Muertes de menores en institutos provinciales
La muerte de dos jóvenes de 16 y 17 años en un período menor a veinte días en diferentes institutos de menores deja en evidencia, una vez más, la ausencia de políticas eficaces de promoción y protección de derechos para niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Aunque la justicia investiga todavía las causales de muerte, y existe en ambos casos una presunción de suicidio, no caben dudas que las mismas se encuentran vinculadas con las aberrantes condiciones de detención.
El 16 de junio de 2015, J. P. falleció por ahorcamiento en el Instituto Almafuerte de La Plata. Tenía 17 años y hacía dos meses que estaba alojado allí, proveniente del Instituto Legarra de la misma ciudad. Al momento del hecho debía estar en recreación pero, según informaron las autoridades del centro, se había negado a salir. Los jóvenes detenidos comentaron que el día anterior había tenido un altercado con un compañero y, por tal motivo, los custodios lo habían encerrado en su celda. Su familia, que lo visitaba asiduamente, fue puesta en conocimiento del hecho seis horas después y tiene dudas sobre el suicidio. La investigación se tramita ante la UFI n° 11 de La Plata.
Veinte días después, el sábado 4 de julio, el joven M. G. fue encontrado sin vida en su celda del Instituto Pablo Nogués de Malvinas Argentinas. Tenía 16 años y estaba en la institución desde el 16 de junio de este año. Al igual que J. P., provenía del Instituto Legarra de La Plata. La investigación del hecho se tramita ante la UFI ° 21 de San Martín.
M. G. había sido entrevistado, este mismo año, por un equipo del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria mientras permanecía encerrado en el instituto Legarra; en ese momento, se comprobó que el joven se encontraba en pésimas condiciones de detención: sin agua, sin baño, sin acceso a ninguna actividad. También se constató que presentaba lesiones de corta y larga data, como consecuencia de las torturas padecidas en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora por parte de los asistentes de minoridad.
La denuncia de estos hechos fue inmediatamente elevada a la justicia por la CPM interviniendo el juzgado de Garantías del Joven N° 1 de San Martín, a cargo del dr. Marcelo Kohan. Luego de escuchar la declaración de M. G. en una audiencia realizada el 28 de abril de 2015, el juez elevó la causa a la UFI en turno de Lomas de Zamora a efectos de que investigue la posible comisión de delitos en perjuicio del joven. En su testimonio, M. G. también denunció haber sido testigo de torturas infringidas a otros jóvenes detenidos en el mencionado centro.
Las reiteradas muertes de menores en institutos de la provincia no pueden escindirse de las condiciones estructurales de detención en las que permanecen alojados. Allí las torturas son cotidianas y se aplican en forma sistemática sobre jóvenes que se encuentran imposibilitados de realizar denuncias por la situación de violencia a la que son sometidos. A esto hay que sumar las denigrantes condiciones de encierro caracterizadas por falta de acceso a la educación y la salud y las deplorables condiciones edilicias.
Lamentablemente no se trata de casos aislados o situaciones particulares, sino de una condición estructural del encierro que se profundiza año tras año. Como manifestara la CPM, en su Informe Anual presentado recientemente, “la Secretaría de Niñez no respeta los estándares mínimos establecidos por normas internacionales y locales para el alojamiento de niños/as y jóvenes en lugares de detención”. Y agrega que “lejos de haberse modificado en el transcurso de los últimos años, las condiciones materiales de los lugares de detención se han deteriorado llegando a extremos de precariedad y abandono”.
Es en este contexto que se producen de manera recurrente y en un marco de silencio e invisibilización muertes de menores que están bajo la custodia del Estado, que deberían estar plenamente protegidos en su integridad y respetados en sus derechos.
La Comisión por la Memoria reclamó una vez más a los órganos judiciales y al gobierno de la Provincia de Buenos Aires que se tomen medidas urgentes para garantizar la vida y la integridad de los jóvenes alojados en los centros de detención provinciales dependientes de la SNyA.
Las respuestas deben orientarse a dar cumplimiento efectivo al sistema de promoción y protección que sigue deteriorándose frente al avance del punitivismo y la represión. Así se expresa en el incremento exponencial del presupuesto en materia de seguridad que supera ampliamente al orientado a garantizar derechos. El marco normativo está, sólo hace falta la decisión política de hacerlo efectivo y no lo contrario, como viene ocurriendo desde años atrás.
Asimismo, la CPM exigió que se realicen investigaciones urgentes para determinar las responsabilidades institucionales respecto de la muerte de estos jóvenes, la aplicación sistemática de torturas y las condiciones estructurales de su detención.
Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.
