Contradicciones y falta de debate en torno al sistema fiscal

Este miércoles comenzó el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de una separata del presupuesto mediante la cual el gobierno busca rever beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y subsidios para reducir el déficit fiscal. Espera alcanzar el superávit tras la revisión del total de dichos gastos, los cuales representan casi 5 puntos porcentuales del PBI (4,72%).

Paralelamente obtuvo media sanción un régimen de promoción del Gas Natural Licuado (GNL), que se suma a un listado de beneficios. El proyecto crea un marco regulatorio, entre otras cosas, para la construcción de una planta de licuefacción en el Puerto de Bahía Blanca.

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia refieren que el proyecto presenta opacidad en algunos aspectos sobre el monitoreo de los beneficios y el acceso a la información.

Natalia Segura Diez, abogada y consultora del programa Justicia Fiscal de la ACIJ, planteó en esta nota del elDiarioAr que “es clave que la política fiscal se discuta como lo que verdaderamente debe ser: una herramienta para transformar y mejorar la realidad y para definir en qué condiciones se renuncia a recursos que podrían orientarse a los derechos”.

En cuanto al proyecto de promoción del GNL su análisis propone los siguientes interrogantes: ¿cómo se medirá el desarrollo productivo y económico?, ¿qué herramientas institucionales existen para asegurar que el régimen sea efectivo?, ¿cómo se van a medir los costos fiscales y extrafiscales?, ¿hay instancias de monitoreo y rendición de cuentas?

Segura Diez explicó a FM De la Calle que la discusión de los gastos tributarios refiere a “todo lo que se destina al Poder Judicial, al Poder Legislativo y es 9 veces el presupuesto del Ministerio de Salud”.

“(El impulso al GNL) tiene algunos problemas: no se establecen claramente cuáles son los objetivos de política pública y cómo se van a medir y monitorear las metas, hay muy poca transparencia, es muy difícil saber a dónde se destinan esos fondos”.

“En la ACIJ hace tiempo estamos trabajando esta agenda. Los gastos tributarios son impuestos que el Estado no recauda, son tratamientos tributarios diferenciales que se piensan en principio para promover cierto sector o industria entonces deja de recaudar ciertos impuestos”, recordó.

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En ese sentido, puntualizó que “tiene algunos problemas porque a diferencia del gasto directo del Estado que tiene un montón de controles, que está atado a un contrato, que se monitorea a través de ciertos indicadores, el gasto indirecto que es el gasto tributario, no tiene control, tiene un montón de opacidades y es difícil conocer cuáles son los montos y quiénes se benefician, en qué empresas y qué personas físicas”.

Por otro lado, Segura Diez afirmó que es muy difícil para la sociedad civil el acceso a la información acerca del destino de los fondos por la utilización efectiva del secreteo fiscal que hace la AFIP.

Los beneficios contemplan devolución del IVA, reducción de la alícuota de ganancias, aplicación de alícuotas especiales para los derechos de exportación y estabilidad fiscal por 30 años, algo que la especialista calificó como “muy prolongado” para nuestro país.

La especialista agregó que en materia de cuidado del ambiente “la Ley (de GNL) tiene algunas previsiones, nosotros hicimos un monitoreo de cómo está el debate en la comisión y en el recinto, es un tema que no fue tratado en profundidad. Sí se hicieron algunas adiciones con respecto a los estudios de impacto ambiental y cómo tienen que ser respetadas estas evaluaciones en el caso de ampliación de los proyectos”.

“Sería interesante que estas reformas que involucran caudales tan importantes de fondos públicos sean mediante audiencias públicas que involucren a todas las partes interesadas”.

Segura Diez aseveró que la justificación de los beneficios tributarios a grandes corporaciones está vinculada al incentivo para que hagan inversiones de las cuales se desprendan puestos laborales.

Sin embargo, señaló que “si no contamos con una línea de base y con objetivos que sean mesurables para poder controlar si estas metas se cumplieron o no, estamos necesitando un montón de recursos que el Estado podría recaudar para dar servicios públicos de calidad sin saber si esos fondos están cumpliendo sus objetivos”.