Montezanti se defendió por escrito
El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, rechazó ayer los cargos que le reprochan siete denuncias unificadas en un pedido de juicio político que analiza la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura.
Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas quejas en su contra.
El primero de ellos le valió un llamado a indagatoria en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad de la banda parapolicial que deberá concretarse mañana a las 11 ante el juez Alejo Ramos Padilla. El segundo, fundamentó su suspensión preventiva como docente de la UNS y la realización de un juicio académico.
El camarista evitó la exposición y volcó su descargo en un extenso escrito. Calificó como “calumniosas” las imputaciones de una supuesta “brigada acusadora” y aseguró que “se da una triple identidad de persona, objeto y causa entre las aquí planteadas, tanto respecto de la supuesta pertenencia del firmante a la Triple A, como de su breve desempeño, treinta y cuatro años atrás, como ‘asesor universitario’ en calidad de personal civil de inteligencia”.
Para comenzar el juicio político se necesitan dos tercios del plenario del Consejo de la Magistratura. Aunque antes, el trámite deberá obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Comisión de Acusación y Disciplina presidida por el académico Jorge Candis e integrada por los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, el representante del Poder Ejecutivo Julián Álvarez, Adriana Donato por lxs abogadxs de la matrícula federal y los senadores Ruberto Godoy y Ángel Rozas.
“Se ha demostrado, con el fallo judicial pertinente, que la infame acusación de pertenencia a la Triple A, ya ventilada en esta sede, fue objeto de sentencia judicial luego de exhaustiva investigación, con total rechazo. También se destacaron las insalvables contradicciones del testigo (Juan Pedro) Tunessi respecto de un supuesto diploma de la organización ilícita, entre lo declarado en sede judicial y ante este organismo”, sostiene Montezanti.
Por su presunta participación en la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983 los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieron su indagatoria, ordenada por el juez Ramos Padilla para este jueves a las 11. Tiempo atrás, la justicia correccional identificó al camarista junto a los matones del ex diputado nacional Rodolfo “Fito” Ponce que tomaron la UTN en 1974. Fue en el fallo de una querella que el ex PCI entabló contra el militante Alberto Rodríguez, quien lo denunció durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Sur.
La semana pasada, el mismo órgano universitario aprobó por unanimidad la suspensión preventiva del docente del Departamento de Derecho hasta que culmine un juicio académico solicitado casi cuatro años atrás. “Clon de la acusación obtenido por la brigada acusadora de siempre, se ha señalado que está en curso sin haberse establecido siquiera tribunal, en sede distinta, sin que puedan influirse ambas causas, y se ha pedido prueba al respecto de los descargos, para equilibrar la expuesta en el texto en conteste”, rezongó su señoría.
Las doctrinas que propiciaba el abogado en sus escritos solían destacar el “altísimo valor moral y preventivo” de la pena de muerte como “un instrumento más de los muchos de que la sociedad dispone para neutralizar a la delincuencia” y que “la derogación formal de la pena capital introduce un proceso regresivo en la sociedad, tornando cobardes y pusilánimes a los magistrados”.
En su descargo manifiesta su supuesta evolución ideológica, paradójicamente proponiendo la muerte de la pena de muerte e invita al consejero y autor del dictamen, Julián Álvarez, a leer su “producción en los últimos 35 años y otros textos que ponen en su lugar esta peregrina acusación”.
¿Fobia antisindical?, se pregunta más adelante el juez y se responde que es una “palmaria falsedad” considerada en su mayor parte en una causa anterior “usada, ajada y abusada como todas las propuestas” en el dictamen que propone su enjuiciamiento y que configura una “ofensa al decoro”.
“Se ha señalado el tono y estilo de Gran Inquisidor ideológico que prevalece en el texto en conteste, que acusa al firmante hasta de ‘procacidad’, como solía ocurrir con los impíos sometidos al processus inquisiotionis, inadmisible en esta sede”, mencionó antes de pedir el rechazo “de plano” del juicio político.
Para “derrumbar el tinglado acusatorio” ofreció como testigos a las secretarias Previsional de la Cámara Federal, Marianela Abrieu, y penal del Juzgado Federal Nº2 Rosana Noemí Peti; a la jefa de despacho de la Cámara Federal Julieta Mateos; a la empleada pública provincial Magdalena Cizler y al jubilado Francisco Gastañaga.
