“Sentado hoy en el mismo despacho desde el cual un rector interventor ordenó el asesinato de Watu, siento que debo pedir perdón a nombre de la Institución a todos los que fueron perseguidos por ser miembros de esta comunidad universitaria, a sus familias y amigos y a la sociedad en general”, afirmó el rector Daniel Vega.

La madre de Facundo, Cristina Castro, encabezó una conferencia de prensa junto a Amnistía Internacional a un año del hallazgo de los restos de su hijo en un cangrejal de Villarino Viejo. Con sus abogados y la Comisión Provincial por la Memoria, se refirieron a la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte y brindaron detalles de una reunión con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal.

“Llevo un año llorando y no puedo entender cómo siguen libres trabajando, gozando y mirando a sus madres a los ojos, a mí me prohibieron de todo eso, mi vida cambió totalmente, mi vida se hizo pedazos”, dijo sobre los policías involucrados y destacó que su mejor abogada es la jueza federal María Gabriela Marrón.

En el encuentro se sumaron acusaciones contra Santiago Ulpiano Martínez, fiscal que intervino en el primer tramo de la investigación. “El procurador se ha comprometido en atender estas ampliaciones de denuncia que hemos formulado y que tienen por norte desenmascarar los deberes que incumplió el fiscal y replicaron en este encubrimiento que, gracias a la enorme fuerza de Cristina, de la sociedad y algunos medios estamos cada vez más cerca de poder asegurar un resultado de justicia”, dijo Luciano Peretto.

Cristina dijo que “es muy doloroso saber que una persona encontró el cuerpo de tu hijo tirado en un cangrejal y no le faltaban piezas y más doloroso es saber que en una noche un fiscal hizo desaparecer los brazos de tu hijo y te entregó el cuerpo incompleto, eso hizo el fiscal Ulpiano Martínez”.

“Al pescador que encontró el cuerpo de mi hijo y la zapatilla, que estaba a pocos metros, le dijeron ‘vos cállate la boca que esto no se tiene que saber’, la Policía Federal y Ulpiano Martínez”, puntualizó la madre del joven.

El abogado Leandro Aparicio detalló que “a (la ministra de Seguridad Sabina) Frederic queremos preguntarle qué va a hacer el Estado ante la gravedad de la actuación de los policías cuando le dicen al testigo que vio la zapatilla ‘no pongas esto que vamos a tener quilombo’. Menos mal que no se animó el fiscal a sacarla”.

“La habían dejado fuera del perímetro, no se animaron a desaparecerla como hicieron con los brazos de Facu y la Policía Federal tuvo que ver en eso”, agregó Cristina.

En relación a la recusación contra la jueza María Gabriela Marrón, la integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, argumentó que “estamos esperando la resolución de la Sala I de Casación, de la jueza Figueroa y los doctores Petrone y Barroetaveña”. También aguardan por el requerimiento de nulidad de un informe de mareas de IADO.

Las irregularidades de la Policía Federal “se constatan con que los propios fiscales corren a la Federal de la instrucción y se trabaja con Prefectura, entendemos que en la reunión que ha concedido la ministra Frederic abordaremos eso”, concluyó Jarque.

Cristina dijo que “fue un año durísimo, todo tuvimos que pelearlo en una Cámara, contra una jueza que supuestamente tiene que defendernos. Es la abogada de cuatro atorrantes que se llevaron la vida de un inocente”.

“Quiero que esos cuatro asesinos estén tras las rejas. A mí a Facu no me lo devuelve nadie, esto no es por venganza, terminado con esto a mí nadie va venir con mi flaco y me va a decir tome, acá lo tiene. Detrás mío hay un montón de jóvenes, no quiero que nadie más le pase por esto”.

“Llevo un año llorando y no puedo entender cómo siguen libres trabajando, gozando y mirando a sus madres a los ojos, a mí me prohibieron de todo eso, mi vida cambió totalmente, mi vida se hizo pedazos, han arruinado la vida a una familia, a los amigos, y nos han perseguido de tal forma. Nos enseñaron que hay que luchar, los pueblos de Villarino se están levantando y luchando, nos hicieron más fuertes, es dolor lo que tenemos y unas ansias de justicia que no tienen ni idea”, finalizó.

Foto: Amnistía Internacional.

Intelectuales, trabajadores y trabajadoras de la cultura, militantes ambientales y por los derechos humanos, docentes e investigadores y periodistas proponen que una de cada cuatro preguntas que se les hagan a las y los candidatos a ocupar cargos legislativos se refieran a la agenda de transición socioecológica.

El cupo socioambiental surgió por iniciativa del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, NohayCulturasinMundo, Jóvenes por el Clima y Periodistas por el Planeta.

“Los eventos climáticos extremos como consecuencia de un maldesarrollo, avanzan y afectan a la población toda, especialmente a lxs más jóvenes, amenazando concretamente su presente y su futuro, y a lxs más pobres, alejándolxs aún más de un modo de vida justo. Es necesario habilitar la discusión política sobre formas de transición socioecológica a modos de producción y consumo sostenibles; a políticas de adaptación a los cambios ya existentes que garanticen el derecho a tener agua potable, alimentación saludable y techo”, afirmaron.

Destacaron, además, que “la amenaza de colapso global no supone la negación de otras luchas de necesidades inmediatas; lo que urge es articularlas con la crisis climática, si de verdad queremos que lxs niñes, adolescentes y jóvenes tengan un futuro”.

De cara a las próximas elecciones parlamentarias, exigen que cada candidato/a se pronuncie con proyectos estratégicos y propuestas concretas en relación con la protección de los bienes comunes como el agua, los ecosistemas y el territorio; propuestas para reducir la pobreza estructural (tierra y servicios; techo y trabajo), y una agenda de transición ecológica integral -energética, productiva, urbana y rural.

“Preocupa la ausencia de los temas socioambientales y de la crisis climática en el debate político de la Argentina. El planeta está cerca de un punto de no retorno: las alertas climáticas y la pobreza se aceleran juntas y entrelazadas ante una población desinformada por gran parte de los medios y de la dirigencia política. Quienes ejercen la gestión pública o aspiran a ella, y aquellos que ocupan espacios en los medios tienen una enorme responsabilidad. Y las decisiones acerca de qué tenemos que hacer como sociedad ante los impactos que ya estamos viviendo serán determinantes para la Argentina”, manifestaron.

En la convocatoria subrayaron que “no es cierto que este sea un debate que sólo le importa al ‘ambientalismo’ como se ha querido imponer, las pandemias de origen zoonótico o el agotamiento hídrico, llaman a la puerta de todxs. Por eso es urgente pensar una agenda socioambiental con participación ciudadana. Es evidente la relación directa entre pobreza estructural y destrucción de ecosistemas. Lxs representantes políticxs tienen una agenda de desarrollo atada al pasado, caduca, que no contempla ni el presente ni el futuro de lxs niñxs y lxs jóvenes”.

El Ministerio de Seguridad aumentó a dos millones de pesos el monto de la recompensa para quien aporte datos sobre el paradero del prófugo Roberto Carlos Brunello, investigado en Bahía Blanca por su participación en crímenes de lesa humanidad. También se busca a Miguel Ángel García Moreno y Carlos Alberto Arroyo.

Brunello (D.N.I. Nº 7.699.908) nació el 23 de marzo de 1949, en la ciudad de Córdoba y su último domicilio conocido es “Las Brisas Country Club” Carrión N° 480, unidad funcional N° 349 de Zelaya, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Sobre el represor pesa pedido de captura nacional desde el día 22 de noviembre de 2013, medida reiterada el 5 de junio de 2018. Se le imputan los siguientes delitos:

  • Violación de domicilio, secuestro y aplicación de torturas a once víctimas;
  • Secuestro y aplicación de torturas, en relación a treinta víctimas;
  • Violación de domicilio, secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual en perjuicio de dos víctimas;
  • Secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual, en relación a tres víctimas;
  • Secuestro, aplicación de torturas y homicidio en un caso, bajo la modalidad de desaparición forzada de persona.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca informó que Brunello prestó servicios en la Compañía Combate “My Keller”, perteneciente al Batallón de Comunicaciones 181, de la que varios de sus miembros y autoridades ya fueron condenados.

El Batallón era la unidad encargada del Área 511 y para la época de los hechos que se investigan estaba orientada específicamente a la concreción de los secuestros, el sometimiento a cautiverio y la aplicación de torturas, que se cometían en las instalaciones del predio militar. Allí funcionaba el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita”.

La causa por la que se busca a Brunello centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.

En nuestra jurisdicción también se ofrecen 500 mil pesos de recompensa a quienes aporten datos que ayuden a encontrar a Miguel Ángel García Moreno (L.E. N° 4.420.438) nacido el 25/05/1943 y a Carlos Alberto Arroyo (D.N.I. N° 10.554.063) nacido el 03/01/1953, imputados en la misma causa.

El lunes 2 de agosto se dará lectura al veredicto del juicio a integrantes de la Triple A en Bahía Blanca. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero están imputados por haber integrado la asociación ilícita a la que se le atribuyen más de dos decenas de secuestros, torturas y asesinatos.

