“¿Por qué sostener a la Iglesia mientras hay trabajadores bajo la línea de pobreza?”
Luego de que el jefe de Gabinete Marcos Peña informara que el Estado destina 130 millones de pesos a sostener a la Iglesia Católica desde el Frente de Izquierda presentaron un proyecto para derogar las normativas que así lo establecen. La mayoría de ellas corresponden a decretos de dictaduras militares.
La diputada nacional Nathalia González Seligra dijo a FM De la Calle González Seligra que “por un lado tenemos un Estado laico, el artículo 2 de la Constitución Nacional plantea que el Estado tiene que sostener a la Iglesia Católica en términos generales (esto no significa económicamente)”. Por otro lado, los decretos de la dictadura cívico-militar sí plantean en términos de remuneraciones: “sueldos a los obispos, jubilaciones de privilegio (que equivalen al 80% de lo que cobra un juez nacional)”.
Este gasto de 130 millones de pesos “en el marco de que estamos atravesando una crisis que el propio gobierno reconoce, teniendo que ajustar las cuentas fiscales, con el debate de si tiene que haber aumento o no alrededor de las paritarias de los trabajadores… nos parece que hay que discutir seriamente que el Estado nacional no puede seguir sosteniendo a la Iglesia Católica, más allá de la libertad de culto que sí es legal y defendemos en nuestro país”, aseveró.
Explicó que tiene implicancias legales ya que la Iglesia es reconocida desde 2014 -en una reforma del Código Civil- como persona jurídica. Es decir que “la Iglesia en términos civiles y económicos tiene un trato diferente a cualquier otra organización no gubernamental del país”.
Sobre “la millonada de pesos que el Estado destina a los obispos” agregó que también tiene implicancias políticas “porque es una institución que tuvo complicidad en la dictadura. Y que hay muchos “cuestionamientos abiertos alrededor del trato que han tenido desde Mendoza al Próvolo sobre abusos de niños hasta el cuestionamiento por la injerencia política que tienen en la educación y salud. Desde ese punto de vista también creemos que debe separarse a la Iglesia del Estado, y en términos económicos implica derogar estos decretos”.
Respecto a la respuesta del sector eclesiástico -aseguraron que no son salarios lo que perciben sino una asignación para el sostenimiento de los obispados-, González Seligra ratificó: “Acá se está debatiendo que son sectores de la Iglesia que están sostenidos por el Estado mientras hay millones de trabajadores que ni siquiera llega a un salario de 10 mil pesos cuando la canasta familiar está en 17 mil pesos, entonces ¿por qué sostener a la iglesia mientras hay trabajadores bajo la línea de pobreza?”.
