¿Quién suspendió el corso céntrico?
(Por Astor Vitali) La reacción ante las fiestas populares en Bahía Blanca tiene una larga tradición. Es conocida la eliminación del feriado de carnaval en dictadura. Pero a nivel local también se ejecutó la fulminación de la Feria de la Cultura durante la gestión anterior en cultura de Ricardo Margo. Debido a aislados hechos de violencia, el gobierno de Bevilacqua también suspendió el corso céntrico en 2015.
Ahora intentan un nuevo avance contra una fiesta que volvió a crecer a los últimos años y donde los hechos de inseguridad son una excepción repudiada por la sociedad y las asociaciones de murguistas. Sin embargo, operaciones mediáticas y políticas intentan mostrar esta fiesta popular como algo “ingobernable”.
De esta forma, el poder ejecutivo responsabilizó a la Policía Departamental de no querer “participar” debido a incidentes registrado ayer en una de las fechas previstas y, por ello, manifestaron verse en la “obligación” de suspender la fecha de hoy.
Esta insólita argucia dispara de inmediato una serie de interrogantes básicos: ¿la policía responde al gobierno o es parte de un Estado paralelo donde toman decisiones? ¿La policía tiene autonomía? ¿A quién responde? ¿Qué garantías de gobernabilidad ofrece un jefe comunal al que la policía no acata en algo tan básico y rutinario como es el corso céntrico? ¿Por qué suspenden y convierten en noticia del día la suspensión de esta fecha del corso céntrico y no se procedió de igual forma en relación a otros hechos de violencia ocurridos en diferentes escenarios durante febrero? ¿Qué intereses existen tras esta decisión?
¿O es que no hay voluntad política de dar continuidad a esta fiesta popular pero no se atreven a ponerle fin como sí lo hizo la anterior gestión de Margo con la Feria de la Cultura, cuando también se responsabilizó a “los vecinos que se quejan”?
“Sacate el antifaz”
Tras cada corso hay miles de personas que integran las murgas participando, pasando sus vacaciones tejiendo, cosiendo lentejuelas, haciendo cosas en familia, vistiendo a la comparsa, aprendiendo a tocar un instrumento, a bailar, a escribir una letra. Miles de personas organizadas en búsqueda de alegría y fraternidad.
¿Qué tipo de credibilidad puede pretender un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de un corso? ¿Cómo deben sentirse las miles de familias que ponen todo de sí para mejorar su entorno cuando su intendente y representante en cultura muestran semejante grado de incapacidad para garantizar que la policía haga su trabajo?
En países como Uruguay o Brasil, cualquier gobierno -de izquierda o derecha-, cualquier funcionario -probo o fútil-, tiene pleno conocimiento de que la fiesta popular del carnaval, con sus particularidades regionales, redunda en beneficios para la comunidad tales como instancias de integración, creación de trabajo directo e indirecto –sonido, luces, gastronomía, trasporte, docencia, utilería, indumentaria y un largo etc-, turismo y otras yerbas.
Los actuales funcionarios locales, en cambio, evidencian no defender la voluntad de su ciudadanía sino hacer caso –¿cuándo no?- al titular de mala fe que busca desprestigiar una práctica popular que debería ser política de Estado.
Sin embargo, es claro que estos funcionarios desconocen al pueblo que los votó y se sienten más interesados por demostrar obediencia ideológica a cierta pacatería y mediocridad de una minoría acomodada.
El proyecto vedado
La cuestión de fondo reside en la disputa político-ideológica del uso del espacio público. Algunos funcionarios policiales ya dejaron entrever la idea de confinar la fiesta popular a un lugar cerrado con ingreso pago, en futuras ediciones. La idea mickyvainillaezca de “encerrar” a los y las murguistas seguramente entusiasme a más de un funcionario. De hecho, en reuniones organizativas para la realización de este corso ya fue sugerido por autoridades aunque rechazada por la asociación de murgas. El movimiento murguero espera, obviamente, que las autoridades democráticas del gobierno local aboguen por el crecimiento de esta fiesta popular en espacios públicos.
Dado que no han conseguido, durante esta edición ni la anterior, convencer al movimiento murguista de recluir la fiesta en algún club, estadio o espacio de deporte automovilístico (lugares que sugirieron las autoridades), ahora aparecen estas jugadas sucias que embarran la cancha a costa del lagrimón de niños y niñas que pretendían vivir un momento de felicidad en familia. En algunos casos, uno de los mayores momentos de felicidad del año.
Todas las señales apuntan a una política de doble vara: un fuerte impulso del sector privado en el ámbito de lo público expresado en el anuncio que hizo Gay acerca de la preponderancia que tendrá la FISA (UIBB y CCIS) en los festejos del 11 de abril y, por otro lado, represión de las expresiones de raigambre popular.
La responsabilidad política de haber suspendido el corso céntrico es únicamente de las autoridades del gobierno municipal. Aun cuando las autoridades policiales hayan presionado de una u otra forma, está claro que no se actuó con idoneidad y que resultan incapaces de garantizar seguridad a la comunidad y credibilidad en general.
Como hemos planteado en otro artículo, hay una línea que divide las aguas en términos socio-culturales y está demarcada por quienes eligen las anteojeras para no ver la fiesta que ocurre en su entorno, en su ciudad, frente a quienes eligen el antifaz para divertirse y mirar a los ojos al prójimo, a sus pares.
Foto: IC
