byRedacción/8 julio, 2026/inAmbiente, Argentina, Bahia Blanca, Noticias

Reforma de la Ley de Glaciares: organizaciones ambientales advierten por el riesgo sobre el agua y preparan una ofensiva judicial

Agostina Rossi Serra, especialista en Biodiversidad de Greenpeace Argentina y Lucas Micheloud, director ejecutivo de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, analizaron el alcance de la reciente reforma de la Ley de Glaciares. Ambos sostuvieron que la modificación implica un retroceso en la protección ambiental y anticipan una batalla judicial para intentar revertirla.

A quince años de la sanción definitiva de la Ley de Glaciares, las organizaciones socioambientales cuestionaron la reforma aprobada este año y aseguran que pone en riesgo una de las principales reservas de agua dulce del país. Para Rossi Serra, la historia de la norma demuestra que fue una conquista impulsada por la ciudadanía: “Estas dos conquistas de la ley fueron gracias a la sociedad, fueron gracias a la gente que salió a la calle a reclamar que teníamos que tener una ley que defendiera nada más ni nada menos que el agua”. En ese sentido, remarcó que hoy la defensa de la norma vuelve a estar sostenida por la movilización social: “Somos los argentinos los que estamos pidiendo que esta ley vuelva a la ley que era originalmente”.

Desde una mirada jurídica, Micheloud vinculó la reforma con los intereses de grandes empresas mineras. Junto al abogado ambientalista Enrique Viale la definieron como la “reforma Barrick”, en referencia al histórico enfrentamiento de la compañía con la legislación. “Son muchas las corporaciones mineras que han articulado, que han trabajado en conjunto para avanzar con esta reforma”, afirmó, y agregó que “los grandes estudios jurídicos de las principales corporaciones mineras han escrito este proyecto”.

Ambos consideraron que la modificación vulnera principios constitucionales básicos. Rossi Serra explicó que la ley original establecía un piso uniforme de protección ambiental para todo el país y advirtió que ese criterio desaparece con la nueva normativa. “Con esta reforma sigue siendo el título un régimen de presupuestos mínimos, pero el presupuesto mínimo ya no existe”, señaló. Según indicó, cada provincia podrá definir qué glaciares y ambientes periglaciales considera relevantes, generando estándares de protección diferentes según cada jurisdicción.

Finalmente, Rossi Serra insistió en que el debate trasciende la cuestión ambiental y se vincula con derechos humanos esenciales. “Hay un aval global de que esta ley va en contra de los derechos básicos de la gente, como el acceso al agua”, sostuvo. Y al ser consultada sobre las consecuencias de una menor protección de los glaciares, fue categórica: “Se pone en juego todo, se pone en juego la vida”.

Ley de Glaciares: ¿Cómo seguimos?

Frente a este escenario, el martes 2 de junio se realizó en Bahía Blanca un conversatorio abierto para debatir los desafíos, resistencias y estrategias ante el debilitamiento de una de las principales leyes ambientales de Argentina.

Participaron Lucas Micheloud (AAdeAA -Caje), Agostina Rossi Serra (Greenpeace), Cristian Fernández (FARN), Montserrat Gayone (Coordinadora Socioambiental Bahia Blanca) y María Laura Langhoff (Becaria postdoctoral Conicet). El encuentro se enfocó en aportar herramientas para comprender las consecuencias sociales, jurídicas y ecosistémicas de las reformas impulsadas por el gobierno nacional y sectores mineros y para entender que los glaciares y ambientes periglaciales no son “recursos” aislados: son reservas fundamentales de agua dulce, reguladores hídricos y ecosistemas clave para millones de personas en todo el país.