La memoria en contexto de pandemia                    

(Por Astor Vitali) Este 24 de marzo encontró a las organizaciones populares en una situación para la que nadie se preparó. Este 24 de marzo encontró además al conjunto de las instituciones de la sociedad civil argentina en una situación para la que no está preparada. Lo virtual y las herramientas de comunicación alternativa y comunitaria son los únicos ámbitos en los que se puede ejercer la memoria de manera militante. Sin contacto físico. Sin movilización. En democracia sí, pero con un estado que no garantiza la justicia social sino que –por períodos- apenas es capaz de asistir a los hambrientos y las famélicas, a los malnutridos y las analfabetas.

La paradoja de la jornada es que, en el contexto de marzo, del 24 de marzo, a 44 años del golpe de estado cívico militar del 24 de marzo de 1976, son las fuerzas armadas del estado argentino aquellas que custodian las medidas de aislación por las barriadas populares y son además, tal vez, junto al sistema de salud (fragmentado en lo público y parcialmente privatizado) las únicas instituciones preparadas en términos de disciplina y despliegue territorial a las que una autoridad democrática puede acudir en este contexto.

Si bien es cierto que hubo reformas durante la democracia, también es cierto que no ha sido la vocación de servicio hacia su pueblo aquello que caracteriza a las armas argentinas sino más bien su formación en doctrinas redactadas en Washington, su tendencia al direccionamiento clasista de la violencia y, en el último período, es decir, durante la etapa Bullrich, la lisa y llana parodia de lucha contra el narcotráfico haciendo videos ridículos en los que combaten contra plantas de marihuana y, por otro lado, disparando a personas indefensas por la espalda (Nahuel) o persiguiendo ciudadanos hasta la muerte (Maldonado).

Y en este punto no hay ninguna paradoja: la pandemia nos toma en las circunstancias concretas en las que encontramos, es un espejo perfecto y por tanto doloroso. Porque, a 44 años del comienzo del último golpe cívico militar, nos muestra cada aspecto de nuestra sociedad de manera clara y sin falsos reflejos.

Somos un país con democracia ininterrumpida en el que las intentonas golpistas fueron superadas. Sí, somos ese país. Nos vemos democráticos.

Somos un país que, en democracia, ha naturalizado que la mitad de su población trabaje en condiciones precarias (con víctimas fatales, personas que mueren por ir a buscar el mango). Sí, somos un país precarizado. Allí ganó Martínez de Hoz. ¿Estamos mejor que otros países, en términos de índices de participación gremial? Sí. Pero ¿deben ser parámetros de referencia unos países más corroídos por el miedo que el nuestro o debe ser parámetro nuestro propio país antes del golpe? Si fuera el nuestro, la comparación es un tanto menos favorable: del otro lado de la Historia, la imagen del espejo del tiempo nos muestra el Cordobazo como referencia de lo que fuimos. Una foto que muchos progresistas han sacado de sus mesas de luz para confinarla en los manuales de Historia.

Somos un país que, en democracia ininterrumpida y con un feriado por la memoria, ha aceptado como un hecho natural, casi maldito, que un tercio de su sociedad sea población de descarte, con derechos nominales pero imposibilidad concreta de ejercerlos, subalimentadas, desnutridos, analfabetos o analfabetas funcionales, marginales, sujetos a los que la política apela de una u otra forma –para votar o para movilizar- pero a quienes les está vedado superar su condición estructural y, cuando ocupan algún lugar público, es desde el sitio de la excepción y hasta de aval filosófico meritocrático.  El país de los y las 30.000 es también el país que no tolera el 2×1 para los genocidas pero  que –contra el mandato histórico de justicia social de los caídos y de las caídas- acepta sin mayor inmutación que vociferaciones formales en misceláneas (un “qué barbaridad, no se puede creer en el hambre en este país” alcanza para tirar unos días con la culpa de clase) la pobreza estructural como condición para garantizar la paz social. Porque si las víctimas económicas de este sistema -que es estructuralmente heredero de Martínez de Hoz, es decir, de la política económica que vino a imponer en Nuestra América el Plan Cóndor- se rebelaran, otro sería el cantar de la paz social de la que disfrutan los que acumulan a costa de la pobreza ajena.

Somos un país en el que las capas medias progresistas matan su culpa de clase con algún consumo cultural y la lectura del diario que fundó el actual vocero de Clarín, pero en el que los ricos gozan de total inmunidad e impunidad, caminando absolutamente libres de condena social concreta por sus delitos económicos y por sus actuales negocios que requieren de un tercio de la población “caída del mapa” para que las cosas sigan como están.

Somos el país que juzgó a la herramienta de aplicación del terrorismo de Estado. Da orgullo decirlo. Hicimos mucho más que otros países que declaman pero concilian con sus genocidas.

Somos el país que apenas se atreve a comenzar a juzgar a los miembros de la sociedad civil que cultivaron el escenario político, económico y cultural que devino terrorismo de Estado. Ojalá las instancias judiciales contra la triple A y los empresarios que llenaron sus arcas con dinero sangriento sean el comienzo de la construcción de un relato que aclare quién es quién en un país donde la culpa siempre es de “los que no quieren trabajar” y sin embargo se la llevan en pala los que nunca trabajan y viven del trabajo ajeno.

La situación de aislamiento obligatorio evidencia también qué grado de capacidad de acción tenemos las organizaciones populares, saliendo de las pompas virtuales del Facebook, el Twitter y el Instagram. Algunas ocupan su tiempo escribiendo comunicados despegados de una situación concreta de emergencia sanitaria y otras apenas pueden dedicarse a la ayuda en un pequeño comedor.

¿Qué rol político juegan las organizaciones populares en este contexto en el que el estado debe necesariamente centralizar las acciones en función de llevar adelante con el mayor éxito posible las estrategias de las oficinas de salud pública? Es público el trabajo que realizan las organizaciones populares en materia de organización barrial en circunstancias normales pero en cuarentena la capacidad de iniciativa política se ve moderada por la pista que otorgue cada gobierno municipal en cada lugar, cada gobierno provincial y el gobierno nacional, con la particular carga de mezquindades y rencillas locales que complica las cosas –no habiendo en los gobiernos locales cuadros de fuste que comprendan la necesidad de articular en pos de la emergencia con todos los sectores y no solamente con los amigos.

La memoria en contexto de aislamiento opera como una foto espejada: somos el país del Nunca Más, del Juicio y Castigo y de las Madres y Abuelas. Pero aún nos debemos la memoria del proyecto político de nuestros caídos y de nuestras caídas. Un proyecto que no acepta los términos de vida del capitalismo autóctono y mucho menos resiste la pobreza estructural naturalizada como sinónimo de democracia.

Si es cierto, como dice el presidente, que luego de esta pandemia “nada será lo mismo” y habrá que discutir las condiciones de desigualdad de nuestra sociedad, pues habrá que prepararse para interpelar cada conciencia por cualquier rincón de que así no va y de que así no vale: la estabilidad institucional a costa del hambre estructural no es digna de ninguna memoria histórica popular.

¿Puede darse esta discusión sin afectar intereses que nadie que hasta el momento haya gobernado estuvo o está dispuesto a afectar realmente? Si no se conmueve la conciencia social desde lo más profundo de las entrañas ideológicas, no hay manera de que nadie banque los cambios violentos que deben operar sobre los violentos que nos hambrean.