Expectativa por cambios en el juzgado
Desde el miércoles el Juzgado Federal Nº1 está a cargo del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. El trámite fue formalizado por autoridades del Consejo de la Magistratura tras la no renovación por parte del plenario del cuerpo de las subrogancias de Santiago Martínez y Claudio Pontet.
Tal como sucedió con la conformación del Tribunal Oral, la llegada de un funcionario ajeno a la corporación judicial a las oficinas que ocuparon alguna vez los jueces del aparato represivo Guillermo Federico Madueño y Jorge Francisco Sutter -luego defensor de genocidas- y, ya en democracia, su buen amigo Alcindo Álvarez Canale, genera expectativas de cambio en las investigaciones que involucran a sectores del poder bahiense.
El flamante titular aseguró a FM De la Calle que está evaluando las causas en las que deberá intervenir, “conociendo a la gente” del juzgado y “con mucho trabajo”. Por el momento prefirió no hacer mayores declaraciones.
Entre las instrucciones que se tramitan en la sede federal se encuentran las causas de lesa humanidad contra civiles partícipes del terrorismo de Estado, obstaculizadas por los funcionarios apartados y por el secretario de derechos humanos Mario Fernández Moreno, quien solicitó carpeta médica por treinta días. Diez días más tendrá de licencia Martínez que si bien debería volver a la secretaría penal del Juzgado Nº2 conducido por Gabriela Marrón, sería destinado a la secretaría tributaria.
La designación del juez de Dolores en Bahía Blanca fue aprobada tras una votación por 6 votos a favor y 6 en contra, desempatada por la jueza y presidenta del Consejo de la Magistratura Gabriela Vázquez, y fue celebrada por la Fiscalía, organismos de derechos humanos y agrupaciones que acompañan el proceso de juicio y castigo a los genocidas civiles y militares.
Ramos Padilla es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires con una larga trayectoria como responsable del Área Jurídica de la Fundación Anahí por la Justicia, la Identidad y los Derechos Humanos creada en 1996 por las abuelas María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani y Elsa Pavón, con el objetivo de recuperar y preservar la memoria histórica, asesorar en derechos humanos y defender la niñez y la adolescencia. También integró el equipo jurídico del Comité para la Defensa de la Salud y los Derechos Humanos.
Estuvo a cargo de la acusación contra el comisario bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz en el primer juicio oral y público posterior a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, de la imputación contra el capellán Christian Von Wernich en relación al secuestro y torturas sufridas por el periodista Jacobo Timerman y logró el encarcelamiento efectivo del dictador Jorge Rafael Videla, en el marco de la causa conocida como “Práctica sistemática de robo de bebés”.
“A Chicha la conozco de muy chico, desde los 8 años. Ella venía mucho a casa, ya desde chicos nos enseñó el valor de la búsqueda de la identidad, de la búsqueda de los nietos. En nuestra casa y en la casa de ella, había chicos que habían recuperado su identidad y compartíamos casi en familia esos avances y esos logros. Con ella pude compartir también los Juicios por la verdad. Me acuerdo horas y horas charlando con ella acerca de los interrogatorios, de las pruebas que teníamos para cada uno de los imputados, pero también de aquellos niños que podían haber sido apropiados y que teníamos que tener los cuidados necesarios del modo en cómo se hacían las preguntas”, aseguró en un acto de la Comisión por la Memoria el juez que también deberá investigar la apropiación de los bebés nacidos en La Escuelita.
En la función pública ocupó diversos cargos en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el ámbito educativo integró organismos de gobierno de la Facultad de Derecho de la UBA y fue docente de la cátedra “Violaciones masivas a los derechos humanos en la Argentina y persecución”, “Derecho penal y procesal penal” de la UBA; de la maestría de asistencia integral a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en contextos de acceso a la justicia de la Universidad de Santiago del Estero; y en una materia similar en la Universidad Nacional del Nordeste.
Es autor del libro “Crímenes de lesa humanidad en Argentina. De la Cultura de la impunidad a la inexorabilidad del juicio”, prologado por el juez español Baltasar Garzón y de escritos y dictámenes sobre Derecho Constitucional -discutió una banca del Senado en representación del socialista Alfredo Bravo-; de Derecho Penal -en la defensa de un periodista en una causa por calumnias e injurias-; entre otras resoluciones referidas al Derecho Procesal Penal, Civil y Laboral.
Más información en: www.juiciobahiablanca.wordpress.com
Foto: Comisión Provincial por la Memoria.
