A Verón lo mató la policía de Capitanich
La autopsia realizada al cuerpo del dirigente social chaqueño Ángel Verón confirmó que su muerte fue provocada por los golpes y castigos propinados por agentes y funcionarios de la policía provincial, quienes intervinieron el 24 de septiembre en la represión a un corte de ruta realizado por familias que reclamaban por el incumplimiento de la entrega de becas y herramientas para la autoconstrucción de viviendas.
“El informe preliminar de la autopsia antes de llegar al fiscal llegó a Casa de Gobierno. Desde allí conseguimos la información y dimos a conocer a la opinión pública y recién ayer el fiscal de Derechos Humanos dijo que llegó a la Fiscalía y lo estaban informatizando”, dijo a FM De la Calle el titular del Centro Mandela, Rolando Núñez, y agregó que “se hizo todo mal y cuando se hace todo mal tan sistemáticamente no obedece a errores, nuestra experiencia nos marca la posibilidad del encubrimiento”.
Verón falleció el 19 de octubre en la sala de terapia intensiva del Hospital Perrando, según sus compañeros del MTD No al Desalojo, “pese a que la perversidad humana y política del gobierno habría ordenado que lo mantuvieran artificialmente vivo hasta después de la elecciones presidenciales”.
La denuncia del crimen político fue inmediatamente desmentida por las autoridades provinciales y hasta por el jefe de gabinete nacional Aníbal Fernández, quien declaró que la muerte de había producido por una “septicemia”. “No sé qué responderle, porque es Aníbal Fernández. Este es un tema serio, lamento que se haya expresado en esos términos sin conocer absolutamente nada. Cuando lo dijo se estaban despejando las dudas y estábamos quebrando ese muro que estaban construyendo para que esto no se esclarezca”, aseguró Núñez.
El dirigente manifestó que “el procedimiento policial fue absolutamente ilegal de punta a punta. La crisis institucional es muy profunda acá y mientras tanto las cosas siguen pasando. Hoy la policía está actuando descabezada y viene de un fuerte proceso de desorganización signada por dos factores: violencia y corrupción. Mucha de la corrupción asociada al narcotráfico. Estamos en un severísimo problema y esto explica también los altos niveles de inseguridad que en este momento presenta la provincia de Chaco”.
La exhumación del cadáver de Ángel fue realizada el sábado 24 de octubre, a pesar de que María -esposa de Ángel- había solicitado a la justicia penal que se realizara la autopsia de sus restos antes de ser sepultado, como correspondía dado que su fallecimiento venía precedido de violencia policial. El fiscal especial de Derechos Humanos, Daniel Turraca no ordenó tal medida, vital para esclarecer la real causa de muerte a pesar de que María ya había efectuado una denuncia.
Según informó el Centro Mandela, el hospital Julio C. Perrando extendió un certificado de defunción atribuyendo la muerte de Ángel a “enfermedad”, en una clara estrategia de manipulación institucional para encubrir la violencia policial, la causa de la muerte y a brindar impunidad a los autores. La Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno, y el Comité Contra la Tortura fueron y son funcionales a la estrategia política de encubrimiento.
El poder político se mantuvo en silencio desde el 24 de septiembre, día de la represión. Nunca informó a la opinión pública sobre las circunstancias de los hechos de la violencia institucional que provocó la muerte de Ángel. Las dos únicas comunicaciones oficiales salieron de la oficina de prensa de la Jefatura de Policía del Chaco. Argumentaron que Ángel se autoinflingió una herida, que no se efectuó un procedimiento de desalojo, que el personal policial actuó de acuerdo a las normas legales y que Ángel falleció de enfermedad. El jefe de policía nunca reconoció que el operativo policial no contó ni estuvo avalado por ninguna orden judicial de la justicia chaqueña ni del juzgado federal de Resistencia.
“Es un gesto a destacar, porque entendíamos que es congruente con la calificación de idoneidad profesional de todos ellos y además porque ya estamos ante un traspaso y, en consecuencia, no vamos a nombrar funcionarios sino la cobertura interina de los cargos”, dijo el gobernador Jorge Capitanich al aceptar las renuncias de su ministro de Gobierno, Javier Oteo, del secretario de Seguridad, Marcelo Churin, y del jefe de Policía, Gustavo Peña. Este último fue reemplazado por el subjefe Ariel Acuña, firmante de la orden de desalojo que inició la represión que mató a Verón.
