaminación en general sucede que se pueden producir múltiples afecciones, hasta anomalías congénitas, malformación en embriones, aumento de casos de cáncer, tienen impacto en la herencia, el impacto se puede dar en hasta 4 generaciones después, en aumentos en incidencia de diabetes, hipertensión, etcétera. No estamos expuestos a uno sino a un conjunto de químicos que que pueden tener muchas implicancias, con lo cual altera la forma en la que enfermamos, morimos y también la forma en la que vivimos.

-¿En la actualidad no se mira a la salud desde una perspectiva integral?

Hay una tendencia en todo el mundo en transformar cómo entender la salud y la vida, salir del pensamiento lineal de que una cosa genera otra. Estamos atravesados por muchas variables que hacen que las enfermedades se manifiesten de manera diferente en cada persona y distintos generadores de enfermedad generan distintos problemas.

En ese sentido se torna fundamental que los médicos adquiramos herramientas epidemiológicas de evaluación comunitaria. Si estoy enfocado en diagnosticar y tratar una enfermedad de alguien y no me pregunto si es o no más frecuente en la comunidad, lo único que hago es poner parches a un sistema generador de enfermedades. El punto es diagnosticar y tratar pero, al mismo tiempo, atacar lo que genera el problema, hacer ambientes más sanos que generen menos problemas.

Para ello, ¿una propuesta sería la elaboración de una historia clínica socioambiental?

Es un primer paso para involucrar en la tarea cotidiana de los médicos la evaluación de la problemática ambiental. Es algo que antiguamente se hacía mucho en la medicina, en la industrialización de la medicina, en el sistema urbano donde el médico está en un consultorio y viene un paciente de muchos kilómetros y las formas de vida están borradas en las formas de ejercer la medicina. Es recuperar esto y ver de dónde vienen, a qué están expuestas las personas, si involucran agrotóxicos como pueden ser otros componentes.

¿Qué pasa con las exposiciones crónicas y las normativas laxas? ¿Es más difícil evaluarlas medicamente?

Hay algunas cuestiones que son más ingenuas y algunas más perversas. En territorio hay instituciones del Estado que han entrado en prácticas aborrecibles. Por ejemplo, al instalar plantas de tratamientos de residuos en una comunidad, facilitando que esa población no va a pagar ciertos impuestos en retribución al daño que se generará a la salud en los próximos años por la presencia de esa planta. Hay cosas que son ingenuas desde el desconocimiento y otras realmente macabras respecto a instituciones que están dañando la salud sabiéndolo. Son cuestiones a problematizar.

-¿Qué podés contarnos en relación al capítulo que desarrollaste junto a Damián Marcov, “Efecto de los Agrotóxicos en el desarrollo embrionario y en el sistema nervioso infantil”?

Yo me aboqué más a la parte embrionaria y Marcov más a lo neurológico. Argentina está entre los países que más conocimiento producen porque es un problema muy presente. Se estudia en modelos animales porque te permite entender qué mecanismo pueden estar atrás de que aparezca un problema.

Los mecanismo son comunes en algunos animales, la forma en la que nos desarrollamos es parecida, los mecanismo para generarse son parecidos. Se ve que los agrotóxicos generan problemas muy marcados al interferir en la red de comunicación celular. Por lo cual hay muchísimos sistemas que se alteran, sobre todo lo que tiene que ver con desarrollo del sistema nervioso central, el cerebro en particular, y muchos efectos de la línea media, involucra alteraciones en el sistema digestivo que pueden ser funcionales, como intolerancias alimentarias en el niño que nace, hasta anatómicas que puede ser nacer con las viseras fuera del cuerpo.

Esto se ve en distintos sistemas porque no ataca a una parte del cuerpo sino que altera una forma de la comunicación entre los tejidos que organiza cómo se desarrollan. Al mismo tiempo se ve que cuando el animal adulto está expuesto se genera el efecto a varias generaciones después. No solamente su cría tiene problemas, sino que la cría de la cría y la cría de la cría de la cría tiene problemas.

