“Falta política criminal”

Días después que el Tribunal Oral Federal bahiense absolviera a Juan Suris y una decena de personas imputadas por tráfico de drogas gracias a una deficiente investigación y mal uso de las escuchas telefónicas, el juez correccional José Luis Ares advierte que “el problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional”.

“Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico mediante el estricto control del lavado de activos”, sostiene el profesor de Derecho Procesal Penal (UNS)y agrega que “se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará”.

“Yo veo el futuro repetir el pasado.

Yo veo un museo de grandes novedades”.

“El tiempo no para”, Cazuza (1958-1990).

Así como un Estado debe tener una política seria, coherente y  a largo plazo en materia económica, sanitaria o educativa, también debe poseer una política criminal, es decir un conjunto de medidas que se deben implementar para la lucha contra el delito. Se trata de un manojo de decisiones y de normas, a fin de poner en acción instrumentos y estrategias con objetivos a mediano y largo plazo. Así como el delito es multifacético, multicausal y dinámico, también dinámicas deben ser las políticas públicas en esta materia. No es lo mismo el robo a un comercio por  parte de un solitario ladrón que la sustracción organizada de automotores para comercializar sus autopartes; no es lo mismo la violencia de género que el tráfico de drogas ilegales.

Si bien no se encuentra incluido estrictamente en las decisiones de política criminal, es necesario revertir la pobreza y la marginación, a través de la inclusión, el trabajo y la educación. Sin embargo, el fenómeno delictivo no es un asunto inherente a la pobreza, sino que la criminalidad a gran escala está organizada por sectores que no pertenecen precisamente a los guetos marginales, contando en muchos casos con protección o complicidad activa oficial. Por eso, las decenas de mercados ilegales se pueden y se deben atacar de muchas maneras no estrictamente penales, como por caso a través de controles administrativos, aun cuando el delito se vaya “corriendo”, pues el delincuente busca la impunidad y la actividad que resulte más sencilla, más rentable y menos riesgosa.  Por ejemplo, si se controlan estrictamente los desarmaderos suelen reducirse los robos de automóviles; es una obviedad que si nadie comprara televisores o celulares  de procedencia dudosa, disminuirían los robos de estos objetos pues no habría donde colocarlos, y esto se relaciona con  problemas éticos y de educación.

Alberto Binder sostiene que a falta de políticas de seguridad se desarrollaron estrategias de doble pacto. Es decir, un primer pacto de la dirigencia política con las fuerzas de seguridad,  y un segundo pacto de éstas con organizaciones o sectores criminales para mantener cierto equilibrio, permitiendo la gobernabilidad y obteniendo beneficios. Según el mismo autor, esto se ha vuelto impracticable, entre otras razones, porque la policía no puede asegurar ya el control territorial de la criminalidad. Otra de las disfunciones consiste en la autonomía de las fuerzas policiales, sin efectiva conducción política.

A falta del diseño de una política criminal seria, constante en sus grandes líneas pero dinámica en atención a la mutación del delito, desde ciertos sectores políticos, en especial en tiempos electorales, se simplifican las cuestiones y se proponen soluciones sencillas para problemas complejos, tales como la baja de la edad de imputabilidad, el aumento de penas, la restricción de la excarcelación, más policías, patrulleros y cámaras de video vigilancia.

El aumento de penas ya se implementó varias veces, en especial con las “leyes Blumberg” de 2004. ¿Hasta dónde se puede llegar?, ¿hasta que casi todos los delitos tengan la pena del homicidio?, ¿hasta que todo delito grave se  castigue con prisión perpetua? Al margen que ello violaría la Constitución, ya el Marqués de Beccaria -en el siglo 18- escribía: “la certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible pero unido a la esperanza de la impunidad…”. El problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional. Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico  mediante el estricto control del lavado de activos.

La muletilla de la “puerta giratoria” no tiene correlato con la realidad; se han construido nuevas cárceles y éstas desbordan de presos, con serias deficiencias, afectando la dignidad de las personas y sin que la mayoría de los internos pueda acceder al trabajo y a la capacitación, que aleja la probabilidad de recaída en el delito (véase al respecto el documento de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, “Aspectos salientes de la problemática penitenciaria en la Pcia. de Bs. As.”, junio de 2015, en www.reddejueces.com). En realidad, existe un abuso de la prisión preventiva de presuntos inocentes, generalmente de sectores vulnerables, que piden fiscales y otorgan jueces y no por cierto de  delincuentes de “cuello blanco” (expresión acuñada por Edwin Sutherland).  Esto ha sido puesto de resalto por el Papa Francisco en cuanto aludiera  a la forma abusiva de la detención preventiva previa a la condena como adelanto de pena.

La  rebaja en la edad para perseguir a los menores es otro fuego de artificio  de mercadotecnia, pues la intervención de adolescentes de 14 y 15 años en delitos graves resulta insignificante, y los de 16 ya son punibles. Asimismo, el procesar a un menor no implica mandarlo a la cárcel pues -por mandato de normas constitucionales-  la prisión resulta la última opción y por el más breve plazo. Por otro lado, varios de los países más violentos de nuestro continente han fijado la edad de persecución penal en 12 años, sin ningún resultado en los índices delictivos (ej. Venezuela, Honduras, El Salvador, México).

Se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará. La prensa ha acuñado el neologismo “narco-policías”, refiriéndose especialmente a los escandalosos casos de altos jefes cordobeses y santafesinos. Sin ir tan lejos, ¿no tuvimos en esta ciudad a los “comisarios del millón de dólares” condenados por sentencia firme?, ¿alguien podría poner en duda que ese dinero era la paga por protección e impunidad, y que se repartiría en otras esferas? Existe también, muchas veces, deficiencias y demoras en las investigaciones criminales (con enormes dosis de hechos graves no esclarecidos), excesiva delegación en la policía, y  afectación a la duración razonable de los procesos, especialmente en los tribunales superiores.

En definitiva, creo que  el diseño de políticas públicas en materia de seguridad es una tarea ardua y compleja que requiere de la intervención  de personas especializadas y experimentadas. Es necesario contar con información fidedigna del fenómeno delictivo en los distintos lugares y en sus diversas modalidades; se requiere planificación, coordinación y control para evitar abusos y asegurar eficacia. Resulta imprescindible, finalmente, coordinar los distintos niveles, sin olvidar el sensible problema carcelario y la inserción social del expresidiario.

Los argentinos no deberíamos dejarnos engañar nuevamente. No hay soluciones mágicas ni sencillas para problemas complejos; no se puede hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Más prisión no es más seguridad, sino lo contrario. Existe una tensión permanente entre el Estado de policía y el Estado de Derecho, que es ni más ni menos que cumplir la constitución, el reglamento del juego democrático. Es falsa la contradicción entre garantías y eficiencia. Se puede ser eficiente en la prevención y represión del delito sin desmedro de las garantías que resguardan a la persona humana, y asegurándose, a través de múltiples controles, que se condena con absoluta certeza al culpable.