La banda paraestatal en nuestra región estuvo al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Es la finalización del séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en nuestra ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado. Son solo una parte de la Triple A en Bahía Blanca, organización responsable de la muerte de 24 compañeros y compañeras, militantes estudiantiles, docentes y no docentes universitarios, trabajadores/as y dirigentes gremiales perseguidos por razones políticas.

Desde la Secretaría de DD.HH. de la CTA convocamos a concentrarnos el lunes desde las 10 en la puerta de Colón 80, respetando las medidas de cuidado y distanciamiento social, para acompañar este momento histórico desde la calle.

La lectura comenzará a las 11 en el aula magna, con aforo reducido en virtud de los protocolos vigentes fijados por la propia Universidad, la Municipalidad de Bahía Blanca y la Corte Suprema.

Pasados más de 45 años de sus crímenes, esperamos una condena ejemplar.

¡Son crímenes de lesa humanidad!

30.000 compañerxs desaparecidxs. PRESENTES!!

FM De la Calle realizará una transmisión conjunta con La Retaguardia desde las 10:30 por el canal de Youtube FMDELACALLETV.

“El maricón de los chilenos” entrelaza la historia personal de su autor, Cristián Prieto, hijo de exiliados nacido en el corazón del barrio Avellaneda, y la de Piti, un reconocido homosexual de los 70 perseguido por el terrorismo de Estado.

“Tiene que ver con el trabajo que llevo sobre los desaparecidos LGBTIQ en la última dictadura, es una invisibilización de más de 40 años, no hay mucho registro ni mucho se habla. Recién este año ha cobrado fuerza la cifra 30.400 que tiene que ver con visibilizar y no con poner en cuestión los 30 mil”, dijo Prieto a FM De la Calle.

En 1985 el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, Carlos Jáuregui, afirmó que según el rabino integrante de la CONADEP, Marshall Meyer, hubo 400 personas homosexuales detenidas.

Prieto trabajó durante 15 años en la Comisión Provincial por la Memoria. Buceando a través de los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) fue reconstruyendo la memoria histórica de las marcas de la persecución a gays y lesbianas durante el genocidio.

“Al haber nacido en Bahía siempre tuve alguna insistencia en ver cómo las diversidades sexuales habían transcurrido en mi ciudad y el archivo me devolvió un montón de personas, por ejemplo, el protagonista de “El maricón de los chilenos”. Piti es un seudónimo que utilizo. Es un homosexual reconocido en los 70 en la ciudad, voy cruzando momentos históricos con mi propia historia”, comentó el periodista.

El protagonista “estuvo detenido por un armado en relación al consulado chileno en 1978, cuando estaba el conflicto del Beagle con Chile. Decían que el Piti tenía una red de espionaje argentino chileno. Cuando lo revisa, uno se da cuenta que es una causa armada en la que él puede relatar en declaraciones a la justicia en 3 oportunidades que necesitaban algún chivo expiatorio y fue él. Además, cuenta lo que era ser detenido desaparecido y ser homosexual y con ascendencia judía”.

“El personaje y la ficción me ayudaron a poder contar lo que de otra manera sería difícil. La ficción me sirve para contar casos reales, darles un contexto, armar un personaje. Piti es una invención a partir de entrevistas a familiares, compañeros, legajos y artículos”.

Prieto opinó que “como comunidad nos debemos una discusión en relación al período de dictadura. No sé si podríamos ponernos de acuerdo. ¿Qué sentimos y pensamos de cómo fuimos víctimas de la dictadura? Tendríamos que generar acciones para que el Estado tome cartas en el asunto, no puede ser que el Estado hoy no tenga una lectura en relación a nuestra comunidad, para saldar algo que tiene que ver con la reparación. La reparación no solo es económica, tiene que ver con algo de lo social, decir que eso aconteció”.

Por último, en relación a su infancia en Bahía Blanca, Prieto dijo que la recuerda “con muchos años de terapia. Mucho inmigrante chileno en el barrio Avellaneda. Siempre hubo discriminación, ya eras el hijo de chilenos y imagináte además si eras afeminado y medio maricón y se te notaba”.

“Yo viví mi niñez en los 80. En ‘Fichados’, el libro anterior, menciono el informe psicopedagógico del jardín al que iba. Dice: le proponemos a los padres que lleven a Cristián a un deporte para que asuma su masculinidad porque le cuesta estar con los varones, prefiere estar con las chicas. Esa era nuestra realidad, la de las mariquitas de los 80 en Bahía Blanca. No solamente por la cuestión migrante sino por orientación sexual”.

“Pasaron muchísimos años, hemos avanzado pero siempre están estas discriminaciones por lo que uno es. Si no me hubieran dicho maricón, chilote, negrito capaz que me hubiera identificado con lo que hubiera querido de manera más saludable”, finalizó.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe anual 2021 sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de un año marcado por la pandemia que evidenció aún más la crisis humanitaria del sistema penal luego de cuatro años de crecimiento sostenido de la población detenida. “La gestión del ministro de seguridad Sergio Berni consolidó las mismas políticas punitivistas de sus antecesores”, advierte.

La actual gestión de gobierno reconoció y asumió en los primeros meses la tarea de descomprimir un sistema penitenciario con elevados índices de sobrepoblación y hacinamiento. Una posición positiva que logró un leve descenso de la población en cárceles rompiendo la tendencia creciente de la última década.

Estas iniciativas no tuvieron su correlato en las decisiones del Poder Judicial ni en las políticas del Ministerio de Seguridad: a pesar del descenso de los delitos, aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial, y las comisarías tuvieron la sobrepoblación más alta de los últimos 15 años.

El reporte es el primero que se presenta luego de la designación formal de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

El informe en detalle

El gobierno de la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires profundizó la tendencia de los últimos 20 años: reformas regresivas, discursos punitivistas y crecimiento sostenido de la población detenida. El nuevo gobierno asumió transitando una profunda crisis provocada por la falta de alimentos y medicamentos en el sistema penitenciario y una huelga de 16.000 personas detenidas. Reconociendo la profunda crisis del sistema de encierro provincial y con el compromiso de transformarlo, convocó a una Mesa Interinstitucional de diálogo entre los tres poderes del Estado y organizaciones de derechos humanos, entre ellas la CPM. Esta iniciativa fue un importante mensaje político que se desactivó luego de iniciada la pandemia.

Los discursos e intenciones del Ministerio de Justicia, los avances importantes en salud mental y otros índices alentadores como la leve caída interanual de personas detenidas, y el descenso de jóvenes y mujeres en el encierro, no encontraron su correlato en el poder judicial que continuó reacio a los cambios, convirtiéndose en el sostén de esta política de sobre encarcelamiento. La excepción fue el fallo del Juez de Casación Víctor Violini, que rápidamente fue revocado por la Suprema Corte. Por su parte, la gestión del ministro de seguridad Sergio Berni, consolidó las mismas políticas punitivistas de sus antecesores.

En un contexto atravesado por la pandemia, la habilitación de los teléfonos celulares fue una valiosa iniciativa: ante la suspensión de las visitas, garantizó a las personas detenidas el acceso a su derecho a la comunicación y al vínculo familiar. También se constituyó en una herramienta para visibilizar y documentar casos de torturas, malos tratos y nula atención médica.

La angustia y desesperación de las personas detenidas demandó una mayor intervención de la CPM que lanzó el programa Punto Denuncia Torturas, junto a ocho organizaciones de familiares y ex detenidos/as de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa novedosa permitió fortalecer la capacidad de recepción de denuncias y la intervención frente a las violaciones a los derechos humanos en lugares de encierro.

De este modo, durante el 2020 los equipos de la CPM y del Punto Denuncia Torturas, realizaron 21.500 entrevistas a personas detenidas o sus referentes afectivos en las que se relevaron 34.500 hechos de tortura o malos tratos; casi la mitad de estas denuncias, más de 16.000, fueron por hechos de violencia o morosidad judicial. Esto confirma la sistematicidad de la tortura como forma de gobierno de la población encarcelada.

A partir de estas comunicaciones, se presentaron 16.200 escritos judiciales, entre ellas 3.200 habeas corpus individuales y 13.000 acciones urgentes. También se presentaron 120 acciones colectivas por hacinamiento, escasez de alimentos, falta de atención médica, falta de insumos de higiene, protestas, huelgas de hambre, represión, casos sospechosos o positivos de Covid-19.

Además, durante el 2020 la CPM continuó realizando inspecciones a cárceles, comisarías, alcaidías y centros de detención de jóvenes, la mayoría de carácter urgente frente a los conflictos que se presentaron.

Durante las protestas producidas los días 21 y 22 de abril en las unidades 10 de Melchor Romero y 23 de Florencio Varela y las ocurridas en nueve Unidades de toda la provincia el 31 de octubre y 1 de noviembre, los equipos de la CPM se constituyeron en todas ellas, realizando un seguimiento de las víctimas de la represión los días posteriores.

