Guernica: hay que ponerse de acuerdo
(Por Astor Vitali) La represión sobre las familias que permanecieron en Guernica es un llamado de atención respecto de cuál es el rol de la política a la hora de resolver los problemas de vivienda enmarcados en la figura de toma. Se observan dos posiciones contrapuestas: la criminalización (que pregona la derecha, es decir, es un discurso de derecha) y la defensa del derecho al acceso a la vivienda (como discurso de lo que se denomina la centro izquierda o progresismo). Los intentos de puntos intermedios para adornar a unos y otros pensando en los futuros resultados electorales de próximos comicios llevan a la una encerrona en la que los únicos perjudicados son los sectores populares. ¿Se puede estar más o menos en una o en otra posición?
Unas doscientas familias, de ciudadanos y de ciudadanas de Argentina, entre quienes se encontraban niños y niñas, fueron invadidos por fuerzas de seguridad a cargo de un ministro (un ministro de un sistema democrático, armado) de la provincia de Buenos Aires que, vestido de Rambo hoy –y jugando a las escondidas ayer, cuando se levantaron sus subalternos-. Fue de madrugada. ¿Te vas poniendo en situación y en su lugar? Sufrieron en carne propia un operativo represivo abusivo. Destruyeron sus hogares precarios. Les prendieron fuego las dos o tres chapas que pudieron conseguir. Las imágenes son impactantes.
El ministro Sergio B(ulrich)erni, además, dejó en claro de que no se trata de un hecho aislado ni se trata de que “lo ordenó la justicia” sino de la construcción de un mensaje cuidadosamente emitido hacia las millones de familias sin techo argentinas porque no se privó de subir la cámara nada menos que de TN para transmitir un espectáculo vergonzoso para la tradición democrática Argentina.
El gobierno de Axel Kicillof intenta despegarse arguyendo que “lo ordenó la Justicia”. Hace cien días que venían negociando mediante las gestiones del ministro Larroque. Unas seiscientas familias, dice el gobierno, aceptaron las ofertas. Desde la toma, lo niegan y sostienen que si no había solución para el conjunto sólo se acordaba retiro momentáneo. Lo concreto es que al menos doscientas decidieron permanecer en la toma.
Si bien es cierto que el desalojo lo ordena la inJusticia, no menos cierto es que el control de la fuerza pública está en manos de un ministro, es decir, del poder ejecutivo provincial. El cómo se reprime es una decisión política. La responsabilidad de no haber ofrecido nada que convenza a los cuatro barrios de la toma después de cien días de negociación es del gobierno y de su vocero Larroque, quien decide culpar a un par de dirigentes de izquierda.
Cualquiera que no repita titulares de medios y se preocupe en conocer cómo funcionan las situaciones de toma sabe que si una oferta concreta del gobierno hubiera sido lo que las familias necesitaban, por más dirigencia de izquierda que exista en un lugar, las familias aceptan porque lo que buscan es resolver su problema de vivienda; no están buscando armar el soviet de Guernica.
Hay una subestimación espantosa en ese tipo de declaraciones. Las personas no son marionetas: son sujetos de derecho. Y es una subestimación que forma parte del ideario del discurso histórico de la oligarquía, a la que el peronismo debería combatir. A pocos meses de gobierno, ya apareció el macartismo, que no parece patrimonio exclusivo de Pichetto.
Tomar la decisión de reprimir implica dejar la política de lado como herramienta de negociación y dar lugar a la violencia contra sectores desposeídos, tal como hubiera operado el gobierno de Mauricio Macri y su ministra de seguridad. El voto al Frente de Todos ¿no representaba la idea de cambiar de rumbo en todas las materias –incluida la de seguridad? ¿No se votó a este gobierno para que hiciera lo contrario a lo que se esperaba de los defensores de los derechos de los ricos, como la propiedad, en favor de los sectores desposeídos?
Además se dijo que había quienes “no estaban para resolver su situación habitacional individual”. Otro elemento verdaderamente de derecha en el discurso, porque se supone que desde el cristianismo hasta el progresismo el valor de la solidaridad, de acudir en la ayuda del prójimo, son valores definitivos y definitorios. Ese tipo de porquerías como “¿qué hace usted ahí si no es problema suyo?” son porquerías que dice la derecha. Nuevamente, hay corrimientos en los discursos, mucha confusión. Hay que ponerse de acuerdo en qué lugar del arco ideológico se ubica uno.
La ministra de Gobierno, Teresa García, se refirió a las personas reprimidas como “este remanente, resto de personas que hoy vimos a la mañana no accedieron a la firma de los acuerdos que le proponía el ministro Larroque”. ¿Quiénes no accedan a lo que propone el gobierno están de más?
Por una cuestión ética, un militante político popular, entre lo que diga una persona de la base y lo que diga un funcionario (por más que sea parte de la corriente a la que se adhiera) siempre debe ubicarse al lado de la persona de la base. Es una cuestión ética porque media una posición de poder, que la militancia debería tender a balancear, entre quien ocupa un espacio de gobierno y quien nada tiene.
Para sumar, la Iglesia Católica argentina manifestó hoy que “como cristianos nos sentimos interpelados ante toda forma de exclusión que deja a hombres y mujeres sin un techo digno”. Los esmerilados obispos –con pasaje sin escala al medio evo- dicen, como quien no quiere la cosa, de pasadita, en este momento tan cruel, que “nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás” y por lo tanto “la Iglesia no avala las tomas” porque “son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas (macartismo, de vuelta)”. Listo. La Iglesia no avala. Pusieron una bala más en el fusil de Berni. Repriman tranqui, chiques. Teléfono para Francisco.