En los animales se ven problemas con la formación de la placenta y con la implantación de embriones y eso se vincula con problemas en el parto. Esto tiene correlato con problemas que se denuncian en todos los pueblos fumigados respecto a cosas que ven más frecuentemente. Son correlatos de evidencias animales que acompañan y coinciden con lo que ven las poblaciones afectadas a muchísimo tiempo.

¿Desde el Estado cambió algo en los últimos años en relacion a acompañar estas investigaciones?

Es cierto que hay un poco más de tensiones institucionalmente y que hay personas muy valiosas actuando desde allí, está la Red de Municipios por la Agroecología. La decisión política para abordar este tema brilla por su ausencia, en esas tensiones se beneficia el aumento de uso de estos agrotóxicos. Una de las cosas que se autorizó en pandemia es que se pudiera fumigar. Las personas estaban encerradas en sus casas y las fumigaciones se hacían con mucho menos reparo que se hacían antes. La verdad es que la tensión está inclinada para el sector agroindustrial y poco para el lado de la salud socioambiental.

Fotos Bocles: lavaca.org

La semana pasada terminó la audiencia pública en la cual se cuestionó la exploración de nuevas áreas marinas en busca de gas natural y petróleo. La empresa noruega Equinor presentó un proyecto para operar frente a las costas de Mar del Plata y otras localidades.

Si el proyecto obtiene luz verde para la exploración sísmica que se plantea, uno de los mayores temores es la posibilidad de derrames de petróleo y las consecuencias para el ecosistema marino.

“Hay un informe de la Universidad Nacional del Centro estudiando la posibilidad de derrames y el porcentaje que dio es del 100%. Va a haber incidentes. Eso además de ‘accidentes’ que pueden ser graves, es inherente a la actividad. Paradójicamente en la semana se dio una escena distópica a partir de lo que pasó en el Golfo de México, una bola de fuego saliendo del mar”, dijo a FM De la Calle Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas..

Explicó que “lo que se considera en la audiencia publica es un permiso de exploración de 3 bloques en el Mar Argentino, uno de ellos frente a Mar del Plata. Generó un revuelo muy grande. Lo que está en juego es la exploración, la búsqueda del petróleo es muy contaminante porque es un bombardeo acústico, eso es lo sísmico que genera mucho impacto en la biodiversidad”.

Viale sostuvo que “lo más trascendental es que por primera vez hay chances concretas de se rechace el informe de impacto ambiental, ha trascendido que el Ministerio de Ambiente iba a rechazarlo”.

El abogado agregó que la audiencia pública “es un hecho histórico porque se anotaron casi 500 personas, totalmente inédito. Lo que muestra una participación que cuestiona la exploración petrolera sísmica offshore, que para la mayoría de la población es complejo, es interesante porque muestra un momento donde la cuestión ambiental trasciende a los especialistas y preocupados de siempre, se está transformando el una ola ecosocial”.

“La explotación petrolera offshore es fuera de costa y sobre el mar, como salen de las 12 millas no son las provincias las que otorgan concesiones sino el gobierno nacional porque es Mar Argentino. Fueron dadas en octubre del 2019 a pocas semanas del cambio de gobierno”, mencionó.

Si estas petroleras se instalan afectarían al corredor biológico, “un lugar de gran diversidad marina que está en peligro, y a las costas bonaerenses”.

Durante el tratamiento del proyecto se presentó un informe ambiental de la Consultora Serman. “Estos informes son hechos por consultoras que tienen como clientes a estas corporaciones. Hay un último párrafo que dice ‘Cabandié pone en peligro un proyecto petrolero’. No está en peligro un proyecto petrolero sino el Mar Argentino. Lo dan vuelta para que nadie puede osar cuestionar al dios petróleo”.

“Cuentan del impacto moderado sobre los mamíferos marinos, todo era moderado, ¿qué quiere decir moderado? Muestran un gráfico, los mamíferos marinos saben cuándo está pasando esta exploración sísmica y se van. Algunas especies no están nombradas. Entonces, ¿le ponen carteles? ¿saben leer? ¿se van?”.