El informe sobre este último hecho habla de la magnitud de lo ocurrido: más de 1.500 personas padecieron represión extrema, torturas y traslados compulsivos. Sobre este universo, en 516 personas se constataron judicialmente un total de 634 lesiones. En 113 casos las lesiones fueron provocadas por postas de goma disparadas contra la cabeza, lo que está expresamente prohibido; 17 personas perdieron un ojo, una ambos ojos y otra parte de su oreja, lo que produjo discapacidades permanentes. Las represalias se vieron incluso en los incendios intencionales provocados por los agentes penitenciarios en los centros universitarios de las cárceles 48 de San Martín y 31 de Florencio Varela.

Antes de la represión, el Servicio Penitenciario Bonaerense ya había mostrado su accionar criminal provocando y fogoneando la protesta, incitando a los detenidos a subirse a los techos, sosteniendo las escaleras para que lo hagan o abriendo las puertas de los patios sin custodia.

También cabe recordar que durante esos hechos falleció Joel Román Carretero por una “lesión sufrida por la caída desde uno de los techos” en la UP 46 de San Martín. En la represión de abril en Florencio Varela, Federico Rey fue asesinado por penitenciarios que dispararon con bala de plomo, a pesar de estar prohibido su uso en el interior de las cárceles.

La reiteración de las recetas punitivistas en la cartera de seguridad

En las políticas de seguridad de la Provincia se intensificaron tres rasgos: retroceso en la conducción civil de las policías y unificación de las jefaturas, profundización del esquema de saturación policial como mecanismo de gestión territorial y agravamiento de la crisis humanitaria en las comisarías. A diferencia de otras áreas de la actual gestión, el Ministerio de Seguridad insistió en una receta que ya tiene 20 años y un fracaso reiterado: el punitivismo como única respuesta a los problemas de seguridad.

Como el mismo gobierno reconoció, los delitos se redujeron en promedio casi un 30 % por efecto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; sin embargo, crecieron exponencialmente las aprehensiones policiales: de 280.000 en 2019 se pasó a 410.088 en 2020, es decir 130.000 personas más. De estas 410.088 personas aprehendidas, apenas 37.607 (9,2 %) fueron privadas de su libertad por imputación de un delito y sólo 15.249 (3,7 %) ingresaron luego al Servicio Penitenciario Bonaerense porque se les dictó prisión preventiva o fueron condenadas.

Es decir, casi 9 de cada 10 personas fueron aprehendidas sin vinculación con la comisión de delitos. Esa hiperactividad y arbitrariedad de las fuerzas policiales en el despliegue territorial tuvo dos consecuencias directas: el aumento de la violencia policial y la saturación de las comisarías como lugares de detención.

Sobre el primero de los puntos, sólo la CPM registró durante el año 400 casos de violencia policial que involucran 577 hechos y 123 muertes por uso letal de la fuerza en territorio bonaerense. Si bien los 123 casos registrados en el 2020 marcan un descenso interanual, 21 menos que en 2019, es relevante incorporar al análisis la disminución de las denuncias de ilícitos; elemento que debe considerarse porque la mayoría de las muertes producidas por policías se generan en circunstancias en las que, supuestamente, son víctimas de robo.

Los casos de gatillo fácil, que terminaron en la muerte de Lucas Verón, Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, son una muestra de prácticas estructurales que se reiteran. A estos se suma la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, donde innumerables indicios dan cuenta de la actuación policial, no investigada por la justicia federal.

Sobre las violaciones a los derechos humanos en comisarías, el incremento de personas detenidas en dependencias policiales alcanzó en noviembre el record de los últimos 15 años: 5.600 personas se alojaron en 1.221 plazas. El promedio anual fue de 4.849 personas, esto implicó una sobrepoblación del 295%, casi 80 puntos más que el año anterior.

En ese contexto crítico, 18 personas murieron en comisarías bonaerenses durante 2020; la misma cantidad que en 2018 aunque tres personas menos que en 2019.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad continuó incumpliendo con las órdenes judiciales de clausurar comisarías, incluso con una resolución del propio Tribunal de Casación provincial y también con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares sobre 21 dependencias.

A diciembre de 2020, se informaron 304 comisarías ocupadas, de las cuales 131 se encontraban inhabilitadas para alojar personas ya sea por inhabilitación ministerial o clausura judicial. Sin embargo, en esta condición alojaban al 36% del total de personas detenidas.

Finalmente, no sólo el Ministerio continuó incumpliendo órdenes de clausura, sino que también demostró su desdén con las instancias de diálogo y se ausentó sistemáticamente de las mesas de trabajo convocadas por el gobierno en el marco de las medidas cautelares en trámite ante la CIDH.

Algunos indicios alentadores que deben consolidarse

A nivel provincial el número de personas detenidas se mantuvo estable, pasando de 51.215 en enero de 2020 a 50.520 en enero de 2021, es decir una diferencia de 695 personas (-1%). Como puede observarse, no existió ninguna liberación masiva de personas. No obstante, la variación interanual fue negativa por primera vez en 13 años. Y como se dijo, luego de cuatro años en donde el crecimiento de las personas detenidas fue exponencial, a un promedio interanual del 9%.

Sin embargo, este leve descenso también debe analizarse considerando que la cantidad de delitos disminuyó en la provincia de Buenos Aires, conforme fuera anunciado conjuntamente por el procurador general de la Provincia Julio Conte Grand y el ministro de Seguridad Sergio Berni en septiembre de 2020. Es decir, si bien el delito disminuyó de manera considerable no hubo un correlato similar en la disminución de personas detenidas.

Con todo esto, la tasa de encarcelamiento cada 100.000 habitantes (mayores de 18 años) bajó de 415 a 399, equiparando el registro de 2018. Si bien 2020 interrumpió la tendencia ascendente iniciada en 2014, la tasa de encarcelamiento actual es 55% más alta que hace diez años.

La sobrepoblación del sistema carcelario descendió de 118% en 2019 a 106 % en 2020. Esto significa que todavía la mitad de los/as detenidos/as no tuvo espacio para dormir. Sin embargo, puesto en la serie histórica, 2020 rompió una tendencia ascendente iniciada en 2008 y exacerbada desde 2014.

Por otro lado, la pandemia evidenció la crisis sanitaria en el encierro y reforzó un reclamo ya histórico de la CPM: el pase de Salud Penitenciaria a la órbita del Ministerio de Salud para integrarse a las políticas sanitarias provinciales. Durante el 2020 murieron 178 personas en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires; 30 más que el año anterior. Esto es un promedio de 15 muertes por mes o una cada dos días. De las 178 muertes, 29 fueron por Covid-19; 152 fueron por cuestiones de salud no asistidas, en su mayoría cuadros que de haberse tratado a tiempo las personas hubieran vivido o al menos extendido su sobrevida.

Las políticas de encierro durante el 2020 también muestran el descenso de la cantidad de mujeres, travestis, trans y jóvenes en prisión, datos alentadores porque hablamos de poblaciones particularmente vulnerables.

Al finalizar el año, había 2.028 mujeres privadas de su libertad en el SPB, esto es un 10,5% menos que el año anterior. Particularmente notorio fue el descenso de mujeres embarazadas o detenidas junto a sus hijos/as menores de 4 años: a diciembre de 2020, eran 33, un 57% respecto del año anterior.

Por su parte, la cantidad de personas trans y travestis detenidas se redujo un 19 % pasando de 101 en 2019 a 82 en 2020.

Con respecto al fuero de responsabilidad penal juvenil, la cantidad de jóvenes detenidos en dispositivos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) se redujo de de 676 en enero a 503 en diciembre del año pasado, un dato positivo que redujo el histórico problema de hacinamiento. Sin embargo, se denuncia en este informe la muerte de dos jóvenes por falta de políticas adecuadas de prevención de los suicidios. Uno de ellos había sido víctima de torturas el día anterior.

Hay otro dato poco alentador: sólo 245 de los 753 niños, niñas y jóvenes ingresados a dispositivos del OPNyA durante el 2020 tuvo algún contacto previo con el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y jóvenes. Es decir, el Estado llega tarde y con respuestas punitivas a trayectorias marcadas por la vulneración de derechos.

El otro dato preocupante que se sostiene en el tiempo tiene que ver con los jóvenes inimputables de 15 años o menos que ingresan al sistema de encierro; durante el 2020, fueron un 12% del total.

Por último, una mención especial merecen las políticas de salud mental que presentaron notables avances en la elaboración y presentación de los planes de readecuación de los manicomios públicos para cumplir con la ley de salud mental, y también en las acciones tendientes a fortalecer los dispositivos de externación. Como consecuencia, bajaron la cantidad de personas encerradas en manicomios públicos y la cantidad de fallecimientos en estos ámbitos. A 10 años de la sanción de la ley, esa deuda comienza a saldarse.

En esa línea, urge ahora consolidar la fiscalización y control de las comunidades terapéuticas; a diferencia del sector público, las muertes se incrementaron en las instituciones privadas. También es necesario intervenir las unidades carcelarias 34 y 45 que alojan a personas con padecimiento mental, lugares que no siguen una lógica tratamental sino securitaria sin cumplirse con la ley de salud mental.

