byRedacción/11 junio, 2026/inAmbiente, Argentina, Bahia Blanca, Noticias

La contaminación que no vemos: cuestionan la expansión petrolera y reclaman una transición energética con participación social

La investigadora Patricia Rodríguez presentó imágenes que evidencian emisiones de metano e hidrocarburos en instalaciones industriales de Bahía Blanca y advirtió sobre sus impactos ambientales y sanitarios. Durante la charla “La contaminación que no vemos: lo que deja Vaca Muerta en Bahía Blanca”, especialistas y referentes sociales debatieron sobre la dependencia de los combustibles fósiles, las alternativas energéticas y el rol de las comunidades en la construcción de otro modelo productivo.

Rodríguez, integrante de Earthworks, anticipó detalles de los resultados de un trabajo de monitoreo realizado en Bahía Blanca mediante cámaras de imágenes ópticas de gas, una tecnología capaz de hacer visibles emisiones de metano y compuestos orgánicos volátiles que habitualmente permanecen ocultos. El informe final se presentará próximamente.

La especialista explicó que las observaciones realizadas en refinerías, termoeléctricas y otras instalaciones industriales permitieron detectar importantes emisiones asociadas tanto a procesos de combustión incompleta como a venteos directos de gases. Según detalló, estas liberaciones contribuyen al calentamiento global y pueden afectar la salud de las poblaciones cercanas.

El monitoreo se realizó ante las plantas de TGS, Trafigura, Profertil, Mega, Dow, Unipar, Pampa Energía y Oiltanking. Las actividades contaron con la participación de FARN, el Departamento de Economía de la UNS, Earthworks, el CTAE-UNICEN y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y FM De la Calle.

Rodríguez remarcó que la información obtenida busca fortalecer el acceso público al conocimiento sobre la contaminación industrial y servir como herramienta para las comunidades afectadas. En ese sentido, sostuvo que la visibilización de estas emisiones debe impulsar debates públicos, controles más rigurosos y una revisión de los proyectos de expansión vinculados al petróleo y al gas.

La investigadora también destacó que los cambios no dependen únicamente de decisiones gubernamentales sino de la capacidad de organización y presión de las comunidades. A partir de experiencias relevadas en distintos países latinoamericanos, señaló que las transformaciones requieren tanto voluntad política como participación social activa.

El debate, además, trascendió la cuestión de las emisiones para abordar la dependencia estructural de los combustibles fósiles y la necesidad de discutir qué tipo de producción y consumo se busca sostener con la energía disponible.

El investigador de la UNICEN, Gabriel Blanco, otro de los disertantes de esta charla, planteó que la discusión sobre la transición energética no puede reducirse únicamente al reemplazo de combustibles fósiles por nuevas tecnologías.

El especialista sostuvo que cualquier alternativa debe ir acompañada por una revisión profunda de los modelos de producción y consumo que impulsan la demanda energética.

En ese marco, propuso recuperar la pregunta por el “para qué” de la energía, cuestionando la lógica de consumo asociada a la obsolescencia programada, la producción de bienes de corta duración y actividades económicas destinadas principalmente a los mercados globales.

Señaló que la transición requiere diversificación tecnológica, descentralización, escalas más humanas de producción energética y una mayor participación comunitaria.

Blanco advirtió además que abandonar el petróleo y el gas no elimina automáticamente los problemas ambientales, ya que las energías renovables también plantean desafíos vinculados al uso de minerales críticos, agua, territorio y dependencia tecnológica. Por ello, consideró indispensable repensar integralmente el modelo energético y productivo.

Conciencia crítica

Durante el intercambio con el público surgieron reflexiones sobre la denominada “licencia social” que permite el desarrollo de actividades petroleras y petroquímicas en la región.

Entre las intervenciones se planteó que la aceptación social de estas industrias se construye mediante vínculos económicos, culturales e institucionales con distintos sectores de la comunidad.

Algunos participantes señalaron la necesidad de revisar esos mecanismos de legitimación y promover mayores niveles de información pública sobre los impactos ambientales de la actividad industrial, así como fortalecer el involucramiento ciudadano en los debates sobre el futuro energético de la ciudad.

Dante Patrignani, referente de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA, cuestionó las políticas que promueven la expansión del polo petroquímico y del desarrollo hidrocarburífero en Bahía Blanca. Según planteó, existe un amplio consenso entre sectores políticos, empresariales e institucionales para profundizar ese modelo de crecimiento basado en la explotación de recursos energéticos.

Patrignani advirtió que proyectos como Vaca Muerta son presentados como motores del desarrollo económico nacional, aunque consideró que los principales beneficios quedan concentrados en grandes empresas mientras los impactos ambientales y sociales permanecen en los territorios. En ese sentido, definió a Vaca Muerta como “el Potosí del siglo XXI” y cuestionó que la extracción de recursos no se traduzca en mejoras proporcionales para la población.

Por su parte, Patricia González, titular de la ONG Sílice, reflexionó sobre el papel de la sociedad frente al avance de las industrias vinculadas al petróleo y al gas. La referente ambiental sostuvo que la llamada licencia social no es otorgada por las empresas ni por los gobiernos, sino por la propia comunidad a través de sus prácticas cotidianas y sus decisiones colectivas.

En ese marco, planteó la necesidad de revisar los vínculos que distintos actores sociales mantienen con instituciones y actividades financiadas por el sector industrial, y llamó a fortalecer una conciencia crítica sobre los impactos ambientales del modelo de desarrollo vigente. Según expresó, la construcción de alternativas requiere organización social, información pública y participación ciudadana.