Estafa de DyF: “No sería raro que lleguen a juicio estafas similares”
Rodolfo De Lucía, fiscal de la causa que tiene como imputados a los abogados Roberto Daniel Carmona y Rafael Benedicto Díaz Flaqué por la estafa de la firma DyF Fiduciaria, hizo referencia en FM De la Calle a la jornada de alegatos y el pedido de nueve años de pena por la imputación del delito de defraudación en relación a su actuación en tres de los emprendimientos que mantenía la empresa.
“Desde el principio la fiscalía los acusa de formar una asociación ilícita junto a Sergio Favretto, en el marco de esa asociación –destinada a cometer defraudaciones contra los emprendimientos que administraba DyF– haber colaborado con Favretto para que cinco hechos puntuales de defraudación (administración fraudulenta) pudieran ser llevados a cabo”, comentó el fiscal.
También explicó que “el delito de sociedad ilícita tiene como pena entre 3 y 10 años de prisión, los de estafa cada uno 6 años (máximo). […] Teniendo en cuenta los agravantes que consideró la fiscalía, extensión del daño que se causó con esta maniobra (por montos y damnificados), y la especial formación profesional que tienen Carmona y Flaqué –abogados–, vuelve más reprochable su conducta”.
De Lucía expresó que no calcularon el monto total de afectados por la maniobra, “es muy grande. La imputación hacia Carmona y Flaqué no era concreta, se les imputa haber generado pasivos por 12 millones de pesos y haber sustraído tres manzanas de terreno que pertenecían a otros dos emprendimientos. […] Cuando en otros fideicomisos sacaron la cuenta de cuánto han perdido, las sumas son mayores teniendo en cuenta que también fueron damnificados proveedores y empleados, entre otros”.
En relación a los controles por parte del Estado para evitar este tipo de situaciones o si hay alguna instancia que falle, aseguró que “el fideicomiso (dentro del Código Civil y Comercial) es una herramienta que permite la realización de desarrollo inmobiliario. Hay determinadas conformidades de proyecto que a nivel municipal tiene que ser aprobados. Quizás falta control cuando estos planes se vuelven de magnitud. […] Parecería que no hay un control del Estado de en qué medida estos proyectos son viables, y no es la primera vez que sucede en Bahía Blanca, pasó con los Alternativa Bahiense en su momento. Tenemos estafas similares en trámite, no sería raro que también lleguen a juicio (en la ciudad y en Punta Alta)”.
Sobre la posibilidad de recuperar algo de lo perdido: “depende de cada fideicomiso, algunos estaban sin avances en las obras, otros ya eran edificios en construcción –que se han podido recuperar con inversores externos–. La quiebra de DyF no fue suficiente para responder por todas las deudas, hay casos donde las personas que pusieron dinero no van a recuperar nada”, explicó.
Si bien el lunes se conoce la sentencia de Carmona y Díaz Flaqué, Favretto “técnicamente no es un prófugo porque no está correspondientemente notificado. Tiene pedido de detención hace años y captura –incluso internacional–. Cuando podamos dar con él tendrá que rendir cuenta por unos cuantos hechos más que se le imputarían solo a él. Hoy lo buscamos activamente y no está confirmado que esté fuera del país”.