La CPM presenta este informe, el Sistema de la crueldad XV, como una herramienta para la transformación profunda de la política criminal en la provincia que promueva y consolide el paradigma de los derechos humanos como garantía fundamental de la democracia.

La CTA y un grupo de organizaciones pidieron al intendente Héctor Gay que cumpla con una ordenanza del 2009 que establece que se implemente un sitio de la memoria en la Plaza del Sol/Lavalle/de la Resistencia y la Memoria.

“El municipio debería llamar a las organizaciones de derechos humanos, a los colegios profesionales y hacer una especie de concurso público para establecer de qué manera se iba a establecer para recordar la memoria de los 30 mil desaparecidos. Estamos reclamando que se cumpla con esa ordenanza. Ninguna de las administraciones municipales la ejecutó”, dijo a FM De la Calle, Dante Patrignani, secretario de derechos humanos de la central.

Semanas atrás retiró el cartel de Memoria Verdad y Justicia. “Como son tan exigentes con el cumplimiento de las ordenanzas, como me dijo el secretario de Espacios Públicos en su momento que deberíamos conocer las ordenanzas para poner un cartel”, pretenden que la comuna cumpla con la 15.190 aprobada en 2009 por el Concejo Deliberante.

Patrignani agregó que “vamos a hacer una campaña de firmas personales, además de las organizaciones que acompañan la nota. Mientras tanto consideramos que el cartel que pusimos vino a suplir al falencia por parte de la Municipalidad y pedimos que se habilite para volver a colocarlo”.

“Pedimos una entrevista con el intendente para discutir esto. Históricamente es el lugar de la memoria en Bahía Blanca, desde el primer mural con los nombres de los desaparecidos de la ciudad siempre fue un lugar emblemático”, señaló.

Por último, en relación a la sentencia por el juicio a integrantes de la Triple A por crímenes de lesa humanidad que se conocerá el 2 de agosto, mencionó que “tenemos acordado llamar a quienes quieran participar, los que no puedan ingresar a la sala, hacerlo desde la calle, acompañar esto con las imágenes de víctimas de la Triple A y hacer un acto y reconocimiento. Entendemos que debe haber una manifestación pública”.

Con mentiras y descalificaciones respondió el ministro de Seguridad, Sergio Berni, a la consulta sobre el estado de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro. “Hablemos claro, la justicia determinó lo que pasó, después hay una contraparte que no quiere aceptarlo y recusa permanentemente”, afirmó el jefe de la Bonaerense.

“Tremendo mansplaining recibí”, dijo la periodista Catalina De Elía luego de la entrevista en el programa “Fuego amigo” en referencia a las intervenciones machistas del funcionario que la trató de mal informada y le intentó explicar el funcionamiento de la justicia.

Berni agregó que “quienes acusan son los fiscales, un juez determina si lo que acusan tiene coherencia y verosimilitud para avanzar en la investigación. La jueza ha dicho, en todas y cada una de las oportunidades que los fiscales pidieron ridiculeces, señores esto no existe”.

La Cámara Federal bahiense efectivamente rechazó las quejas contra la jueza Gabriela Marrón presentadas por la Fiscalía. Por eso, Horacio Azzolín, Iara Silvestre y Andrés Heim, esperan una definición por parte de la Cámara de Casación.

En cuanto a las medidas probatorias que Marrón rechazó sistemáticamente, la Alzada tuvo otra postura. En febrero habilitó el secuestro de celulares de varios policías y un nuevo allanamiento en Origone en base a indicios que la jueza no quiso ver: el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el patrullero que el 30 de abril conducía Alberto González, en ese momento a cargo del puesto policial de Origone; el amuleto de Facundo encontrado en un viejo calabozo del mismo lugar y la declaración de una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado a funcionarios municipales comentar que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer.

“Todas las veces que se recursó (sic) a la Cámara e inclusive intentaron sacarla, la Cámara dijo que lo que está haciendo hasta acá es correctísimo. Y para la semana que viene le voy a traer un regalo”, dijo Berni. Según sus palabras, se trataría de “una información bastante interesante”. La periodista destacó la necesidad de “que la mamá de Facundo sepa qué pasó con su hijo” porque “la justicia todavía no lo dijo”.

Por otro lado, el ministro afirmó que “la justicia federal tomó la causa no de manera inmediata sino pasado un tiempo, la estaba llevando adelante la Policía de la provincia de Buenos Aires” y agregó que el día que aparataron a la fuerza a su cargo “lo estábamos buscando en el lugar donde se encontró el cuerpo”.

Cabe aclarar que la Bonaerense fue separada en el momento en que se evidenciaron las sospechas sobre algunos de sus integrantes y se comenzó a investigar los hechos como una posible desaparición forzada.

Previamente, la policía de Berni intentó sostener que Facundo había llegado a Bahía Blanca, que se lo había visto vendiendo bolsitas de residuos o que tenía vínculos con el narcotráfico. De hecho, recurrió a uno de los suyos: Jorge Agustín Galarza se presentó ante Fiscalía como un vecino de Cerri que había estado en contacto con el joven, quien le habría dicho que iba camino a Ing. White y luego a Devoto.

Por otra parte, fueron Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores -dos de los policías sospechados- quienes llevaron a la testigo H a la Policía Federal y al fiscal Santiago Martínez. La mujer declaró que levantó a Facundo en la ruta y lo acercó hacia nuestra ciudad en un testimonio que se contradice en varios puntos con el del oficial González. 

Tampoco se privaron los hombres de Berni de intimidar y perseguir a amigos y familiares de Facundo para que se hicieran cargo de “algo” que justificara su desaparición como denunció, Marcelo González, ex cuñado del joven de Pedro Luro.

Durante los últimos días, la causa que investiga la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro incorporó nuevas medidas de prueba que contradicen la hipótesis de una muerte por accidente en la ría de Bahía Blanca y obligan a profundizar la investigación sobre la participación de los agentes de la Policía bonaerense en el hecho.

A instancias del Ministerio Público Fiscal, la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se realizó un nuevo reconocimiento al lugar donde fueron hallados los restos óseos. El fiscal Horacio Azzolin y la fiscala federal de La Pampa Iara Silvestre –designada en la causa en reemplazo de Ulpiano Martínez– estuvieron en el lugar y acompañaron el recorrido que realizaron las personas que encontraron los restos óseos y dieron aviso a las autoridades.

Durante ese reconocimiento, uno de los pescadores dio precisiones sobre las características de esa zona de la ría, que visita asiduamente desde hace más de 20 años: “Podés caminar hasta la vera del agua sin enterrarte, sólo te vas a embarrar”, describió. Y agregó que “tendrías que ingresar más de diez metros a la ría para que el agua te llegue a la altura de la rodilla”. Sobre el lugar específico en donde se encontró el cuerpo, el pescador reconoció también que, cuando la marea sube, sólo queda cubierto por unos pocos centímetros de agua.

Estos nuevos elementos en la causa significan, prácticamente, descartar la hipótesis de un accidente que pueda haber sufrido Facundo mientras caminaba por la zona de cangrejal. Hipótesis que sigue construyendo la jueza federal María Gabriela Marrón y cuya única prueba para justificarlo era un informe del Instituto Argentino de Oceonografía (IADO) que, sin ningún tipo de rigor científico, aventura hipótesis sobre un posible recorrido de Facundo para concluir que se trató de una muerte accidental. Un informe que fue rechazado y recusado por el Ministerio Público Fiscal y aún así incorporado por la jueza.

El testigo también recordó que, además de los restos óseos, habían encontrado a pocos metros una zapatilla y otras prendas de vestir. En su momento, les señaló esos elementos al fiscal federal Ulpiano Martínez –a cargo de la instrucción– y el subcomisario de la Policía Federal José Pérez que dirigieron el operativo el día del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, los funcionarios incumpliendo con sus obligaciones, no secuestraron esas pruebas. Recién al día siguiente, cuando ya estaba en el lugar el Equipo Argentino de Antropología Forense, la mamá de Facundo, Cristina Castro, vio la zapatilla y se ordenó su secuestro para la causa.

Cabe recordar que, a partir de una presentación de la CPM, ya existe un expediente en la Procuración General de Nación por mal desempeño en las funciones del fiscal Ulpiano Martínez. Con esta declaración se ampliará esa denuncia, se solicitará a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Nación la investigación sobre la actuación de Pérez y se presentará una denuncia penal para que se investigue la conducta de ambos funcionarios.

Por otra parte, recientemente se incorporó a la causa la pericia sobre los trozos de piedra de turmalina hallados en el puesto policial de Teniente Origone y en el baúl del móvil de la Policía Local de Bahía Blanca que según el registro de AVL, el 8 de mayo del año pasado estuvo varias horas en la zona del cangrejal donde semanas después se encontraron los restos óseos de Facundo. El informe pericial determinó que había coincidencias entre los dos trozos analizados, que por otro lado fueron encontrados a partir del señalamiento de uno de los perros rastreadores que intervinieron. Cabe recordar que al momento de la desaparición, Facundo llevaba en su cuello un colgante con una piedra de turmalina.

