Damiani Muradas y Álvarez
En la época de los hechos aquí descriptos, el matrimonio de Ana María DAMIANI MURADAS y Eduardo Carlos ALVAREZ convivía con sus dos hijos mellizos -menores de un año- en el domicilio ubicado en la intersección de las calles Donado y Saavedra de la ciudad de Bahía Blanca. DAMIANI era socióloga, y ÁLVAREZ empleado judicial.
En la madrugada del 1 de octubre de 1976, ambas víctimas fueron secuestradas en la entrada de aquel domicilio, por un grupo de al menos seis personas vestidas de fajina, mientras que las criaturas fueron entregadas a un familiar que residía en el mismo edificio.
A continuación, el matrimonio fue conducido en distintos vehículos al CCDyT “La Escuelita” donde ambos permanecieron en cautiverio –vendados y esposados a una cama–, y sometidos a torturas que incluyeron la aplicación de corriente eléctrica sobre el cuerpo.
El 13 de enero de 1977, ÁLVAREZ y DAMIANI fueron ingresados a la Unidad Penitenciaria N° 4, donde continuaron en cautiverio y sometidos a torturas. El día 19 de aquel mes, fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto N° 98/77.
El 22 de agosto de aquel año, Eduardo Carlos ALVAREZ fue trasladado a la Unidad carcelaria N° 6 de Rawson, mientras que su compañera permaneció en Villa Floresta hasta el 14 de octubre de 1977, fecha en que ambas víctimas fueron enviadas a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Villa Devoto del Servicio Penitenciario Federal.
El 17 de enero de 1978, el matrimonio fue reintroducido en la Unidad Penitenciaria N°4 de Villa Floresta.
Finalmente, el 27 de enero de 1978, el matrimonio abandonó el recinto penitenciario, bajo el régimen de arresto domiciliario, que se extendió –en el caso de ÁLVAVREZ– hasta diciembre del mismo año. Ese mes, se decretó el levantamiento de la medida de puesta a disposición del Poder Ejecutivo.
En el caso de DAMIANI, tras el cese de la prisión preventiva, la víctima fue colocada bajo la modalidad de libertad vigilada, hasta el año 1982 en que fue liberada de forma definitiva.
Durante el tiempo en que ocurrieron los hechos, los padres de las víctimas realizaron diversas gestiones tendientes concretar su liberación, entre ellas, entrevistas y consultas en la sede del Comando Vto. Cuerpo de Ejército y en el Ministerio del Interior de la Nación.