(Por Yica Guardia) Continuando con la retórica acostumbrada por este sistema económico, proponen aumentar las  exploraciones offshore de hidrocarburos. Días atrás la empresa noruega Equinor solicitó tres nuevos permisos para operar frente a las costas de Mar del Plata y otras localidades del sudeste de la Provincia de Buenos Aires, principal corredor biológico del Mar Argentino.

Se ampliaría la frontera acuífera de explotación de hidrocarburos ya establecida en un momento de colapso ecológico y sanitario como el que vivimos, y de emergencia social y ambiental. Es razonablemente impensado. Vale decir que ya desde el 2017 ocurren exploraciones sísmicas en nuestra Plataforma Marítima sin la debida información ni consulta popular.

El fracking está instalado en nuestro territorio como todas las demás formas de saqueo, destrucción y extracción de recursos que son comunes y propios de la Naturaleza. Además de ser recursos obsoletos que ya no permiten más manipulación ni explotación. Todos mecanismos extractivistas sin licencia social y contrarios a la soberanía e industria nacional, como es el caso de la pesca artesanal en el asunto que nos compete estos días.

Por todo esto, el 10 de junio se publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a la Audiencia Pública N° 1/21 para compartir con la ciudadanía el Estudio de Impacto Ambiental de la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore en Cuenca Argentina Norte, en las áreas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114” (Resolución N° 7/2021).

El método para la exploración de hidrocarburos en nuestra Plataforma Marítima es a través de explosiones sísmicas, técnica con bombardeos mediante cañones de aire que generan un ruido potente similar al despegue de un cohete espacial. Estas ondas sonoras viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración.

Los datos que recolectan son para crear mapas del fondo marino que luego las compañías petroleras utilizan para determinar ubicaciones para futuras perforaciones.  Diferentes estudios desde la Academia y la Ciencia constatan el peligro inminente ante este tipo de métodos, como la concurrencia de derrames de petróleo que rápidamente llegarían a las costas de las playas del sudeste bonaerense y la contaminación de las aguas con graves consecuencias para los ecosistemas marinos, causando desorientación en la fauna marina, pérdida de huevos, desorden en la conducta, impacto y muerte por ondas sonoras de ballenas, orcas, delfines, lobos marinos, entre otros mamíferos acuáticos.

El jueves 1 de julio se realizó la Audiencia Pública con una fuerte convocatoria y adhesión por parte de la ciudadanía, por decreto 1172/03 que estipula el acceso a la información pública. Dicha Audiencia marcará antecedentes en nuestro sistema democrático.

Es importante destacar la urgente y necesaria transición energética que debe emprender el país con responsabilidad de Técnica Ambiental y una gestión ética y transparente con la debida participación de los pueblos y su fiscalización pública pertinente.

En la Audiencia se manifestó una amplia mayoría de expositores en contra del proyecto de concesión offshore para ampliar las fronteras de explotación de hidrocarburos. En diez días el Ministerio de Ambiente de la Nación debe realizar un informe con plazos y modalidad de publicidad que tendrá la resolución final. Deberán explicar, además, cómo tomaron las opiniones de la ciudadanía participante.

Fueron claros y precisos los dictámenes sobre el estudio ambiental presentado como también la decisión de los pueblos que habitamos este territorio, por lo que serán responsables del dictamen y resolución final quienes otorguen permisos y licencias a partir de la misma.

Aguardando dicha resolución oficial, invitamos a escuchar la Audiencia por el canal de Youtube del Ministerio de Ambiente de la Nación, como también a investigar acerca de las explosiones acontecidas días atrás en el Golfo de México por el incendio de un ducto petrolero submarino. Este evento es uno más en una larga lista de sucesos similares: misma causa, mismos responsables. Estos hechos no pueden denominarse accidentes cuando son de peligro inminente y afectan el ambiente y la vida.