También se conocieron los primeros resultados de nuevas pericias a los teléfonos celulares incautados a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Xiomara Flores, Jana Curruhinca, Alberto González y Mario Sosa; los cuatro efectivos que tuvieron contacto con Facundo el día que fue visto con vida por última vez. Sobre el peritaje sobre estos teléfonos, el informe realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) destaca el particular contacto entre González, el policía que estaba cargo del destacamento de Teniente Origone y detuvo a Facundo en la ruta el 30 de abril, y sus superiores.

También resalta un comentario que hace sobre su declaración ante la Ayudantía Fiscal a cargo de García Dimas, donde tramitó en un principio la causa antes de pasar al fuero federal. “Después de eso es que me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”, escribió.

Como ocurrió en peritajes a teléfonos anteriores, hubo mucho material que no pudo recuperarse porque había sido eliminado por los policías, las aplicaciones desinstaladas o, incluso, dadas de baja las líneas telefónicas. Todavía restan los peritajes sobre los últimos teléfonos secuestrados en el allanamiento a la casa de Flores y Sosa.

“A pesar de los intentos por entorpecer la investigación, que las querellas venimos denunciando desde hace tiempo, tanto en la actuación del fiscal Ulpiano Martínez y la Jueza Marrón, aún se sigue produciendo pruebas valiosas y que no hacen más que ratificar la hiper intervención policial en torno a los hechos de esta causa, en la desaparición el 30 de abril y en las circunstancias en que se encontró el cuerpo de Facundo”, señalaron desde la CPM.

En se sentido, la Cámara de Casación debe aún resolver el pedido de recusación de la jueza Marrón realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Andar.

Fotos: Luciano Peretto y Cristina Castro.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) envió a la Fiscalía un informe sobre los datos obtenidos de los celulares de Mario Gabriel Sosa, Siomara Anyelén Flores, Jana Curuhinca y Alberto González. Habían sido entregados a Gendarmería el 19 de febrero.

En el marco de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, la justicia aún busca dispositivos utilizados por los agentes involucrados. De hecho, otros tres aparatos fueron secuestrados por orden de la Cámara Federal, en un allanamiento a la vivienda que comparten Flores y Curuhinca en Pradere.

“El diablo en persona”

Según la pericia de la DATIP, del equipo Samsung SM-701M aportado por Sosa se extrajo una tarjeta SIM Claro con una agenda de 99 contactos entre los que se prestó particular atención al de Flores -“Amor”-, al del comisario Luis Alberto Godoy, jefe de turno de la Estación de Policía Comunal Villarino 1° y a otro identificado como “Berrios”.

Roberto Carlos Berrios fue uno de los primeros agentes señalados en el marco de la búsqueda de Facundo por sus antecedentes de hostigamiento contra les pibes del Semillero Cultural.

El subteniente fue trasladado el 8 de julio de 2020 desde la Estación Policial 2° de Mayor Buratovich -donde se desempeñaba desde octubre de 2011- a la Policía de Seguridad Departamental de Bahía Blanca y, una semana después, a la Comisaría 7° bahiense.

Consta en su legajo que está casado con Paola Fabiana Aguilera, oficial de la Unidad de la Policía de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca, sede de la cual se secuestraron los libros de guardia y el Toyota Etios donde se encontraron restos de una piedra turmalina similar a la del collar de Facundo.

Cristina Castro declaró en septiembre que durante un rastrillaje vio llegar un patrullero desde Médanos, del cual bajaron el comisario Marcos Navarrete y Berrios. “Cuando lo vi le dije a Luciano (Peretto) ‘a mi flaco me lo mataron, me lo mataron acá. Esa persona que viene ahí es el diablo mismo en persona. Es el mismo oficial que ha hostigado y maltratado tantos años a los chicos del Semillero Cultural al que asistía Facundo acá en Pedro Luro’. Se reía y tuvo el descaro de ir a saludarme y darme la mano”.

Recordó que en Luro no tenían dónde denunciar a la Bonaerense “cuando llamaban las mamás que los peques estaban en la comisaría porque Berrios los cagaba a patadas, junto a otro oficial que había en Pedro Luro. Los golpeaba y les decía negros chorros, drogones. Se los subía arriba del patrullero y se los llevaba a la comisaría”. Castro mencionó que el subteniente “fue a la primera persona que apartaron y la llevaron a Bahía Blanca” y que, años atrás, había estado involucrado en otro “incidente feo” con Facundo. A su hijo le tocaron la rueda de atrás de la moto, cayó y lo trasladaron al hospital. La moto quedó intacta y fue levantada por la policía. Cuando la fueron a retirar del corralón “estaba destruida. Toda golpeada y rota por todos lados”.

Respecto al comisario de Médanos, Luis Alberto Godoy, cabe destacar que fue quien tomó testimonios relevantes durante la primera etapa de la causa junto al sargento Dmitrij Janovskis, quien el 8 de mayo de 2020 fue destinado a Origone con Alberto González. Los tres están sospechados de haber manipulado el libro de inspección y visita del Puesto de Vigilancia donde se encontraron el amuleto y otros objetos de Facundo.

¿Dónde están las fotos?

Jana Curuhinca entregó un celular Samsung SM-A605GN del cual no se pudo extraer información porque la pantalla no funcionaba y otro marca XIAOMI Redmi M2003J15SS en el cual, si bien presentó dificultades, se pudo constatar la existencia de imágenes fechadas a partir de agosto de 2020.

“No se encontró ninguna de las cuatro fotos originales que Jana Curuhinca le habría sacado a Facundo José Astudillo Castro el 30/04/2020. En consecuencia, las fotos originales de Facundo y de su DNI, presuntamente tomadas por Curuhinca (y los metadatos que indiquen fecha, hora y eventualmente lugar) aún no han sido halladas”, destacaron los peritos.

Una luz en el camino

Alberto González entregó un celular SAMSUNG SM-G532M con una tarjeta SIM Movistar. El análisis de su contenido permitió identificar otro número de abonado a partir de un testimonio recogido durante el operativo de secuestro de la libreta con anotaciones sobre Facundo y sobre la testigo H.

En otros chats, el policía de Origone coordina un encuentro en su casa del barrio Patagonia Norte con el editor de La Brújula, Germán Sasso, quien le realiza consultas referidas a la zona en la cual detuvo a Facundo. “Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. La verdad, fuiste una luz en el camino oscuro que tuvimos”, agradece el Bonaerense a quien “nos pone más inocente”.

Con Sosa coordinan para firmar la designación del abogado del Municipio de Villarino, Sebastián Martínez, como defensor de los cuatro sospechados y la asistencia de un psicólogo a cuenta del gobierno provincial que acerca Federico Montero, delegado del ministro Sergio Berni.

González le cuenta al responsable de La Brújula que había sido citado junto a todos los jefes de dependencia a Médanos donde “Navarrete nos empieza a cagar a pedos”. “Se la agarra conmigo, me dice que yo tenía que saber (…) que él había pasado por ahí, que yo lo tenía que haber visto. Un estúpido Navarrete porque te imaginás no me voy a poner en la ruta a ver quién pasa y quién no pasa”.

Según el policía, relacionó el día con la descripción de Facundo y llamó a su ayudante para que le acerque su libreta. “Yo más que nada para taparle la jeta a Navarrete y le dije ‘ves que me cagás a pedos a mí al pedo si yo tengo acá todo anotado, yo lo paré y tengo todo, es más yo le aviso a Reynoso por teléfono que el pibe iba para Bahía’. Y, claro, ahí se destapa toda la olla, te imaginás, Reynoso quedó como un estúpido (…)”.

A partir de allí, afirma González, lo mandan a declarar a la Ayudantía Fiscal a cargo de Dimas García. “Como que se sacaron un poco el peso ellos de encima, porque hasta ese momento no tenían nada, ninguno. O sea, al ser yo el último que lo para y aportar todos los datos que yo aporto, es como que zafan todos del cuello porque si no estaban todos hasta las manos, tanto Navarrete como Grilloni que era el jefe de Luro. Los cagaban a pedos de la departamental, había un quilombo bárbaro”.

“Después de eso es que me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”.

Esta última referencia llamó la atención de los peritos informáticos y sumó contradicciones a la coartada de González. En la fotocopia de la hoja de la libreta aportada a la justicia el 2 de julio de 2020 sí está anotada la patente del vehículo en el que la testigo H diría luego haber trasladado a Facundo. En la misma libreta puede leerse arriba del número de chapa “HR-V GRIS”. Sin embargo, el 22 de julio González le dice a Janovskis que él nunca afirmó que Facundo se había ido “en una Honda” sino que “siempre sostuve lo mismo (…) para mí era una Oroch”.

“¿De dónde la vamos a conocer?”

Finalmente, el 14 de julio, con la causa ya en manos de la justicia federal, González chatea con el comisario Reynoso, con quien mantuvo reiteradas comunicaciones el día de la detención y desaparición de Facundo.

En este caso se refieren a la “aparición” de la testigo H, la productora rural cuyo testimonio aportaron los sospechosos Sosa y Flores. La declaración la tomó la Policía Federal y la incorporó al expediente el fiscal Santiago Martínez sin notificar a la querella. La Federal, al igual que la Bonaerense, terminaría apartada de la investigación por reiteradas irregularidades. El fiscal, denunciado y autoexcluido por “violencia moral”.

