A diez años del asesinato laboral de Manfredini: “La justicia para los pobres no existe”
El sábado se cumplieron diez años de la explosión del dúplex de Cuyo 1388 que provocó la muerte, cuatro días después, de Juan Cruz Manfredini. El joven trabajaba en el depósito ilegal de hidrocarburos de la empresa Camin Cargo Control.
Su mamá, Mónica Dambolena destacó en diálogo con FM De la Calle la “impotencia que uno tiene cuando escucha todos los casos que hay y vemos que no hay una justicia justa. La justicia para los pobres no existe”.
“Si vos tenés plata y sos culpable quedás libre. Yo hace diez años que estoy condenada. ¿Qué festejo? No tenés nada de nada, ni siquiera proyectos de ese hijo que no está, del sueño de haber sido abuela. Fue el Día de la Madre ayer y no hay nada para festejar”, afirmó.
Dambolena agregó que el sábado fueron con su familia al lugar de la explosión a pegar un cartel. “Metz está trabajando en el puerto y es el responsable de una muerte, saben que no puede trabajar. A un empresario, le dieron tres años y siete años de inhabilitación que no se cumplen porque sé que está trabajando. Por más pequeña que sea la condena que por lo menos se cumpla, no hay controles tampoco, una lucha por eso y no se hacen”, comentó.
Dambolena señaló que “la semana pasada estuve llamando a (el titular del Consorcio de Gestión del Puerto, Federico) Susbielles, me atendió por teléfono, me dijo que me iba a dar una cita y hasta el día de hoy me va peloteando, quisiera saber cómo es el protocolo que usan para que la empresa siga trabajando”.
En mayo de 2019 Marcelo Camin fue condenado a tres años de prisión en suspenso, 50 mil pesos de multa y la obligación de realizar cursos de Seguridad e Higiene y hacer trabajos comunitarios. Su empresa, Camin Cargo Control, fue inhabilitada por cinco años.
El gerente local de la firma, Norberto Maximiliano Metz, había sido absuelto en junio de 2016 por homicidio culposo. La Fiscalía había pedido una pena de cuatro años de prisión y la familia del joven cuatro años y medio y 200 mil pesos de multa.
Para Dambolena “todo es un arreglo entre fiscales, jueces y las empresas”.
