Modificaciones del impuesto a las ganancias, para unos pocos
(Por Francisco J Cantamutto) El jueves pasado, el Gerente de la Nación Macri anunció cambios en el impuesto a las ganancias que benefician a una minoría y nos perjudican al resto del pueblo.
El día jueves Macri anunció el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, de los $15.000 vigentes a $30.000. La medida se corresponde con la propuesta de campaña de Cambiemos y el Frente Renovador, y es retroactiva al 1 de enero.
La decisión de otorgar el aumento llega tras el fuerte incremento de los precios de los primeros 70 días y de cara a las paritarias por venir. De hecho, la cifra anunciada se corresponde exactamente con lo pedido por Hugo Moyano tres días antes. La cúpula de la CGT viene reuniéndose con el Gerente de la Nación de cara a las negociaciones paritarias de este año: buscando obtener privilegios para sí, le ofrecen a Macri un intento de contención social, en el marco de un ajuste social de gran escala. La oferta del Gerente encontró buen eco en los representantes de camioneros, bancarios, petroleros y portuarios: se trata de los gremios donde casi la totalidad de sus representados paga el impuesto. Sin embargo, la realidad para el conjunto del pueblo trabajador es otra
El impuesto
El debate por el impuesto a las ganancias viene candente desde hace varios años. Se trata de un tributo relativamente común en el mundo y de carácter progresivo, excusas utilizadas para justificar su aplicación. Se trata de una excusa, porque al eximir del impuesto la mayor parte de las ganancias generadas en operatorias financieras, el tributo redistribuye entre los propios trabajadores. Por eso, el debate está ligado a lo que en Argentina se conoce como cuarta categoría, que son los asalariados en relación de dependencia y jubilados.
Todos y todas quienes superen un monto mínimo de ingresos se ven obligados a pagar por este impuesto. El cálculo exacto es complejo, pues depende de diversos descuentos considerados y distintas tasas (alícuotas) aplicadas. El mínimo es relevante porque es el salario a partir del cual comienzan a pagar. Durante la Convertibilidad, concretamente en 1992, se prohibió indizar este monto, lo que se consolidó una década más tarde, con la Ley de Emergencia Económica de Duhalde. En la medida en que los salarios comenzaron a recuperar poder adquisitivo perdido por la inflación, fueron lentamente acercándose al mínimo que previamente fuera elevado. Así, a partir de 2008, el tema apareció en la agenda como un reclamo gremial, lo que –por cierto- ganó la simpatía del empresariado, siempre de acuerdo con reducir impuestos a las ganancias.
Al no ser actualizado de manera automática, el mínimo no imponible fue modificándose por decreto, según las necesidades fiscales y políticas del gobierno anterior. Las últimas modificaciones fueron en 2013 (decreto 1.242) cuando se estableció que pagarían el impuesto quienes hubieran ganado $15.000 por mes entre enero y agosto de ese año, y en 2015 (resolución 2.437), cuando se redujeron las escalas para sueldos menores a $25.000.
La falta de actualización del mínimo jugó como parte superior de una “tijera” para los asalariados, cuya parte inferior era la corrida contra la inflación: si en las paritarias se lograban mejoras salariales contra la inflación, se caía en el impuesto a las ganancias, poniendo así un tope de hecho. De modo creciente, trabajadores de diversos sectores de actividad fueron cayendo en esta situación. Se trata del segmento del tributo con mayor crecimiento en los últimos 5 años, muy por encima de lo pagado por las empresas. La propia presión de los gremios por pelear contra la inflación aumenta la base imponible, elevando la recaudación sin esfuerzo fiscal. El total de lo recaudado por este impuesto equivalía a casi el 7% del PBI a mediados del año pasado. En enero de este año, significó un 25% de los recursos tributarios totales.
Qué cambió
Con el nuevo mínimo, pasarían a pagar el impuesto los trabajadores solteros que ganen más de $18.880 o los casados con hijos que ganen más de $26.000, en ambos casos en términos netos (“de bolsillo”). Los cambios en las escalas serán enviados para debatir al congreso en marzo.
Actualmente, esto implica a un 10% de los asalariados ocupados en condiciones formales (poco más de un 6% de los ocupados totales) tributan por este impuesto. Desde la AFIP se calculó en 180.000 personas (un 2% de los ocupados) dejarán de pagar con esta modificación, pero la estimación es inexacta, porque se desconoce cuántos trabajadores alcanzaron el mínimo en el lapso de los más de dos años sin ajuste de este valor.
El anuncio de Macri se produce justo antes de las paritarias, porque su rol es el mismo que durante el gobierno previo: funcionar como techo para los gremios de mejores salarios, y a través de ese límite, operar como techo para el resto de las paritarias. Pero no sólo por funcionar como techo en las negociaciones este anuncio es un problema para la mayoría de los trabajadores. El costo fiscal estimado de esta medida está estimado por la AFIP en $49.000 millones. Al igual que la quita de retenciones, impuestos a las importaciones, a los autos de alta gama o al champagne, este cambio contribuye a aumentar el déficit fiscal que el gobierno dice combatir. En la misma lógica, el aumento de gastos ligado a la propuesta de pago a los fondos buitres va contra el argumento utilizado para despedir injustamente miles de trabajadores estatales. En este sentido, esta medida erosiona los recursos del Estado disponibles para políticas públicas.
El anuncio de gobierno no debe tomarse como una buena noticia: se trata de un nuevo ardid oficial en el marco de un brutal ajuste social.
