Las viandas del Bonarense

La Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa del comisario Sergio Fabián Mugione, quien fuera condenado en 2014 por defraudación a la provincia mediante un negociado con la compra de alimentos para detenidos en la Estación de Policía Comunal de Punta Alta. Aquel fue un fallo del juez José Luis Ares, excusado de intervenir por haber opinado respecto al coprocesado comisario Rubén Gab, condenado recientemente  en juicio abreviado.

Mugione había sido hallado penalmente responsable de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificación ideológica de documento público y omisión de los deberes de funcionario público cometidos en los meses de enero, febrero, abril, mayo y junio de 2006 en Punta Alta y condenado a sufrir las penas de dos años y seis meses de prisión condicional, inhabilitación perpetua para desempeñarse como empleado o funcionarios público y multa de diez mil pesos.

El juez comprobó que en la Estación de Policía Comunal de Coronel Rosales durante cinco meses del año 2006, Mugione defraudó a la administración pública en una suma aproximada a los veintisiete mil doscientos cincuenta pesos. Esto fue al disponer que las raciones de comidas necesarias para alimentar a los detenidos alojados en la dependencia fueran elaboradas por la esposa y la cuñada del sargento de la misma seccional, Aldo Alfredo Medrano. Wanda y Mónica Giuliano proveían almuerzos y cenas desde su domicilio particular.

Ante la oficina de administración de la Jefatura Departamental Sur, Mugione y compañía simularon datos falsos respecto a la cantidad, calidad y procedencia de las raciones de comidas, remitiendo “planillas falsas de los datos de los detenidos que incluían las raciones de comidas suministradas, así como también facturas falsas emitidas por un comercio inexistente denominado “La Parrilla””.

En la documentación rendida falsearon la cantidad de personas detenidas incluyendo a las que se encontraban por averiguación de identidad y mintieron que se les suministraba desayuno y merienda. Asimismo, destacó Ares, mediante la utilización de las facturas apócrifas se simulaba que se habían abonado comidas en cantidad, calidad y precio superiores a las que realmente se brindaban.

“Las maniobras ardidosas hicieron que los funcionarios provinciales incurrieran en error al dar por ciertas las rendiciones de datos falsas y emitir en consecuencia las órdenes de pagos respectivas, aprobando las mismas y confeccionando los cheques a nombre de la dependencia por sumas de dinero superiores a las realmente gastadas, lo que perjudicó a la Administración Pública Provincial en aproximadamente veintisiete mil doscientos cincuenta pesos”, afirma el fallo.

Actuó como agravante el incumplimiento de una disposición del 12 de agosto de 2005 mediante la cual se dispuso la obligatoriedad de proporcionar a los detenidos y contraventores alojados en dependencias policiales las cuatro comidas diarias consistentes en desayuno, almuerzo, merienda y cena, debiendo asegurarles una ingesta diaria no menor a 2400 calorías.

Respecto al comisario Rubén Gab, Ares argumentó: “Era el jefe máximo de policía del Partido de Rosales, si bien ello es cierto y también que tenía su despacho en la misma estación comunal, no es menos cierto que el jefe de dicha estación era Mugione y como tal era el responsable y tenía a su cargo el comando operativo de la totalidad de los efectivos y la custodia de las personas alojadas en los calabozos, y en consecuencia nada se podía hacer de todas esas maniobras ilícitas sin la intervención y anuencia de Mugione”.