El juego de las mediciones
La Fiscalía General requirió a la titular del Juzgado Federal Nº2, Gabriela Marrón, la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público.
La presentación está firmada por el fiscal Alejandro Cantaro quien dialogó con Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos explicando los alcances judiciales. El funcionario dijo que “primero, entendemos que es un delito -vertido de residuos tóxicos peligrosos- que está sancionado por una ley con consecuencias penales. Lo segundo, efectivamente en este vertido, desde el inicio hasta hoy, es porque la OPDS (quien controla el vertido del Polo Petroquímico en la Ría) trabaja en función de una resolución de la autoridad del agua que indica algunas medidas que son posibles de verter y nosotros lo que le estamos diciendo a la jueza es que la medición de estos estándares no deberían hacerse con esta resolución de la autoridad del agua que está creada para medir vertidos que son arrojados en aguas abiertas y este estuario claramente no es de aguas abierta”.
A su vez, Cantaro expreso que “lo cierto es que si son residuos tóxicos no debería dictarse una prohibición ahora sino que debería estar prohibido ya. Pero como está este juego donde hasta cierto nivel es posible verter entonces nosotros estamos diciendo que no es racional manejarse con ese estándar y acompañamos además a la jueza estudios en la causa. No nos olvidemos que esta es una denuncia hecha por pescadores artesanales, que ellos lo indicaban y se ha comprobado que varias especies tiene en el hígado, y lo que es mucho más peligroso en la musculatura residuos de metales pesados, lo que afecta a la salud pública, obviamente”.
Ojo por ojo, causa por causa
Por otro lado, recordamos que la Cámara Federal de Bahía Blanca, con el voto de Néstor Luis Montezanti y Pablo Candisano Mera, resolvió la semana pasada despedir al ex secretario de Ejecuciones Fiscales del Juzgado Federal Nº 1 Álvaro Coleffi. Fue a partir de una investigación donde está sospechado de difundir escuchas de la causa Suris que investiga delitos vinculados al narcotráfico. El ex funcionario fue citado para prestar declaración este miércoles 13.
Organizaciones de derechos humanos (HIJOS, APDH, entre otras) se movilizaron el martes para denunciar esta iniciativa judicial como una represalia hacia Coleffi, quien como juez subrogante fue el único que avanzó en las investigaciones sobre los partícipes civiles del terrorismo de Estado como Vicente Massot, el cura Aldo Vara o el secretario judicial Hugo Sierra.
Durante la entrevista, el fiscal Alejandro Cantaro, explicó al respecto que “esa causa la lleva el Juzgado. La Fiscalía no tiene delegado ni ha ofrecido ninguna prueba. De lo que surge de la causa hay una conexión muy cercana, muy íntima entre Álavaro Coleffi y Germán Sasso. En la causa se han acreditado más de un centenar de comunicaciones telefónicas. En ese mismo tiempo, en ocasión de una visita de Elisa Carrió buscando información “Coleffi la recibió con la presencia de Sasso”.
