La inagotable voluntad de pago
(Por Francisco J. Cantamutto) Un nuevo traspié en la gestión de pagos totales del gobierno nacional: el juez Griesa volvió a trabar pagos de deuda. El kirchnerismo y su inusitado esfuerzo por pagar a toda costa en año electoral.
Año electoral, las tesis simplonas de ciencia política estimarían un automático esfuerzo del gobierno por gastar en ámbitos redituables en votos. Lo que ese análisis no mira es cuando el gobierno busca también ganar el voto del capital. El kirchnerismo, además de los (valiosos) anuncios de aumentos en los montos y universo elegible del PROGRESAR y la AUH, continúa con su política de “pagador serial” de la ilegal e ilegítima deuda externa. Los intentos denodados por volver al mercado de crédito internacional –hoja de ruta Boudou- estás trabados por la avidez de un pequeño grupo de fondos que logra trabar los pagos. El gobierno no ceja en su voluntad de pago, y cosecha los apoyos más diversos: desde G77 + China y la asamblea de Naciones Unidas, a especuladores de alto vuelo como George Soros o Nicola Stock.
La traba actual
Tras quedar firme el fallo de Thomas Griesa el año pasado, el juez neoyorkino ha incrementado su presión sobre Argentina. Aunque hasta el momento no ha tenido logros mayores, la acción del magistrado tiene cada vez menos tapujos en expresar su defensa irrestricta a los intereses de los fondos buitres liderados por Paul Singer. Nuevamente, el juez pretende trabar los pagos a bonos normalizados en canjes anteriores. Por este motivo, Argentina desplazó al Bank of New York Mellon como intermediario, dándole esta potestad al Nación Fideicomisos. Esta vez, la medida de Griesa afectó al Citibank, trabándole el pago de 3,7 millones de dólares por vencimientos del bono PAR a fines de este mes, buscando forzar el default técnico de Argentina. Se trata, a las claras, de otra bravuconada del juez, pues la cifra ensombrece ante los 1.330 millones que el fondo de Singer reclama: no importa el monto en juego, lo que se busca es obligar a Argentina a pagarles en contante y sonante.
Mientras tanto, el fondo buitre MNL Capital continúa apretando las clavijas por donde puede. Recientemente, Noble Energy anunció reevaluación del potencial de las reservas petroleras off shore de las Islas Malvinas. Noble Energy, petrolera con sede en Houston, cuenta con el respaldo financiero de Elliot Managment Corporation y Oz Management, ambas de Singer, y del fondo BlackRock, a través del cual Elliott transfiere fondos, conocido por ser parte de la fraudulenta quiebra de gráfica Donnelley. Pero también participan del negocio el Bank of New York Mellon, Soros, JP Morgan, Goldman Sachs y Shell. El Grupo de Tareas Estadounidense sobre Argentina (ATFA, por sus siglas en inglés) difundió un artículo advirtiendo a la Argentina que si entra en “default técnico”, se pondrían en peligro las inversiones para explotar el yacimiento de Vaca Muerta, nave insignia del proyecto energético del gobierno tras la nacionalización parcial de YPF. Es decir, el futuro energético del país parece estar en manos del capital que el gobierno dice enfrentar.
El Citibank ya solicitó un stay (jerga para la medida de no innovar mientras no se resuelve la causa principal) para poder pagar los próximos vencimientos. Ya avisó que además apelará la disposición, por ser un verdadero contrasentido. Los pagos, si bien en dólares, proceden bajo jurisdicción argentina, sobre la que, naturalmente, Griesa no tiene potestad alguna. Justamente, con este criterio, la justicia británica acaba de darle la razón a George Soros, que demandaba también el derecho al cobro de los bonos argentinos con legislación inglesa. En Bruselas y en Nueva York también hay presentaciones judiciales contra el juez de Singer.
