byFM De la Calle/16 marzo, 2026/inBahia Blanca, Derechos Humanos, Lesa Humanidad, Noticias

Piden elevar a juicio a represores por delitos contra miembros de la UNS

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos solicitó la medida al Juzgado Federal N°1. Se juzgan delitos de lesa humanidad y constitutivos de genocidio cometidos contra 30 docentes, estudiantes y personal de la Universidad Nacional del Sur (UNS) entre junio y noviembre de 1976.

La fiscalía los acusa por secuestros, cautiverio y tormentos en el marco de un plan de persecución política contra estudiantes, docentes y funcionarios de esa comunidad universitaria.

Se trata de tres exoficiales que integraron el Comando del V Cuerpo del Ejército —el coronel Osvaldo Bernardino Páez, el mayor Osvaldo Lucio Sierra y el teniente primero Norberto Eduardo Condal— y de tres exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 181 —Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel y el suboficial Víctor Raúl Aguirre—.

Todos están acusados por los delitos de violación de domicilio y privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por haber sido perpetrada con amenazas y violencia y, según los casos, por su duración mayor a un mes, en concurso real con imposición de tormentos agravados por persecución política. Los hechos se les atribuyen en calidad de coautores mediatos , con excepción de Aguirre, a quien se le imputa la coautoría directa.

En la misma causa, la fiscalía solicitó al juez Walter López da Silva que se admita como querellantes a la organización H.I.J.O.S. Bahía Blanca, a la Universidad Nacional del Sur y al organismo de derechos humanos Equipo Nizkor.

Las 30 víctimas fueron secuestradas en operativos realizados entre junio y noviembre de 1976. En ese momento se desempeñaban como docentes de Economía, Letras, Filosofía, Historia, Matemática y Biología de la UNS, integraban el gabinete de psicopedagogía social de las escuelas medias de esa institución, eran profesores y estudiantes de la Escuela de Servicio Social, o formaban parte del cuerpo docente y estudiantil del Colegio Nacional de Bahía Blanca. Algunas de ellas debieron exiliarse.

Una empresa criminal contra la universidad

Según la acusación, los secuestros, el cautiverio y las torturas se inscribieron en un plan de persecución política contra la comunidad universitaria, desplegado durante el terrorismo de Estado por las fuerzas armadas y de seguridad que contó —de acuerdo con la hipótesis fiscal— con la planificación, coordinación y ejecución del fuero federal y la colaboración del multimedio encabezado entonces por el diario La Nueva Provincia.

En su requerimiento, los fiscales sostuvieron que los delitos se llevaron a cabo “como parte de una amplia operación de acción psicológica que incluyó el armado de una causa judicial”, destinada a exponer públicamente a las víctimas y a instalar la idea de que la casa de estudios funcionaba —en palabras del entonces comandante Acdel Vilas— como “la universidad de la subversión”.

De acuerdo con la fiscalía, esta empresa criminal se sostuvo sobre la actuación coordinada de tres estamentos.

El primero fue el Comando del V Cuerpo del Ejército y las fuerzas de seguridad bajo su control operacional —entre ellas el Destacamento de Inteligencia 181 y el Departamento II Inteligencia del Estado Mayor—, que realizaron tareas de espionaje, vigilancia y registro de las actividades de docentes y personal universitario hasta concretar los secuestros.

A partir de esa identificación de objetivos, las autoridades militares diseñaron el plan represivo contra docentes y trabajadores universitarios, tanto en su dimensión operativa como en la denominada acción psicológica, en las que intervenían órganos de los ámbitos judiciales y mediáticos.

El segundo estamento identificado por la fiscalía fue el Juzgado Federal de Bahía Blanca, que intervino —según la acusación— para dotar de una apariencia de legalidad a los secuestros, interrogatorios y torturas. En ese marco se impulsaron causas judiciales que sirvieron para encuadrar formalmente la persecución penal contra integrantes de la comunidad universitaria.

En uno de esos expedientes, además de las 30 personas secuestradas, fueron señalados como parte de un supuesto “plan de adoctrinamiento” otros 30 docentes declarados prófugos, sobre quienes se emitieron órdenes de captura en todo el país.

El tercer componente de la maniobra fue el multimedio La Nueva Provincia, que —según la hipótesis fiscal— actuó en el plano de una acción psicológica y difundió de manera masiva el desarrollo de esas “investigaciones judiciales”. Para la fiscalía, esa cobertura contribuyó a instalar en la opinión pública la idea de que la universidad era utilizada para formar “subversivos”, a consolidar la apariencia de legalidad del accionar represivo y a alentar a la población a participar en tarea de persecución y fijación de los blancos, mediante la vigilancia y delación de las personas sospechosas de ser subversivas, en los distintos ámbitos sociales e institucionales.

Elevación parcial a juicio

En la investigación impulsada por la Unidad Fiscal también habían sido imputados dos civiles: el entonces secretario del juzgado federal Hugo Mario Sierra y el directivo del multimedio La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot.

Sin embargo, el juez López da Silva no hizo lugar a su citación como sospechosos al considerar que era necesario profundizar la investigación respecto de su participación, por lo que devolvió el expediente a la fiscalía —a la que había delegado la instrucción— para que continuara con las medidas de prueba.

La decisión fue apelada por la Unidad Fiscal, que sostuvo que ya se encontraban reunidos elementos probatorios suficientes para convocarlos a prestar declaración indagatoria.

Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca indicó que, si el juzgado consideraba que existían medidas pendientes, debía reasumir la investigación. En ese mismo pronunciamiento, además, revocó el procesamiento de cinco exoficiales del Batallón de Comunicaciones 181 inicialmente acusados por la fiscalía y dispuso su falta de mérito.

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación parcial a juicio de los seis exmilitares mencionados, al considerar que la instrucción, en sus casos, se encuentra completa y lista para ser tratada en un debate oral.