La Nueva Brújula señala caminos viejos: ¿qué debería hacer la política?
(Por Astor Vitali) En general, desde que el término “la grieta” comenzó a utilizarse para leer la realidad a través de un prisma binario inadecuado (macrismo-kirchnerismo), el problema del acceso a la información ha quedado en un segundo plano. La Ley de Servicios de Comunicación Audivisual, que tuvo origen en un debate democrático profundo, fue virtualmente fulminada por el macrismo y se ha construido la idea de que se trata del oficialismo contra Clarín y La Nación y viceversa. Si bien esa pelea existe, la lectura binaria pone en un plano secundario el principal debate: la propiedad de los medios.
Los medios comunitarios, alternativos y populares tenemos una clara pertenencia a sectores sociales vinculados a la lucha popular y nos organizamos de forma asociativa. No hay nada que esconder. Está todo a la vista: financiación, origen de militancia, participación en organizaciones sociales, gremiales o políticas. Sabés quiénes somos. De esta forma, lo único que influye en términos de censura o autocensura en nuestros medios es la presión que las propias bases de esas organizaciones puedan ejercer sobre el medio del cual participan. En decir, se da una puja política democrática abierta acerca de los contenidos y de las formas que se emiten en nuestros medios. Esa puja tiene lugar entre las organizaciones de la comunidad.
En cambio, los medios con fines de lucro tienen la práctica de difuminar la pertenencia de sus integrantes (a espacios políticos o económicos) y de sus comunicadores y se organizan de forma lucrativa. Son muchos los acuerdos económicos y políticos que deben ocultar (dado que si no se les caería la careta de independientes). Pero además, el carácter privado, con fines de lucro, conlleva dos peligros para la comunidad en la que esos medios se desenvuelven (pensar en los medios de la ciudad): por un lado, el principal objetivo es generar ganancia y, por ende, los contenidos se ven moldeados por ese interés. En otras palabras, serán aliados estratégicos de los factores más poderosos de la sociedad que son quienes tienen la capacidad económica de ofrecer grandes sumas en pautas publicitarias. Juegan para los que más tienen. Por otra parte, y esto es igual o aún más riesgoso, los dueños de medios de comunicación, en el esquema actual, no llegan a serlo por una denodada pasión por los productos y servicios comunicacionales: compran medios para generar influencia política, económica y judicial y, a su vez, para proteger sus intereses, o sea, ocultar la información que pueda perjudicar el desarrollo de sus negocios y de sus proyectos de espaldas a la comunidad.
¿Cómo operan? Si hay que levantar un proyecto: títulos de aquí y de allá, dándole para adelante. “Fuentes confiables” salen a respaldar –en general, son las interesadas en que determinada cosa ocurra. Si hay que darle de baja: carpetas y denostaciones a quien haya que castigar tanto del sector público como privado.
En medio de esa marañona, hay trabajadores y trabajadoras de la comunicación que llevan adelante sus tareas de manera responsable y profesional. Pero eso no alcanza, porque la decisión editorial la tienen los dueños y, casi siempre, la oficina del principal editorialista o de los gerentes de noticias están pegadas a la oficina de la gerencia comercial.
Esto en sí mismo hace imposible el desarrollo de la democracia porque no se trata de medios de comunicación que buscan vender publicidad (lo que cual ya implicaría el primer riesgo que señalamos) sino actores de la alta alcurnia de turno que manejan información vital para que la ciudadanía pueda tomar sus decisiones cívicas (electorales y no electorales).
En este escenario, la discusión de la propiedad de los medios, del rol de los medios comunitarios (que por comunitarios no tenemos por qué ser marginales) y de los medios públicos no es sólo una discusión sectorial, es decir, que incumba al periodismo o al mundillo de las comunicaciones. Es un problema central para comprender que no hay democracia posible sin acceso a la información y que estamos leyendo, discutiendo y compartiendo ni más ni menos que la zanahoria informativa que los tipos que tienen más poder, más guita y más vínculos quieren que sigamos como conejos. ¿Dónde está la agenda que importa a cada sector social, a cada barrio, a cada niñe? ¿Quién define lo que es público?
Si bien la discusión no es nueva, lo que existe en la actualidad es un acrecentamiento de este esquema y una encerrona económica a quienes no besen el anillo de los Corleones subdesarrollados.
Uno de los problemas que enfrentamos, es que los partidos mayoritarios hasta ahora han pensado que hay que convivir con este esquema porque si no “te matan” políticamente. Sin embargo, no tomar este problema de raíz no hace más que acrecentarlo.
La cobertura del caso Facundo refleja con creces lo antedicho. Podría ser cualquier tema que afecte intereses poderosos. La política local no debería aceptar que haya que esperar 20 años para saber lo que ocurre en la actualidad. Hacer política a través de la política y no a través de los medios de comunicación que no sirven más que a sus propios intereses, podría ser el camino de ida hacia una calidad institucional al menos soportable. La Nueva Brújula señala caminos viejos. Callejones sin salida para el bienestar comunitario. ¿No es la política el ámbito para cambiar las cosas?
