Arbitrario, despótico y antidemocrático
El próximo 25 de agosto el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, deberá presentarse ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura para defenderse de la acusación por mal desempeño en sus funciones derivada de la unificación de reiteradas denuncias en su contra.
Precisamente se le reprocha al ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”.
Además, le imputan “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los sres. consejeros de este cuerpo”.
Su defensa de la pena de muerte, su “estrecho vínculo” con “los principales integrantes de la Triple A” bahiense y su confirmada pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181, mediante una “directa relación” con el represor José Osvaldo “Balita” Riveiro, evidencian para los consejerxs que “Montezanti comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A desde su rol de abogado y empleado de la Universidad Nacional del Sur, careciendo totalmente de la vocación democrática exigida para ser magistrado de la Nación”.
La citación del camarista fue impulsada por el secretario de Justicia Julián Álvarez y acompañada por lxs legisladorxs Ruperto Godoy, Héctor Recalde, Anabel Sánchez Sagasti y Ángel Rozas; el académico Jorge Candis y la abogada Adriana Donato. Los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes prefirieron abstenerse.
El dictamen aprobado por la comisión advierte que “la vinculación del dr. Montezanti con el terrorismo de Estado no ha culminado con el advenimiento de la democracia siendo que éste se encuentra relacionado –en la actualidad- con muchos de los que participaron del plan genocida, acuerda con la ideología y el accionar desplegado por los represores así como resulta evidente la réplica que ha efectuado de la matriz militar en los distintos ámbitos en los que se ha desempeñado”.
Esto es abonado por su permanente “utilización de terminología castrense”, la prohibición de circulación de empleadxs en los pasillos del tribunal, la implementación de medidas de avance sobre la autonomía de la Fiscalía cuando aún era su titular Hugo Cañón y la organización de un sistema de “espionaje” a fin de controlar e investigar a lxs empleadxs y/o funcionarixs de la Cámara Federal.
Además, el Consejo evalúa el perfil autoritario del camarista hacia sus subordinados y alumnxs de la Universidad Nacional del Sur, la notable intolerancia del magistrado respecto a las organizaciones políticas de izquierda y a la actividad social y su estrecha vinculación con personas sindicadas como autores y partícipes de delitos de lesa humanidad como los imputados Hugo Sierra y Francisco Bentivegna, ex secretario judicial federal y juez provincial respectivamente.
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