González afirma que con la testigo “prácticamente, zafamos (…) porque la mina no nos conoce, no tiene ninguna clase de relación con nosotros”. Reynoso responde: “Los de Burato por ahí la conocen, si es que alguna vez la pararon, alguno la puede conocer de ahí, pero nada más. ¿Vos de dónde la vas a conocer? Sos de la otra punta, yo estoy de este lado ¿De dónde la vamos a conocer? Pero bueno, gracias a Dios apareció”.

“Está bueno que (la declaración) no la tomamos nosotros, para que después no digan que la salimos a buscar. Aparentemente llegó una información, se comunicó al Juzgado Federal y una comisión de la Policía Federal, mientras se hacían los rastrillajes”, dice González y se ubica “fuera de sospecha”.

El silencio del jefe

Entre la información obtenida en el celular XIAOMI Redmi M1908C3JG y la tarjeta SIM Claro entregada por Siomara Flores, los técnicos destacaron las referencias a la desinstalación de la aplicación WhatsApp, al intercambio de notas sobre la búsqueda de Facundo con sus hermanas y otros policías y a la preocupación por la salud mental de su hermana Jana.

Son reiterados los mensajes que intercambia con Sasso, a quien, por ejemplo, menciona que los policías que fueron a constatar el domicilio de Facundo luego de su primera detención por infringir el art. 205 habrían sido los oficiales Nadia Soledad Maraz y Marcelo Condori, nombres que no constan en el acta firmada por la oficial inspector Tamara Becerra.

Por otro lado, comenta que el policía que habría parado días antes de la desaparición de Facundo “a la productora rural por un tema de tránsito” fue “Marcelo González” y que desinstaló su WhatsApp el 9 de mayo de 2020 ante supuestas amenazas de dos “malandras” vinculados a robos en la zona.

En un grupo compartido con sus hermanas Jana y Y. comentan notas sobre la desaparición de Facundo al igual que lo hace con su pareja -“Mi hermosito”- Mario Gabriel Sosa.

Al comisario inspector Marcos Navarrete -padre de su hijo y jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Villarino- le pregunta si recuerda cuándo había desinstalado su WhatsApp y le pide ayuda para que le saquen el arma a su hermana por la mala situación anímica que atraviesa. Lo mismo hace con el ahora ex jefe de la Estación de Policía Comunal de Villarino 2°, Fernando Gabriel Grilloni, a quien además le pregunta si su hermana podía entregar a la Policía Federal un celular roto que utilizaba “antes que pase esto del chico” para que recuperen los datos y “que sepan que no hicimos nada”. El jefe nunca le responde.

El director de Espacios Públicos, Pablo Bianco, solicitó a la CTA el retiro del cartel que señaliza la Plaza Lavalle/del Sol como Plaza de la Memoria y la Resistencia. Sin embargo, antes de recibir respuesta mandó quitarlo del lugar.

Hace más de una década, la reactivación de obras en el edificio de Saavedra y O’Higgins eliminó el paredón que tenía inscriptos nombres de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado. Por ello, el 10 de marzo de 2009 el Concejo Deliberante ordenó implementar un sitio de la memoria en la plaza. Desde entonces, la normativa fue incumplida por todos los gobiernos comunales.

“Bianco me dijo que tenía que sacar el cartel porque no tenía permiso. Le contesté que dábamos por descontado que no nos iban a dar el permiso y que la militancia de los derechos humanos nunca pidió permiso a los poderes de turno”, dijo a FM De la Calle Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la central.

Agregó que Bianco fue “muy duro, me dijo ‘si lo sacan ustedes lo conservan si no lo sacamos nosotros’. (…) Le dije que le hacía una nota solicitando el permiso. Me dijo que no. Le dije, a modo de anécdota, tantas chanchadas que hicieron en el espacio publico y me venís a reclamar esto y me contestó: una cosa no justifica la otra”.

El secretario de Derechos Humanos de CTA declaró que quitaron la señalización “en menos de 24 horas sin siquiera poder charlarlo entre nosotros. Al día siguiente, a la mañana temprano, una cuadrilla de la Municipalidad se lo llevó. Acá hay una cuestión ideológica detrás, la fuerza política que gobierna la ciudad ha tenido una política de negar los crímenes de la dictadura, de ralentizar los juicio de lesa humanidad”.

“El mismo día (que se quitó el cartel), en la sesión del Concejo Deliberante la bancada oficialista se negó a aprobar una declaración relacionada con el asesinato del estudiante David ‘Watu’ Cilleruelo, víctima de la Triple A, si la oposición no votaba el aumento del boleto de colectivo. Con la bajeza que los caracteriza pretendieron usar su nombre como moneda de cambio por una medida a todas luces impopular”, manifestó la CTA en un comunicado.

Patrignani agregó que “tiene el mismo trasfondo ideológico, las declaraciones formales los 24 de marzo las hacen para quedar bien, no tuvieron nunca un compromiso con la política de derechos humanos. Si bien el nombre Plaza de la Memoria y Resistencia no es oficial vamos a ver si pedimos que se la rebautice por ordenanza”, dijo Patrignani.

Doce años de incumplimiento municipal

La Ordenanza 15.190, promovida por Norberto Martínez (Integración Ciudadana), insta al Municipio a convocar “a las organizaciones de derechos humanos y agrupaciones interesadas en la temática, como así también a los colegios profesionales a conformar una comisión que proponga los elementos valorados para el llamado a concurso de propuestas para la implementación del lugar”.

También autoriza a la comuna a “llamar a concurso de propuestas para la realización de un proyecto tendiente a erigir el denominado Sitio de la Memoria”.

El fiscal a cargo de la Fiscalía General de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, y la titular de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, solicitaron que no se hiciera lugar al recurso de apelación interpuesto por el Partido “NOS” de la provincia de La Pampa contra la decisión del Juzgado Federal de Santa Rosa que había rechazado la demanda de inconstitucionalidad promovida por la organización política contra la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“El planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”, afirmaron.

El y la representante del MPF argumentaron que la demanda no ha demostrado la existencia de un caso individual ni colectivo y que los demandantes no tienen legitimidad, al tiempo que ingresaron en el fondo del asunto, para lo cual analizaron la normativa nacional e internacional.

El planteo de inconstitucionalidad realizado el 1° de febrero por los representantes del partido NOS de La Pampa había sido rechazado en marzo por el juez federal Juan Jose Baric, en concordancia con lo solicitado por la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Iara Jésica Silvestre.

La fiscala había remarcado la constitucionalidad de la IVE, haciendo un recorrido sobre distintos pronunciamientos del derecho internacional sobre el tema, y cuestionó la procedencia de la demanda, ya que no había un caso concreto que les cause un perjuicio tal que amerite la utilización del último recurso posible respecto de una ley.

Ante la apelación interpuesta por el presidente de la organización política, Azzolin y Labozzeta expresaron su coincidencia con lo dictaminado en primera instancia por Silvestre y ampliaron los fundamentos sobre el fondo del asunto.

La falta de caso y de legitimación para accionar

Ante los argumentos de la parte demandante de que la ley de IVE lesiona un derecho de incidencia colectiva, el y la representante del MPF sostuvieron que la cuestión no puede ser abordada en el marco de una causa colectiva, ya que “un bien colectivo es aquél que pertenece a toda la comunidad, por lo que es indivisible y no admite exclusión alguna; en el caso de la ley 27.610, no se encuentran en juego los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, ni ningún otro de incidencia colectiva”.

En ese sentido, Azzolin y Labozzeta expresaron que, al no verificarse la existencia de un caso en el que se compruebe una lesión concreta a un derecho individual o colectivo, “el planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede entonces ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”.

Es decir, que para que haya competencia del Poder judicial, se requiere que la demanda “se funde en la existencia de una afectación concreta de un derecho constitucional, haya derechos lesionados o una amenaza seria de daño”.

Por otra parte, remarcaron la falta de legitimidad de quienes realizan el reclamo, ya que se trata de un partido político que no solo no ha sido hasta el momento constituido, sino que además las personas que lo integran “carecen de representación partidaria en el Congreso de la Nación para impugnar genéricamente los términos de una ley que regula con detalle el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente su embarazo”.

Añadieron que “es desmesurado pretender que diez personas que no representan a los ciudadanos de su provincia para debatir una ley nacional puedan hacerlo ahora en los tribunales”.

Marco general de derechos en juego

Azzolín y Labozzetta se expresaron sobre el fondo del asunto, haciendo referencia a los distintos instrumentos del derecho internacional en los que se inscribe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y al libre desarrollo de vida de las personas gestantes.

Al respecto sostuvieron que “de acuerdo con la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el derecho a la vida consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) es compatible con normativas internas que despenalicen el aborto voluntario”.

Agregaron que estos órganos señalan que las elecciones y las decisiones en relación con la maternidad “forman parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” y, por consiguiente, que “la decisión de ser o no ser madre o padre pertenece a la esfera de las decisiones autónomas de los individuos respecto a su vida privada y familiar”.