La posición “nacional y popular” del Citibank y Soros, por supuesto, no se asienta más que en sus propios negocios: quieren poder cobrar bonos, y realizar las intermediaciones del caso, cobrando las comisiones correspondientes. El Citi, con más de un siglo operando en Argentina, ha sido un actor clave de la gestión de la deuda nacional: imposible olvidar su rol en la “bonificación” de la deuda con el plan Brady a comienzos de los noventa, y el uso de esos bonos para participar de las privatizaciones. El viejo “socio” del Estado argentino no quiere perderse esta gallina de los huevos de oro, que tanto cuando neoliberal como cuando nacional y popular lo hace parte de sus negocios. Para dejar claro que este acompañamiento debía ser por partes iguales, el gobierno puso al City bajo aviso: si no logra hacer cancelar los pagos de los bonos Par, se vería sancionado, incluso se lo amenazó de quitar las licencias para operar en el país, afectando así sus operaciones locales.
“Griesa se ha convertido una vez más en cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre. Y además, en esta ocasión, pretende con otra orden insólita que el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas”, señaló el Ministerio de Economía a través de un comunicado. “La República reitera que continuará efectuando los pagos de toda su deuda normalmente, en cumplimiento de sus obligaciones legales. Y recuerda que aquellas entidades que operan en el país están obligadas a cumplir la legislación nacional, y que las autoridades locales serán inflexibles en asegurar su cumplimiento” termina el cable, explicando que el capital financiero con interés en participar del negocio en Argentina tendrá que ponerse de su lado. Siendo el sector de mayores ganancias de los últimos 5 años, es dudoso que la banca le quite su apoyo. Menos cuando se advierte con tanta elocuencia: el gobierno quiere pagar todo lo que se pueda pagar.
Ese elusivo objeto de deseo gubernamental
No pocos opinan que se viene un ciclo de endeudamiento fuerte tras las elecciones de este año. La mejora en los indicadores de sustantabilidad de la deuda y su política de pago a rajatabla le han permitido al gobierno ganarse el apoyo de prácticamente toda la comunidad financiera internacional, a excepción de un pequeño grupo de fondos buitres. Cualquiera de los candidatos con mayor intención de voto (Scioli, Massa, Macri) representaría una normalización conservadora que podría aprovechar del saneamiento kirchnerista para volver a endeudar al país.
Si bien este panorama es bastante acertado, tiene el defecto de omitir los denodados esfuerzos del kirchnerismo por volver al mercado internacional de capital. Ese fue el objetivo declarado del canje de 2005, de su reapertura en 2010, del pago al Club de París, a Repsol, al CIADI del Banco Mundial, entre las medidas más sonadas. Boudou declaró al asumir como ministro en 2010 que volver al crédito era su guía, y su ascenso a vicepresidente no parece cuestionar esta guía de acción. El conflicto con algunos fondos buitres ha sido una distracción en esta política coherente y sistemática de pago.
A mediados del año pasado, la deuda total consignada por el gobierno nacional –excluyendo provincias, municipios, empresas públicas y organismos descentralizados- llegaba a los 210.800 millones de dólares. Incorporando las obligaciones contraídas en la segunda mitad del año, la cifra total tendría hoy un piso de 250.000 millones de dólares. Esto es casi un 65% más de la deuda que el kirchnerismo encontró al asumir en 2003. Mientras tanto, se pagó deuda por 190.000 millones de dólares. El gran cambio tiene que ver con los acreedores: el 58% de la deuda está ahora en manos de organismos estatales, que nunca exigirán el cobro. Es decir, se pagó deuda ilegal a acreedores buitres a cambio de desfinanciar el Estado: todos esos recursos podrían haberse utilizado para fines productivos o distributivos. Este ajuste encubierto –se da en contexto de cierta holgura de recursos que esconde el efecto neto- es el que habilita ahora a volver a endeudar el país, ahora con acreedores externos, a los que no se deja de tentar.
Entre el 22 y 24 de abril se realizará en Buenos aires una reunión de organizaciones populares para reclamar por la suspensión de pagos y auditoría de la deuda. Esta demanda bien podría ser acompañada por otros países, no sólo de la región, sino de Europa. Una cosa es clara: éste no es el programa del gobierno.