¿No es violencia social que la economía en democracia te deje en la calle? ¿Qué pretenden que hagan las familias? ¿Cómo se puede ser tan hipócrita con un déficit de tres millones de viviendas? ¿Qué esperen en la calle? ¿No es aún más violento que lo digan unos señores patriarcales, panzas llenas, rodeados de riqueza mientras otros nada tienen? Más cabría que la jerarquía católica se ocupara de educar a sus empleados de cinta al cuello en una cultura democrática y de investigar y denunciar a sus bufarrones en lugar de protegerlos, de manera que pueda recuperar su autoridad moral entre el conjunto de la sociedad.
El gobernador Axel Kicillof, aquí en Bahía Blanca, sostuvo la postura de que la decisión fue de la justicia, que “el desalojo en Guernica se hizo con todos los cuidados posibles”. ¿Qué significa esto? ¿Cuidados para quién? ¿Quiere decir que no hubo muertos? ¿Qué es una represión cuidadosa? Además adujo que no tenían alternativa puesto que si no la provincia incurriría en “desacato”. ¿Este es el problema? ¿Para qué ingresan las personas a la vida política si no están dispuestas a pagar los costos de sostener las ideas políticas que dicen que promueven? ¿Cuál es el límite que define el ejercicio del buen gobierno -en este caso, cuando otro poder del estado ordena una medida que lacera otros derechos de ciudadano y de ciudadanas- como para que puede decir: no, esto no lo voy a hacer? ¿Por qué está impedido políticamente? ¿Para qué está la política sino para dirimir este tipo de cuestiones?
No alcanza este argumento de “lo ordenó la Justicia” en términos políticos para justificar una represión transmitida en cadena y que estaba siendo solicitada por sectores que hoy están muy felices en Argentina y que son quienes encarnan la verdadera figura de delincuentes.
Las repercusiones de la represión en Guernica son de gran impacto simbólico, porque quienes fueron votados con la idea de sostener un ideario contrario al neoliberal están cediendo terreno discursivo ante la violenta derecha argentina que pidió esto mismo como salida: represión.
No es casual tampoco que sea en el mismo día en el que el proyecto Artigas se retira de los terrenos que cedió Dolores Etchevehere dado que la inJustica otorgó razón a Luis Etchevehere y mandó en cana a la oveja negra.
Tenemos tres elementos, entonces: la jueza de Paraná Carolina Castagno y esta resolución en la mañana de ayer, anteriormente la represión en Guernica y las declaraciones de la iglesia. Todo va en el mismo sentido: ante un déficit de millones de casas, de una situación pandémica que afectó también a millones habitantes, hay muchas personas a las que no le quedó más alternativa que este tipo de acciones directas y hoy encontraron una señal dolorosa y clara.
Este veinte nueve de octubre, el gobierno que fue votado con una expectativa de ejercicio de conducción política que se diferenciara del discurso de la derecha argentina, encarnada en la figura de Patricia Bulrich, entregó parte de su capital simbólico ofreciendo a la derecha lo que quiere y abonó a la construcción de una sociedad cada vez más conservadora, que está mirando con buenos ojos que saquen a palazos de un pedacito de tierra a familias argentinas que se supone tienen sus derechos amparados a través de la constitución. Familias argentinas de laburantes que, a ver si no nos entendemos: ¡no pueden pagar el alquiler! Trabajan y no pueden pagar un alquiler. Este fenómeno de laburantes cuyo sueldo no alcanza es también responsabilidad política de quienes han sostenido este modelo económico.
Esta respuesta es la que espera la derecha política en Argentina. Si el progresismo, que es la única fuerza política que hasta el momento ha tenido la posibilidad de discontinuar el derrotero neoliberal con las urnas, no toma una actitud francamente abierta y clara en términos discursivos contra las intenciones de la derecha, abonará a una sociedad cada vez más conservadora que mira con buenos ojos este tipo de violencia hacia los sectores más postergados.
Debe haber una clara señal de las fuerzas que se reclaman como parte del ideario progresista. Cuando la derecha diga “defendemos la propiedad privada y no toleramos las tomas, vamos a reprimir”, las fuerzas progresistas deberían decir con toda claridad y altisonancia: “defendemos la vida de las personas, defendemos su derecho a la vivienda y bajo ningún punto de vista vamos a reprimir. Bajo ningún punto de vista vamos a reprimir”. Néstor Kirchner se jactaba de haber sostenido una política de no represión a las organizaciones sociales.
Es grave lo ocurrido durante la jornada, bajo todo punto de vista. En Bahía Blanca el fiscal Ulpiano Martínez se vio inspirado en su militancia anti popular y mandó a la federal a las tomas de Don Bosco al 2200. No había orden de nada. Pero el clima represivo activa los nervios que mueven las extremidades del cuerpo espiritual del gendarme judicial. La derecha se inspira rápidamente en su odio de clase cuando ve topadoras.
En otro momento de la vida política bipartidista, en términos teóricos, se pensaba que la alternancia se daba entre dos grandes frentes de signo opuesto. SI las fuerzas políticas mayoritarias tienen sobre el problema del déficit de vivienda tienen la misma posición filosófica, esto eso, la propiedad privada por encima del derecho a la vivienda y represión como solución ante el conflicto, entonces la calidad democrática a cedido a una sociedad de corte totalmente conservador que está disparando para abajo, a su propia población.
El problema de ese tipo de disparos es que el cuerpo social es uno solo, por lo que, disparar para abajo es lo mismo que dispararse en los pies.
Foto: La Izquierda Diario.