El fiscal y la fiscala titular de la UFEM pusieron de relieve el caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica”, en donde, si bien no se abordó un caso de aborto sino de fecundación in vitro (FIV), se discutió el derecho a la vida. Recordaron que la Corte IDH puntualizó que todo ser humano debe poder “auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia”, por lo que “juega un papel fundamental el principio de la autonomía de la persona”.

En este sentido, remarcaron que la Corte IDH ha entendido que la salud sexual y reproductiva “se relaciona, por una parte, con la autonomía y la libertad reproductiva, en cuanto al derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y discriminación. Por el otro lado, se refiere al acceso tanto a servicios de salud reproductiva como a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer su derecho a decidir de forma libre y responsable el número de hijos que desean tener y el intervalo de nacimientos”.

Azzolin y Labozzetta también citaron pronunciamientos de otros organismos internacionales:

  • Remarcaron lo sostenido por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) respecto a la necesidad de “que se tomen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad”.
  • Añadieron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6.1 tampoco refiere desde cuándo debe entenderse que comienza la vida y que el Comité de Derechos Humanos, organismo encargado de vigilar el cumplimiento de este tratado, ha analizado la cuestión del aborto como un tema de derechos de las mujeres en las observaciones generales N°28 y N°36 y en los casos “K.L. vs. Perú” y “L.M.R. vs. Argentina”.
  • Pusieron de relieve que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 12 el derecho a la salud integral y que “esta obligación internacional se hace efectiva con la atención sanitaria a través de los funcionarios públicos del Estado”. Citaron al respecto la Observación General N°22 y recordaron que en su 46° período de sesiones (2011), el Comité indicó como uno de los principales motivos de preocupación en el Estado Argentino que los abortos no medicalizados seguían siendo una de las principales causas de mortalidad materna. El organismo, señalaron, recomendó adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto legal, a fin de reducir el número de muertes maternas evitables, y que se garantice el acceso a instalaciones, suministros y servicios de salud para reducir los riesgos previos y posteriores al aborto.
  • Destacaron que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Observación General Nº 3/2016, puso de manifiesto que suele negarse a este colectivo “el acceso a la información y la comunicación, incluida una educación sexual integral, sobre la base de estereotipos nocivos que suponen que son asexuales y, por tanto, no necesitan esa información en igualdad de condiciones con las demás”.

Por otro lado, la fiscalía recordó el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema, donde el máximo tribunal se expidió sobre la constitucionalidad y convencionalidad de los abortos despenalizados desde 1921 en el Código Penal e interpretó que la referencia del inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional a un marco normativo de protección social al niño desde el embarazo “integra un supuesto concreto del mandato del constituyente para que se establezcan, en general, políticas públicas promotoras de derechos humanos” y que “de dicha norma no se deriva ninguna clase de deber u obligación constitucional de prohibir los abortos no punibles”. La Corte, recordaron Azzolín y Labozzetta, citó al respecto al jurista Carlos Nino, quien afirmó que “de la dignidad de las personas, reconocida en varias normas convencionales, se desprende el principio que las consagra como un fin en sí mismas y proscribe que sean tratadas unilateralmente”.

Por eso, indicaron el fiscal y la fiscala, “puede afirmarse que la pretensión de exigirle a una persona que lleve adelante un embarazo forzado es violatorio de su dignidad como persona”.

En el final, el fiscal y la fiscala señalaron que, en el debate de la ley 27.610, el cuerpo legislativo tuvo en cuenta y sopesó el conflicto entre los derechos e intereses en juego, en procura de otorgarles un adecuado equilibrio, como consecuencia de lo cual se dictó la ley.

“Por tal razón, cuando se controla la constitucionalidad de la ley, los tribunales deben hacer un estricto juicio de ponderación y proporcionalidad entre el interés por la protección de la vida intrauterina, y los derechos a la autonomía sexual y reproductiva, a la igualdad y a la vida libre de violencias, a la vida y a la integridad psicofísica de la persona gestante, en las particulares circunstancias de cada caso”, dictaminaron.

En tal sentido, sostuvieron que esta ley como otras legislaciones “estipulan diversos niveles de protección, de acuerdo con la evolución de la vida intrauterina”, y señalaron que “los legisladores argentinos entendieron que el valor de la vida intrauterina antes de la semana 14 de gestión no justifica imponer a las personas gestantes la carga extraordinaria de seguir adelante con un embarazo no deseado”, pues “esa carga implica relegar el ejercicio de su vida privada, su autonomía sexual y reproductiva, así como sus derechos a la igualdad y a la vida libre de violencia”, e incluso puede “poner en riesgo el derecho a la vida de las mujeres porque la experiencia evidencia que la prohibición del aborto induce a las personas gestantes a recurrir a abortos no seguros”.

La Comisión por el reconocimiento académico de David “Watu” Cilleruelo denunció que el concejal Federico Tucat (JxC) pretendió utilizar como “moneda de cambio”, para la aprobación del aumento del boleto del transporte, el apoyo a una adhesión al pedido para que la UNS entregue el título honoris causa al dirigente asesinado por la Triple A.

“Nos parece repudiable este toma y daca en este tipo de iniciativas de memoria y justicia por una víctima del terrorismo de Estado”, dijo a FM De la Calle, Gabriel Cena, desde el colectivo de organizaciones.

Mencionó que tomaron conocimiento a través del concejal Walter Larrea (FdT) del pedido para que el bloque opositor habilite el tratamiento sobre tablas del aumento del transporte. “Entendemos que el parlamento local tiene mecanismos de acuerdo pero no todo es negociable”.

En un comunicado, la Comisión manifestó que “estas expresiones demuestran la praxis de una política no solo intimidatoria, sino carente de sensibilidad, sentido histórico y de una mínima ética de reconocimiento de nuestros asesinados y desaparecidos. Invocar el nombre de David Cilleruelo como moneda de cambio pone de manifiesto una concepción de la política sujeta a la lógica de mercado en la que el valor de cambio arrasa con los valores humanos.”.

Consultado por FM De la Calle Tucat reclamó “a quienes enviaron ese comunicado que rectifiquen y pidan disculpas porque lo que dicen es mentira y lesionan gravemente la memoria de lo que pretenden reivindicar”.

“Es una falta de respeto no solo a mí, sino a toda la institución y la memoria de Watu. No se merece semejante mentira y boludeo por algo que es tan importante como el título honoris causa”.

En cuanto al condicionamiento insistió en que “es mentira” y “no hay negociación posible si el proyecto no está pedido”. “Lo que nosotros sí dijimos, esto si fue parte de labor parlamentaria, es que entre los otros expedientes solicitados (por el FdT) -donde no estaba el de Watu- íbamos a dar el acompañamiento para el ingreso y no el acompañamiento sobre tablas, dado que no eran expedientes urgentes. Considerábamos que es urgente el tratamiento del boleto”.

Por su parte, Walter Larrea declaró que “es cierto que no estaba formalmente presentado. No sé si es así en términos de condicionamiento pero dijeron: el bloque nuestro tiene una postura, no nos están dando el tratamiento del boleto y nosotros no le vamos a aprobar nada”.

“No lo presentamos porque, incluso admitiendo que pudo haber algún error administrativo, si hay acuerdo de tratar un expediente se incorpora. No es que lo sacamos de la galera, se viene conversando de hace tiempo, lo hablé con (Nicolás) Vitalini, (Marcos) Streitemberger y con el propio Federico (Tucat)”.

Por último, Larrea afirmó que su postura fue “no presentemos si no van a acompañar, vamos a manosear un expediente que tiene mucho valor simbólico”.

“El de Colombia es un gobierno democrático que tiene metodologías exactamente iguales al terrorismo ejercido por la dictadura cívico militar eclesiástica en los años 70 y hasta el 83 en Argentina: se están cometiendo asesinatos, desapariciones, habilitan centros comerciales como centros de torturas y y detención”, describió a FM De la Calle Pablo Pimentel.

El titular de la APDH La Matanza integró la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de DD.HH. que viajó para recabar testimonios sobre la represión del gobierno de Iván Duque.

En ese escenario jugará esta tarde la selección argentina de fútbol por las eliminatorias del Mundial de Qatar. Con el hashtag #LaPelotaEstaManchada se realizará un tuitazo durante el encuentro.

“Lo que va a pasar en Barranquilla es pan y circo, nuestro gobierno tendría que haber influenciado sobre la AFA para que no se haga partido ahí, están matando la gente afuera. Tiene que haber empatía del deporte popular, la mayoría de los jugadores nacieron en barrios populares”, dijo Pimentel.

Agregó que “tendría que haber una toma de conciencia de los jugadores y plegarse al paro. Mientras estén matando al pueblo afuera no podemos presentar un acto deportivo que tiene que ver con la recreación, es un mal ejemplo para la juventud. Colombia es un país muy futbolero. El pueblo lo está reclamando, sobre todo los jóvenes de la primera línea que van de 16 a 21 años”.

