Muerte evitable: investigan desatención sanitaria en la UP4
La Comisión Provincia por la Memoria denunció que la muerte de Braian Miguel Ianiro Olivera, un interno de la Unidad Penal de Villa Floresta de 24 años, murió en “un estado de total abandono” por parte de las autoridades penitenciarias y judiciales.
Para el organismo la situación del joven implicó torturas y malos tratos. La causa tramita en la UFIJ 2, a cargo del fiscal Diego Conti bajo la carátula “averiguación de causal de muerte”. Según consta en el expediente, el hombre padecía “tuberculosis aguda”.
Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, dijo a FM De la Calle que realizaron una inspección en el penal y encontraron a “Brian en un estado de total abandono, desatención, un estado de caquexia, es decir, la piel pegada a los huesos”.
“Inmediatamente planteamos que fuera trasladado al hospital, nos dijeron que no lo habían trasladado por falta de camas. Apareció la cama posteriormente y al día siguiente falleció. Tampoco tenían precisión del cuadro, nos dijeron que no sabían qué tenía, otros detenidos comentaron que estaba en Sanidad tirado en un colchón, sin suero, sin nada”.
“No puede ser que esa persona con ese cuadro estuviera así, tirada en una sala de internación que no reúne ningún principio básico para internación, debería haber estado internada y con un tratamiento. No está acreditado que podía haber sido tuberculosis”, agregó.
El secretario del organismo señaló que “lamentablemente no nos llama la atención porque, como venimos denunciando desde hace muchos años, hay un problema con la atención penitenciaria. Salud penitenciaria depende del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Salud para que persona privadas de su libertad sean tratadas como cualquier vecino, vecina. No se coordina con los programas del Ministerio de Salud ni programas extramuros. Tienen serios problemas con la entrega de medicación, hay escases de profesionales”.
García recordó el caso de Cárdenas Otegui. “Lo encontramos en un estado similar de caquexia, de piel y hueso, también con nula atención. Pasaron 16 años y volvemos a encontrar una persona en estas condiciones en un lugar tan deteriorado como aquel, las cosas han empeorado, son personas que se mueren con enfermedades tratables”.
“El problema es que no hay consecuencias por prácticas que son contrarias a la práctica profesional y la legislación vigente -aseguró Cipriano García-. La persona privada de la libertad está privada de eso, no del resto de los derechos , así como el Estado es garante de la salud. Hay una doble obligación estatal de garantizar la salud. La justicia tiene que investigar y hacer cumplir porque no pueden ir por su cuenta al médico y hacerse estudios sino que dependen” del Servicio Penitenciario.
