Armada II: comienzan las testimoniales
Este jueves se realizará la cuarta audiencia del Juicio Armada II. Por primera vez en el marco de las causas por crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Oral sesionará en su sede de Chiclana y Lavalle.
Desde las 10:30 tendrán oportunidad de ampliar sus indagatorias algunos represores que no fueron convocados durante las audiencias de principios de mes y luego se escuchará a la primera testigo del debate.
Son juzgados 18 imputados por hechos cometidos contra 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias son orales y públicas, mayores de 18 años deben concurrir con DNI.
Durante la audiencia del 1 de noviembre, las defensas argumentaron contra el pedido de la Fiscalía para ampliar la acusación e incluir a los delitos sexuales de manera autónoma a las torturas. El reclamo fue finalmente descartado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.
Como cuestión preliminar el defensor Guillermo Fanego se despachó contra un informe sobre “condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos”, al cual calificó como “una cuestión tendenciosa e ideológica para condicionar al tribunal”.
Además, mostró su “asombro” ante la participación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante y a la vez representante de H.I.J.O.S. y solicitó que el tribunal se haga cargo de la citación de testigos y “no el Poder Ejecutivo a través de los esbirros que tiene en la Secretaría de Derechos Humanos”.
“El programa Verdad y Justicia se creó a partir de la desaparición del testigo (Jorge Julio) López, tiene en vista todos los estándares internacionales para la protección de los y las testigos y se ha dado traslado a todas las partes de qué manera se va a citar a los testigos y los índices de peligrosidad de cada juicio”, respondió Mónica Fernández Avello.
Agregó que “la participación de la Secretaría fue decidida por un decreto del Poder Ejecutivo donde el Estado pasó de ser en la dictadura opresor y asesino a un Estado en representación de las víctimas. Yo estoy acá en representación del Estado y de todas las víctimas”.
Las defensas particulares se refirieron a la “ilegalidad del proceso” por considerar que se encuentra afectada la independencia del tribunal, la “falta de constitución debida” y la “prescripción y afectación a la garantía de defensa en juicio”.
El fiscal Miguel Ángel Palazzani manifestó que fueron “refritos tediosos de lo que estamos escuchando hace bastante tiempo por algunas defensas y que ya están absolutamente definidos por la Corte Suprema”.
“A lo largo y ancho del país hay más de 180 sentencias dictadas por tribunales orales, confirmadas hasta un 30% por la Corte y obviamente pasadas por la Casación. Para Palazzani “son temas definidos” que componen “una conquista del pueblo argentino”.
Al día siguiente los jueces rechazaron los pedidos de los defensores y comenzaron a llamar a los imputados para que brinden sus datos personales y tengan oportunidad para ampliar sus indagatorias. La mayoría se negó a hacerlo o se acogió a su derecho de hacerlo en otra etapa del debate.