“Quieren una Colombia libre de violencia, de marginalidad, apuestan a un candidato que proviene de la izquierda, de la guerrilla. Lo que está viviendo Colombia es el fracaso del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016. La esperanza es que llegue vivo al año que viene, fíjense cuál es la máxima de los que apoyan a este candidato. La vida está degrada, hay un montón de organismos de derechos humanos, nos tienen como referencia. Un poco por lo vivido con Madres y Abuelas, hemos marcado un camino de que deben juzgarse adentro las atrocidades de gobiernos fascistas”, sostuvo.

La Misión contabilizó “70 asesinados por la policía y grupos paramilitares amparados por la policía, delitos sexuales, invasión a la propiedad privada. Gente que murió de ataque al corazón por haber sido allanado por el ESMAD que es un grupo parecido al GAD de acá, fuertemente armado”.

El día a día en Colombia “se llevaba adelante con mucha responsabilidad y organización, charlas organizativas ante cada punto de paro, comités de apoyos, comerciantes que apoyan las ollas populares. Los jóvenes decían preferimos estar acá y no en nuestras casas que comemos una a vez al día, acá comemos 2 o 3 veces por día”.

El dirigente subrayó la connivencia empresarial con la estructura represiva: “Fuimos a 5 ciudades, me tocó Cali, al costado de Éxito -una cadena de supermercados- ahora funciona como acopio de infraestructura militar, previo a cada represión se habilitan los sótanos para detener a la gente, los persuaden para que dejen el paro, intentar blanquearlos, negocian con las fiscalías y a otros los desaparecen, han aparecido en ríos flotando o en basurales. También se ve cómo la policía es aliada de grupos paramilitares y balean a civiles”.

“Ya se crearon las Madres del Dolor de los asesinados de hace 40 días, es un pueblo que ha dicho basta a un régimen narcoterrorista que responde exclusivamente a Estados Unidos, un país que ha visto descendientes que fueron por izquierda a cambiar la realidad injusta sumándose a grupos guerrilleros y, por derecha, creando grupos paramilitares para cubrir a los ricos que sigue sometiendo a la comunidad afro, indígenas y campesinos”.

Pimentel relató que “cuando dicen yo soy un desplazado, significa que han sido echados de sus territorios originarios, campesinos o afro y terminan en laderas de la montaña siendo una villa de material, con calles muy chiquitas. Les preguntábamos cómo van a hacer para que esto se pueda urbanizar, por qué no se planifica cuando hay una toma. Ellos dicen no podemos porque primero está salvar la vida y comer”.

El ex presidente Andrés Pastrana señaló a la Misión como parte de un supuesto plan de desestabilización del gobierno de Duque. Para Pimentel “eso responde a la debilidad de una política caduca. ¿Qué podemos desestabilizar 22 personas, de las cuales una no entró porque había una decisión política? ¿Qué podemos desestabilizar haciendo un relevamiento y acompañando?”.

La Cámara Federal ordenó el allamiento del domicilio de Jana Curuhinca y Siomara Flores, agentes de la Policía Bonaerense de Villarino investigadas por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

La Gendarmería Nacional interviene en la vivienda de Juan A. Pradere en busca de los celulares que no fueron entregados oportunamente. En el lugar se encuentran Cristina Castro y su abogado Luciano Peretto y Sebastián Martínez, defensor de Flores y Curuhinca.

“Un procedimiento más que tardó muchísimo. Gracias a la Cámara Federal a lo cual la jueza Marrón no tuvo más que actuar. Tendría que haber sido hace mucho tiempo, los teléfonos supuestamente algunos se habían caído al inodoro, otros muy deteriorados”, dijo la madre de Facundo a FM De la Calle.

Jana Curuhinca.

Agregó que les sorprendió la presencia del abogado defensor de las policías: “Estando yo tan cerquita de este pueblo, son cinco kilómetros de Pradere a Pedro Luro, tardé media hora en llegar y él que es de Bahía Blanca ya estaba adentro con estas mujeres”.

En febrero, la Cámara habilitó medidas de prueba que previamente habían sido rechazadas por la jueza federal Gabriela Marrón, quien pretende cerrar la causa con la hipótesis de muerte accidental.

Ante la apelación de la querella y las Fiscalías, la Alzada ordenó un nuevo allanamiento al puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de los celulares de los cuatro policías más comprometidos en el crimen.

La medida comprendía los teléfonos personales y oficiales que, durante el tiempo de la investigación, tuvieron o fueron asignados a los policías Alberto González, Mario Gabriel Sosa, Flores y Curuhinca.

Son los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, estuvieron en contacto con Facundo el día de la desaparición. Cabe recordar que el pedido de fiscales y querellantes incluía el secuestro de los celulares de más de 40 funcionarios policiales, entre ellos los superiores de los policías directamente involucrados en la investigación.

“Esperamos que surjan nuevas cosas, sabemos que el proceso es largo, que cada pericia lleva mucho tiempo en resolverse y obtener resultados. Pero esperamos poder empezar a pedir imputaciones y detenciones”, concluyó Cristina.

Un equipo de FM De la Calle informa desde el lugar.

Actualización 14:30. Terminó el allanamiento. Fueron secuestrados tres teléfonos celulares. Cerca de las 14 había arribado al luga, Mario Gabriel Sosa, otro de los policías investigados.

Una semana después del atentado a la sede de La Cámpora, la presidenta del bloque de Frente de Todos dijo a FM De la Calle que la teoría “del loquito suelto” no se sostiene y que pensaron el hecho desde la matriz represiva local. “En la AFI, en los juicios de la Triple A que estamos transitando en este momento, el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, esto es motivo de análisis político para adentro”.

“Hay bastante hermetismo en las investigaciones, aparecieron difundiendo videos de cámaras, se sabía que había 2 personas, un coche cercano, se supone que son 3 porque uno manejaba, el tipo de explosivo, el radio por el que habrían circulado. Lo peor que nos puede pasar es que quede la sensación de impunidad absoluta”, afirmó la concejala.

Ghigliani sostuvo que “es un claro hecho de violencia política, quiere amedrentar, silenciar y disciplinar. También lo ligamos a la violencia verbal que existe, estamos en un segundo año particular, donde todos estos discursos calan de manera distinta en las personas. Estás anunciando que tenés 17 millones de vacunas y generan una noticia falsa de 100 mil vacunas de Pfizer que no vinieron y hoy salió el titular del laboratorio a decir que esto no es así, así como con las vacunas con un montón de cosas”.

Por último, enfatizó: “No creo que mis oponentes sean todos lo mismo, hay un recorte muy sectorizado que alimenta este discurso”.

Son dos causas que la Unidad Fiscal bahiense calificó como emblemáticas. En una de ellas están acusados el médico Luis Fortunato Adalberti y el enfermero Adalberto Osvaldo Bonini por la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de 141 víctimas.

Los acusados realizaron la atención médica y sanitaria de las personas recluidas en el centro clandestino de detención y tortura (CCDT) “La Escuelita”. Será la primera oportunidad en que se juzgue, en esta jurisdicción, la participación de profesionales de la salud por su actuación en campos de exterminio.

En la restante causa se acusa a doce oficiales y suboficiales de la misma fuerza por abuso deshonesto en perjuicio de una víctima, cometidos durante su cautiverio en el CCDT que funcionó en el Batallón de Comunicaciones 181. También será la primera vez que en Bahía Blanca se juzguen delitos sexuales en causas de lesa humanidad.

Además de Fermento, intervienen en la causa el fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal subrogante José Nebbia.

Los funcionarios destacaron la importancia de que los hechos sean analizados desde una perspectiva de género, para lo cual solicitaron la citación de distintas testigos expertas en la materia.

Por otra parte, dictaminaron a favor de la concentración de la totalidad de los procesos por crímenes contra la humanidad radicados ante el mismo tribunal en un único debate, pedido que fundó en la coincidencia parcial de los objetos y sujetos procesales, la complejidad del fenómeno delictivo, la correlación entre los aportes criminales, las relaciones orgánicas dentro del aparato delictivo y la sistematicidad en la modalidad de comisión de los crímenes.

Además, consideraron que tal criterio es el que mejor se adecua a la pronta realización de los intereses fundamentales en estos procesos: por un lado, la declaración de las responsabilidades penales acreditadas en juicio y aplicación de sanciones adecuadas y, por otro, la importancia para víctimas y familiares de que los hechos lesivos se ventilen en un debate oral y público en el que puedan ejercer el derecho a ser oídas y obtener una reparación a través de un pronunciamiento por parte de las autoridades jurisdiccionales del Estado Argentino, sin perjuicio del interés de la sociedad argentina en la realización de estos debates.

De hacerse lugar a la acumulación, el proceso se encamina a la realización de un mega juicio –el más grande de los celebrados en esa jurisdicción– donde de juzgarán 42 imputados por los hechos que damnificaron a 175 víctimas.

A su vez, para lograr una mayor celeridad del debate, la Unidad Fiscal solicitó la adopción de medidas tales como la fijación de la mayor cantidad de audiencias por semana, con la mayor duración posible y la menor cantidad de interrupciones, siguiendo las Pautas para la actuación de los y las fiscales en la investigación de crímenes de lesa humanidad de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Fuente: fiscales.gob.ar