Una agenda de resistencia multisectorial

 

(Por Francisco J Cantamutto) La masiva movilización convocada por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) el miércoles 20 ganó presencia en los medios. La columna de más de 20.000 compañeros realizó un raid por los ministerios de Desarrollo, Infraestructura, Trabajo y Energía con sendos reclamos. El gobierno, sin voluntad alguna de retrotraer las medidas centrales que provocan el ajuste social, apenas convoca a futuras reuniones para dialogar, dilatando el problema. Sólo en el ministerio de Trabajo se obtuvo un logro, al ser habilitado -tras meses de negociación- la línea 1 del programa para todas empresas autogestionadas. El gobierno, responsable por los aumentos de las tarifas, alega ahora que no tiene potestad sobre los entes reguladores como para establecer políticas de cuidado a los sectores vulnerables, previniéndolos de cortes de servicio. La lectura que la propia CNCT hizo de esta protesta es que solo golpeando entre todos/as se podrá doblar la voluntad del gobierno. Por eso, igual que antes los clubes de barrio, mantienen su compromiso dentro de la multisectorial.

Justamente, el sábado 23 se realizó en Luján la primera reunión de multisectoriales del país. Asistieron alrededor de 32 multisectoriales de todo el país, representadas en 400 personas que dedicaron todo el día para comentar su actividad hasta el momento, compartir información y estrategias, así como  debatir el camino a seguir. Lo que se inició hace apenas pocos meses como un intento de organizar el descontento social ante el ajuste, mostró capacidad real de crecimiento en convocatoria y de coordinación de iniciativas. La presencia de mayoría de multisectoriales del interior del país mostró que se trata de un problema auténticamente federal, que se valoró en tanto tal: las acciones territorializadas y descentralizadas son muy importantes para acercar a la población no organizada, sin perjuicio de unificar algunas iniciativas. Las multisectoriales actúan como verdaderos foros del pueblo, a la vez que escuelas de política.

Del debate surgieron diversos acuerdos, como buscar mayor eficacia de toma de decisiones, superando el momento -importante pero limitado- de la mera catarsis. En lo que afecta a esta semana, se prevé un nuevo ruidazo/cacerolazo para el jueves 4 por la noche. Se afirmó la voluntar de realizar la Marcha Federal desde diversos puntos del país, siempre bajo el reclamo contra el tarifazo y fuera Aranguren como representante del sector. Incluso se habló de iniciar una consulta popular vinculante para la revisión del ajuste tarifario.

La multisectorial de CABA, por su parte, está avanzando en la organización de una audiencia pública por el tema. Dado que el gobierno se niega a convocar, y cuando lo hace, replicando la metodología de lo ocurrido con el Subte, lo hace a último minuto, sin darle publicidad, en día y horario laboral para dificultar la participación, la Multisectorial decidió mostrar que el pueblo tiene capacidad de organizarse incluso para estas iniciativas. Así se podrán hacer públicos los argumentos sobre el tema, dando transparencia al bloqueo de información del gobierno: ¿cuáles son los costos reales de producción del sector? ¿a dónde han ido los millonarios subsidios otorgados años anteriores y este mismo año? ¿qué garantías de inversión existen, cuáles son los planes de mejora? ¿por qué deben financiar esas inversiones los usuarios? Estas son apenas algunas de las preguntas que el gobierno debería responder para discutir un aumento de precios.

Aranguren ha declarado que el objetivo primario de estos aumentos es “recomponer las ganancias” de las empresas del sector, lo cual explica que las millonarias transferencias no se hayan reducido, y que el déficit fiscal haya crecido durante los meses de Cambiemos. El gobierno alega ahora que las audiencias no serían necesarias porque el aumento se originó en el aumento del precio en boca de pozo, y el mecanismo de consulta se prevé para aumentos en los demás tramos del servicio (transporte, distribución). Llamativamente, el gobierno de la transparencia toma por ciertos los costos declarados por las empresas sin ningún comprobante o auditoría. Y estos aumentos golpean en toda la cadena.

Por eso, el mismo día jueves 4 de agosto, antes de plegarse al ruidazo de la noche, la Asociación de Taxistas (CTA) estará marchando al ministerio de Energía para reclamar por una baja en el precio del GNC en surtidor, convocando al mediodía a todos los usuarios afectados. La suba de combustibles y energía golpea a todo el transporte e impulsa la inflación. Con ese mismo criterio, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha implementado un nuevo aumento del precio del Subte, llevando el precio a $7,50. Un aumento de más de 700% desde que el PRO asumió el gobierno del distrito de la capital. Estos aumentos son usados como extorsión para discutir mejoras salariales posteriores con los trabajadores, lo que ha sido una disputa constante. Por eso el Sindicato de Trabajadores de Subte y Premetro, bajo la concepción de que el transporte es un derecho y no una mercancía, realizará una protesta el miércoles, abriendo las cabeceras del Subte entre las 7 y las 8 de la mañana, para volver a hacerlo entre las 17 y 19 horas, convocando a un ruidazo. A esa iniciativa se sumarán los comunicadores populares, que este mismo miércoles a las 16 hs. tienen prevista una manifestación ante el ENACOM, por incumplimiento de la ley por parte del gobierno, que no habilita las licencias y los fondos para los medios comunitarios.

Este clima de sistemáticos reclamos por parte de diversos sectores está haciendo mella en el gobierno. A pesar de presentarse como indemne, el asedio permanente de la protesta está haciendo efecto. De otra manera no se explica el súbito affaire entre el presidente Macri y el conductor televisivo Tinelli, que alimenta el paralelo de estos días con el turbulento 2001 que culminó con la salida adelantada de De la Rúa. Un gobierno que no respeta siquiera sus alianzas electorales -relegando a sus socios políticos-, que se cierra en un programa cada vez más corporativo, que pierde capacidad de control en el Congreso -la semana pasada se votaron 4 declaraciones contra el tarifazo en el Senado- y que enfrenta una movilización social creciente, compone una imagen política que conocemos.