RIGI: cuestionan el impacto de las inversiones en empleo y desarrollo productivo
Martín Schorr es investigador del CONICET e integrante del equipo Transiciones. Analizó los dos primeros años de implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y advirtió que los resultados no muestran un shock de inversiones genuino ni un impacto significativo en la generación de empleo.
A dos años de la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, el balance presentado por Schorr pone el foco en la concentración de los proyectos en actividades extractivas y en los efectos limitados sobre el mercado laboral.
El investigador señaló que petróleo y minería son sectores intensivos en capital, por lo que generan relativamente poco empleo directo, mientras que el impacto indirecto también sería reducido debido a la incorporación de insumos y equipamiento importados que pueden desplazar a proveedores nacionales.
En ese sentido, sostuvo que el régimen no habría producido un cambio sustancial respecto de inversiones que ya estaban previstas, especialmente en el sector petrolero.
El análisis también cuestiona los efectos territoriales del modelo. Schorr explicó que en zonas vinculadas a la actividad petrolera y minera, como Neuquén, los salarios elevados de esos sectores contribuyen a establecer precios más altos para bienes y servicios, generando dificultades para quienes trabajan fuera de las actividades extractivas y perciben menores ingresos.
A esto se suma, según los estudios realizados por el Equipo Transiciones, el impacto de los regímenes laborales sobre las tareas de cuidado, que recaen mayoritariamente sobre las mujeres durante los períodos de ausencia prolongada de los trabajadores.
Para el investigador, el RIGI consolida un esquema de producciones primarias orientadas a la exportación y fuertemente transnacionalizadas, con el riesgo de convertir determinados territorios en economías de enclave. Frente a ese modelo, desde Transiciones plantean alternativas vinculadas con la reindustrialización, el fortalecimiento del mercado interno, la redistribución del ingreso y políticas estatales de fomento productivo, especialmente para el sector industrial.
Otro de los cuestionamientos centrales es la falta de información pública sobre los resultados concretos del régimen. Schorr afirmó que existe una “opacidad muy marcada” para acceder a datos sobre el monto genuino de las inversiones y la creación efectiva de empleo directo e indirecto. Según explicó, los pedidos de información realizados al Estado no obtuvieron respuesta y, en muchos casos, los investigadores deben recurrir al Boletín Oficial, los medios de comunicación y trabajos de campo para aproximarse a los proyectos.
El debate sobre los resultados del RIGI se proyecta además sobre su continuidad: la normativa fue prorrogada por un año y la próxima la discusión legislativa del denominado “Super RIGI”, que ampliaría los beneficios e incentivos fiscales hacia inversiones tecnológicas.
Para Schorr, antes de profundizar este esquema resulta necesario discutir qué tipo de desarrollo productivo se busca construir y si el aumento de las exportaciones, por sí solo, puede traducirse en mayor desarrollo, empleo y bienestar para el conjunto de la sociedad.





