byRedacción/9 septiembre, 2026/inBahia Blanca, Noticias, Política

Tarifas eléctricas: aumentos, quita de subsidios y el impacto sobre los hogares de Bahía Blanca

La economista María María Ibáñez Martín, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, explicó cómo se combinan los aumentos tarifarios, la reducción de los subsidios y el componente impositivo para determinar el monto final de las facturas.

Las facturas de electricidad que llegan a los hogares de Bahía Blanca están generando alerta y reclamos. En algunos casos, usuarios aseguran haber recibido montos que duplican o incluso superan ampliamente lo que pagaban anteriormente, aun cuando sostienen que su consumo no se modificó de manera significativa.

Según Ibáñez Martín, integrante del también del Observatorio de Tarifas Eléctricas de Argentina, el monto que pagan los usuarios es resultado de la combinación de distintos factores: el precio de la energía, las actualizaciones tarifarias de las distribuidoras, los impuestos y, en el caso de los hogares que todavía reciben asistencia, la reducción progresiva de los subsidios.

¿Qué pasó con las tarifas durante los últimos meses?

Ibáñez Martín señaló que durante los primeros meses del año las distribuidoras eléctricas habían mantenido una relativa estabilidad en sus tarifas. La situación comenzó a modificarse a partir de mayo, cuando una parte importante de las empresas aplicó incrementos significativos.

En el caso de EDES, de acuerdo con los datos del Observatorio correspondientes a junio, la distribuidora actualizó las tarifas para usuarios residenciales, comerciales e industriales, pero el aumento del precio de la energía no fue el único factor que incidió sobre las facturas.

En junio el componente energético de la tarifa residencial de EDES aumentó alrededor de un 6%, mientras que el componente impositivo de las facturas se incrementó, en promedio, cerca de un 11%, esto significa que una factura puede aumentar incluso cuando el consumo físico del hogar no haya cambiado sustancialmente y explica lo que señalaron muchos vecinos.

A esto se suma una particularidad de los consumos energéticos: según explicó la economista, son relativamente inelásticos. Es decir, no resulta sencillo para una familia modificar de manera inmediata sus hábitos de consumo frente a un aumento de precios. Calefaccionarse durante el invierno, conservar alimentos en una heladera o utilizar determinados electrodomésticos son necesidades que no pueden reducirse indefinidamente.

La otra parte del problema: la quita de subsidios

El Gobierno nacional implementó un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados, que modificó tanto los criterios de acceso como los niveles de cobertura. Uno de los cambios centrales está relacionado con los límites de consumo subsidiado.

Durante los meses considerados de alta demanda, los hogares que mantienen el beneficio cuentan con un subsidio para determinados niveles de consumo. En el caso de la electricidad, el límite mencionado es de 300 kWh mensuales. Todo consumo que supere ese límite se paga a tarifa plena. En los meses de menor demanda, ese tope se reduce a 150 kWh mensuales.

Por eso, el cambio de 300 a 150 kWh no significa que una familia deje necesariamente de tener el subsidio: significa que una porción menor de su consumo queda alcanzada por la tarifa subsidiada.

Según explicó Ibáñez Martín, septiembre todavía corresponde al período de alta demanda y el cambio hacia el límite inferior se produce a partir de octubre.

¿Quiénes mantienen el subsidio?

El esquema actual redujo el universo de hogares que reciben subsidios y modificó las categorías que existían anteriormente.

La economista explicó que el nuevo esquema tomó como referencia las categorías del sistema anterior y mantuvo principalmente a hogares considerados de menores ingresos, además de una parte de quienes se encontraban en el segmento de ingresos medios y se vincula con un ingreso familiar equivalente a aproximadamente tres canastas básicas totales.

Quienes quedan por encima de ese límite pierden el subsidio, mientras que quienes permanecen dentro del esquema reciben una cobertura menor que la que tenían anteriormente. El resultado es que la factura puede aumentar por dos vías simultáneas: sube el precio de la energía y disminuye la proporción del consumo alcanzada por el subsidio.

Por qué las familias más vulnerables suelen consumir más

Ibáñez Martín cuestionó la idea de que las familias de menores ingresos simplemente “consumen más energía”. Según explicó, muchas veces tienen mayores requerimientos energéticos. Esto puede ocurrir porque viven en viviendas con condiciones deficientes de aislamiento o porque utilizan electrodomésticos antiguos y menos eficientes.

Una heladera cuyo motor funciona de manera permanente, por ejemplo, puede demandar mucha más electricidad que un equipo moderno y eficiente, de esta manera, una familia puede terminar consumiendo más energía no porque exista un derroche, sino porque necesita más energía para alcanzar las mismas condiciones de confort. “No consumen mucha más energía, tienen requerimientos energéticos mucho más elevados”, declaró la economista.

La diferencia es importante porque, frente a la reducción de subsidios, no alcanza con pedirle a una familia que reduzca su consumo si no existen herramientas para detectar por qué está consumiendo más y cómo puede disminuir ese requerimiento.

El riesgo de una mayor pobreza energética

Ibáñez Martín fue contundente al evaluar el resultado del rediseño actual de los subsidios: si se reduce la cantidad de hogares alcanzados y, al mismo tiempo, se reduce la cobertura para quienes permanecen dentro del sistema, el riesgo es que aumente la cantidad de familias en situación de pobreza energética o que se profundice la situación de quienes ya la padecen.

El impacto de una factura de electricidad no puede analizarse de manera aislada: debe observarse en relación con los ingresos disponibles y con el resto del costo de vida.

¿Qué pasa con la Ley de Zona Fría?

Desde el oficialismo libertariano sostienen que la eliminación de los subsidios por zona fría para la tarifa del gas que tiene media sanción en el Congreso no afectará significativamente a los sectores más vulnerables. Sin embargo, Ibáñez Martín cuestionó que pueda hacerse una lectura generalizada a partir de un único umbral de ingresos.

El argumento central es que 4 millones de pesos de ingresos familiares no representan la misma capacidad económica en todas las ciudades del país, porque el costo de vida y las necesidades energéticas varían según el territorio.

En el caso de Bahía Blanca, la economista planteó que la discusión debería contemplar las condiciones climáticas locales y sostuvo que la ciudad no debería perder un tratamiento diferencial vinculado con las temperaturas que registra.

Pero, además de la discusión específica sobre si Bahía Blanca debe permanecer o no dentro del régimen, cuestionó el diseño general de la modificación.

Actualmente, la Ley de Zonas Frías permite que los hogares vulnerables tengan una cobertura equivalente al 50% del valor final de la factura de gas natural. El proyecto de modificación mantiene un porcentaje de subsidio para los hogares más vulnerables, pero cambia la base sobre la cual se calcula.

El 50% ya no se aplicaría sobre el valor final de la factura, sino sobre el precio de inyección del gas, es decir, antes de que se incorporen los demás componentes vinculados con el transporte y la distribución, por eso, incluso un hogar que continúe dentro del grupo beneficiario podría recibir una factura significativamente más elevada.

Según la investigadora, el componente sobre el cual se aplicaría el subsidio representa aproximadamente entre el 27% y el 35% de la factura final, dependiendo del nivel de consumo y de la zona.